Los escuadrones de la muerte eran financiados por el ejército y empresarios de Miami

Un juez de Estados Unidos condena a uno de los asesinos del arzobispo salvadoreño Oscar Romero e implica a ARENA, el actual partido gobernante, en el crimen

Co Latino

El Juez Federal de Fresno, California, Estados Unidos, Oliver Wanger, dictaminó ayer que el militar salvadoreño Alvaro Rafael Saravia, procesado por el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero es culpable de planificar el crimen.

Wanger señaló que el asesinato constituye un crimen de lesa humanidad, ya que fue parte de un ataque "sistemático y extendido, para atemorizar a la población salvadoreña.

Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, por un francotirador, cuando oficiaba una misa en la capilla del hospital de la Divina Providencia, en la colonia Miramonte.

Saravia era uno de los más cercanos colaboradores de Roberto D'Abuisson, el fundador de los escuadrones de la muerte en El Salvador en la década de los setenta y, luego, en 1981, del ahora oficialista Alianza Republicana Nacionalista.
Los informes desclasificados por Washington señalaron también que los escuadrones de la muerte eran financiados por el mismo Ejército, por un grupo de empresarios salvadoreños que residían en Miami (Grupo Miami) y a través de secuestros que el mismo D'Aubuisson ordenaba, añadió Hernández.

El Juez Wanger ordenó a Saravia el pago de 2.5 millones de dólares en compensaciones para la parte acusadora.

Una organización estadounidense presentó una demanda civil contra el ex capitán Alvaro Saravia, un ex militar salvadoreño que vive en California, acusándolo del asesinato, en 1980, del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, por parte de un familiar de Monseñor Romero, quien no ha querido revelar su identidad por temor a represalias en su contra, se supo en esta capital.

De acuerdo con la acusación del Centro para la Justicia y la Responsabilidad de San Francisco, Saravia renunció a la comisión militar que integraba y ayudó a asesinar a Romero, el Arzobispo de San Salvador que se había erigido en una voz crítica de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas de El Salvador.

Cientos de personas se congregaron en las cercanías donde era procesado Saravia, en su mayoría salvadoreños, quienes al escuchar el veredicto aplaudieron y otros lloraron.

La organización que llevó a que Saravia fuera procesado, logró también llevar a la justicia a los generales Eugenio Vides Casanova y José Guillermo García a pagar 54.6 millones en compensación a tres salvadoreños torturados en los años ochenta por los cuerpos de seguridad, cuando El Salvador atravesaba un conflicto armado que duró una década.

Saravia no se presentó al juicio, así como tampoco su abogado y se desconoce su paradero.

Reacciones sobre la sentencia
"Esta sentencia abre la esperanza de que la humanidad está siendo derribada y que la justicia llegará a El Salvador", dijo a DPA María Julia Hernández, una de las más importantes colaboradoras de Romero y actual directora de Tutela Legal del Arzobispado.

Pedro Cruz, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), señaló: "La decisión en Fresno es una reivindicación para todos los que trabajamos por el establecimiento de la verdad y la justicia. En este juicio se comprueba y se establece como verdad jurídica que el ex mayor Roberto D'Aubuisson fue quien ordenó la muerte de monseñor Romero, lo cual es un precedente histórico".

Por su parte, Guadalupe Mejía, de la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de la Guerra, también mostró su satisfacción por la condena de Saravia.

"Primero Dios, tenemos fe en que algún día en El Salvador también se hará justicia. Esto de monseñor Romero nos abre las puertas de la esperanza y demuestra que la justicia se acerca.
Como en Chile y en Argentina, aquí también tiene que haber justicia para los torturados, asesinados y desaparecidos", finalizó Mejía.

Mientras, el Presidente de la Fundación Romero, Monseñor Ricardo Urioste, señaló como positiva la sentencia " Es positivo, no tanto porque, lo hayan condenado a pagar, eso no es importante, sino que se esta esclareciendo el crimen, aunque sea, sólo en el exterior", acotó Urioste.

El religioso agregó que la deuda de justicia con Monseñor Romero, persiste "Aún no hay esperanza de justicia real, en nuestro país pero, esperaremos", puntualizó.
Martirio por causa de la justicia
Juan G. Bedoya. El País
Cuando los opresores ordenaron en la primavera de 1980 la muerte del arzobispo Romero, la jerarquía de la Iglesia romana ya había sentenciado la muerte de la teología de la liberación, de la que el prelado de San Salvador era el mejor símbolo. Pero Romero no fue un revoltoso ni un marxista. Su biografía lo define incluso como un conservador, hasta que en 1977 aparece muerto salvajemente uno de sus sacerdotes. Denunciaban la terrible pobreza del pueblo, el drama de los desaparecidos, la riqueza acumulada por cuatro familias... "Cuando doy alimento a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto por qué los pobres tienen hambre, me llaman comunista", se venía lamentando otro arzobispo, Dom Helder Cámara, de Brasil. Por eso los mataban. No por defender dogmas o una moral, tampoco por causa de liturgia o predicaciones escatológicas. Morían por amparar a los pobres y represaliados por el poder, en una soledad que el arzobispo Romero denunció poco antes de ser asesinado, señalando sin tapujos la indiferencia de la Iglesia oficial española, por ejemplo, y, sobre todo, la ostensible lejanía de sus correligionarios romanos. Los teólogos de la liberación que persisten -y son todavía muchos- acuñaron tras esta muerte un término que Roma, retrasando la beatificación del mártir salvadoreño, aún ignora: la idea del "martirio por causa de la justicia".