Orlando Delgado Selley

EN CUATRO DIAS el centro de la Ciudad de México se llenó tres veces: la primera para expresar el rechazo al uso faccioso de las instituciones; la segunda para rechazar las reformas al régimen pensionario del IMSS; la última fue distinta, porque fueron policías quienes lo ocuparon. Las dos primeras fueron manifestaciones contrarias a la política económica que se ha venido instrumentando desde hace 22 años y que persiste en el gobierno que llegó para cambiarla, y contra la pretensión de desaforar a Andrés Manuel López Obrador. La tercera fue para evitar la expresión de protestas contra la Presidencia de la República.
Queda cada vez más clara la diferencia que parece partir al país: quienes quieren mantenerse a toda costa en el poder para imponer las reformas neoliberales pendientes y quienes piensan que se han convertido en una opción real de poder, capaz de impulsar una propuesta distinta de futuro, en la que la gente ocupe el centro de la estrategia.
Estas dos visiones de país, que proponen distintos futuros, se expresaron con claridad. El 29 de agosto López Obrador hizo explícitos los 20 postulados básicos de un proyecto alternativo de nación. El 1 de septiembre, en su cuarto Informe, Vicente Fox repitió su plan estratégico y confirmó la persistencia de un proyecto fundado en el Consenso de Washington. En este Informe el proyecto económico se presentó bajo el manto de una concepción de democracia que pretende condensar los anhelos de la sociedad mexicana. En los 20 puntos se plantea como tesis ordenadora la reducción de la desigualdad social, lo que apunta a una política económica esencialmente distinta.
Dos propuestas con claras diferencias: la "economía con rostro humano" que supuestamente asegura la igualdad de oportunidades y la economía que se obliga a repartir equitativamente los resultados. Una política económica responsable con los compromisos con los banqueros nacionales y extranjeros y cuidadora de los "equilibrios fundamentales", y una política económica que asume claramente la necesidad de fomentar la actividad económica y que, en consecuencia, se aleja de la visión de que el mercado es el mejor asignador de recursos. Una política que reivindica la reducción de la inflación y de las tasas de interés como conditio sine qua non del crecimiento y una política que postula que es indispensable pagar la deuda social.
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La propuesta de López Obrador reconoce que nuestra economía está inserta en la globalidad. Lo relevante es que se establece que lo que defina esa inserción sea la economía interna, es decir, crecimiento pero con bienestar social. Además incorpora la relación entre crecimiento y población para superar las visiones que, con el dato de crecimiento de un buen trimestre, pretenden ilustrar "el regreso al camino del crecimiento". Por supuesto, estar instrumentando una política permite más detalle que sólo formular las líneas generales de la propuesta que la sustituya. En el proyecto alternativo no se polemiza con la concepción que está detrás de nuestra dependencia del crecimiento de nuestros socios comerciales, particularmente de Estados Unidos, pero es claro que con medidas como la pensión alimentaria obligatoria para todos los adultos mayores y los discapacitados pobres, junto con el cumplimiento del derecho constitucional a la atención médica y también a medicamentos gratuitos, se actúa contra la desigualdad social y se promueve el mercado interno.
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El empleo es uno de los temas decisivos. No hace falta insistir demasiado en que el fracaso de la política actual es impresionante. De un millón 300 mil empleos anuales comprometidos en la campaña a un resultado desastroso: según la información sobre los asegurados en el IMSS, en diciembre de 2000 eran 12 millones 732 mil 430 y para junio de este año, último dato disponible, fueron 12 millones 531 mil 282 trabajadores, esto es, 200 mil menos que al arrancar este sexenio. El problema es que aún con un crecimiento alto los nuevos empleos no aparecerían. El dato duro es que la modernización neoliberal implica la reducción de puestos de trabajo. En el Informe, Fox presume haber reducido 165 mil plazas administrativas, lo que no dice es que el gasto corriente del gobierno federal ha crecido tanto en términos reales como en proporción con el PIB. El desempleo abierto que, como se sabe, sólo refleja el dato de quienes buscaron empleo de tiempo completo en la semana anterior a la encuesta, sin haber trabajado ni una hora, ha aumentado alrededor de un punto porcentual, lo que implica un crecimiento de casi una tercera parte de la tasa que existía a finales de 2000.
El desempleo crece pese a que la migración a Estados Unidos aumenta (cada año emigran entre 400 y 500 mil personas). El envío de remesas –que este año podría llegar a más de 18 mil millones de dólares– es la explicación de la reducción de la pobreza observada por organismos internacionales. Fox señaló que se avanza en los programas de superación de pobreza en "el sentido correcto". Es decir, un buen resultado tiene una explicación asociada, por lo menos en parte, a la emigración que se viene dando por la contracción del mercado de trabajo y por los bajos salarios.
El Informe argumenta que luego de 25 años de deterioro de los salarios y, en consecuencia, de la caída del nivel de vida de la población, el gobierno ha actuado para detener esa tendencia negativa. Como prueba se ofrece la evolución del salario medio de cotización de los trabajadores afiliados al IMSS, que de 2001 a esta fecha ha aumentado 8.5% en términos reales. Lo usual para medir la evolución de la capacidad de compra de los trabajadores es el salario mínimo que recibe alrededor de 10% de los trabajadores, junto con las remuneraciones medias manufactureras y las que se pagan en las maquiladoras. No se usan estos indicadores porque no prueban la mejoría que se busca mostrar.
En la propuesta de López Obrador hay diversas indicaciones relacionadas con el empleo y los salarios. Desde la llegada de los gobiernos perredistas, anualmente se han incrementado dos puntos porcentuales por encima de la inflación los salarios de los trabajadores al servicio del gobierno capitalino. El dato acumulado es un aumento mayor a 10% en términos reales. Elevar las remuneraciones de los trabajadores para impulsar un pacto social es indispensable. Tiene razón López Obrador, "se puede contar con la gente, pero eso, aunque es esencial, no lo es todo; hace falta también tomar en cuenta a los representantes de los sectores sociales, civiles, religiosos y políticos". Por ello, el pacto social propuesto tiene que arrancar con un acuerdo de mejores salarios que tendrán que ser absorbidos por las empresas, pero que garantizarán un aumento en la demanda interna que elevaría las ventas al menudeo y, con ello, podría recuperarse el incremento salarial.
Además, la concepción de austeridad fiscal pasa por las remuneraciones de los altos mandos del gobierno. Fox dice que no aumentarán los sueldos de los funcionarios este año, pero lo relevante como parte de una redefinición de la relación entre gobernados y gobernantes es limitar las remuneraciones a múltiplos del salario mínimo. El gobierno del DF lo ha hecho y lo haría en un nuevo gobierno. El gobierno del cambio ofreció altos salarios a sus funcionarios y les cumplió, ratificando la separación entre los altos y los mandos medios, mucho más con los trabajadores de base.
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Crear empleo es responsabilidad de todos. El gobierno no puede abdicar de esa responsabilidad y dejar al mercado la generación de nuevos empleos. Al contrario, la responsabilidad central de cualquier gobierno es con la gente, con sus posibilidades de obtener un empleo remunerado adecuadamente. López Obrador plantea el tema en su aspecto básico y, con ello, ratifica una diferencia decisiva. La obra pública no sólo resulta necesaria, sino que genera inmediatamente empleos, ciertamente temporales, pero que pueden sumar varios miles de mexicanos. El déficit, inicialmente, no es el de las finanzas públicas, sino el social, destacadamente en déficit en empleos.
Junto a estos temas está la propuesta laboral que, obviamente, es más amplia que la seguridad social y las pensiones. López Obrador sólo se ocupa del tema básico en esta coyuntura de las pensiones y de las aportaciones de trabajadores, patrones y gobierno en busca de una pensión digna. Ciertamente resulta contrastante con lo que el Presidente señaló en el Informe, al explicar que las reformas al IMSS "aseguran la viabilidad financiera de la institución".
Lo que se ha abandonado es el mundo del trabajo. Entre las reformas neoliberales pendientes está la flexibilidad laboral, sobre la que han llegado a acuerdos el gobierno panista y las representaciones sindicales charras. Este acuerdo tiene mayoría en la Cámara de Diputados y pudiera imponerse, lo que hace necesario definir la posición de quienes plantean un futuro diferente, entre los que debieran contarse los sindicatos democráticos. De entrada conviene asegurar que con el planteamiento de poner en el centro la generación de empleos y establecer el requisito de que sean empleos decentes, se rechaza la subcontratación y todos los mecanismos neoliberales que han precarizado el trabajo.
Uno de los temas que han abierto una contradicción irresoluble es la reforma energética. Fox plantea lo mismo que los tres últimos gobiernos priístas: privatizar la industria eléctrica primero y después concluir la privatización de Pemex. Para ello se ha optado por los contratos de servicios múltiples, que son una abierta violación al régimen vigente. Congruente con esa visión, Fox apresuró un anunció que parece no tener un fundamento sólido: yacimientos cuyas reservas potenciales son de la misma magnitud de las conocidas. Agregó tres datos adicionales: "el más amplio programa de inversión en décadas" que permitió aumentar la capacidad productiva y la tasa de restitución de reservas, disminución de la importación de petrolíferos a la mitad y recuperación de 4 mil millones de pesos del robo de combustibles a Pemex.
Para López Obrador el sector energético es una palanca decisiva para reindustrializar al país y crear empleo. Por ello propone una política energética que impulse la producción de derivados petroleros y que elimine la importación de gasolina, gas y otros productos. Este impulso se reflejará en el mercado interno y en los precios de gasolina y gas que deberán alinearse con los internacionales. Al contrario de lo que sostienen economistas ortodoxos del salinato, para lograr esto hace falta impulsar decididamente la industria petrolera bajo la propiedad del gobierno y no privatizar las importantes empresas públicas del sector.
Sin embargo, no puede soslayarse un problema fundamental. La existencia de sindicatos corruptos, con prácticas corporativas que controlan a los trabajadores. En un texto reciente ("El carácter de un proyecto de nación", Memoria 186, agosto 2004) comentamos la experiencia de la anterior administración perredista en el Metro del DF. En esta ocasión sólo destacamos la preocupación que se despierta al ver que la sustitución de esa administración implicó entregar al sindicato charro, encabezado por Fernando Espino, enemigo declarado del propio gobierno capitalino, recursos y la administración del personal de base. La nueva administración ha operado exactamente igual que como lo hacían las administraciones priístas. Frente a este trato, cuestionarse sobre la política de López Obrador respecto a los sindicatos charros es indispensable y convendría que se hicieran compromisos explícitos en contra del caciquismo sindical y a favor de los trabajadores. Los sindicalizados de Pemex y de la CFE, así como los trabajadores de confianza de esas empresas pueden ser factores que influyan en una elección cerrada.
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Dos temas para finalizar este comentario. Uno simple: Fox dice que la inversión extranjera "es la más alta en la historia en un periodo de cuatro años", lo que es cierto. Lo que no dice es que en 2002 y 2003, como en casi todos los países en desarrollo, los flujos de inversión extranjera disminuyeron: tampoco dice que en el dato acumulado está la venta de Banamex al Citibank y la venta del último tramo accionario de Bancomer al Grupo BBVA. En ambos casos, como se hizo a través del mercado accionario, las operaciones estuvieron exentas de impuestos. Pero lo más importante es que en estos cuatro años la penetración del capital extranjero en la banca alcanzó cerca de 85% del total de las actividades bancarias. Esto ha colocado a nuestro sistema financiero como uno de los más controlados por capitales bancarios extranjeros.
El otro tema es el Fobaproa. Mientras que López Obrador propone "crear una comisión de la verdad para transparentar todo lo relacionado con el Fobaproa", destacando la necesidad de acordar con los banqueros que tienen los pagarés la reducción del costo. Fox se enorgullece de que "desactivamos un conflicto que pudo tener graves efectos. Me refiero al vencimiento de la mayoría de los pagarés que el gobierno anterior firmó durante la crisis financiera de 1995". El conflicto, en realidad, no existía, sino en la medida en que hubo reclamos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para no intercambiar los viejos pagarés por nuevos sin antes haber auditado a los cuatro bancos que aún los poseen: Banamex, Bancomer, Banorte y Bital (HSBC). Se trató de desactivar un conflicto entre la ASF y el gobierno federal que asumió inopinadamente la defensa de los bancos involucrados.
El cuarto Informe y los 20 puntos se inscriben en la disputa que existe entre mantener el mismo rumbo o bien iniciar uno nuevo, que tiene antecedentes indudables en las políticas económicas que se utilizaron en la "edad de oro" del corto siglo XX, pero que incorporan los nuevos datos que la situación actual impone: esa disputa, pese a todos los intentos por evitarla judicialmente, se impondrá en cada discusión, en todos los foros, entre todos los que piensan que pueden decidir el futuro inmediato.