El Sindicato Valle Hermoso advirtió que las movilizaciones continuarán hasta que los erradicadores salgan de las zonas de Chapare y Yungas

Gobierno alista nueva ofensiva contra la coca

Econoticiasbolivia.com

La erradicación de coca, con sus graves secuelas de violencia y violación de derechos humanos, podría ser otra vez una amarga realidad dentro de muy poco en Bolivia, según los planes del gobierno y de la cooperación internacional y estadounidense.

A nombre del gobierno, el viceministro de Defensa Social, Roberto Pérez, anunció oficialmente hoy que las acciones de erradicación, que hasta ahora se habían centrado en la zona del Chapare, se ampliarían también a zonas excedentes e ilegales de Yungas, en La Paz.
Pérez dejó en claro que la erradicación compensada de coca se daría sólo "en las áreas que corresponda de Yungas, en el sector de Caranavi solamente". El monto de compensación aún no fue precisado. Para las otras zonas yungueñas, consideradas ilegales, la erradicación sería forzosa y militarizada.
En la zona tradicional del Chapare es también inminente una ofensiva contra los cultivos cocaleros, tras que el gobierno manifestara hoy su "alarma" por un presunto aumento acelerado de las plantaciones de coca, en el trópico de Cochabamba, lo que supondría un renovado esfuerzo de erradicación forzosa y nuevos conflictos sociales.
El ministro de Asuntos Campesinos, Diego Montenegro, anunció a Econoticias que esta "preocupación" será comunicada este viernes a las seis federaciones de productores de la hoja de coca de esa región en el reinicio del diálogo.
"Tenemos información de carácter preliminar de que en algunas regiones del trópico de Cochabamba hubo un rápido crecimiento en las áreas sembradas de coca, en algunos casos inclusive ingresando a áreas de los parques y reservas nacionales", dijo.
Montenegro comentó que esta situación preocupa no únicamente al gobierno de Bolivia, sino a la cooperación internacional.
ESTRATEGIA OFICIAL
El pasado miércoles, el gobierno boliviano aprobó una nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico que se sustenta, con preferencia, en la erradicación forzosa de los cultivos y en la interdicción, y en menor medida en la prevención y el desarrollo integral. Este plan, aprobado por el presidente, Carlos Mesa, y los miembros del Consejo Nacional de Lucha Contra el Uso Indebido de Drogas (Conaltid) cubrirá el periodo 2004-2008.
Según el viceministro de Defensa Social, Roberto Pérez, la nueva estrategia antinarcóticos, que será presentada en breve al país, requerirá de una inversión superior a los 900 millones de dólares.
En la esfera gubernamental se publicita que "una de las características de la estrategia es promover un desarrollo alternativo integral, participativo y sostenible, que permita resolver la problemática socio-económica de quienes viven en las zonas productoras de coca y en regiones expulsoras de población".
También se destacan los "avances del desarrollo alternativo", que habría experimentado en los últimos años un crecimiento importante, según los datos oficiales. En el trópico de Cochabamba, la sustitución de cultivos ilícitos superaría las 100.000 hectáreas en productos como el banano, el palmito, la piña, el maracuya, entre otros productos agrícolas.
Sobre los otros y espinosos temas, las autoridades guardan un prudente silencio, aunque los reportes que llegan desde el Chapare, donde más de 20 mil familias viven en continua zozobra por la política gubernamental, son bastantes elocuentes.
En esta zona, en la última semana, ya se registraron dos enfrentamientos entre cocaleros y efectivos de la militarizada Fuerza de Tarea Conjunta. Incluso, ayer, sólo la intervención de representantes del Defensor del Pueblo impidió que la violencia estallara entre cocaleros y militares erradicadores.
Según el relato del defensor del Pueblo, Freddy Torrico, más de 200 cocaleras y cocaleros de los sindicatos Villa Verde, Valle Hermoso y Unificado se trasladaron ayer al Campamento Verde II de la Fuerza de Tarea Conjunta, construido recientemente en Santa Fe, para expulsar a los 140 efectivos.
Torrico exhortó a los cocaleros para que no haya violencia; pero Freddy Martínez, dirigente del Sindicato Valle Hermoso, advirtió que las movilizaciones continuarán hasta que los erradicadores salgan de la zona.
"Los cocaleros exigimos el cese de la erradicación", dijo la dirigente Elena Almendras.
En los Yungas de La Paz, donde se estima que están asentados otros 20 mil cultivadores de la hoja de coca, la tensión va también en aumento, tras las declaraciones oficiales y la abierta presión que ejerce la Embajada de Estados Unidos para que se acelere la erradicación, lo que de producirse ocasionaría un mayor distanciamiento entre el presidente Mesa y su principal aliado como es el diputado cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, a cuyo mando responden las federaciones de productores de coca.