Por Luis Arce Borja

Puno sigue siendo el eje de las luchas populares espontáneas del Perú. Desde la primera semana de abril pasado, miles de campesinos se declararon en rebelión contra el Estado y sus gobernantes corruptos. Campesinos aymaras en su mayoría se movilizaron armados de palos, garrotes y otras armas rudimentarias. Su lucha es contra la corrupción instalada en todas las instancias de la administración del Estado peruano, llámese consejo municipal, o autoridades regionales. Las huelgas, los paros y el bloqueo de carreteras ha sido una de las formas de lucha que emplearon los campesinos contra las autoridades corrompidas. El cúmulo de la ira del pueblo se resumió el 26 de abril del 2004, cuando un grupo de 30 mil manifestantes ajustició a golpes de palos y piedras a Cirilo Fernando Robles Callomamani, alcalde del distrito de Ilave acusado de malos manejos y corrupción. El cuerpo masacrado de este burgomaestre fue arrojado bajo un puente en venganza por sus fechorías cometidas.

Frente al ajusticiamiento del alcalde, el gobierno respondió con acciones represivas y una nutrida campaña de injurias contra el pueblo rebelde.

Declaró en estado de emergencia el territorio del departamento de Puno.

(Suspensión de la constitución y el poder queda en manos de las fuerzas armadas). A través de la prensa mercenarizada del Perú, el gobierno acusó a los dirigentes aymarás de ser narcotraficantes, contrabandistas y asaltantes. (Los insultos a los huelguistas provino del premier Carlos Ferrero y del ministro del Interior). Inmediatamente, la política arrestó a seis dirigentes a quienes responsabilizó de ser los responsables de la muerte del alcalde de Ilave. La población, en lugar de retroceder frente a la embestida del gobierno, redobló su lucha, y amenazó con movilizarse a la prisión de "La capilla" (Juliaca) y rescatar a los seis prisioneros.

Diálogo y trampa ¿Cuál ha sido la táctica del gobierno para detener esta rebelión popular?.

El régimen de Toledo ha echado mano un viejo instrumento reaccionario para desarmar esta ejemplar lucha popular. Ha formado una llamada "Mesa de Diálogo", la que estará integrada por el gobierno, las autoridades regionales, y los comuneros de esta región. Según la versión oficial, el objetivo es "buscar una solución a la situación de convulsión social". Para empezar los rebeldes han aceptado dicha "mesa de diálogo", y junto a ello han otorgado cuatro días de tregua, en las que suspenden sus luchas. Los campesinos han amenazado con redoblar sus movilizaciones si no encuentran solución a sus demandas a través del diálogo. Uno de los cómplices de esta "Mesa de Diálogo", han sido los obispos peruanos. Ellos, que milenariamente actúan como cómplices de regímenes tiránicos y corruptos, han llamado a buscar el diálogo para "defender el Estado de Derecho y la constitucionalidad". "Hacemos un llamado al sentido de responsabilidad de los dirigentes populares y gremiales para que en sus demandas (...) respeten los procedimientos legales e institucionales antes de extremar medidas de fuerza que afecten el desarrollo normal de las actividades del país".

(Versión oficial de la Conferencia Episcopal peruana-CEP, del 10 de mayo 2004).

Por los ingredientes y los personajes que están involucrados en esta "Mesa de Diálogo, no hay ninguna duda que si los campesinos no abren bien los ojos, serán estafados de la misma manera que son estafados diariamente millones de trabajadores en el Perú. En la historia de la lucha social, jamás el diálogo ha dado resultados positivos a favor de los pobres. El pueblo, nunca ha logrado alguna reivindicación económica, social o política a través del diálogo. Los diálogos entre los oprimidos y los sátrapas que dirigen el Estado, sólo han servido para bajar la tensión social (ganar tiempo y reforzar la represión) y para dar puñaladas por la espalda a los rebeldes. ¿Además, que puede ofrecer el gobierno de Toledo frente a la corrupción, el hambre y la miseria?. Absolutamente nada. La corrupción es un medio útil para que los gobernantes y sus acólitos obtengan grandes riquezas. El robo, la coima, el chantaje y otros delitos cometidos desde el Estado, no son hechos aislados, sino más un método político de gobernar y hacer del Estado un botín que se distribuye entre bandidos. En el caso del hambre y la miseria, ahí nada podrá hacer el actual gobierno peruano, cuya orientación política y económica es someter a la brutal explotación al trabajador en beneficio de los grupos de poder locales y extranjeros.

Inicio de explosiones sociales en cadena La rebelión de los pueblos de Puno, es una muestra de la tensión social y el grado que está alcanzando la lucha de clases en el país. Esta lucha, no es solamente contra el gobierno de Toledo, sino contra el conjunto de los grupos políticos que desde el parlamento y de otras instancias del Estado o fuera de él, conviven con el actual régimen peruano. El Partido Aprista (APRA), el Partido Popular Cristiano (PPC), Acción Popular (AP), Frente Independiente Moralizador (FIM), Unidad Nacional, Unión por el Perú (UPP), los restos de Izquierda Unida, léase Partido Mariategusita, Patria Roja, Partido Comunista -Unidad, etc., son también cómplices del desastre peruano, y contra ellos es también la lucha del pueblo de Puno. Estos grupos políticos, unos se llaman democráticos y otros de izquierda, son juntos con Alejandro Toledo, los responsables directos del hambre, la pobreza y la corrupción en el país. Por ello no es casual, que 9 alcaldes provinciales de Puno (representan todos los partidos oficiales) se dirigieron a Lima y el 14 de mayo se reunieron con Alejandro Toledo. Ahí en abierta complicidad con el presidente apocalíptico del Perú, se pronunciaron contra la rebelión popular, señalando; "queremos que retorne el orden y no la violencia", y agregando en tono eclesiástico, "necesitamos vivir en paz y fomentar una cultura de paz".

Hay que ver la lucha de Puno, como el inicio de rebeliones, que a pesar de su carácter espontáneo, se plantean legitimas reivindicaciones políticas que alcanzan a todos los peruanos. Y ¿quien en el Perú no está contra la corrupción que se extiende desde el Estado, los consejos municipales, etc.?.

¿Quién no está contra el hambre y la miseria?. ¿Quién no está contra las clases políticas (de derecha y la llamada izquierda) que desde el parlamento, los municipios, o de otras instancias, colaboran y son cómplices del abandono y las injusticias a la que están sometidas las clases populares. Ya por los pronto, oficialmente se cuentan 17 regiones en la que la población se ha sublevado contra los alcaldes y presidentes regionales.

Los lugares más convulsionados son: Ayacucho, Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Iquitos, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martín y Ucayali. Y este tipo de rebeliones seguirán en desarrollo atizadas por las graves condiciones sociales.

Si tomamos como ejemplo la rebelión de los pueblos de puno, hay que concluir que el Perú ingresa a una nueva etapa de luchas populares, cuya característica principal por el momento es su espontaneidad y falta de dirección estratégica. Dotar de dirección revolucionaria estas luchas corresponde a las tareas políticas de primer orden en el Perú actual. La tarea fundamental no se refiere a "adelantar las lecciones presidenciales" como solicitan algunos grupos políticos y sindicales (Patria Roja, Confederación General de Trabajadores del Perú, y otros). Este planteamiento, puramente electoral, está concebido para salvar el Estado de opresión y proteger los intereses del imperialismo, de burgueses y terratenientes. El pueblo peruano nada gana con elecciones ni con cambio de payasos en el palacio presidencial. Nada ganó cuando el corrupto Alan García Pérez fue reemplazado (en elecciones 1990) por el mafioso Alberto Fujimori, y el pueblo no ganó nada cuando Fujimori fue cambiado (2000) por Alejandro Toledo. El pueblo tiene que prepararse, no para ser carne de cañón de procesos electorales tramposos, sino para luchar por el cambio definitivo de la sociedad y el Estado peruano.