Luis Arce Borja
Resumen Latinoamericano

Si alguien desea conocer el grado de miseria moral de los intelectuales peruanos al servicio de los grupos de poder, no hay que leer ningún tratado de ciencias políticas o filosóficas. Basta para ello dar una ligera lectura a las noticias que diariamente publican los medios de comunicación. Y si alguien quiere conocer el grado de impunidad con la que actúa la policía de este país, no tiene que recurrir a ningún archivo secreto, lo único que tiene que hacer es leer la prensa peruana, sobre todo aquella que se declara "independiente" y "democrática". El diario La República, uno de los grandes cotidianos del país, en su edición del jueves 22 de abril (2004), nos entrega una muestra más de la forma inmunda en que actúa gran parte del periodismo peruano. Esta prensa, reflejo de una sociedad oficial hecho trizas en el aspecto moral, se muestra abiertamente contra la más elemental norma democrática y de respeto a las leyes. No tiene ningún problema para recurrir a la infamia, el chantaje y la mentira para servir los ilegales y represivos objetivos de la policía peruana. Este tipo de periodismo, como el que práctica el diario La República, es indispensable y útil, para que en Perú siga campeando los gobiernos corruptos y fuera de la ley como el de Fujimori o Toledo, donde las normas legales y el derecho de los ciudadanos, tienen menos valor que un rollo de papel higiénico.

Así el jueves pasado (22 de abril), este diario se lanzó en embestida contra una ciudadana acusada falsamente de terrorista. Los hechos son los siguientes: la profesora Angélica Torres García fue detenida por la Dirección Nacional Antiterrorista (DINCOTE). Fue acusada de haber pertenecido a un comando de la guerrilla maoísta y de haber participado en noviembre de 1992 en la ejecución del coronel Manuel Tumba Ortega, en ese tiempo el número dos de la DINCOTE. La profesora pasó una noche entera en las celdas de la policía y al siguiente día fue puesta a disposición de la jueza Miluska Cano, titular del 4to. Juzgado Penal de Terrorismo de Lima. La jueza revisó la acusación (atestado policial) y su sorpresa fue que no había ninguna prueba concreta contra la acusada, y todas las suposiciones de la policía respecto a que Angélica Torres García era una militante de Sendero Luminoso y una de las personas que integró el comando que aniquiló al coronel policial, no tenían ningún fundamento. ¿Qué hizo la jueza?. Por justicia y por derecho la profesora fue puesta en libertad inmediatamente. Al recobrar su libertad, no huyó o se sumergió en la clandestinidad, sino más bien se dirigió al colegio donde continúo dando sus clases de matemática, física y planificación educativa a niños y adolescentes, en el centro educativo particular Divino Creador.

¿Cuál ha sido la actitud de la República?. Cuando se enteró que la profesora había sido liberada, inició una rabiosa cacería de la supuesta "terrorista". La persiguió hasta su centro laboral, y con los mismos métodos policiales la acosó y busco entre sus colegas profesores como ella, que alguien la acuse de terrorista. El día jueves (22 de abril) en un artículo repleto de infamias, algo así como un vómito negro, señaló en lenguaje que se usa en las filas de los uniformados: "La policía tardó años en ubicarla y la magistrada la soltó en 15 minutos". Y seguidamente, no sabemos si fue por cuenta propia o por encargo de la DINCOTE, imprimió una serie de acusaciones contra la profesora. Dijo que ella pertenecía a un comando de aniquilamiento senderista, y que no sólo era la que había atacado a muerte al coronel Tumba, sino que también había participado "en el atentado contra la residencia de la Embajada de los Estados Unidos", y en otros ataques terroristas. Junto a esto, La República, con bastante experiencia en la delación y la infamia policial, publicó un "perfil", donde se incluye lugar de nacimiento, edad, profesión, lugar de trabajo y lugar de residencia de la profesora Angélica Torres García.

¿Qué es lo que pedía la policía antiterrorista por boca de el diario La República?. Simplemente que la jueza Miluska Cano viole las leyes para mantener en prisión una persona a la cual se le acusa sin prueba alguna. La exigencia de La República, visto como una repetición caricaturesca del pasado reciente, no era otra cosa que exigir que la autoridad competente actúe como lo hacían los tribunales sin rostro de la época de la mafia fujimorista. Es decir condenar y encarcelar sin tener en cuenta las leyes ni las razones. Hay que recordar, que en las prisiones del país hay miles de presos acusados falsamente de terroristas, los cuales fueron apresados y condenados a largas penas sin ninguna prueba. Estos presos no son solamente víctimas de jueces corruptos y de policías inescrupulosos, sino también de una prensa mercenarizada que fue millonariamente recompensada por secundar y sostener los planes represivos provenientes de la policía y del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que en la época estaba dirigido por el mafioso Vladimiro Montesinos.

De La República hay mucho que decir, pero solamente queremos recordar que este diario, que se ha cubierto con una aureola de prensa democrática y hasta de izquierda, desde sus orígenes en 1980 se alineó con los gobiernos de turno, y consecuentemente ha servido a los planes policiales puestos en práctica en cada coyuntura. Por ejemplo, ahora se conoce que Gustavo Mohme Seminario, fundador y director de este medio de comunicación hasta el año 2000, era un asiduo visitante del cuartel general del siniestro Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) dirigido por Montesinos. En 1985, este diario como vocero de Izquierda Unida (IU) sostuvo la campaña electoral de Alan García Pérez. En 1990 se ligó a la campaña electoral que llevó a la presidencia a Alberto Fujimori. Y en el año 2000 este mismo diario se volvió abanderado de la campaña electoral ("Los cuatro suyos") de Alejandro Toledo.