Este art�culo fue escrito el 29 de febrero de 2004 y dedicado a la memoria de quien fue asesinado en Venezuela ese d�a por denunciar el asesinato de su hijo, Pedro Doria, padre de un m�dico y dirigente socialista, organizador de los campesinos venezolanos del Zulia en la zona del Perij�, fronterizacon Colombia.. Hoy, cuando se ha descubierto el plan para atacar Venezuela con paramilitares colombianos y han sido detenidos 88 de esos paramilitares, cobra vigencia la denuncia de la marcha de los Orcos El resultado m�s palpable del paramilitarismo en Colombia es el proceso de desarraigo de tres millones de campesinos desplazados por la violencia y la subordinaci�n a los grandes propietarios de regiones. Pero tambi�n lo son el exterminio de la dirigencia sindical m�s luchadora, liquidada en cuotas anuales de decenas y el final escenario de desaparici�n de las conquistas laborales y las empresas y entidades del estado que los sindicatos defienden. Es un proceso exitoso desde el punto de vista del poder econ�mico.

Ahora, los resultados de la violencia ilegal son institucionalizados mediante reformas constitucionales que eliminan derechos fundamentales o las v�as para defenderlos. A la vez, el aparato paramilitar quiere ser legalizado mediante acuerdos con el gobierno, cuyo efecto m�s real ser� ocultar a los responsables intelectuales y a los beneficiarios econ�micos del paramilitarismo.

Si se consolidara el proyecto de acuerdo Uribe-paramilitares, un nuevo modelo resolver�a los problemas generados por la impunidad en el Cono Sur y por las leyes de olvido para las dictaduras militares chilena y argentina y la dictadura civil uruguaya, impunidad en crisis y cuestionada internacionalmente.

El modelo colombiano s� garantizar�a, de ser apoyado internacionalmente, una impunidad de los cr�menes contra los movimientos sociales, bajo el manto de un acuerdo con supuestos "rebeldes". La sola posibilidad de que este acuerdo se concrete ha desatado una ola de acciones paramilitares y sicariales en el continente.

El intento de asesinato del presidente de la Confederaci�n de Nacionalidades Ind�genas del Ecuador Leonidas Iza, el 1� de febrero expresa los m�todos e instrumentos que se quieren ense�orear de Am�rica Latina para detener la lucha masiva contra el neoliberalismo y los tratados de "libre comercio".

No ha sido un hecho aislado ni en Ecuador ni en el conjunto del continente. En Ecuador sigui� a los asesinatos del activista campesino ecologista Angel Shingre y del investigador petrolero Patricio Campana y estuvo precedido cinco a�os antes por el asesinato, por los paramilitares colombianos, del dirigente izquierdista Jaime Hurtado.

Mucho m�s grave es la situaci�n de Venezuela, donde han sido asesinados m�s de 80 l�deres campesinos que luchaban por la aplicaci�n de la ley de reforma agraria, el m�dico socialista Pedro Doria, asesor de los campesinos, y durante este a�o tres sindicalistas y un cooperativista bolivariano. En junio de 2002 se hab�a anunciado la creaci�n de las Autodefensas Unidas de Venezuela AUV, apoyadas por las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia AUC:

El 27 de febrero qued� claro que la oposici�n venezolana quiere sustituir la p�rdida de las masas, con armas de fuego y fuego: un peque�o grupo quem� una sede del partido MVR, otro atac� la emisora alternativa Radio Perola. Varios opositores accionaron pistolas y rev�lveres.

En Brasil, el estudio "Los cr�menes del latifundio" document� el asesinato de 44 l�deres de los trabajadores rurales sin tierra. Las bandas armadas de los latifundistas se expresan ahora virulentas contra la demarcaci�n de tierras ind�genas. Amenazas de muerte han ca�do sobre el obispo Pedro Casald�liga por apoyar a los indios Xavante cuyas tierras son apetecidas por lo platadores de soya. En Roraima, los hacendados y empresarios del arroz lograron apoyarse en una masa de colonos que el 6 de enero no vacilaron en secuestrar y tomar como rehenes a 3 sacerdotes que apoyaban la titulaci�n colectiva para los ind�genas. Lo ocurrido muestra que las bandas armadas de derecha adem�s de aumentar su actividad, cobran una creciente confianza.

Lo mismo se pudo apreciar el pasado diciembre en Mojos, Beni, Bolivia: bandas armadas de los hacendados amenazaron de muerte a ind�genas y campesinos y a las monjas y organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de las comunidades a la tierra. Aprovechando el incidente aislado en el cual un empleado furioso y actuando individualmente, mat� a un alcalde porque no le pagaba el sueldo, las bandas derechistas sembraron el terror en la regi�n y se posicionaron para impedir las reclamaciones de tierras. Los campesinos cocaleros denuncian que en el Chapare se entrenan grupos paramilitares para tratar de quebrar al movimiento social.

El paramilitarismo golpea incesantemente en Honduras y renace en Argentina con amenazas y asesinatos como el de Sandra Cabrera, secretaria de la Asociaci�n de Mujeres Meretrices y la reaparici�n de paramilitares atacando a los campesinos en Santiago del Estero.

Hasta los Ton-Ton Macoutes y el ej�rcito can�bal son estrellas, que de autores de cr�menes atroces pasan a honorables rebeldes triunfantes como parte de la "oposici�n democr�tica" haitiana.

Las bandas armadas de derecha toman un papel protag�nico en momentos en que es evidente que grandes masas latinoamericanas se hacen sentir en las m�s diversas formas, con grandes movilizaciones o en las elecciones. Las bandas derechistas no pueden arg�ir el pretexto de que combaten la guerrilla, como en Colombia o como en Guatemala de los 80 o Argentina de los 70.

Sin embargo, el objetivo de su acci�n es exactamente el mismo que el obtenido en Colombia, donde muy lejos de destruir la guerrilla, s� han hecho la sangrienta contribuci�n decisiva para destruir las conquistas legales de los movimientos sociales e imponer la legislaci�n que conviene a transnacionales y latifundistas y claro, los tratados de libre comercio; y a garantizar que no se culpe al estado ni a los financiadores de la violencia.

La dificultades para el �xito de este modelo se manifestaron en el fracaso del viaje del presidente Uribe a Europa; en las acusaciones de la fiscal�a italiana contra los paramilitares colombianos por su ligaz�n con la mafia calabresa; en las ordenes de extradici�n a Estados Unidos contra algunos jefes de las AUC y en el esc�ndalo ocasionado por los descubrimientos de sus cargamentos de coca�na y el intento de encubrir los mismos por autoridades colombianas. Pero desde el gobierno de Estados Unidos no se cuestiona la impunidad para las masacres, el aniquilamiento del liderazgo sindical y el despojo de tierras campesinas, sino las actividades de narcotr�fico, que surgen como la prueba reina que permitir� deshacerse de estos orcos una vez cumplan su tarea. Los orcos siempre han sido carne de ca��n del verdadero poder.