La Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité que vigila el Cumplimiento de la Convención Contra la Tortura, le solicitó a Chile la dero- gación definitiva de la Ley de Amnistía, que protege a los militares que se encuentran involucrados en las violaciones de los derechos humanos.
Además el organismo internacional ha recomendado la realización definitiva de reformas a la Constitución del 80, que fuera elaborada por los esbirros de la dictadura, sin que hasta ahora los gobiernos de la Concertación hayan des- plegados esfuerzos políticos reales para devolverle la soberanía plena al pue- blo chileno. Las demandas de la ONU tienen por objeto además, de que en Chile el respeto a la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, esté plena- mente garantizado.
Recordemos además que este último tiempo, diversos organismo de la ONU y ONG han llamado la atención a Chile, por el incumplimiento de los pactos internacionales que están relacionados con los derechos humanos, la libertad de prensa, los derechos de los trabajadores y el respeto a las minorías étnicas.
La ONU también ha solicitado que se pueda extender el trabajo de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, qué escucho los testimonios de alrede- dor de 28 mil personas, que fueron víctimas de los aparatos represivos de la dictadura. Sin embargo el mencionado organismo, no acogió las denuncias de diversos tipos de vejámenes ocurridos en plena "democracia". Tampoco aceptó las denuncias de las mujeres que fueron violadas por miembros de los aparatos represivos en los allanamientos realizados a los hogares, en los centros de de- tención clandestinos y en los campos de concentración. Según el concepto del gobierno de Ricardo Lagos, las violaciones y el abuso sexual no es considerado una tortura, independientemente de las secuelas síquicas que deje está situación.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, los abogados de De- rechos Humanos y diversas organizaciones relacionadas con estos temas, han manifestado su conformidad con las solicitudes del Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura. Puesto que Chile debe agotar todos los esfuerzos po- sibles para el esclarecimiento de la verdad, y las 104 mil víctimas de la tortura puedan entregar sus respectivos testimonios. Lorena Castillo, presidenta de la AFDD se manifestó por entregar el total res- paldo a la abolición de la Ley de Amnistía, que comprende los periódos de 1973 a 1978, porque "permitiría conocer la verdad de lo que pasó en la época más dura y oscura de la dictadura militar y sancionar así, a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
El organismo de la ONU también solicitó eliminar el principio de obediencia debida del Código de Justicia Militar y transferir además el control de la policía uniformada al Ministerio del Interior, así como los diversos antecedentes que tienen que ver con los crímenes de la "Operación Cóndor".
Mientras tanto, las últimas informaciones que están relacionadas con estos hechos, nos indican que el gobierno de Lagos estaría creando un ministerio encar- gado de la seguridad pública, y la policía uniformada pasaría a depender directa- mente de esta nueva cartera. La decisión se habría producido en el parlamento chileno, tras un acuerdo con la derecha pinochetista (UDI-RN) .
Ahora la facultad exclusiva de extender el trabajo de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, es del presidente Ricardo Lagos. El Comité contra la tortura de la ONU pedirá un nuevo informe a Chile en octubre de 2005, para controlar si se cumplen o no las recomendaciones y requerimientos del organis- mo internacional.