¿Quién habla de victorias? Resistir es todo.
R. M. Rilke

Si tuviésemos que definir la Huelga de Hambre iniciada el 12 de abril por ocho presos políticos diríamos que es una Movilización combativa, y esto al menos por tres razones: por la voluntad expresa de los huelguistas de llegar hasta las últimas consecuencias, por la dinámica que generó esta decisión en las organizaciones que la apoyan, y por el poco tiempo que media entre ésta y la anterior huelga de hambre - noviembre del año pasado.

El carácter combativo de la huelga de hambre se reflejó también en la Marcha del viernes 14 de mayo. Ésta no fue una más de las muchas que se han realizado, sino un momento particular en un proceso permanente de movilización que, pese al reducido grupo de amigos y familiares que lo ha impulsado, ha sido persistente, valiente y creativo: foros, programas radiales, entrevistas y gestiones, tomas y ocupaciones, encadenamientos, mítines, rayados murales, volanteos, actividades en poblaciones, etcétera.

La Marcha por la Libertad

La manifestación del viernes 14 de mayo convocó a unas mil personas, que marcharon por la Alameda desde la Plaza Italia hasta el palacio de La Moneda. Por el número de participantes, es la tercera en importancia en los últimos siete años - las otras dos fueron la marcha de julio de 1997 y la de octubre de 2002.

Estuvieron presentes organizaciones que de larga data se movilizan por la libertad de los presos políticos: el Coordinador por la Libertad de los Presos Políticos, diversos colectivos punk y anarco-libertarios, los Comités Oriana Libre y La Pincoya, el Colectivo de DD.HH. Kamarikun, y otros. Estuvo también presente el recientemente creado grupo Encuentro - a cuyas reuniones asiste un representante del Coordinador. Destacada participación tuvieron los presos políticos con libertad diaria y reclusión nocturna, así como un grupo importante de familiares. Sobre la base de los largos años de prisión compartidos, mantienen un compromiso irrenunciable con la libertad de los que siguen resistiendo el castigo estatal.

En la marcha se vieron muchas caras nuevas, provenientes de sectores políticos y de derechos humanos que hasta ahora habían estado ausentes de la solidaridad con los presos políticos. Independientemente de que su presencia haya sido fruto de una decisión de sus organizaciones políticas o de su conmoción por la prolongada huelga de hambre de los presos políticos, adhirieron con entusiasmo a la ya vieja consigna de las movilizaciones por la libertad: Liberar, liberar a los presos por luchar.

A la altura de Teatinos con Alameda, Carabineros disolvió la marcha, utilizando todo su zoológico represivo - zorrillos, guanacos, burros y fuerzas especiales que lucían sofisticados y galácticos atuendos importados de Europa - por cierto, con nuestros impuestos. Por unos momentos, en la fría tarde otoñal, la Alameda fue escenario de pequeños enfrentamientos y de carreras para eludir los lumazos y los chorros de agua del guanaco. Poco a poco el ulular de las sirenas policiales apagó el eco de las bombas de ruido que acompañaron la marcha, que terminó sin detenidos.

Ley de Indulto a los presos políticos: el doble fraude de la derecha y la Concertación

Hace dos años, la Iglesia constituyó una comisión parlamentaria con el objetivo resolver la situación de los presos políticos encarcelados durante los gobiernos de la Concertación – a partir de 1990. En dicha comisión participaron todos los partidos políticos del gobierno y la oposición. Se postuló la necesidad de cerrar los procesos todavía abiertos en las Fiscalías Militares y de avanzar en una ley de indulto para los presos políticos. Sin embargo, transcurridos más de dos años, todavía hay procesos abiertos, y desde noviembre de 2002 la ley de indulto está estancada en el Congreso.

Nadie puede llamarse a engaño respecto de los motivos que tuvo la Unión Demócrata Independiente (UDI) para apoyar - de palabra - un indulto para los presos políticos. Con esta actitud - según la propia derechista Revista Qué pasa - abril de 2002 -, pretendía dar "un emblemático paso en su estrategia para desperfilar su imagen asociada a la derecha dura y transformarse en una pieza clave de la reconciliación... de la mano de una antigua iniciativa de la Iglesia, que busca generar mecanismos para acelerar los procesos e incluso rebajar las penas de los subversivos encarcelados por delitos realizados después de 1990". En efecto, la situación de los presos políticos – así como también la de los familiares de los detenidos desaparecidos de Pisagua -, encajaba perfectamente con el propósito de la UDI de cerrar el tema de los derechos humanos garantizando una mayor impunidad para los violadores de los derechos humanos.

En esta estrategia el partido pinochetista coincide – aunque con matices - con la propuesta de derechos humanos de Lagos. Por su parte, los presos políticos han deslindado cualquier relación y búsqueda de impunidad para los violadores de los derechos humanos, por cuanto estiman que su demanda de libertad es histórica y jurídicamente justa. La discusión por partes de la Propuesta de derechos humanos sigue su curso en el Congreso. El 5 de mayo, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara aprobó la Ley de Rebaja de Penas, que contempla fijar fecha de muerte a los detenidos desaparecidos, determinar que hubo homicidios y beneficiar a sus autores con la amnistía, la prescripción o la media prescripción - como en los casos de O. Letelier y T. Jiménez. Las rebajas de penas, sumadas a las del Proyecto - hasta 2 grados -, significarán la aplicación de "penas simbólicas", que los violadores de los derechos humanos podrán cumplir en libertad. Por lo demás, la ley recomienda a los jueces otorgar la libertad provisional a quienes entreguen "información eficaz" sobre el paradero de las víctimas. Vemos, entonces, que la impunidad de hecho existe, avanza y se fortalece; en cambio, la ley de indulto para los presos políticos sigue esperando.

Frente a esta situación, cabe preguntarse, en primer lugar, si el gobierno de la Concertación y la derecha tienen efectivamente la intención de indultar a los presos políticos. Recientemente, en un foro sobre la prisión política, el abogado de derechos humanos, Alberto Espinoza sostuvo que en un párrafo de la Propuesta de derechos humanos de Lagos se explicitaba la voluntad del gobierno de indultar a los presos políticos. No obstante, esto no se refleja en los hechos; si así fuera, el gobierno bien podría dar pruebas de esta voluntad política acelerando, por ejemplo, el otorgamiento de beneficios a los presos que están en condiciones de acceder a ellos e indultando todos aquellos procesos que no tienen carácter terrorista. Sin embargo, desde el inicio de la Huelga de Hambre, Gendarmería sólo otorgó libertad dominical a Oriana Alcayaga.

En segundo lugar, es interesante analizar los alcances de la afirmación de que la ley de indulto está estancada porque faltan algunos votos de la derecha – aunque ¿quién podría asegurar que todos los votos de la Concertación serán para la ley de indulto? Cuando se dice que la derecha frena la ley de indulto, se está liberando al gobierno de toda responsabilidad política en el tema. En última instancia, significa aceptar lo que ha sido su justificación más recurrente para explicar su inmovilismo en todas aquellas materias sensibles para el pueblo que se enfrentó a la dictadura, como el cambio de la Constitución, la aplicación de justicia y el rechazo del modelo económico. Admitir que la Concertación tiene la voluntad de cambios pero se lo impide la derecha, justifica también el co-gobierno de la Concertación con la derecha.

En tercer lugar, el otorgamiento de la libertad a los presos políticos no los hace "moneda de cambio" para garantizar la impunidad a los violadores de los derechos humanos. Los genocidas gozan de una impunidad de hecho, porque están amparados por la ley de amnistía, que el gobierno de la Concertación no ha anulado hasta hoy. Además, la voluntad del gobierno para mantenerla y ampliarla ha causado un grave daño a los familiares de los ejecutados y detenidos desaparecidos. Al mismo tiempo que cautela la impunidad, el gobierno se niega a indultar a los presos políticos que lucharon contra la dictadura. La libertad de los presos no será objeto de transacciones espurias, porque éstas ya están refrendadas por el poder. La libertad de los presos políticos no necesita justificarse con impunidad, la justifican todos los abusos jurídicos y carcelarios que el Estado ha cometido contra ellos.

Es un hecho que la voluntad del gobierno de Lagos en materia de prisión política es prolongar el cautiverio y el castigo a los presos políticos, y aplicar los mismos criterios represivos a los comuneros mapuche. Así se desprende de su reciente rechazo al indulto solicitado por Pedro Rosas - preso político enfermo de cáncer - y a la rebaja de condena para la presa política Elizabeth Núñez.

Hoy, los distintos sectores políticos que comparten los privilegios que asegura el control del aparato del Estado, se vuelcan a los temas electorales. Para la clase política, la ley de indulto no figura entre sus materias urgentes. ¿Qué hacer, entonces? Los ocho presos políticos en huelga de hambre desde hace más de un mes, al arriesgar sus vidas por la Libertad, entregan un valioso ejemplo de cómo enfrentar esta difícil y compleja coyuntura. A los amigos y familiares organizados o no organizados, a la solidaridad internacional, les corresponde ahora hacer lo suyo: ejercer una urgente efectiva presión política sobre el gobierno, para exigir la libertad inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos.

LIBERTAD INMEDIATA Y SIN CONDICIONES

NO A LA IMPUNIDAD

Coordinador

por la Libertad de los Presos Políticos

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Santiago de Chile, 15 de mayo de 2004