Wilson Villarroel Montaño
jvillarroel@entelnet.bo

El presidente Mesa se encuentra en la encrucijada, jaque en diagonal desde el otro extremo del tablero, de emitir o promover la emisión de una ley o decreto de urgencia que permita a los militares acusados de los excesos represivos en las jornadas luctuosas de febrero de 2003, eludir el fallo del Tribunal Constitucional boliviano que ordena se los procese por la vía ordinaria.

La historia del fallo del TC es relativamente simple: el 12 y 13 de febrero de 2003 (Febrero Negro) se produjo una gran revuelta popular en La Paz y el presidente de entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, ordenó la intervención "in extremis" de las Fuerzas Armadas. Varias personas murieron y las investigaciones apuntaron, luego de sumarias indagaciones, a cuatro oficiales del Ejército. Las organizaciones populares, sindicales y de derechos humanos promovieron enjuiciamiento por la vía ordinaria pero una maniobra judicial de los militares comprometidos abrió proceso previo ante la justicia militar para evitar, así, la apertura de la causa ante un juez ordinario.

En este trance se presentaron dos recursos de amparo constitucional cuya revisión definitiva corresponde al TC que, con poco más de dos meses para resolver el tema, prolongó unilateralmente el plazo para emitir su fallo. Entretanto, el Tribunal de Justicia Militar absolvió a los acusados y su sentencia alcanzó ejecutoria. La casi extemporánea sentencia del TC establece hoy: a) la invalidez del fallo del Tribunal Militar, y b) la instrucción de emitir un nuevo fallo en el amparo constitucional. En definitiva, dispone que los militares acusados sean procesados en la vía ordinaria.

Corre el argumento falso que el TC anula la jurisdicción militar y, además, vulnera el principio de seguridad al dejar sin efecto una sentencia que alcanzó calidad de cosa juzgada (ejecutoriada). Ni lo uno ni lo otro, en puridad jurídica. La jurisdicción militar sigue vigente y, según la doctrina constitucional más autorizada, no hay cosa juzgada en vulneración de derechos fundamentales siéndole lícito al contralor de la constitucionalidad enervar los efectos antijurídicos de una sentencia inconstitucional. Pero, estos argumentos, o se desconocen o se quieren desconocer y, mas bien, se culpa al TC de promover inestabilidad política y de contribuir a la sedición (no se sabe de quién).

La primera pregunta que se hacen políticos tradicionales, parlamentarios redivivos y asesores jurídicos próximos al Ejecutivo y al estamento o casta militar es extremadamente simple: ¿cómo salvar a los oficiales de su inminente procesamiento en la vía ordinaria?

En la búsqueda de soluciones creativas -próximas a las leyes del "perdón y olvido" en la Argentina o las frustratorias de la justicia común, en el Perú, luego de los excesos represivos en la lucha contra el senderismo- se sugieren varias opciones:

1) Por ejemplo, el Parlamento podría sancionar una ley interpretativa de la Constitución Política que proclama que la fuerza armada está "sujeta a las leyes y reglamentos militares". La "interpretación" establecería la jurisdicción militar para todos los casos en que se tenga que juzgar a un militar (ratificación de los fueros medievales). Se da por sentado que el presidente, pudiendo objetar la ley, la promulgue sin discusión alguna.

Esta idea tropieza con la previsible oposición de los diputados asistémicos que, a pesar de haber concertado una tregua no escrita con elpresidente, podrían postergar peligrosamente una ley de esta naturaleza. Y, por supuesto queda todavía en pie el riesgo de su posible inconstitucionalidad a ser declarada, paradójicamente, por el TC.

2) En el apuro, y hasta encontrar soluciones, el abogado de la causa militar ya ha pedido complementación y enmienda en la esperanza que el TC modifique ilegalmente el contenido material de su sentencia. De hecho, uno de los viceministros del presidente encuentra ambigüedades y contradicciones en el fallo objetado. Nos preguntamos: ¿se avendrá el TC a dar un paso atrás y cambiar sustancialmente el contenido de su sentencia?

3) Otros, finalmente, sugieren que el presidente Mesa dicte un decreto de amnistía -como el que ya fue emitido para evitar el enjuiciamiento penal de dirigentes obreros en la Insurrección de Octubre de 2003- y, de esta manera, y sin vuelta de hoja, sustraer a todo procesamiento a los militares amenazados de llegar a los tribunales que juzgan a civiles. Es la tesis más racional y jurídica. Seduce su simplicidad y nosotros casi apostamos a que será la que prevalezca.

Cualquiera de éstas, especialmente la última, es la tesis del ucase.

Pero es claro que esta norma arbitraria e inconstitucional por frustratoria de la justicia que esperan viudas y huérfanos -sean quienes sean o hubieren sido los culpables- importaría una reedición de los ucases o decretos tiránicos del zar en la vieja Rusia Imperial. Y, por supuesto, sólo tendría que emitirla elpresidente -como prueba de amor y compromiso con la casta militar- en lo que es una constatación de su creciente rusificación (recuérdese nuestro "El presidente Mesa, el Kerenski.") haciendo el parecido, con su homólogo de 1917, cada vez más notable y sugestivo.

Es, a no dudarlo, el precio de apostar incondicionalmente al sistema político y, esta vez, a la desnuda y brutal eficacia de las armas sobre las que todavía descansa -a duras penas- el orden imperante. Si no es así, entonces no tendría nada de raro que, a última hora, se hubiera propiciado una reunión entre jefes militares y policías para debatir su coparticipación en los conflictos sociales. De hoy en adelante, si el presidente quiere orden y balas, debe emitir orden expresa -y por escrito- para que las balas pacifiquen los conflictos sociales. Es el concepto postmodernista de la evasión de responsabilidades conforme al principio de la "obediencia debida" cuyos orígenes se remontan a la Argentina de los años 70.

Así se resuelven las cosas en el actual sistema político. No hay golpe, ni asonada ni rebelión. Hay ruido de sables y botas taconeando fuerte en Palacio y en el Congreso. Y nada más. Pero, ¡cuán fuerte resuenan que estremecen, con temblores cataclísmicos, todo el escenario político!

Luego, no sorprende que en la carrera por mostrar buena letra y diligencia ante los estamentos militares, uno de los más destacados sea, sin duda, elpresidente de la Cámara de Diputados que, finalmente, ha subrayado que es importantísimo encontrar soluciones "en el marco constitucional" pues el fallo, a su juicio, es "apresurado" y no advirtió "las consecuencias para la democracia y la vida jurídica del país". Es otra paradoja extraordinaria: si el TC es el mejor y mayor intérprete de la Constitución, ¿cómo es posible que atente, precisamente, contra la democracia y la vida jurídica del país?

El empeño de políticos, congresales y abogados oficiales ratifica así la urgencia de prolongar todo hálito de vida al sistema político agonizante, incluso más allá del corazón artificial que el presidente Mesa le ha provisto en los últimos meses.

Pero, aunque suene extraordinario, al presidente de los diputados le asiste sobrada razón en más de un aspecto. Ciertamente, el Tribunal Constitucional no midió el tono, la oportunidad y el tiempo histórico. Modula jurídicamente, pero no modela políticamente. El TC es, y no descubrimos la pólvora, un órgano político a la vez que judicial pues valora jurisdiccionalmente, con arreglo a la Constitución, comportamientos de particulares y de órganos revestidos del Poder Público, esto es, políticos. Mas aún, la norma constitucional, bien entendida, no es sino el pacto social y político de un momento histórico determinado.

Formulemos la segunda pregunta: ¿qué pretenden luego los personeros del sistema político? Respuesta: llevar al TC a un juicio de responsabilidades.

Es admirable que los más interesados en promover semejante juicio sean, precisamente, los militantes más connotados del principal partido de Gobierno (MNR), en lo que parece un intento de desviar la atención sobre la exigencia de un inmediato juicio de responsabilidades al anterior presidente Sánchez de Lozada. Más sorprendente es que recientes declaraciones de parlamentarios, incluso del oficialismo, señalen que de los cinco miembros del TC, tres fueron designados por el partido político del anterior presidente (MNR). Los otros dos magistrados responden al MIR -aliado del MNR- y una agrupación política (NFR) que se alió a último momento al renunciado Sánchez de Lozada. En la designación de los magistrados del TC, el expresidente tomó parte activa.

Más paradojas: ¿les tocará a los magistrados del TC servir de fusible para evitar el juzgamiento de quien, directa o indirectamente, los promovió a tales funciones?

Es verdad que una innegable nota de petulancia o soberbia ha venido caracterizando los trámites a cargo del TC, a lo que suma su extraordinaria capacidad para eludir ciertas definiciones necesarias en sus fallos o la estudiada ambigüedad de sus razonamientos. Ello ha sido campo propicio para frustrar la justicia prometida constitucionalmente pues la mayoría de los jueces ordinarios -encargados de cumplir los fallos del TC- sólo atienden instrucciones en blanco y negro, esto es, en sistema binario pues, hasta ahora, no han salido de un positivismo ochocentista que sólo encuentra mandato en lo que dice expresa e inequívocamente el legislador, jamás en lo que se infiere razonablemente del texto normativo. En Bolivia, la exégesis es el método de interpretación preferido.

Pero, por supuesto, este panorama no es motivo suficiente para la defenestración del TC que, hoy por hoy, es lo mejor -y de lejos- en materia de eficiencia de nuestros órganos jurisdiccionales. Pero el TC, en el caso que nos ocupa, calculó mal la proyección política de su fallo, al menos la oportunidad de su emisión soslayando el tiempo histórico que vivimos. Lástima: los errores políticos aquí, como en Timbuctú, se pagan muy caro.

El presidente Mesa, vencedor de la última batalla librada contra el movimiento popular y sindical debe libar ahora la amarga copa de una victoria que se le hace pírrica acosado como se encuentra por la protesta y descontento de sus fuerzas de represión.

¿Dictará el ucase?

P.S. A último momento se informa que, en una clásica jugada detrás de bambalinas, en un descuido de la bancada senatorial del MAS, el partido asistémico actualmente en tregua con el Gobierno, se había aprobado un proyecto de ley interpretativa del art. 209º de la Constitución. Nosotros nos ratificamos en que la jugada no prosperará, salvo que el "descuido" del MAS sea algo más que casualidad. En efecto, falta la aprobación de diputados.

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