Andrés Soliz Rada
World Data Service

El artículo cuarto, inciso "f", del proyecto de ley de hidrocarburos del Presidente Carlos Mesa, indica que "el principio de neutralidad (incluido en el texto) obliga al tratamiento imparcial a todas las personas y empresas que realizan actividades petroleras. Las prácticas discriminatorias o preferenciales están prohibidas", puntualiza. De esta manera, el "sacrosanto" principio servirá para que el Estado nacional sea obligado a tratar exactamente igual a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), así como a transnacionales como la norteamericana Amoco, la inglesa British Gas, la francesa Total, la española Repsol o la brasileña Petrobrás, las que, protegidas por sus respectivos gobiernos, evitarán que nuestro ente estatal sea refundado y pueda ayudar a contener la dramática crisis del país.

En ninguna parte del mundo donde existen grandes empresas estatales se admite semejante "principio", ya que es obvio que España proteja a Repsol, Brasil a Petrobrás o los franceses a Total. El tema es que, en igualdad de condiciones, es decir sin apoyo estatal, YPFB no podrá explorar, explotar, transportar, comercializar y almacenar hidrocarburos en forma independiente, lo que, a su vez, mantendrá la succión de excedentes que practican las transnacionales.

La nueva ley debe decir exactamente lo contrario y, como punto de partida, determinar que YPFB controla el Mercado interno, a fin de abastecer de gas y petróleo baratos a industriales, transportistas y amas de casa, a fin de que los precios internacionales que ahora rigen dentro de nuestras fronteras no sigan estrangulando la vida económica nacional.

Los voceros de las transnacionales, como Carlos Alberto López y Arturo Castaños, insisten en que el país debe cumplir sus compromisos internacionales. Refundar YPFB no es incumplir ninguna promesa, ya que estaremos legislando hacia futuro para lo cual tenemos todo el derecho de hacerlo. Son mas bien las compañías las que, luego de comprometerse a mantener los precios del barril de petróleo en el mercado interno en una franja de 24 dólares, como máximo, y 18 dólares, como mínimo, a fines de 1997 (gobierno de Banzer), han recurrido a presiones ilegales para romper este acuerdo y cobrar al país precios internacionales, como los 40 dólares por barril, que rigen en este momento.

El mencionado acuerdo (de 28 - 18) fue gestionado por el Ministro de Hacienda de esa época, Herbert Muller (ex Maxus), quien ayudó a su exempresa a que cobrara 18 dólares el barril, cuando en el mercado internacional el precio había caído a 11 dólares. Ahora que la situación ha cambiado, el perjuicio a Bolivia es el siguiente:

Precio 24 Dls. X 40.000 B/D X 365 días = 350.400.000 Dls.

Precio 40 Dls. X 40.000 B/D X 365 días = 584.000.000 Dls

Con sólo cumplir el acuerdo de 1977, Bolivia ahorraría 233.600.000 dólares año, con el que se lograría cerrar prácticamente el déficit fiscal. Los beneficios para el país serán mayores si se logra que YPFB, al recuperar las acciones de Transredes, Chaco y Andina, que "benefician a los bolivianos", controle el mercado interno. Las reservas de YPFB serán suficientes, asimismo, para instalar, en un primer momento, una planta de 10.000 barriles día de diesel (fabricado a partir del metano), con lo que se ahorraría la importación de ese producto, que obliga al país a adquirirlo de Argentina y Brasil, siendo lo que cuenta al país 50 millones de dólares. La presencia de YPFB en la instalación de termoeléctricas para enviar gas a la mina "San Cristóbal", así como a poblaciones brasileñas fronterizas es tan indispensable como la refundación de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), también entregada al capital foráneo por el inefable Gonzalo Sánchez de Lozada.

La agencia de noticias EFE/COM, del 12 de marzo último, da cuenta que el Presidente Ejecutivo de Repsol, con sede en Madrid, Adolfo Cortina, cobra un sueldo de 2.8 millones de euros al año, algo así como 250.000 dólares al mes. Ingresos un poco inferiores tienen los integrantes de su cuerpo directivo.

Semejantes sueldos sólo son explicables porque existen trasnacionales que han obligado a los países pobres a liquidar sus petroleras estatales y ahora se oponen a que sean reorganizadas.

Nota : Soliz Rada es analista y periodista boliviano.