Marcha Bloque Oriente "Mar�a Esther Chiqueno Picanerai"

http://www.derechos.org/nizkor/bolivia/doc/gmarcha1.html

Despu�s de 12 reuniones con diferentes representantes del Gobierno nacional, desde el 24 de abril hasta ayer 11 de mayo, para que nos den soluciones a nuestra Plataforma de Demandas, los resultados son frustrantes para nuestras organizaciones: Enga�ando a la opini�n p�blica general y anunciando diariamente que esta Gran Marcha "ya ha firmado un acuerdo con el Gobierno", la verdad de la situaci�n es bien distinta: Respecto al tema del saneamiento agrario de nuestras comunidades, sindicatos y territorios ind�genas, las demandas consist�an en que el Gobierno acelere actuaciones procesales detenidas arbitrariamente por el anterior INRA desde hac�a varios a�os. Estas actuaciones procesales representan muchas veces la dictaci�n de resoluciones administrativas del INRA para propietarios terceros, inspecciones a campo, notificaciones o franqueo de fotocopias legalizadas. Era de esperar que, despu�s de varios d�as de caminata y ante planteamientos tan l�gicos como justos las autoridades se allanen a estas peticiones.
Sin embargo tres temas centrales respecto al proceso agrario han quedado irresueltos: 1�.- Anulaci�n del Convenio CAO - CONFEAGRO - GOBIERNO, de fecha 5 de abril de 2004.- Se solicit� que el Gobierno se comprometa a promover ante el Parlamento un proyecto de ley derogatorio de la Ley N� 2493 aprobada por S�nchez de Lozada en agosto del 2003. La Disposici�n Adicional Segunda de esa Ley, de forma arbitraria e ilegal pretende establecer que la Funci�n Econ�mico Social en el saneamiento agrario sea probada mediante los Planes de Ordenamiento Predial (POP), hechos por un consultor pagado por el propietario y homologado por la Superintendencia Agraria y no ya mediante verificaci�n que el INRA hace en las pericias de campo, en flagrante violaci�n a la Constituci�n y la Ley y con la intenci�n de evitar controles para consolidar latifundios improductivos.
La Marcha solicit� al Gobierno elevar a rango de resoluci�n administrativa del INRA, una comunicaci�n interna que reafirma los principios constitucionales y legales de que la pericia de campo y verificaci�n en terreno es el principal medio de comprobaci�n de la Funci�n Econ�mico Social (FES). Nosotros queremos que se impida de esta forma consolidar el latifundio improductivo, y que no sean papeles como certificados de vacuna, conciliaciones ilegales y los Planes de Ordenamiento Predial los que prueben la existencia de trabajos agrarios para la consolidaci�n de los predios.
Finalmente hab�amos exigido la no reglamentaci�n de la Disposici�n citada de la Ley 2493, solicitando el compromiso expreso del Gobierno de no dar m�s seguimiento a este acuerdo irresponsable y sectario, y que se comprometa formal y p�blicamente a no dictar ninguna disposici�n legal que pretenda operativizar la Disposici�n indicada.
Pero ante esto, el Gobierno, m�s all� de los compromisos verbales, no ha dado cumplimiento a ninguno de estos planteamientos, que son fundamentales para el destino de las tierras en el pa�s y la reconducci�n del proceso agrario en su conjunto, el que se ver�a gravemente distorsionado. Por el contrario, a trav�s de sus funcionarios sobrevivientes del anterior r�gimen, TIENEN PREPARADO UN DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY 2493 PARA OPERATIVIZAR EL POP Y SIGUEN DANDO APLICACI�N AL CONVENIO CON LA CAO, RI�NDOSE DE NOSOTROS, DE NUESTRA MOVILIZACI�N.
2�.- Recorte de las concesiones forestales sobrepuestas a los territorios ind�genas, que debe realizar el INRA dentro del proceso de saneamiento: Existen varias concesiones forestales entregadas en 1997 por sobre comunidades, TCO, y sindicatos campesinos y n�cleos del MST. Por ello la Ley INRA, el reglamento de la Ley Forestal y finalmente un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de 5 de mayo de 2000, indican clara y expresamente que estos conflictos de sobreposici�n se deben resolver en el marco del proceso de saneamiento, por la autoridad competente que es el INRA y haciendo prevalecer los derechos agrarios de comunidades, TCO, sindicatos, propiedades agrarias, por sobre los contratos o concesiones forestales.
Nuestra demanda es entonces concreta, exigimos que el INRA, en aplicaci�n a la normativa citada, dentro del proceso de saneamiento, libere nuestras comunidades y territorios de las concesiones sobrepuestas, y se nos consolide esa superficie sobrepuesta.
Los territorios que actualmente se encuentran con problemas grav�simos de sobreposici�n con concesiones forestales y para los cuales pedimos una soluci�n inmediata, puesto que el INRA tiene competencias administrativas para ello son: TCO MONTE VERDE, TCO BAJO PARAGU�, TCO PANTANAL, TCO GUARAYOS, TCO ESECATATO AUNA KIICSH (Chiquitana de San Rafael de Velasco).
Sin embargo, acorralado por los intereses de madereros (Familias Antelo, Roda, Roig, y otros barones de la madera) e instituciones internacionales que les apoyan (Cooperaci�n EEUU, Suecia, Holanda, Dinamarca y otros pa�ses), EL GOBIERNO SE RESISTE A OBSERVAR LA LEGALIDAD AGRARIA VIGENTE, PUESTO QUE A TRAV�S DE SU OBSERVANCIA ESTRICTA, RECUPERAR�AMOS NUESTROS BOSQUES ANCESTRALES ATRAPADOS DENTRO DE LAS CONCESIONES, queriendo llevar este conflicto fuera del proceso de saneamiento inviabilizando la soluci�n legal, justa e inmediata a nuestra demanda.
3.- Dotaci�n y redistribuci�n de las tierras declaradas fiscales y las improductivas a ind�genas, campesinos, originarios y del MST que no tienen tierras o a poseen insuficientemente.
Nuestra demanda concreta fue que se aprobara un Decreto Supremo que establezca literalmente que todas las tierras declaradas fiscales hasta la fecha y las que sean en el futuro, quedan exclusivamente destinadas a su dotaci�n a favor de pueblos y comunidades ind�genas y originarias, comunidades campesinas y de colonizadores, as� como familias sin tierra.
La demanda hasta la fecha no tiene respuesta concreta, significando que las tierras fiscales ir�n a engrosar las posesiones de los terratenientes ilegales, releg�ndose una vez m�s nuestro anhelo de vivir con tierra suficiente para desarrollarnos como bolivianos.
Ante esta grave situaci�n y con el dolor que nos ha provocado la muerte de nuestra hija Mar�a Esther Chiqueno Picanerai, nos vemos obligados a determinar lo siguiente: 1.- Continuar la Gran Marcha del Bloque Oriente hasta la consecuci�n de nuestros objetivos centrales plasmados en nuestra plataforma de demandas.
2.- De inicio al procedimiento parlamentario para aprobaci�n de una Ley abrogatoria de la Disposici�n Adicional Segunda de la Ley N� 2493 de 4 de agosto de 2003.
3.- Liberaci�n de las sobreposiciones de nuestros territorios Monte Verde, Bajo Paragu�, Pantanal, Esecatato auna Kiicsh con las concesiones forestales, por parte del INRA, dentro del proceso de saneamiento y aplicando la Ley INRA, el reglamento de la Ley Forestal y la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 5 de mayo de 2000.
4.- Promulgaci�n de un Decreto Supremo que establezca que todas las tierras fiscales identificadas y por identificar sean reservadas a la dotaci�n, para pueblos ind�genas, comunidades campesinas, colonizadores, y el Movimiento Sin Tierra.
Nuestra hija no ha muerto en vano.
Pail�n, 12 de mayo de 2004 Firman: * Coordinadora de Pueblos �tnicos de Santa Cruz (CPESC); * Pueblo Chiquitano * Organizaci�n Ind�gena Chiquitana (OICH) CICC, CIPSJ, CICOL, CIBAPA, CICHIPA. CIRPAS. CICHGB; CCISM, ACISARV, ACISIV; * Pueblo Ayoreo * Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) * Pueblo Guarayo * Central Inter- �tnica de Ascensi�n de Guarayos (CIEA) * Central Comunal de Urubich� (CECU) * Central Ind�gena de Mujeres Guarayas (CMIG Ascensi�n) * Pueblo Yuracar� Moje�o * Consejo de Pueblos Yuracar� Moje�os (CPIM), * Central de Pueblos �tnicos Moxe�os del Beni (CPEM-B) * Subcentral Bella Selva * Movimiento Sin Tierra de Santa Cruz y del Gran Chaco (MST-SC y MST-B) * Federaci�n Sindical �nica de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz de la Sierra (FSUTC SC) * Federaci�n de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Santa Cruz (FMC-BS) * Federaci�n Departamental de Colonizadores de Santa Cruz, (FDCSC) * Federaci�n Especial de Colonizadores San Juli�n (FEC-SJ) * Central Departamental de Trabajadores Asalariados del Campo (CEDETAC)