Andrés Capelán
Comcosur/Montevideo

La orden del presidente Néstor Kirchner de descolgar los cuadros de los ex dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone de las paredes del Colegio Militar de la Nación Argentina, causó malestar entre los militares uruguayos. El presidente del Centro Militar, el general Luis Pirez, amenazó lisa y llanamente con el desacato ante la eventualidad de que aquí alguien impartiera una orden similar.
Consultado por el semanario "Búsqueda", Pirez dijo que "ningún" militar uruguayo se "prestaría a sacar algún cuadro" y descartó la posibilidad de que un futuro comandante del Ejército "acate una orden de este tipo."

Varios militares en actividad consultados por el mencionado semanario, señalaron la aspiración de los mandos de las Fuerzas Armadas de que un eventual gobierno del opositor Encuentro Progresista "no se parezca" al de Kirchner en esta materia, y comentaron que en caso que así sea "no van a encontrar una pasividad militar como la de Argentina". Los bravucones fascistas consultados por "Búsqueda" explicaron que "Más allá de que no se pone en tela de juicio el orden democrático y jurídico en virtud de que las situaciones no son comparables, en nuestro país no se va a ser tan permisivo como en la Argentina y sobre esto existe un compromiso personal e institucional."

Consultado sobre el tiema, el siempre obtuso y ubicuo ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, destacó la "dignidad y el honor" de los militares uruguayos (unas virtudes hasta ahora ocultas) como "base de la unidad" que existe entre los integrantes de las Fuerzas Armadas. Poniendo cara de "yo no fuí", aseguró que en Uruguay "no hay cuadros para bajar, puede haber en alguna unidad alguna foto de un militar que haya participado en la dictadura como recuerdo de su comandancia en esa unidad, pero no por su calidad de presidente de un gobierno de tacto," explicó sin entender que los cuadros de Videla y Bignone no estaban en el Colegio Militar por su calidad de dictadores, sino por haber sido directores de la institución.

De todas maneras, si insistimos con el paralelismo, el único cuadro que habría para descolgar de las unidades militares uruguayas sería el del Teniente General Gregorio Álvarez, que fue el único dictador militar que tuvo Uruguay en el período de referencia. Los otros dictadores (Juan María Bordaberry y Aparicio Méndez) fueron civiles, y no es muy probable que estén colgados en la pared de algún cuartel. Finalmente, todo indica que la política militar de un eventual gobierno del Encuentro Progresista con Tabaré Vázquez a la cabeza será mucho más mesurada que la del presidente Kirchner. Entre otras cosas, porque nadie ha renegado todavía del Pacto del Club Naval, donde frenteamplistas, colorados y cívicos pactaron la impunidad con los militares.

A pesar de que muchos militares uruguayos violadores de los derechos humanos están requeridos por la justicia de otros países, ninguno de ellos puede ser juzgado por los crímenes cometidos durante la dictadura (1973-85) debido a la Ley de Caducidad Punitiva del Estado (Ley de Impunidad), votada por los parlamentarios de los partidos Colorado, Nacional y Unión Cívica en 1986, y refrendada en plebiscito popular en 1989. Por supuesto que el Estado uruguayo tampoco permite que esos militares sean extraditados. En el momento actual, están en curso sendos procesos judiciales contra dos de los civiles golpistas.
Uno se le sigue al ex presidente Juan María Bordaberry por haber disuelto el Parlamento el 27 de Junio de 1973, y otro a su Canciller, Juan Carlos Blanco, quien está acusado del asesinato de la maestra Elena Quinteros, detenida-desaparecida durante su ejercicio.

De todas maneras, a pesar de que la desaparición forzada de personas no caduca hasta que se comprueba fehacientemente que la víctima falleció, y de que ese es el caso de varios detenidos-desaparecidos en Uruguay (la más notoria, la nuera del poeta argentino Juan Gelman, María Claudia García); hasta el momento no ha sido posible llevar ante los estrados a ningún militar. Más aún, ni siquiera se permite que la justicia ingrese en los predios militares en donde se presume existen o existieron cementerios clandestino. Cada vez que se avanza en el esclarecimiento de la verdad, los militares agitan sus sables y sus cómplices civiles amplifican el sonido. Por su parte, los jueces en los que han recaído estas investigaciones no parecen demasiado entusiasmados con la tarea.

Un ejemplo paradigmático de la apatía de la Justicia uruguaya en estos temas, lo constituye el caso del asesinato del bio químico chileno y agente pinochetista Eugenio Berríos, ocurrido en nuestro país en 1992, en plena (?) democracia. A más de diez años del crimen, y mientras la justicia chilena ya ha procesado y condenado a los responsables, en Uruguay todavía no se ha salido de la etapa pre-sumarial y no hay ni siquiera un procesado. Esto es así a pesar de que se ha comprobado la participación de altos oficiales del ejército uruguayo en el secuestro y asesinato del agente de la DINA. Más aún: esos oficiales no sólo no han sido ni castigados ni investigados debidamente, sino que fueron ascendidos de grado. Todo indica que el cuadro del dictador Gregorio Álvarez (quien es consuetudinariamente invitado a todos los actos castrenses), estarán colgados un largo tiempo en las paredes de los cuarteles uruguayos.