Derechos Humanos
Grupos armados continúan trayendo inseguridad para Haití

En todo Haití numerosos grupos armados _ de rebeldes y milicias leales al ex presidente Jean-Bertrand Aristide derrocado en febrero de este año _ continúan activos, mismo después que el nuevo gobierno de transición asumió el poder. La preocupación, principalmente con la seguridad de la población civil, es manifestada por Amnistía Internacional que hizo una visita de 15 días al país.

Según comunicado de Amnistía, le preocupa especialmente la seguridad de jueces, fiscales, investigadores, víctimas, testigos y defensores de los derechos humanos que participan en juicios sobre anteriores abusos contra los derechos humanos. Un ejemplo es que el juez Napela Saintil, presidente del tribunal que juzga a los responsables de la matanza de Raboteau, de 1994, fue brutalmente golpeado por un hombre armado el 30 de marzo próximo pasado. El juez dijo a los delegados de Amnistía Internacional que su agresor lo había amenazado por el papel que había desempeñado en la condena de Louis Jodel Chamblain, uno de los participantes en la matanza.

La delegación de Amnistía Internacional entrevistó a haitianos de toda ideología política y condición social. Todos ellos expresaron un profundo sentimiento de inseguridad y temor frente a uno u otro de los grupos armados actualmente activos.

Hacen parte de los grupos armados activos los chimères, que participaron en el golpe de estado de 1991 y se mantienen leales a Aristide; bandas armadas no oficiales partidarias de Aristide; bandas armadas no políticas; ex autoridades militares y ex jefes de la policía rural, responsables de graves abusos cometidos en el pasado. "Miembros de las Fuerzas Armadas de Haití y otras personas condenadas en el pasado están surgiendo como nuevos actores de la escena política haitiana y se han hecho con el control, especialmente en zonas en las que la autoridad del estado es escasa o inexistente", afirma Amnistía.

Lo más grave es que el gobierno provisional aún no ha logrado el control sobre las instituciones legales. Los delegados de Amnistía visitaron la cárcel nacional de Puerto Príncipe, capital del país, y constataron que parte de la prisión estaba controlada por marines estadounidenses. Según los informes, entre los detenidos haitianos figuran personas presuntamente implicadas en el narcotráfico y en delitos de terrorismo. Amnistía Internacional pidió a las autoridades estadounidenses que aclararan inmediatamente el fundamento legal para que estas personas estén en la práctica bajo la custodia de Estados Unidos y las medidas que se han tomado para garantizar que disfrutan de todas las salvaguardias legales.

Sin embargo, desde su llegada al poder, el gobierno provisional se ha apresurado a detener a miembros del Partido Familia Lavalas del ex presidente Aristide acusados de actos de violencia o corrupción política, pero no ha hecho nada contra personas de las que se sabe responsables de graves violaciones de derechos humanos. Son ellas, por ejemplo: Louis Jodel Chamblain y Jean Pierre Baptiste (Jean Tatoune), al igual que otros cuyos nombres aparecían en el último informe de Amnistía Internacional sobre el país, titulado: "Haití: Los autores de abusos en el pasado ponen en peligro los derechos humanos y el restablecimiento del Estado de Derecho".

"Al detener sólo a los partidarios del movimiento Lavalas, el gobierno está enviando un mensaje erróneo. También deben ser detenidos miembros de las fuerzas rebeldes que se sabe que han cometido graves violaciones de derechos humanos", ha dicho Amnistía Internacional. "El gobierno haitiano debe hacer de la defensa de los derechos humanos un eje central de su programa político. Ningún autor de violaciones de derechos humanos como el asesinato debe poder vivir sin miedo a ser detenido, juzgado o castigado".

Amnistía ha recibido también informes de homicidios y secuestros de personas pertenecientes a organizaciones de base partidarias de Aristide en barrios pobres de Puerto Príncipe. Es sabido que el conductor de un ex diputado de Lavalas fue agredido el 03 de abril en Martissant y murió al día siguiente. El 04 de abril otro murió a tiros en el exterior del mercado de Martissant. Tras matarlo, los autores fueron a su domicilio buscando a su esposa _ actualmente escondida _, la amenazaron de muerte e incendiaron la casa.

Para Amnistía, una primera medida crucial para restaurar el Estado de Derecho y terminar con la impunidad sería una operación de desarme en todo el país y para todos los grupos armados. "Es motivo de consternación que la Fuerza Multinacional Provisional (FMP) no haya intentado seriamente colaborar con la Policía Nacional de Haití para establecer un programa de desarme de este tipo".

Hacer que se respete el Estado de Derecho y los derechos humanos exige no sólo una fuerza policial eficaz, sino también una judicatura a pleno rendimiento. La reconstrucción de la judicatura a todos los niveles fue una de las principales recomendaciones que formuló en 1996 la Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia.

Retrospectiva

En febrero de 2004, la oposición armada al gobierno atacó comisarías y tribunales en ciudad de Gonaïves, la cuarta del país, e hizo huir a la policía y las autoridades locales. A medida que la rebelión se extendía por el centro y el norte de Haití, fueron regresando ex policías y militares que habían huido del país, declarados culpables de cometer atroces violaciones bajo la dictadura militar de hecho de principios de los 90.

El 29 de febrero, los rebeldes estaban a punto de avanzar sobre Puerto Príncipe y destituir a Aristide cuando éste salió del país en circunstancias controvertidas. Enviada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el mandato de ayudar a garantizar el orden público y proteger los derechos humanos llegó a Haití una Fuerza Multinacional Provisional (FMP) compuesta principalmente por tropas estadounidenses, canadienses y francesas.