Los civiles Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco y los militares Gregorio Álvarez, Julio César Vadora, Víctor González Ibargoyen y Hugo Linares Brum son los autores intelectuales y responsables en última instancia de los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, según una querella criminal que las dos familias formalizaron el pasado jueves en Buenos Aires ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. En calidad de testigos, los denunciantes reclaman la comparecencia, entre otros, del ex senador Alberto Zumarán, el ex presidente Julio María Sanguinetti y el embajador Gustavo Magariños, en una lista que comparten con el general Martín Balza y el ex presidente Raúl Alfonsín.

El escrito, firmado por las dos viudas, Elisa Delle Piane de Michelini y Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz, y sus respectivos hijos, fue presentado en la Secretaría 6 del Juzgado Federal número 3 en horas de la mañana por la abogada Carolina Varsky, que representa a los querellantes. El magistrado dispone de una semana para decidir si hace lugar a la denuncia, aunque se descuenta que iniciará el proceso, porque en la causa 14216/03 sobre hechos ocurridos en el Cuerpo I de Ejército ya indagó por los mismos sucesos al general Suárez Mason y procesó al general Jorge Olivera Rovere. Canicoba fundamentó hace pocas semanas la inconstitucionalidad de los indultos otorgados por Carlos Menem a los criminales de lesa humanidad, indultos que habían amparado, entre otros, a tres militares y un policía uruguayos responsables de desapariciones, asesinatos y robos de bebés en Argentina. En la investigación judicial que pretende desentrañar la estructura y responsabilidades de la coordinación represiva conocida como Operación Cóndor, Canicoba había solicitado la extradición de Vadora, José Gavazzo, Jorge Silveira, Manuel Cordero y otros integrantes uruguayos del elenco del terrorismo trasnacional, pero fue desairado por el gobierno de Jorge Batlle.

La querella criminal argentina complementa la acción judicial en trámite en Montevideo, que la fiscal Mirtha Guianze y el juez Roberto Timbal reactivaron recientemente cuando citaron a declarar a los ex senadores Juan Raúl Ferreira y Zumarán. Dos de los inculpados en el expediente argentino enfrentan demandas judiciales por otros episodios del terrorismo de Estado: Juan Carlos Blanco se debate contra reloj en el caso de la desaparición de Elena Quinteros; su estrategia de recusar el delito de privación de libertad y cambiarlo por el más grave de homicidio apunta a lograr la prescripción del caso y por lo tanto su archivo. Bordaberry, acusado inicialmente por su responsabilidad última en la masacre de los militantes comunistas del Seccional 20, sería procesado en el correr de la próxima semana por el delito de violación de la Constitución, a raíz de la disolución del Parlamento que formalizó la dictadura el 27 de junio de 1973.

Crimen de estado

La detallada relación de los hechos de la querella presentada en Buenos Aires tiende a fundamentar que los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz constituyeron un crimen de Estado, es decir, fueron consecuencia de una decisión adoptada al máximo nivel político y de la cúpula militar. El papel de articuladores del exilio de Michelini y Gutiérrez Ruiz, y de interlocutores de las personalidades civiles y militares que propiciaban una transición a la democracia cuando la dictadura discutía qué hacer ante la inminencia de la fecha de las elecciones, fue la razón última de los asesinatos, según se desprende del escrito que detalla una serie de resoluciones y comunicaciones del gobierno uruguayo tendientes a establecer un cerco en torno a las futuras víctimas. Por ello es que Bordaberry y Blanco encabezan la lista de responsables.

Los querellantes tampoco tienen dudas de que los secuestros y homicidios fueron realizados en un operativo conjunto de militares y policías argentinos y uruguayos. En el escrito se subraya, como elemento de prueba, que algunos objetos personales de Zelmar Michelini, robados durante el allanamiento de la pieza del hotel Liberty donde el senador frenteamplista vivía con uno de sus hijos, aparecieron poco después en poder de los militares uruguayos que actuaron en Buenos Aires y que montaron su base de operaciones en el centro clandestino de detención Automotores Orletti; se menciona el testimonio brindado por Margarita Michelini, secuestrada y torturada en Orletti, quien reconoció la máquina de escribir portátil Hermes que utilizaba su padre.

Por la estrecha relación entre los secuestros y las actividades de los oficiales uruguayos en Orletti, los denunciantes identifican como posibles autores de los homicidios a los militares Jorge Silveira, Guillermo Ramírez, José Ricardo Arab, Juan Antonio Rodríguez Buratti, José Gavazzo, Manuel Cordero, Enrique Martínez, Ricardo Medina y Pedro Matto. Pero también elaboran una larga lista de militares, policías y agentes de inteligencia argentinos, que encabezan el general Albano Harguindeguy, a cargo del Ministerio del Interior; el general Guillermo Suárez Mason, jefe del I Cuerpo del Ejército del cual dependía Orletti; el general Jorge Olivera Rovere, segundo comandante del Cuerpo I de Ejército; el coronel Roberto Terrile, subsecretario de Inteligencia del Estado; el coronel Carlos Tepedino, director de Inteligencia Interior del SIDE; el teniente coronel Visuara y el coronel Rodolfo Cabanillas, jefes de los grupos de tareas que operaban en Orletti; y el agente Eduardo Ruffo, del SIDE, responsable del centro de detención.

La hora del estadista

En la medida en que el juez comience a interrogar al personal argentino involucrado en los asesinatos, empezarán a despejarse las responsabilidades directas de los militares uruguayos; es sabido que entre la "mano de obra desocupada" argentina se alimenta cierto rencor porque invariablemente han cargado sobre sus espaldas muertos ajenos.

Lo mismo ocurrirá cuando comience a desvelarse el entramado de comunicaciones e intercambios de documentos que precedieron a los asesinatos. Algunos de los ex funcionarios del gobierno de Isabel Perón, citados en la querella, estarán interesados en delimitar sus responsabilidades, en particular respecto de las denuncias formuladas por el gobierno uruguayo sobre el "carácter tupamaro" de los dos legisladores, que pretextaba una acción represiva. Al respecto se pide que se libren oficios al SIDE, a Migraciones y a la cancillería para detectar toda la documentación vinculada al caso; de ahí podrían surgir, entre otras cosas, los registros de los ingresos y salidas del personal militar uruguayo. Algunos testigos uruguayos también tendrán interés en delimitar sus responsabilidades. Gastón Sciarra Resollo, encargado consular uruguayo en Buenos Aires en 1974, y Gustavo Magariños, embajador de Uruguay ante Argentina en el momento de la comisión de los crímenes de Michelini y Gutiérrez Ruiz, tendrán interés en explicar la participación de su superior, el entonces canciller Blanco.

Si prospera la convocatoria, el magistrado argentino podrá indagar hasta dónde estuvo involucrado el gobierno uruguayo, a partir del testimonio del ex senador Zumarán y del ex presidente Alfonsín. Pero será particularmente interesante, si accede a la convocatoria, determinar cuántos detalles del crimen de Estado maneja el ex presidente Sanguinetti. Su testimonio puede llegar a ser vital porque Sanguinetti, siendo presidente, le advirtió a la Suprema Corte de Justicia que los ciudadanos uruguayos mencionados como involucrados en los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz estaban amparados por la ley de caducidad.

La afirmación está incluida en un oficio que Sanguinetti firmó el 14 de marzo de 1989 a raíz de una denuncia judicial en el Juzgado Penal de 11er Turno. En la respuesta a la Suprema Corte, Sanguinetti sostiene que "los ciudadanos uruguayos denunciados como presuntos involucrados quedarían fuera de la aplicación de la ley penal uruguaya, en virtud de que ha mediado intervención previa de autoridades argentinas". Si se refería a los procesamientos de jueces federales contra militares y policías uruguayos, Sanguinetti olvidó mencionar que su gobierno "extravió" durante todo un año el correspondiente pedido de extradición. Y después agregaba: "No obstante, y para el caso de que la opinión expuesta pudiera ser controvertida, el Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo que establece el artículo 3 de la ley 15.848, considera que los hechos investigados en esos antecedentes se encuentran comprendidos en el artículo 1 del mencionado cuerpo legal".

Para aplicar la ley de caducidad a los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, Sanguinetti debía manejar información precisa sobre la participación de militares y policías uruguayos; de lo contrario no se justificaba aquella respuesta a la Suprema Corte. Ello implica una confesión de lo que se ha negado hasta ahora: que dichos asesinatos fueron actos institucionales de los aparatos represivos, cometidos en actos de servicio y en aplicación de órdenes superiores. Quizás Sanguinetti confiese a Canicoba Corral quiénes participaron en los asesinatos y quiénes los ordenaron. También es posible que el juez Timbal formule las mismas preguntas, en el expediente uruguayo.