Napoleón Saltos Galarza
TINTAJI

El barril de crudo ha subido a 35 dólares. Si restamos el diferencial, tenemos 31 dólares por barril: 13 dólares más del precio calculado en el Presupuesto. Petroecuador produce 197.000 barriles diarios. Hay un excedente de 2,560 millones de dólares diarios. Si se mantuviera el precio, tendríamos un excedente de 934 millones dólares al año, el 13,5 por ciento del presupuesto fiscal. Podríamos pagar seis veces el presupuesto asignado a la salud o, si habría un poco de racionalidad en la política petrolera, tendríamos el doble de lo que se requiere para modernizar toda la industria petrolera estatal, que asciende a 540 millones de dólares.
Esto no es mérito del gobierno de Gutiérrez. La subida del precio internacional del petróleo se debe a los reveses de la política norteamericana ante la lucha de la resistencia iraquí y de la revolución bolivariana y el gobierno de Chávez en Venezuela.
El régimen más bien ha fracasado: la producción estatal que estaba planificada en 270 mil barriles diarios, está por debajo de 200 mil. La causa principal es la obsesión de los Coroneles Gutiérrez y Arboleda por destruir Petroecuador, pues no hay inversiones.
Aunque la obsesión de fondo es obedecer al mandato de las transnacionales y del Fondo Monetario Internacional: privatizar el petróleo para pagar la deuda externa. Obediencia para contar con el respaldo de Bush y poder sostenerse en el gobierno. La ilusión del poder: Gutiérrez reina pero no gobierna.
En los viejos tiempos de los generales Iturralde, Magno Andrade o Paco Moncayo, cuando existía una política nacionalista, los militares estaban a la cabeza de la defensa del petróleo. Había claridad de que el recurso estratégico -como el cobre en Chile- no se privatiza. Ahora los Coroneles encabezan esta destrucción. Mientras tanto la cúpula militar condecora al Coronel.
El excedente petrolero va al FEIREP (Fondo de Estabilización Petrolera), del cual el 70 por ciento se destina al pago de la deuda externa. Al excedente de 934 millones de dólares, hay que añadir 600 millones, trasladados del Presupuesto al FEIREP, el 24 de diciembre pasado, mediante la maniobra de calificar como crudo pesado al petróleo menor a 23º API.
El FMI y los tenedores de la deuda están felices: el gobierno puede contar con más de mil millones del FEIREP para pagar. Pero todavía faltan reunir 1.700 millones más. Para eso se requiere una nueva maniobra privatizadora, sobre todo de los fondos de la seguridad social: emitir bonos de deuda interna, y obligar al IESS a invertir en su compra.
Los Coroneles han anunciado la cruzada contra el robo de combustibles. Han removido a la cúpula de PETROECUADOR, y amenazan con nuevos despidos de trabajadores, para sustituirlos con aspirantes calificados por 'tribunales sin rostro'. Las carpetas de los agnados y cognados volverán a funcionar. El ejemplo de Mauricio Yépez en el Banco Central es contagioso: la flexibilización laboral es la otra perla en el mandato del FMI.
El robo de combustibles es un problema: representa quizás 10 millones de dólares anuales. Puede haber algún trabajador implicado; pero de acuerdo a todas las investigaciones serias, el robo es realizado por mafias externas, ligadas a comerciantes locales y transnacionales de combustible. La responsabilidad principal es del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, encargado de la seguridad del oleoducto y de los poliductos. Si hay un fracaso, la reestructuración debería empezar allí. O, si hubiese alguna vinculación con la empresa estatal, debería reestructurarse un sector de Petrocomercial.
El discurso moralizador tiene otros objetivos. De un lado, debilitar al movimiento sindical petrolero, que en los viejos tiempos había sido uno de los obstáculos para los afanes privatizadores, y de otro, crear condiciones para decretar la situación de emergencia petrolera, a fin de manejar el negocio petrolero a discreción de los Coroneles.
Ya no se trata de negocios parciales. La licitación de los cuatro grandes campos petroleros debe realizarse en este mes. Hasta ahora la exigencia de una participación estatal del 35 por ciento había limitado las ofertas. Ahora los Coroneles modifican las reglas: se aceptará cualquier oferta libre sobre el porcentaje de la participación estatal. Se acelera la feria. Y el anuncio tiene destinatario fijo: la entrega de los campos a las empresas chinas.
La defensa del recurso petrolero está en manos de su dueño: el pueblo. Se puede retomar la experiencia del tribunal contra el otro coronel Molina por el affaire con el genocida argentino, Suárez Mason; y establecer un tribunal con rostro, para enjuiciar esta venta de la nación.