31 de marzo del 2004

Reuters

El ejército de Colombia no sólo ha colaborado con los grupos paramilitares para que realicen masacres en su lucha contra la guerrilla, sino que incluso ha redactado el régimen disciplinario de sus combatientes y las amenazas contra sus víctimas, denunció un general retirado.

Jaime Alberto Uscátegui -quien irá a juicio en abril por su presunta participación en la masacre de Mapiripán, en la que 30 campesinos fueron asesinados por paramilitares en 1997- amenazó con revelar vínculos entre el ejército y esos escuadrones.

La revista Cambio que comenzó a circular el lunes reveló la transcripción de una grabación en la que Uscátegui, quien permanece detenido en un batallón del norte de Bogotá y afronta el riesgo de ser condenado a 40 años de cárcel, habla sobre el proceso en su contra y la masacre.

"No me voy a dejar meter 40 años. Lo que yo sé ya está en el proceso, lo que pasa es que lo tienen tapado porque no quieren que trascienda, pero lo que está ahí lo hago público si voy a juicio", afirma Uscátegui de acuerdo con la grabación.

Las amenazas podrían generar un escándalo que comprometa a altos oficiales del ejército de Colombia con los escuadrones paramilitares de ultraderecha y afectar la millonaria ayuda que reciben las fuerzas militares de Estados Unidos.

"El juicio será mi gloria. Y si me voy a juicio va a ser una cuestión mucho más grave que el proceso 8.000. Mejor dicho, va a ser más grave que todo lo que ha sucedido en Colombia", dijo el oficial en una grabación realizada en julio del 2003.

El proceso 8.000 fue el escándalo político más grave en la historia reciente de Colombia que desató una crisis de gobierno por denuncias de que el ex presidente Ernesto Samper financió la campaña que lo llevó al poder en 1994 con dinero del narcotráfico.

"Es sumamente grave, gravísimo, porque se comprobó una cuestión que nosotros toda la vida hemos negado, que es el vínculo de los militares con los paramilitares", agregó.

Documentos comprometedores

Uscátegui se desempeñaba como comandante de la séptima brigada del ejército en la época en que los paramilitares de ultraderecha, grupos armados ilegales que combaten a la guerrilla izquierdista, incursionaron en el pueblo de Mapiripán y asesinaron a 30 supuestos colaboradores de los rebeldes.

De acuerdo con la fiscalía el general retirado recibió información de sus subalternos que daban cuenta de la presencia de paramilitares en la zona de Mapiripán, un pueblo en medio de una zona selvática del departamento del Meta, 300 kilómetros al sur de Bogotá.

Pero el oficial no ordenó ninguna acción militar para enfrentar a los paramilitares ni para evitar la masacre de las personas, algunas de las cuales fueron desmembradas y arrojadas a un caudaloso río de la región, según la fiscalía.

El oficial retirado habla en la grabación sobre una computadora que pertenecía a un sargento y que fue confiscado por la fiscalía y entregado al gobierno de Estados Unidos que encontró unos 300 documentos secretos.

"Los panfletos que entregaron las autodefensas en la masacre de Mapiripán los hicieron en esa computadora en el batallón París", asegura Uscátegui.

"Los reglamentos de las Autodefensas Unidas de Colombia los hacían en esa computadora. Por ejemplo, cogían un reglamento de régimen disciplinario para las Fuerzas Militares y le borraban donde decía Fuerzas Militares y lo hacían para los miembros de las AUC", agrega.

En junio del 2003 la Fiscalía condenó a 40 años de cárcel al coronel retirado del ejército, Lino Hernando Sánchez, comandante del batallón militar responsable de Mapiripán.

En el 2001 un tribunal militar sentenció a Uscátegui a tres años de cárcel, pero la condenada fue considerada como débil por grupos de derechos humanos que presionaron un proceso por parte de la Fiscalía.

De inmediato no hubo ningún pronunciamiento de los altos jefes militares de Colombia que en el pasado han negado nexos con los grupos paramilitares.