Oscar Azócar
Rebelión

1.En el contexto de las nuevas posibilidades que se están abriendo para la lucha popular en el país, se ha posicionado con gran fuerza en el debate público la demanda de un royalty para la gran minería del cobre, conformándose un amplio consenso que incluye a los partidos de la Concertación e ingresando la DC un proyecto de ley de royalty al Parlamento.

Es pertinente en primer lugar aclarar que la realidad dista mucho de las versiones propaladas por los medios de comunicación. No es, como dice La Tercera del 29 de Marzo, que hayan "partido los DC con el tema", "tras la batalla solitaria que venía dando desde hace más de 10 años el senador Jorge Lavandero". La DC se pronuncia recién ahora, después de más de 13 años de gobiernos de la Concertación que han consolidado el saqueo de las transnacionales. Lo hace en un periodo electoral, y como dijo un dirigente DC, "si no se aprueba ahora seguirá como bandera para las elecciones presidenciales", es decir, no les importa mucho que se apruebe un royalty ahora. Es más, como el mismo periódico citado señaló, están por abrirse al planteamiento de "una patente" del ministro Eyzaguirre.

Si es cierto que personas como el senador Lavandero han jugado un gran papel en esta batalla por la soberanía del cobre, que debe ser reconocido. También es positivo que los partidos de la Concertación se pronuncien hoy a favor de un royalty. Pero en lo sustancial, esta brecha abierta en la conciencia de los chilenos –que debe continuar ensanchándose, corresponde a un esfuerzo persistente de la izquierda y de intelectuales patriotas como Orlando Caputo, y en los últimos años, de los sectores y comités de base agrupados en el Comité Nacional de Defensa y Recuperación del Cobre, que venimos denunciando el saqueo de las empresas transnacionales, iniciado durante la dictadura con una legislación entreguista y ejecutado y profundizado posteriormente por los gobiernos de la Concertación.

Este "momento de fiesta de la industria del cobre" –como calificó el Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco, Patricio Cartagena, el alza del precio del mineral, es en buena medida resultado de nuestra denuncia sistemática de la crisis de sobreproducción mundial creada desde Chile por las transnacionales debido a la falta absoluta de regulación estatal, lo cual hizo caer el precio perdiendo Chile por lo menos 16.000 millones de dólares entre 1996 y 2000, anualmente 3.200 millones de dólares, cifra superior en un 50% al presupuesto estatal de salud para el 2000, que alcanzó a US$ 2.037 millones. Gracias a ello se abrió paso una actitud menos dogmática en algunos directivos de Codelco, como Juan Villarzú, y el año pasado la empresa estatal reservó 200.000 toneladas de cobre sin vender, lo que contribuyó a elevar el precio, junto con las demandas mayores del mineral en el mundo. Se da así la razón a quienes hemos venido planteando, en el marco de una plataforma patriótica de recuperación de la soberanía nacional sobre nuestro cobre, la necesidad de regular la producción y detener la desenfrenada explotación de los yacimientos que llevan a cabo las transnacionales.

2. El debate nacional se intensificó con el alza del precio a partir del año pasado, que llegó a US $1,35 centavos de dólar la libra en Febrero y a US $1,40 posteriormente, concordando los analistas que se mantendrá por sobre 1 dólar por un buen tiempo y que la demanda mundial, ya alta, seguirá aumentando.

Esta alza del precio significa el ingreso al fisco de elevados excedentes desde Codelco. Ya en el año 2003 Codelco registró excedentes por 606 millones de dólares, aumentando en 64% respecto de los US$ 369 del 2002. (De eso, 249 m.d. fueron a las FF.AA.). Como se sabe, el Presupuesto 2004 fue elaborado considerando un precio promedio de 83 centavos de dólar la libra (88 a mediano plazo), y ahora, con el alza, el precio promedio va en 1,20 centavos de dólar. Se estima que por cada centavo de dólar adicional entran por lo menos 30 millones de dólares, lo que significaría por lo menos 1.110 millones de dólares suplementarios hasta ahora, es decir, unos 688. 200 millones de pesos.

Con razón entonces, diversos dirigentes sociales han hecho la propuesta que esos excedentes se destinen a un Fondo Nacional que alivie la grave crisis social que vive la mayoría de los chilenos, rechazando el planteamiento del Ministro Eyzaguirre de que se "ahorrarán" íntegramente, criterio que ha reafirmado Vittorio Corbo.

Este excedente debe servir para planes de empleo de emergencia; para satisfacer las justas demandas salariales de los trabajadores –entre los que están los mineros y trabajadores del subcontrato-; para construir viviendas sociales para los cientos de miles de allegados; para aliviar la crisis presupuestaria de la educación superior pública; para mejorar la salud pública y para financiar programas de industrialización y modernización productiva del cobre en Chile que nos permitan poner fin a la pobre condición de exportadores de concentrados.

3. En el último tiempo, el Ministro Eyzaguirre –seguramente obligado por la evidencia pública, corroborada por el SII, de evasión tributaria de las empresas transnacionales- ha hecho diversas declaraciones señalando que las grandes compañías mineras -casi el 70% de la producción de cobre corresponde hoy a empresas transnacionales- evaden el pago de impuestos con triquiñuelas tributarias y deberían ¡"renunciar voluntariamente"! a los beneficios tributarios que tienen a través del Decreto Ley 600 sobre inversión extranjera, particularmente el artículo 11 bis que permite a los accionistas de las compañías usar la depreciación acelerada para diferir el pago de impuestos al retirar utilidades. En otras palabras, derivan a pérdida de manera anticipada el desgaste de sus activos físicos, con lo cual resultan bajas o nulas las utilidades al final del ejercicio contable. Se retiran en realidad flujos de caja como si no fueran renta, cuando en realidad lo son.

Sin embargo, la principal causa de elusión tributaria es el mecanismo de financiamiento de las filiales mediante créditos asociados. La ley de Impuesto a la Renta impone solo un 4% de impuesto a las remesas por pago de intereses de préstamos. Cuando se trata de remesa de utilidades se establece un 35%. La cuestión es que en Chile 65% de la inversión extranjera no entra como inversión directa sino como créditos asociados, en cuyo caso al remitirse los intereses a empresas relacionadas, esto es, del mismo inversionista, dichas remesas pagan 4% en lugar de 35%. En el año 2002, las remesas por intereses fueron 10 veces mayores a las remesas de utilidades. De esta manera, se puede establecer con propiedad que la tributación total de las empresas extranjeras en Chile es de un 4%.

La realidad es que mientras Codelco ha aportado más de 23.000 millones de dólares en impuestos al fisco, por un monto similar de cobre las transnacionales han aportado solo 1.100 millones de dólares, usando y abusando de esos y otros privilegios. Ahora recibirán la mayor parte de los beneficios del aumento del precio.

Pero lo cierto es que el Ministro, como él mismo lo reconoce, ha hecho esas declaraciones no porque tenga la voluntad real de aplicar un royalty a las transnacionales, sino para presionarlas a que, en las negociaciones que se están sosteniendo, lleguen a un acuerdo que signifique mostrar algún cambio sin alterar la situación de fondo.

En la entrevista que le hace El Mercurio del martes 30 de marzo, aunque dice que no es partidario de ninguna fórmula específica, dice: "…Por algunos informes en nuestro poder, los problemas legales o de constitucionalidad que tenía el planteamiento del royalty eran bastante serios, mientras alternativas como la patente parecían ser bastante más fluidas desde el punto de vista legal"…"el gobierno es más favorable a que... un eventual cobro no recargue, al menos durante un lapso considerable, los tributos de las empresas que están tributando adecuadamente. Por ejemplo, que el cobro se estructure como un crédito tributario que actúe como el Impuesto de 1ª Categoría (que grava las utilidades de las empresas) contra el Impuesto Global Complementario (que grava las rentas personales)". Su tesis es que las empresas que están pagando una buena cantidad de Impuesto de 1ª Categoría no tendrían problemas y sí los tendrían las que hacen uso de depreciaciones u otras técnicas tributarias.

Cuando le preguntan si esto seria aplicable a los nuevos proyectos, dice: "Nuestro ánimo sería estructurar una transición, pero no hay nada definitivo. Nos interesa no alterar las reglas del juego y es perfectamente legítimo estructurar una distinta base tributaria para los nuevos proyectos"…"Es una mala señal que proyectos donde ya hay capital y riesgo tomados, sufran a mitad de camino un cobro adicional. Como es muy difícil separar en la práctica proyectos antiguos de nuevos, dado que muchos están en evolución, se logra algo similar si se da alguna transición en años donde el cobro sea deducible de impuestos". Para señalar finalmente que esto sería ventajoso pues no recaudaría y por tanto "no se faltaría a la palabra" del gobierno, y si se llega a una fórmula, aparte de esta transición tributaria, los fondos se integrarían en un Fondo para Innovación y Tecnología.

La DC no demoró en dar su acuerdo. Lo mismo opinan sus socios en el oficialismo. El vicepresidente del PS, senador Jaime Gazmuri, dice que su partido está abierto al debate, aunque el voto político es a favor del royalty.

Lo último que se ha conocido es que los ministros de Minería y Hacienda están elaborando una fórmula al estilo del royalty canadiense, sobre el valor del mineral, pero corregido con el descuento de ciertos costos (El Mercurio 15 Abril).

Pero ni siquiera estas fórmulas tan insuficientes satisfacen a los grandes empresarios, que han manifestado su rechazo público a cualquier "impuesto político", como lo califica Juan Claro, Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio Sin embargo, lo más grave de todo es que el gobierno está dispuesto a pasar por encima del clamor mayoritario del país, incluyendo los partidos que lo componen, para defender los intereses de las transnacionales. Y los partidos de la Concertación están dispuestos a aceptarlo para levantar el royalty como bandera electorera. ¡Y así hablan de democracia!

4. ¿Qué es el royalty? Tiene mucha importancia aclarar bien que es el royalty. El informe conclusivo del senador Ricardo Núñez relativo a su labor como integrante de la Comisión Investigadora del Senado sobre Tributación de la Gran Minería del Cobre, cita el informe en derecho del abogado Alfonso Laso Barros, que afirma que el Estado es dueño pleno de los recursos mineros concesibles, y en tal virtud, puede imponer a los concesionarios cargas o gravámenes para su explotación. El Estado detenta el dominio patrimonial y está facultado para desprenderse de algunos atributos del dominio, como el de disfrutar de sus productos, mediante la constitución de un derecho real de concesión.

Se parte del concepto de considerar a los recursos minerales como un bien en stock que conforma un capital natural de propiedad de toda la sociedad y que es necesario reponer económicamente cuando se explota. La ley federal norteamericana define al royalty como el pago, sobre la base del valor o volumen de producción, que se debe hacer al Estado o a las naciones indígenas por la explotación de recursos del subsuelo. Esto no tiene nada que ver con los impuestos, que obligan a todos por el solo hecho de obtener una ganancia en cualquier actividad. Es como un cargo por insumo.

En la declaración del PRSD del 23 de Marzo se define al royalty como " un derecho, no un tributo, y es la justa compensación al Estado de Chile, que nos representa, por el uso o agotamiento de un recurso no renovable, patrimonio de todos, y que debemos responder ante las futuras generaciones. La minería de gran escala debe aportar parte de la alta rentabilidad que obtiene al localizarse en Chile, que tiene el distrito minero más rico del mundo y ofrece excepcionales condiciones que la distinguen entre todos los otros países del orbe con actividad minera y tener, hasta ahora, una legislación muy permisiva que requiere ser corregida".

Si ya existe una especie de royalty de 10% a las ventas de Codelco, que van a las FF.AA., ¿por qué no podemos aplicar un royalty de 10% a las empresas transnacionales? El 10% de las ventas de cobre a las FF.AA. tiene un piso cercano a 220 m.d. que se reajusta anualmente, pero no tiene techo. El año pasado fue de 249 m.d. por el alza del precio, este año debiera ser de 450 m.d. Se cobra a una sola empresa, la del Estado, por lo que es algo absolutamente discriminatorio y de privilegio para las empresas transnacionales, a las que no se les cobra nada.

La Junta de comandantes en jefe de las FF.AA. ha propuesto crear un fondo común con los excedentes que se producen en los años con mejor precio, facilitando adquisiciones y evitando así pago de intereses. Pero lo único decente es derogar esta ley reservada. El financiamiento de las FF.AA. debe ser por otros canales, no puede haber autonomía financiera ni de ningún tipo para las FF.AA.

Sobre el royalty en este momento, aparte de la posición del gobierno, está el proyecto de la DC, la posición del PRSD y el proyecto del Comité, cuyo original ha sido enriquecido. El análisis de ellos permite concluir, de manera categórica, que es el del Comité el más consistente, el mejor elaborado, con consejo de Armando Uribe, y con apoyo de Caputo. Se ha pronunciado también Terram por un royalty de 10%.

5. El cobre es chileno y debe ser explotado en beneficio de Chile y su pueblo. Debemos avanzar en una estrategia de soberanización en la perspectiva de su renacionalización.

Ello debe ser parte de una política nacional que proteja nuestros recursos naturales de la explotación indiscriminada de que son objeto por las empresas transnacionales, planificando y controlando la producción para evitar el agotamiento de los recursos. Ello exige aplicar un royalty también a la explotación pesquera y forestal.

La recuperación de soberanía pasa hoy por:

a) Aplicar un royalty de al menos 10% sobre el cobre fino extraído. Apoyamos el proyecto de ley del Comité de Defensa del Cobre, que ha sido elaborado considerando las posibilidades que la actual normativa legal ofrece para su éxito, los intereses de las regiones siempre postergados y la necesidad de regular y controlar la producción y exportación del mineral de acuerdo a los intereses nacionales, sin que disminuya el precio internacional.

¡Ojo! El vicepresidente ejecutivo de Cochilco, en la misma entrevista en que elogia la medida de Codelco de acopiar y no vender un stock de cobre, anuncia que la producción nacional de cobre, que en 2003 fue de unas 5 millones de toneladas, llegará este año a unas 5,5 millones de toneladas.

b) Eliminar el Decreto Ley 600, la ley de concesión plena y demás leyes entreguistas y hacer efectiva la tributación a las empresas transnacionales.

c) Destinar los excedentes generados por el alza del precio al gasto social y a la inversión en la refinación e industrialización del cobre.

d) Aumentar la producción de cobre fino dentro del país, fortaleciendo a Codelco como empresa líder mundial, estudiando la constitución de sociedades mixtas con aquellas empresas extranjeras dispuestas a transferir tecnología e industrializar el cobre en Chile. Asimismo, promover nuevos usos del cobre, impulsar la investigación científica y tecnológica y constituir un Instituto Nacional del Cobre.

Cualquier medida que avance en la recuperación de la soberanía sobre el cobre será resultado solo de la movilización y presión de las organizaciones sociales y políticas, en general de todos los chilenos patriotas, que rebasarán el juego demagógico y electorero y obligarán a las transnacionales y al gobierno a encuadrarse en una política soberana.

Anexo

Hoy 19 de Abril, el gobierno anunció a los partidos de la Concertación que próximamente enviará al Congreso un proyecto de ley para establecer un cobro escalonado entre 0 y 3% sobre las ventas brutas de las compañías mineras. Dicho cobro no será retroactivo, es decir, no afectará a los proyectos que ya están en ejecución y requerirá de una reforma a la Constitución, lo que exige quórum calificado, y recién se concretaría el 2007 si es que el Congreso lo llega a aplicar.

Cualquier elemento positivo que pudiera haber en esta medida se pierde debido a que:

1) El porcentaje es muy bajo y se aplicará a las ventas brutas.

2) Su monto variable, que puede llegar a ser nulo, significa que habrá quienes no pagarán nada, en función de consideraciones que no se conocen en este momento.

3) Las transnacionales no pagarán nada por los proyectos que están en ejecución.

4) Recién se concretaría el 2007 -¡ojalá que en ese momento todavía haya precio alto del cobre y no haya caído como consecuencia de la elevación de la producción que se pretende!- si es que es aprobado por el Congreso.

5) Como se plantea una reforma constitucional, ello requerirá de un elevado quórum, y vamos a ver si se logra, pues ya se sabe que hay parlamentarios de la Concertación que no están de acuerdo con innovar en nada.

O sea, esta medida tiene todo el olor a demagogia y muerte anunciada. Pero aún en el caso que se aprobara, no se resolverá la legítima demanda de un royalty adecuado para todas las transnacionales, que guarde correspondencia con la tremenda superutilidad que estas logran dada la inexistencia de royalty y de impuesto efectivo, que se aplique a todos los proyectos –actuales y futuros-, y de manera inmediata.

Oscar Azócar es Director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz de Chile