Han transcurrido más de tres meses desde el término de la última huelga de hambre efectuada por un grupo mayoritario de prisioneros políticos en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) y a la que se sumaron las dos prisioneras políticas que permanecen en el Hospital Penitenciario, además de un compañero en Antofagasta y otro en Osorno, pero la esquiva libertad -a pesar de las promesas-, aún no llega. ¿Cuánto más deberán esperar estos luchadores sociales encarcelados?

La tarde del lunes 1º de diciembre de 2003, los prisioneros políticos en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) recibieron el "compromiso verbal" de parte del gobierno de que a la brevedad se solucionaría el problema de su libertad. A la mañana siguiente, en una improvisada conferencia de prensa en las afueras de la Cárcel de Alta Seguridad, el senador José Antonio Viera-Gallo expresó -a nombre del Ejecutivo-, ante los medios de comunicación y un grupo de familiares que "el gobierno ha decidido ponerle 'suma urgencia' al Proyecto de Ley de Indulto General para todas las personas que se encuentran en la Cárcel de Alta Seguridad, condenados por las leyes antiterroristas. Eso hace que el Proyecto deba entrar con prioridad en la tabla del Senado el día de hoy o a más tardar el día de mañana. Esperamos -agregó- que esta iniciativa cuente con un amplio respaldo transversal de todas las fuerzas políticas representadas en el parlamento y que se pueda tramitar antes de Navidad, de tal manera que las personas que hoy cumplen condenas puedan salir antes de esa fecha tan significativa para todos los chilenos... Este es un gesto de reconciliación... Es un gesto de pacificación, que nos parece importante para dar por cerrada la última etapa de la violencia política heredada del período militar...".

En el contexto de estas declaraciones, muchos familiares y prisioneros políticos se "ilusionaron". Creyeron -de buena fe-, en los "compromisos alcanzados". Se llegó a decir que era la primera vez que el gobierno asumía con seriedad y decisión política la resolución de la problemática de la prisión política. Fue tanta y excesiva la alegría que prisioneros políticos de Fuerza Subversiva Lautaro (ex MAPU-Lautaro), a poco de terminada la huelga de hambre, colocaron un lienzo y una declaración en las dependencias de la Cárcel de Alta Seguridad con la leyenda "Ganamos". El grupo aparentemente más radical de presos políticos durante fines de los 80 y principios de los 90 que criticó duramente a la ex prisionera política Marcela Rodríguez Valdivieso cuando solicitó el indulto presidencial, celebró que el gobierno de la Concertación le pusiera "suma urgencia" a un Proyecto de Ley de Indulto que beneficia a la mayoría, pero no a todos.

No sólo los presos políticos confiaron de buena fe en los "compromisos". Monseñor Alfonso Baeza Donoso y el abogado de derechos humanos Alberto Espinoza Pino, impulsores de la iniciativa, también expresaron su "satisfacción". Algunos familiares albergaron la ilusión de abrazar a sus seres queridos en las fiestas navideñas y de Año Nuevo. Incluso, las movilizaciones culminaron con "aires de triunfo" para algunos y "dudas" de otros.

Vale la pena reflexionar sobre qué ocurrió al término de la última huelga de hambre. No se percibió suficientemente el grado de preocupación y molestia que despertaron en el gobierno las movilizaciones de los prisioneros políticos. La huelga mayoritaria terminó porque existía una solución ad portas, que finalmente "no fue", y "no ha sido" hasta ahora. El Proyecto de Ley de Indulto hasta ahora no reúne el quórum suficiente, pues la derecha señaló que no lo votará mientras "no se avance efectivamente en los otros Proyectos de Derechos Humanos" que consolidarán la "inmunidad penal" y la "rebaja de penas e indultos" para los violadores a los derechos humanos. La derecha no da puntada sin hilo. Además, en este contexto, se ha perdido la oportunidad de resolver la libertad de un grupo pequeño de prisioneros políticos que no será beneficiado por la Ley de Indulto y que el Ejecutivo podría indultar o liberar sin más trámite. También se ha perdido la oportunidad de introducir modificaciones en el propio Proyecto de Ley que es, por decir lo menos, insuficiente en abordar la problemática de la libertad de todos los prisioneros políticos.

En diciembre, cuando el gobierno expresaba en la voz del senador José Antonio Viera-Gallo su "apoyo a la libertad de los prisioneros políticos", se rechazó la solicitud de indulto presidencial de Pedro Rosas Aravena, quien se encuentra en prisión hace casi 10 años y gravemente enfermo. Este hecho, nos hace dudar de las verdaderas intenciones del Ejecutivo. Si bien es cierto, el Proyecto de Ley no ha contado con los votos suficientes de la derecha (UDI-RN) para ser aprobado, el Ejecutivo -que defiende a ultranza "el Estado de derecho"-, posee atribuciones legales para indultar a los prisioneros políticos. La práctica es el criterio de la verdad: no existe voluntad real de parte del poder. Abraham Larrea Zamorano cumplió 13 años en prisión y aún mantiene condenas por "delitos" cometidos en plena dictadura militar. Si en su caso le fueran aplicadas las Leyes Cumplido e indultadas esas condenas, él estaría libre hace años. Las Fiscalías Militares aún mantienen procesos abiertos y siguen juzgando a civiles bajo leyes especiales. No existe ninguna solución para los ex prisioneros políticos que fueron "extrañados" por el gobierno de Patricio Aylwin. Ni para los que aún mantienen procesos abiertos y han debido permanecer más de una década en la "ilegalidad". La Ley Antiterrorista se usó para condenar a la subversión y hoy se aplica sin mayor trámite al pueblo mapuche y a sus autoridades ancestrales.

Es necesario que las organizaciones de derechos humanos y los propios prisioneros políticos se pronuncien sobre el fondo del Proyecto de Ley, sus insuficiencias y sus reparos. Es cierto que la mayoría de los presos políticos ha estado más de 10 años en prisión y que puede resultar lógico que no den razones que aplacen más una posible solución a su libertad, pero ese razonamiento no los exime de "hacer política" como le corresponde a su categoría de prisioneros políticos y de revolucionarios. No sólo debemos protestar por la tardanza de una solución a la libertad de nuestros compañeros, sino también por lo injusto de los caminos, fundamentos e indefensión en que la Ley -si llega a aprobarse-, los dejará en libertad.

En el artículo "El doble filo de la ley", señalamos que nos parecía injusto que el proyecto en cuestión condenara adicionalmente a 5 años de libertad vigilada a los prisioneros políticos y porque El Proyecto de Ley de Indulto no resuelve el tema de la prisión política pues no beneficia a todos los prisioneros políticos: "Nada se dice ahí de las torturas, procesamientos por Fiscalías Militares, aplicación de leyes especiales heredadas de la dictadura de Pinochet, procesos aún abiertos, prisioneros políticos en el exilio bajo la fórmula del 'extrañamiento', aplicación desmesurada de penas, etcétera. Nada se dice en el proyecto de la situación que actualmente viven los prisioneros políticos mapuche en las cárceles de la VIII y IX regiones, a quienes en nada beneficia. Tampoco sugiere medidas que reparen la injusta privación de libertad que vivieron decenas de prisioneros políticos chilenos, algunos de ellos acusados y condenados hasta cuatro veces por un mismo hecho".

En general, los prisioneros políticos no se han pronunciado "políticamente" sobre el Proyecto de Ley. Se sabe que la mayoría no lo rechaza, sin embargo, creemos necesario conocer sus opiniones. Solamente algunos prisioneros han dado sus impresiones. Así lo hizo Marcelo Gaete, encarcelado en el penal de Colina I, quien señaló recientemente en una entrevista: "Mi opinión se me entrecruza. Cuando se presentó el Proyecto de Ley y lo leí, no sé si a todos les habrá pasado lo mismo, pero se te entrecruzan dos sentimientos: uno, el hecho de estar preso, de ser beneficiado con salir de esta cárcel y llegar a la libertad nuevamente. Por otro lado, ser responsable y asumir el costo político que significa ser 'moneda de cambio'. Aunque muchos digan que no somos 'moneda de cambio', yo veo que sí se está trabajando en ese sentido... Entonces es eso...". Solamente el Grupo de Prisioneros Independientes (GPI) ha manifestado públicamente que "a pesar de algunos reparos, apoyamos sin ambigüedad su contenido y los pasos para su aprobación. Es lo más factible y cercano y alude expresamente a la prisión política. Nada tenemos que ver con los violadores de los derechos humanos y rechazamos toda salida de 'punto final' que intente igualarnos con ellos...".

La ley que no avanza

A la fecha, el Proyecto de Ley de Indulto se encuentra empantanado y, posiblemente, dormirá en el Senado indefinidamente. Ha estado en tabla una docena de veces -desde diciembre último- sin que sea votado por carecer del "apoyo político" de la derecha. La última vez que estuvo en la minuta de trabajo de los "honorables" fue los dos primeros días de marzo, pero nuevamente se optó por aplazar su votación. "El mismo acuerdo autorizó al presidente de la Corporación a incluir la moción en la tabla cuando lo estime conveniente", informó entonces el portal en Internet del Senado. El actual presidente del Senado es Hernán Larraín, de la ultraderechista UDI. Desde entonces, el Proyecto no ha vuelto a ponerse en tabla. En la lógica y tiempos del parlamento, podrían pasar años antes de que pudiera ser aprobado.

Según el senador institucional Zurita: "Ésta es la única solución legal... en el fondo es una Ley de Amnistía chica o de Indulto general". Zurita agregó que "las personas de ambos lados deben empezar a olvidar cosas, de lo contrario no vamos a terminar nunca". Es obvio que mientras la derecha no dé sus votos, el Proyecto de Ley no podrá ser aprobado. En diciembre, en "El doble filo de la ley", señalamos que "la Derecha no estaba dispuesta a darle sus votos tan fácilmente al Proyecto de Ley de Indulto. El Mercurio comentó que 'por tratarse de una iniciativa legal que concede un indulto general a personas condenadas o procesadas por delitos terroristas, la Constitución exige que el quórum de aprobación sea de los dos tercios de los senadores en ejercicio. Eso equivale a 32 votos favorables, cifra que excede los 24 escaños de los que dispone la Concertación y que por tanto obliga a buscar el apoyo de las bancadas de la Alianza por Chile. Un senador de la UDI confidenció a 'El Mercurio' que su bancada (11 senadores) no está dispuesta a aprobar la moción si no existe una solución integral al tema de los derechos humanos y la reconciliación nacional".

En el mismo sentido, la aprobación del Proyecto de Derechos Humanos presentado por el gobierno es incierta. Las organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de familiares de las víctimas no aceptarán que se concedan "beneficios" o "inmunidad" a los genocidas y criminales. Lo han dicho claramente. Por su parte, algunos legisladores del Partido Socialista (PS) y la Democracia Cristiana (DC) no están convencidos totalmente de la "legitimidad" del Proyecto presentado por el gobierno. Algunos parlamentarios lo han calificado derechamente como "un camino hacia la impunidad". Es muy posible que estas propuestas de derechos humanos, como otras que se han tratado de aprobar en la última década y que buscan un Punto Final, terminen en el "tacho de la basura" y no exista el consenso suficiente para aprobarlas. Por lo menos no en el corto y mediano plazo. La cercanía de las elecciones municipales, además, hace improbable que los partidos de la Concertación "quemen su imagen" aprobando un propuesta vergonzante y que, en la práctica, sólo beneficia a la derecha y a los militares violadores de los derechos humanos.

Si el Proyecto de Ley de Indulto para los prisioneros políticos está condicionado por la derecha a que se apruebe el "paquete total", incluido los proyectos de derechos humanos, podría suceder que los prisioneros políticos esperen eternamente. Lo contrario es presionar para que el Proyecto de Ley de Indulto sea visto pronto y no se mezcle con la vergonzante propuesta de Ricardo Lagos.

Oriana Alcayaga Zepeda y Elizabeth Núñez Duarte, prisioneras políticas, están preocupas por el tiempo transcurrido. En los últimos días, han dirigido una carta a todos sus compañeros para abrir una discusión en torno a definir -en común-, el "qué hacer". Algunas organizaciones sociales y populares creen que los prisioneros políticos debieran retomar la movilización por su libertad. No resulta lógico ver a organizaciones y algunos familiares realizar pequeñas acciones con riesgo evidente de detención y multas, mientras los prisioneros políticos están desmovilizados y sin un "plan de acción". Si el plan es esperar, pueden pasar años. Si el plan es no pronunciarse, puede resultar nefasto.

Los presos políticos han luchado por su libertad a costa de sus vidas, huelgas de hambre, tomas de presidios, fugas y castigos, y sólo la lucha -pensamos-, los hará libres.


(*) Pablo Ruiz y Arnaldo Pérez Guerra son ex presos políticos, editores del informativo www.libertad.ya.st / solidaridadchile@yahoo.com