Hace poco tiempo atrás destacabamos que el actual Comandante en Jefe del Ejército, Emilio Cheyre, era uno de los mayores interesados en que la propuesta de derechos humanos del Gobierno de Ricardo Lagos, realizada al parlamento,fuera aprobada lo más pronto posible.
Ahora este apresuramiento del personero militar, tiene por cierto un interés muy personal puesto, que la propia prensa local ha denunciado que el actual Jefe del Ejército está involucrado en hechos relativo a la violación de los derechos humanos en Chile.
En declaraciones vertidas para los medios de comunicación, el militar de una manera velada ha manifestado su propio cuestionamiento al Estado de Derecho y ha destacado que las Fuerzas Armadas ya han contribuido lo suficiente con el esclarecimiento de la situación de derechos humanos en el país.
Pero lo cierto de está situación, es que tan solo alrededor de 200 uniformados se encuentran procesados en casos relacionados con las violaciones de los derechos humanos. Pero las vícti- mas del accionar de los aparatos represivos de la dictadura, fueron miles. Además hay una gran cantidad de civiles que formaron parte de los servicios de seguridad y que aún no pisan las puertas de los tribunales de justicia. Por otro lado, los militares procesados cuentan con garantías especiales y el privilegio de continuar en libertad, mientras no se determine un fallo definitivo, garantía con la cual no cuentan los procesados por delitos comunes.
Emilio Cheyre, que insiste en que ellos han colaborado lo suficiente, la propia realidad lo va desmitiendo, puesto que en la investigación realizada por la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) la defensa de la familia ha señalado que el Ejército de Chile, no ha entregado los antecedentes que se le solicitan.
La familia Frei-Ruiz Tagle, responsabiliza de la muerte del ex presidente al accionar de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) aparato represivo de la dictadura militar (1973.-1990), en la causa que está relacionada con la muerte del ex químico de la DINA, Eugenio Berrios, de quien existe la presunción de haber estado involucrado en la muerte de Frei Montalva. Ahora, en los diversos procesos que se llevan a cabo en los tribunales y en donde se encuen- tra involucrado personal militar, la colaboración prestada por los institutos armados ha sido la mínima. Y ésta ha estado supeditada a la propia información que han entregado los proce- sados por causa relacionadas con la violación de los derechos humanos.
En muchos otros caso, no se ha podido avanzar lo suficiente, por la negligencia establecida por los propios tribunales de justicia. Cabe la pena recordar, que cuatro Salas que atienden caso de derechos humanos de los tribunales chilenos, los funcionarios judiciales son pro- clives al militarismo o éstos tienen compromisos de antaño con la familia militar, de allí que con su conducta contribuyen a establecer un manto de impunidad, por los crímenes cometidos en dictadura.
El propio Presidente de la Corte Suprema; Marcos Libedinsky, al inagurar el año judicial, en su alocución central, más le ha preocupado la fricción sostenida con los medios de comunicación que la propia situación ligada a los procesos por violaciones de derechos humanos, quedando en entredicho ésto de proteger y amparar los derechos y las libertades de las personas y con-trolar los excesos de las autoridades. Para Libedinsky, el proteger los derechos fundamentales de las personas en los Estados de Excepción, no es algo inerente a la labor de la justicia, es lo que se desprende de sus pala- bras, puesto que él señala que las investigaciones realizadas en torno de la situación de los derechos humanos, sólo ha sido posible con el retorno de la "democracia". El magistrado expresa "que la justicia, al igual que la libertad, sólo son viable en democracia".
Las palabras del mayor responsable de la justicia chilena, se han constituido en un verdade- ro golpe, de las actuales autoridades en contra de una justicia real, es desplegar un apoyo tácito a la propuesta de derechos humanos de Ricardo Lagos y que pretende establecer un manto de impunidad, ante los crímenes cometidos por la dictadura de Pinochet.
Pero el presidente Lagos y Cheyre, en estos días ha sufrido una derrota parcial en el Parlamento, ya que los siete parlamentarios oficialistas que forman parte de la Comisión de DD.HH. , han rechazado el artículo que el Gobierno proponía eximir de responsabili- dades a los civiles que al momento de ocurrir los hechos cumplían con su servicio militar eran subordinados, no tenían mando de tropa o no podían prever que los hechos en que participaron pudieran ser parte de un delito. La norma establecida por el Ejecutivo, ha sido respaldada por los partidos de la derecha pinochetista.
Para la diputada Laura Soto (PPD), presidenta de la comisión, el proyecto de Lagos se complicó desde que el Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, se pronunció para terminar con el desfile de uniformados por los tribunales de justicia y así terminar con una "supuesta cooperación" de las Fuerzas Armadas, con el esclarecimiento de la violación de los derechos humanos, en la pasada dictadura.
Si bien es cierto que los medios de comunicación chilenos, tratan de dar una imagen de avance en lo que respecta a los procesos a militares, por causa de derechos humanos, en la realidad concreta, solo algunos funcionarios judiciales, han contribuido de manera profe- sional al esclarecimento de la verdad, para que luego se pueda hacer justicia y los respon- sables de los crímenes de lesa humanidad, paguen sus fechorías como lo establece la ley chilena e internacional. Sin duda que las Fuerzas Armadas, la derecha pinochetista y los defensores de la propues- ta de derechos humanos del presidente Lagos, seguirán bregando por que se imponga el proyecto original del Gobierno, al margén de los reveses que puedan sufrir éstos, no descan- zarán hasta que éste sea aprobado por el pleno de la Cámara Baja, y así imponer una ley de punto final, ante todos los crímenes cometidos por la dictadura.
Mientras tanto los abogados de derechos humanos, las organizaciones de los familiares de las víctimas, se preparan para fortalecer su accionar por verdad y justicia, además de reafirmar su unidad de acción, seguirán desplegando la lucha por una reparación justa, pero centrali- zando su accionar en la exigencia política , en el procesamiento de los violadores de los derechos humanos y el fin de la impunidad en Chile.
Eduardo Andrade Bone 02.04.04.