Nora Di Pacce
Radio Nederland

Seminarios en las universidades, ciclos de películas en centros culturales, mesas redondas, debates, programas de TV y algunos actos estudiantiles, recordarán este 31 de marzo los 40 años del golpe militar que en 1964 dio comienzo la dictadura que gobernó Brasil durante los siguientes 20 años.

Sin embargo, no habrá -y aquí es inevitable una comparación con los actos masivos en Argentina el último 24 de marzo- un gran acto central, ni oficial. El acto más significativo, debido a su organización colectiva y a que serán homenajeados luchadores y organismos de Derechos Humanos, activistas de la resistencia y víctimas de la dictadura, será en Sao Paulo y dará apertura al Foro Mundial de Educación que comienza el 1 de abril.

Brasil tuvo represión, torturados, muertos y desaparecidos durante esos años de plomo, y el episodio más emblemático del terrorismo de Estado es la masacre de la Guerrilla de Araguaia: por la contundencia de la violencia ejercida sobre los militantes de ese grupo del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), que decidió optar por la resistencia armada para enfrentar a la dictadura, y por el posterior pacto de silencio cívico-militar, que dura hasta hoy, sobre la verdadera historia y el destino de sus integrantes.

Crimeia Almeida llegó a Araguaia, en el estado de Pará, en la Región Norte de Brasil, en 1969 cuando tenía 20 años. Crimeia formaba parte del grupo de 69 militantes del PcdoB que se entrenaban para la guerrilla rural. Estuvo allí hasta 1972, cuando, embarazada, fue enviada a Sao Paulo, donde fue secuestrada y torturada por fuerzas militares. Siempre en situación de secuestrada fue llevada a un cuartel en Brasilia, donde dio a luz a su hijo, Joao Carlos.

De los 69 guerrilleros, 59 fueron asesinados y permanecen en calidad de "desaparecidos", entre ellos el marido de Crimeia, André Grabois. Cuando el Ejército los descubrió en la zona amazónica de Pará, en 1972, estos militantes, la mayoría de perfil universitario, hacía casi seis años que estaban en la región y eran reconocidos entre los pobladores por su trabajo social. Algunos eran médicos, enfermeras, maestras y colaboraban activamente en los hospitales y escuelas de una de las zonas campesinas más pobres de Brasil.

Durante casi dos años, el Gobierno movilizó a más de diez mil efectivos para cercar a unas decenas de guerrilleros, en un operativo nunca antes visto. Se utilizó al Ejército, la Marina, la Aeronáutica y la Policía Federal de tres Estados para combatirlos. La desproporción de las fuerzas en conflicto y los relatos de los habitantes hacen suponer que el número de víctimas del terrorismo de Estado en la zona fue mucho mayor que el registrado.

Los campesinos lo pagaron caro: muchos fueron salvajemente torturados y obligados servir de guías y delatores, otros vieron sus casas y sus huertos quemadas, otros desaparecieron o fueron encarcelados. Los sobrevivientes, 30 años después, no consiguen alejar del todo los fantasmas del miedo y se muestran reticentes a hablar de lo que vieron y vivieron. La crueldad de los métodos usados por los militares para obtener información sobre los guerrilleros no ha desaparecido de la memoria de los habitantes de la región.

"La represión en Brasil fue violenta, pero más selectiva que en el resto de América Latina. Por eso nosotros tenemos menos muertos, pero los crímenes fueron mejor ocultados", señala Crimeia Almeida, que conversó con Radio Nederland. Esto explica en parte, según Almeida, porqué la sociedad brasileña no tuvo conocimiento de lo sucedido durante la dictadura. Además, cuando llegó la transición democrática, en 1984, la oposición y los militares hicieron acuerdos secretos que sellaron un pacto de silencio que dura hasta hoy.

A comienzos de este mes la Comisión Especial de Derechos Humanos, con el secretario de Derechos Humanos, Nilmario Miranda, y familiares de desaparecidos políticos, entre ellos Crimeia Almeida, viajaron junto con antropólogos forenses hasta el lugar señalado por algunos soldados que participaron de las incursiones contra la guerrilla. El cementerio de Xiambioá, cerca de la región de Araguaia, era supuestamente el lugar donde habrían sido enterrados algunos de los militantes del PcdoB. Después de varios días de búsqueda, nuevamente el desencanto: no se encontró nada.

El ministro de Defensa, José Viegas, después de la infructuosa búsqueda, afirmó a los familiares que sin documentación era muy difícil encontrar los cuerpos, y que los militares habían destruido "legalmente" esos documentos hace 20 o 30 años. No supo especificar cuál era el marco legal al que se refería.

Cabe preguntarse: ¿cómo es posible que con protagonistas militares vivos, que hacen declaraciones a la prensa, como el teniente coronel Licio Ribeiro Maciel -que relató al diario brasileño "Folha de Sao Paulo" cómo desenterraron y trasladaron los cuerpos de guerrilleros para que los campesinos no convirtieran en santuario sus tumbas- no haya forma de reconstruir lo que pasó y recuperar los cuerpos?

"La búsqueda de los cuerpos, así como la creación de una "Comisión de notables" (que integran entre otros el Secretario de Derechos Humanos y el ministro de Defensa) para esclarecer los hechos, fue otra medida dilatoria, sólo para demostrar que el gobierno está haciendo esfuerzos. Pero la realidad es que no hay voluntad política de romper el pacto de silencio", afirma Crimeia Almeida. "La Comisión que fue creada en octubre pasado, hasta ahora no obtuvo ningún resultado y se limitó a ir detrás de las informaciones entregadas por la prensa. Si en todos estos meses sólo se enteró de las cosas que ya estaban en los diarios, ¿para qué sirve esa comisión, que además fue prorrogada por 120 días?".

La falta de voluntad política para echar luz sobre el asunto, puede explicarse, de acuerdo con Marcelo Ridenti, titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Campinas (Sao Paulo), porque muchos de los que fueron figuras exponenciales de la dictadura, hoy apoyan al gobierno, como José Sarney, por ejemplo, una figura tradicional y conservadora de la política brasileña.

Pero el pacto de silencio también parece haber alcanzado, de algún modo, a una parte importante de la sociedad brasileña. Consultado por Radio Nederland, Ridenti se refirió a la complejidad y la sofisticación de la dictadura brasileña, que le permitió mantenerse en el poder durante 20 años. "El uso de la fuerza no explica esa permanencia. En el fondo existió una complicidad con la dictadura, sobre todos en sectores de clase media y empresarial. Por eso la sociedad brasileña no tiene mucho interés en recordar ese período".

La dictadura brasileña se ocupó de mantener una fachada "constitucional" mientras estuvo en el poder: prohibió los partidos políticos, pero inventó dos nuevos, funcionales a sus necesidades; mantuvo el Parlamento funcionando, claro que restringido y en medio de la censura más absoluta. De ahí deriva su "sofisticación". Como dice Marcelo Ridenti: "nunca se asumió como dictadura: se presentaba ante la sociedad como un modelo brasileño de democracia".

En medio de esa fuerte represión informativa y esa apariencia democrática, en los sótanos de los organismos de inteligencia se torturaba y asesinaba y los movimientos de resistencia, en particular la guerrilla de Araguaia. "Casi nadie supo, hasta muchos años después, de la existencia de la guerrilla", remarca Ridenti.

Para Rodrigo Patto Sá Motta, de la Universidad Federal de Minas Gerais y coordinador del seminario sobre el golpe de 1964, que comienza esta semana, para el brasileño medio la memoria de aquel período es muy frágil y los impactos políticos ya fueron absorbidos con la vuelta de la democracia. "En Argentina, por ejemplo, la situación fue mucho más impactante, por la enorme cantidad de personas afectadas por la represión", explica Sá Motta. Y coincide con la caracterización de Ridenti sobre la "sofisticación" de los métodos de la dictadura brasileña, agregando otro factor: la salida no abrupta del poder, como sucedió en el caso Argentino después de la derrota en las Malvinas. En el caso brasileño se realizó una transición calma, de forma que en el imaginario social no quedó la idea de ruptura, de un antes y un después de la dictadura.

Las herencias de la dictadura brasileña en materia de derechos humanos tal vez sean más sutiles que las de otros países, pero no por eso menos brutales: la policía militarizada, la tortura en las cárceles como práctica habitual, las ejecuciones sumarias, los crímenes del latifundio, y por encima de todo, y tal vez como matriz de tales legados, el ocultamiento de la memoria y la sistematización del olvido.

31-03-04