Andrés Soliz Rada
Rebelión

Se ha insistido en afirmar que Bolivia es una potencia gasífera en América Latina, ya que sus reservadas probadas alcanzan a 27 Trillones de Pies Cúbicos (TCF), en tanto que las probables llegan a 27 TCF. Tales cifras son superadas sólo por el gas de Venezuela. La precariedad de esos volúmenes ha sido puesta de manifiesto por el Ministro de Minería e Hidrocarburos, Javier Nogales, quien admitió con entusiasmo que entre el 2004 y el 2024, el país exportará 28 TCF, lo que significa el agotamiento de las reservas probadas, de acuerdo al siguiente detalle:

Dos trenes de gas a la Argentina. Cada tren equivale a 3.6 TCF. Total 7.2 TCF.
Dos trenes a Brasil... 7.2 TCF.
Cuatro trenes a México... 14.4 TCF

En consecuencia, el gas exportado en veinte años llegará a 28.8 TCF, lo que supera en 1.8 TCF el total de las reservas probadas (Semanario "Pulso",16 al 22 de abril de 2004). Si, teóricamente, se lograra el truque de gas por mar con Chile y se impulsaran proyectos de industrialización interna, como los de polietileno y polipropileno en Patacamaya, de Dimetil-Eter en Sicasica, de diesel en Yacuiba, de Urea en Santa Cruz, además de nuevas termoeléctricas para Puerto Busch y el Mutún, las transnacionales los bloquearán aduciendo que las reservas probables, convertidas en probadas, deben servir para prolongar sus contratos de exportación de gas natural sin valor agregado.

La locura por vender el gas a como de lugar, hace olvidar que la venta a la vecina Argentina (por alrededor de un dólar por millar de pies cúbicos) no requiere inversiones en gasoductos. El existente ha recuperado su valor decenas de veces. Exportar a México o Estados Unidos implicará, en cambio, millonarias inversiones en gasoductos (el de salida tiene que atravesar la cordillera de Los Andes, plantas de licuefacción y regasificación, además de transporte en barcos metaneros, que deben recorrer más de 4.000 kilómetros). En cambio, las exportaciones a Argentina, Brasil y Paraguay pueden ser condicionados a proyectos binacionales de industrialización. Con México y Estados Unidos esa posibilidad se torna mucho más difícil.

Si se aprueba el proyecto oficialista de Ley de Hidrocarburos que no recupera la soberanía nacional sobre el gas y el petróleo, no garantiza el fortalecimiento de YPFB, no recupera el 50 por ciento de regalías para el pueblo boliviano y no encara los proyectos de industrialización del gas en territorio patrio, las convulsiones sociales se tornarán incontrolables. Las similitudes entre la ley "gonista" de 1996, y la ley "mesista", de 2004, alcanzan también a la falta de transparencia informativa. Ninguna de ellas obliga a las empresas a mostrar sus planes de inversión, proyectos y balances, que sí remiten a sus empresas matrices.

Ningún país semicolonial, como Bolivia, debería entregar a las transnacionales el control de sus recursos estratégicos. Pero si lo hizo, es aún más inconcebible que renuncie, además, a su facultad fiscalizadora, entregándola a superintendencias al servicio de las compañías foráneas. La nueva Ley de Hidrocarburos convertirá a las Superintendencias en entes ultra poderosos, ajenos a un efectivo control social y parlamentario. Si se desea rectificar las políticas neoliberales, debería transferirse las facultades de las superintendencias al Poder Ejecutivo y sus respectivos ministerios. Así se paliarían la prepotencia y las evasiones impositivas de las petroleras. De no existir un real cambio de timón, Bolivia habrá perdido sus reservas probadas, sin recaudar impuestos que aminoren el déficit fiscal ni resolver, ni siquiera en parte, sus problemas estructurales.

Mesa, al autorizar la venta de gas a la Argentina, sin referéndum y sin nueva ley de hidrocarburos, ha roto el pacto social que suscribió con los sectores populares que derrocaron a Gonzalo Sánchez de Lozada. El Presidente pudo aliarse con el movimiento popular a fin de enfrentar a las petroleras. Infelizmente, ha preferido conciliar con el Imperio a fin de que el sometimiento del país pase del "gonismo" al "mesismo".