Luis Bilbao
El Diplo

El Consejo Nacional Electoral venezolano debe anunciar si la oposición obtuvo o no la cantidad de firmas necesarias para intentar revocar el mandato de Hugo Chávez. Mientras se cruzan las acusaciones de fraude, el gobierno estadounidense interviene sin tapujos y el presidente venezolano acusa a George W. Bush con dureza sin precedentes. La estrategia opositora.

Durante sus cinco años de gobierno -cumplidos el 2 de febrero último- Hugo Chávez pasó por momentos de extrema tensión en su relación con la Casa Blanca, pero nunca como ahora. El pasado 17 de febrero Chávez descargó acusaciones de inédito calibre: "El gobierno de George W. Bush apoyó el golpe de Estado (de abril de 2002) contra el pueblo venezolano y tiene una responsabilidad ante el mundo al respecto. El gobierno de George W. Bush tiene responsabilidad en la masacre del Puente Llaguno. Ellos tienen que responderle al mundo por la sangre que corrió aquí el 11, 12 y 13 de abril del año 2002. Ese gobierno tiene que responderle al mundo y al pueblo venezolano" dijo Chávez y agregó: "no hay ninguna duda sobre eso. Se reunieron con militares golpistas; militares norteamericanos actuaron aquí en el golpe de Estado. Tenemos fotos, evidencias".

Chávez apuntó personalmente a Bush cuando éste atraviesa su peor hora ante la opinión pública interna e internacional y pone en juego su reelección en ocho meses. Sobre todo, mientras transcurre el último tramo de una instancia trascendental para la política venezolana: el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), respecto de si la oposición ha reunido o no la cantidad de firmas suficientes para realizar un referendo revocatorio contra Chávez.

Acusación de fraude La nueva Constitución venezolana permite consultar a la ciudadanía sobre la posibilidad de revocar el mandato presidencial (también los de gobernadores y legisladores) una vez transcurrida la mitad de su período. Para ello hacen falta 2,4 millones de firmas. Cumplido ese requisito, se realiza el referendo, en el que para lograr su objetivo, la oposición debe obtener al menos un voto más de los que en su momento llevaron a Chávez a la primera magistratura. En ese caso debe llamarse a nuevas elecciones, en las que el jefe de Estado así revocado puede volver a ser candidato.

El primero de estos pasos se llevó a cabo a comienzos de diciembre pasado, luego de una ardua lucha entre gobierno y oposición para consensuar la composición de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE). Al cabo de los cuatro días acordados para recoger las firmas, la oposición, agrupada en la denominada Coordinadora Democrática (CD) presentó planillas con 2.921.000 firmas. De inmediato, el Comando Ayacucho, centro de reunión de todos los partidos y agrupamientos que apoyan a Chávez, denunció un gigantesco fraude. Poco después un portal informativo (1) reprodujo una conversación telefónica entre dos dirigentes de la Coordinadora Democrática. En ella, Ramón Escobar Salóm y su hijo Ramón Escobar León, comentaban que no llegaban a 1.900.000 firmas (2). El periodista Ernesto Villegas reprodujo la grabación en su columna del semanario opositor Quinto Día y días después invitó a Escobar León a su programa de televisión en el canal estatal. Durante más de una hora le dio la palabra y logró que admitiera la veracidad de la grabación (3).

La táctica opositora no carece de fundamento: si el gobierno no consigue demostrar de manera fehaciente que muchas firmas son falsas, Chávez sería denunciado por antidemocrático. Adelantándose a los hechos, la Consejera de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense Condoleezza Rice, había dicho en los primeros días del año: "ahora Chávez tiene la oportunidad de demostrar que es un presidente democrático".

Para ese entonces Chávez se había hecho eco de las denuncias de fraude, aunque afirmando que aceptaría la resolución del CNE, lo que fue ratificado luego por todos los miembros de su gabinete. La CD, por su parte, comenzó a atacar con virulencia al CNE, a pesar de que ese organismo se conformó con su aprobación y de que al menos tres de sus cinco miembros no son chavistas.

Fuentes próximas al CNE informan que el número de firmas válidas es inferior al necesario y que es posible probar el fraude. Ahora, según esas fuentes, el gobierno se esfuerza por evitar el estallido del CNE, donde por lo menos dos integrantes sufren presiones extremas por parte de la oposición. Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) podría desconocer la decisión del CNE. Ante esta posibilidad, el gobierno definió una posición clara: solo tendrá en cuenta el pronunciamiento del CNE.

Si éste indica que las firmas no son suficientes, se desatará sin dudas una campaña mundial denunciando fraude y Chávez no habrá probado su "condición de demócrata", según Condoleezza Rice. Dirigentes oficialistas alertan sobre la preparación de manifestaciones y golpes armados y en las últimas semanas organismos de seguridad del Estado capturaron armas y municiones que ingresaban desde el exterior. Por el contrario, si el anuncio del CNE condujese al referendo, la oposición debería aún imponerse en las dos instancias señaladas: el referendo mismo y la elección posterior. Al margen de juicios de valor, no existe actualmente un analista de la realidad venezolana que suponga tal posibilidad.

Es por esto último que la estrategia opositora no consiste en desplazar a Chávez por la vía constitucional, sino en continuar obstaculizando su tarea de gobierno: tras seis elecciones entre 1999 y 2001 (todas ganadas por Chávez, cada vez con mayor margen), el golpe de Estado en abril de 2002, el sabotaje petrolero en diciembre y ahora las campañas de recolección de firmas, un referendo y nuevas elecciones en el horizonte inmediato continuarían trabando el salto económico que el gobierno procura y que técnicamente está al alcance de la mano. Después del brutal impacto del sabotaje petrolero, el Producto Interno Bruto (PIB) subió un 9% en el cuarto trimestre de 2003, con una expansión de la industria del 15,7%; del 12,2% el comercio y 10,1% el transporte (4).

Es que pese a tanta postergación y retroceso, los cambios en el ámbito social son de enorme impacto. Los planes de alfabetización, de salud comunitaria, construcción de viviendas, distribución de tierras y beneficios mediante mercados comunitarios que reducen verticalmente los precios de los alimentos, involucran a millones de personas hasta hace poco excluidas en todo sentido de la sociedad.

Los verdaderos propósitos opositores apuntarían entonces no a una evolución constitucional, sino a impedir mediante un largo proceso de desgaste que el gobierno consolide y organice su base social. El peor de los escenarios para la oposición sería que el gobierno gane el referendo y, sobre esta nueva relación de fuerzas, ataque el último verdadero bastión opositor: el aparato del Estado, aún cubierto por funcionarios del viejo régimen.

Intervencionismo Es esta dinámica de debilidad de la oposición interna lo que acelera la ingerencia de Estados Unidos. El 16 de febrero pasado desembarcó en Caracas el subsecretario de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Peter DeShazo, para hablar a nombre de la oposición. DeShazo dijo que para evitar el referendo se estaba apelando a "excesivos tecnicismos". Este fue el detonante del citado discurso de Chávez, quien sin embargo apenas aludió al funcionario.

"El gobierno de Estados Unidos arremete una vez más contra el pueblo venezolano, como arremetió contra el pueblo de Irak. Allí están los resultados; todos los días hay bombas en Irak, todos los días hay niños, mujeres y hombres muertos, y casi todos los días hay soldados norteamericanos inocentes muertos.

Los mandaron engañados para allá, les dijeron que los iban a recibir como héroes. Les dijeron que había armas químicas de destrucción masiva. Engañaron al mundo y al propio pueblo estadounidense, engañaron a los pueblos de Europa.

Igual están tramando un engaño en torno a Venezuela".

En el mismo momento en que comienza la campaña electoral en Estados Unidos, la opción para Washington en Venezuela está entre un escenario de derrota al que ingresa mediante la violencia terrorista de opositores locales y mercenarios extranjeros si no hay referendo o, en caso contrario, postergando toda acción hasta después de las hipotéticas elecciones. Si es dudoso que cualquier futuro Presidente estadounidense respete la soberanía y la democracia de un país latinoamericano empeñado en reformas de fondo (para colmo uno petrolero), parece seguro que no sería ésa la opción para Bush.