Brecha

Dos miembros del personal de confianza de la firma editora del matutino La República, Enrique Piqué y Albérico Barrios, solicitaron, con apoyo de la empresa, tres años de cárcel para los dirigentes del sindicato de dicho diario, la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU), el Sindicato de Artes Gráficas (SAG), el PIT-CNT y el redactor responsable del semanario Búsqueda. Ante el juzgado de primer turno, los dos funcionarios de Reg sa presentaron una denuncia penal por "difamación e injurias".

Piqué y Barrios argumentan que fueron injuriados en un volante que el Sindicato de Trabajadores de La República (STLR) repartió en ocasión del acto realizado en el 33 aniversario del Frente Amplio, el 5 de febrero. En el mismo se afirmaba que el primero formó parte de las "bandas fascistas" que en los años sesenta asaltaron la Universidad de la República, que participó en conversaciones para formar un escuadrón irregular que debía, en 1972, combatir a los tupamaros y que en la actualidad, a la vez que hombre de confianza de Federico Fasano (director de La República), es asesor del Ministerio del Interior. Del segundo se decía que había sido formado en la "nefasta Escuela de las Américas", donde recibieron instrucción varios de los violadores de los derechos humanos bajo la dictadura.

En La República existe una situación conflictiva desde noviembre del pasado año, cuando la empresa despidió a siete dirigentes y militantes sindicales, a los cuales el 2 de febrero se sumaron 22 envíos al seguro de paro, con el argumento de posibilitar una reestructura que haga viable el matutino. También entre estos nuevos 22 hay varios miembros de la mesa de delegados del sindicato y una gran mayoría de militantes que participaron de la ocupación. Los trabajadores de dicho medio denunciaron los recientes envíos al seguro de desempleo como despidos encubiertos propios de "una nueva medida antisindical", asegurando que varios de ellos no tienen retorno, bien porque sus áreas son tercerizadas o porque carecen de derecho al seguro.

La denuncia del volante que motiva la acción judicial hacía hincapié en el doble discurso de Fasano, a quien acusa de pregonar sus convicciones de izquierda mientras su personal de confianza tiene claras definiciones de derecha.

Empero, el STLR emitió el lunes 16 un comunicado admitiendo que en el caso de Barrios hubo una confusión, y que quien hizo ese curso en Estados Unidos fue un militar con el mismo nombre y primer apellido. El texto pide al mencionado las disculpas del caso.

Tanto dirigentes del PIT-CNT como de los otros sindicatos involucrados señalaron que el juicio iniciado por los hombres de confianza de Fasano es una forma ilegítima de resolver un conflicto sindical, que procura desviar la atención de los atropellos cometidos por la empresa, tanto cuando descabezó la organización sindical como cuando impuso una reestructura que había prometido negociar en la mesa instalada en el Ministerio de Trabajo.

Ésta es la tercera oportunidad en que Fasano o sus allegados más directos inician juicio a otros periodistas reclamando la prisión para ellos. A su vez, fuentes de las gremiales implicadas dijeron a BRECHA que estudian iniciar juicio al director de La República, debido a la campaña de "descalificación e injurias" que ha lanzado desde noviembre a través de sus empresas periodísticas.