Piden investigación de Naciones Unidas sobre la dimisión de Aristide

Traducido para Rebelión por Germán Leyens

Los jefes de gobierno del CARICOM se reunieron el 2 y 3 de marzo de 2004 en Kingston, Jamaica, en una sesión de emergencia para considerar la situación en Haití. En el citado encuentro expresaron su consternación y alarma respecto a los eventos que condujeron a la salida de su cargo del presidente Aristide y la permanente agitación política y la violencia en Haití. Llamaron al inmediato retorno a la democracia y al respeto de la Constitución de Haití.

Recordaron que el Plan de Acción Previa de CARICOM había sido desarrollado con plena participación de Estados Unidos, Canadá, la OEA y la Unión Europea y plenamente apoyado por la comunidad internacional. Esta iniciativa fue guiada por la necesidad de preservar el estado de derecho y se basaba en los preceptos del gobierno compartido, que asociara tanto al presidente Aristide como a la oposición legítima a compromisos específicos que llevarían a una resolución pacífica del impasse político, respetuosa de la constitución y que impulsaría el proceso democrático.

Los jefes de gobierno quedaron desilusionados por la renuencia del Consejo de Seguridad a tomar una acción inmediata en respuesta a los llamados de ayuda del gobierno de Haití.

El domingo 29 de febrero, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 1529 endosando el envío de una Fuerza Interina Multinacional a Haití. Esto fue lo que CARICOM había solicitado para comenzar, pero la decisión fue adoptada en circunstancias bien diferentes a las concebidas en el Plan de CARICOM ya que sucedió inmediatamente después de la partida de su cargo del presidente Aristide.

Expresaron el punto de vista de que las circunstancias bajo las cuales el presidente dimitió a su puesto establecen un peligroso precedente para gobiernos democráticamente elegidos en todas partes ya que impulsa la remoción inconstitucional de personas debidamente elegidas de su cargo.

Reafirmando los principios fundamentales de buen gobierno dentro de la Comunidad del Caribe, basados en la Carta de la Sociedad Civil así como en los principios encarnados en la Declaración de Québec y en la Carta Democrática Interamericana, los jefes de gobierno subrayaron que estas obligaciones deben ser utilizadas para determinar la naturaleza democrática del gobierno en Haití. A este respecto, no se debiera tomar ninguna acción para legitimar a las fuerzas rebeldes ni debieran ser incluidas en ningún gobierno interino. Los jefes de gobierno también acordaron que el tema de las relaciones con la administración interina debe ser tema de un estudio urgente en la próxima Reunión Inter-Sesiones de la Conferencia.

Los jefes de gobierno, fueron profundamente perturbados por los informes contradictorios relacionados con la dimisión de su cargo del presidente constitucionalmente elegido. Esas preocupaciones fueron aumentadas por afirmaciones públicas hechas por el presidente Aristide de que no había dimitido voluntariamente. Los jefes de gobierno llamaron a una investigación bajo los auspicios de Naciones Unidas para aclarar las circunstancias que llevaron a su renuncia a la presidencia.

Cuando CARICOM aceptó la admisión de Haití como miembro de la Comunidad, se basó en su determinación de terminar con años de aislamiento y llevar a Haití a la familia del Caribe a la que pertenece por su geografía, historia y ascendencia común. Los jefes de gobierno reiteraron su compromiso con el pueblo de Haití y su intención de continuar constructivamente empeñados en los esfuerzos por crear las condiciones consideradas necesarias para su seguridad, bienestar y progreso a largo plazo.

Ese compromiso fue recientemente demostrado en la iniciativa que la Comunidad Caribeña lanzó en enero de este año, con apoyo internacional, para ayudar a resolver el prolongado impasse que ha polarizado al país.

A este respecto, subrayaron que la Comunidad continuará apoyando el desarrollo político, económico y social de su estado miembro. En consecuencia, los jefes de gobierno dieron mandato al Secretario General de CARICOM para que establezca un equipo operativo para coordinar la ayuda de CARICOM a Haití en las áreas en las que puede hacerlo. Ajustándose a la Resolución de la ONU 1529, los jefes de gobierno, acordaron participar en la subsiguiente fuerza de estabilización de la ONU, en esfuerzos por suministrar ayuda humanitaria, la reconstrucción de la economía y de la sociedad civil, y la reconstitución de las estructuras, procesos e instituciones democráticas del país. En las circunstancias prevalecientes, los jefes de gobierno no prevén su participación en la Fuerza Multinacional Interina autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Los jefes de gobierno reiteraron la importancia de un retorno a la democracia constitucional y expresaron el deseo de ver una rápida restauración de la paz y la estabilidad en Haití y el pronto retorno a la democracia constitucional, trabajando con el pueblo de Haití en un esfuerzo sostenido para reconstruir las instituciones democráticas. Subrayaron que todo enfoque de un retorno de Haití a un estado de normalidad debe incluir un plan de desarrollo económico y social.

Igualmente saludaron el nombramiento de un Consejero Especial del Secretario General de Naciones Unidas y se comprometieron a trabajar estrechamente con él en estos esfuerzos. Subrayaron que la creación de las condiciones de estabilidad política, desarrollo económico y la reconstrucción institucional de Haití requeriría un compromiso a largo plazo de parte de la comunidad internacional, incluyendo a las instituciones financieras internacionales.

Los jefes de gobierno continúan preocupados por la situación de la seguridad en Haití. Afirmaron que el desarme de los grupos ilegalmente armados debe ser una prioridad urgente. Existen continuos informes de que la situación en Port-au-Prince es caótica y, a pesar de la presencia de fuerzas militares internacionales, no hay evidencia de respeto por la ley y el orden. Deploran la pérdida de vidas, la destrucción de propiedad privada, y los ataques políticamente motivados, incluyendo las amenazas contra miembros del gobierno. Por lo tanto llamaron a las fuerzas internacionales a que logren detener la ilegalidad y les recordaron que tienen la obligación de hacerlo.

Los máximos mandatarios deploraron que los actuales disturbios en Haití llevan a una salida de haitianos, una situación que hace presión sobre los recursos de los estados vecinos.

Asimismo, acordaron que observarán el desarrollo de la situación política a fin de determinar toda acción ulterior en función de los intereses del pueblo haitiano.