Andrés Cabanas
Rebelión

No son las maras las que desafían el gobierno de Berger, como equivocada o interesadamente anunciaron hace algunas semanas medios de prensa. Tampoco es la delincuencia común, a pesar de su potencial desestabilizador y su contribución a la inacabable espiral de la violencia.

Por el contrario, uno de los mayores desafíos para Berger y su gobierno lo constituye la huida del único acusado por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, el excoronel Juan Valencia Osorio. La huida constituye un pulso violento (y desigual) entre por un lado el poder y la sociedad civil y, por otro, el poder militar, el aún vigente estado contrainsurgente y la también vigente Doctrina de la Seguridad Nacional.

Sorprende entonces la escasa atención dedicada por los medios de comunicación y el propio gobierno a este tema: es demasiado obvio, demasiado grave lo sucedido en términos de predominio del poder militar sobre el poder civil.

Crónica de una huida anunciada

Valencia Osorio había sido condenado en julio de 2002 a 30 años de prisión por su autoría intelectual en el asesinato de Myrna Mack. Tras una revisión de la sentencia por parte de la Sala Cuarta de Apelaciones, que absolvió a Valencia y confirmó la libertad de los otros dos sindicados, Godoy Gaitán y Oliva Carrera, el lunes 19 de enero de 2004 la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la pena de 30 años y emitió orden de captura en contra de Valencia.

Inmediatamente después de la resolución de la Corte Suprema la hermana de la asesinada, Hellen Mack, advirtió de la posibilidad de la fuga de Valencia Osorio. Según Hellen, la huída sería inevitable si las instituciones encargadas no tomaban las medidas necesarias. Como una maldición anunciada la huida se produjo o se evidenció el jueves 22 de enero: una patrulla policial se encontraba estacionada en las afueras del domicilio de Valencia, en una colonia militar exclusiva de la capital, cuando un grupo de militares encañonó, amenazó, retuvo e inmovilizó durante aproximadamente 30 minutos a los policías. Según analistas, el Coronel aprovechó el incidente para escapar escondido entre los militares.

La responsabilidad estatal

Después de la fuga, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala, MINUGUA, externó su preocupación por la "negligencia e ineficacia" de las "instituciones encargadas de la aplicación de la justicia", entre ellas Organismo Judicial, Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. No obstante, eludió mencionar las responsabilidades del Ejército en el encubrimiento y la fuga. Y las responsabilidades indirectas, por omisión, de las autoridades civiles y el presidente del Gobierno. Un mes después de la fuga, ni el Ministerio de Gobernación ni el Comisionado para la Seguridad, ex general Otto Pérez Molina, tienen respuestas a las interrogantes sobre el paradero del Coronel.

Cuarenta días es muy poco tiempo para resolver problemas, para acertar contundentemente o fracasar ruidosamente. Los cuarenta días que el gobierno de Oscar Berger y de la coalición Gran Alianza Nacional llevan trabajando están lejos del beneficio de la duda otorgado a los gobernantes durante los cien primeros días de su mandato. Sin embargo, cuarenta días pueden ser suficientes para apreciar la voluntad o capacidad política de actuar en casos simbólicos y paradigmáticos, reflejo de la correlación de fuerzas civiles-militares.

La huida de Valencia Osorio, y la trama de poderes ocultos que revela, produce un grave quebranto en el derecho a la justicia y evidencia el deterioro del sistema de justicia y la debilidad de la institucionalidad democrática y civil.

Por ello, el gobierno Berger se juega mucho en este envite. Se juega la posibilidad de demostrar, con una rápida recaptura de Valencia, el predominio de la democracia sobre la contrainsurgencia en la conducción del Estado. Se juega, en fin, la legitimación democrática del gobierno y el Estado guatemaltecos. Ni más ni menos.