Convergencia Campesina, Negra e Indígena

Los campesinos, indígenas y afrocolombianos denunciamos las graves amenazas que representan las políticas del actual gobierno de Alvaro Uribe Vélez, para el medio ambiente, la biodiversidad y el derecho colectivo que tenemos sobre ambos:

1- En primer lugar, el gobierno ha presentado un proyecto de reforma constitucional que elimina la acción de tutela para defender los derechos colectivos, ambientales, sociales, económicos y culturales. De ser aprobada, se volvería muy difícil impedir cualquier atropello contra el ambiente, la biodiversidad y las comunidades locales.

2- En el marco de la negociación de los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos se imponen paulatinamente los criterios de propiedad intelectual impuestos por las transnacionales que patentan la vida. Las políticas de propiedad intelectual de las transnacionales además de propiciar los monopolios y sus rentas, encarecen los insumos, los alimentos y los medicamentos y violan los derechos de propiedad colectiva de las naciones y las comunidades locales a la vez que privatizan el patrimonio de la humanidad, cual es la biodiversidad.

3- La introducción de las semillas transgénicas, con las que transnacionales como Monsanto y Syngenta aspiran a establecer el monopolio de los insumos, control la producción mundial de alimentos y eliminar la soberanía alimentaria de nuestros países, causa la eliminación de la diversidad de variedades locales tradicionales, que tienen un enorme potencial y garantizan nuestra autonomía productiva.

4- Las fumigaciones aéreas masivas de cultivos ilegales con el herbicida glifosato de Monsanto, ordenadas por los gobiernos de Estados Unidos, causan grave daño en las selvas del país, lesionan los ecosistemas, contaminan las aguas, afectan la piel de las personas y dañan cultivos de alimentos, y además lanzan a los campesinos pobres desplazados por las fumigaciones hacia el interior de la selva a abrir nuevos campos de cultivo. Esa sí como la extensión fumigada hasta ahora duplica la máxima extensión de cultivos ilegales que ha habido en el país y se fumiga ahora en los parques nacionales, sin que haya perspectiva de que estos cultivos se acaben, mientras el libre comercio y la concentración de propiedad de las mejores tierras no den otra opción a los campesinos.

5- El impulso de proyectos de monocultivo de plantaciones como palma africana o de especies de árboles maderables no nativos, con el fin de beneficiar a intereses de grandes propietarios de tierra o empresarios, que reciben subsidios y exenciones de impuestos que se les niegan a los campesinos y consiguen además financiación de entidades internacionales que no llegan para los planes de vida autónomos de campesinos, indígenas y afrocolombianos. Estos monocultivos de plantación afectan gravemente los suelos y los ecosistemas, no son sustentables ambiental ni social ni culturalmente y en cambio permiten a los empresarios disminuir los costos laborales y tributarios y enriquecerse a costa de la miseria comunitaria y ambiental.

6- La prioridad para los megaproyectos viales, hidroeléctricos, petroleros y mineros por sobre los derechos de las comunidades, las personas y el ambiente continúa y continuará destruyendo los ecosistemas y las comunidades. En Colombia esta política está estrechamente ligada con el desplazamiento masivo de la población rural: tres millones de desplazados por la violencia en los últimos 20 años, resultando que 5 mil grandes propietarios que tenían en 1984 el 32 por ciento de la tierra registrada en propiedad individual, tienen ahora más del 50 por ciento, en áreas estratégicas donde las tierras van a subir de precio.

7- La oposición a cualquier política de reforma agraria -mientras se trata de legalizar el despojo violento de tierra que han sufrido los campesinos en los últimos años, mediante un acuerdo entre el gobierno y los grupos paramilitares- continuará causando el éxodo de los campesinos, no solamente a las ciudades donde padecen el hambre y el desempleo, sino hacia las selvas y montañas que no deberían dedicarse a la agricultura, mientras los grandes latifundistas dueños de l as tierras de calidad agrícola, con vías y servicios, las desperdician, de manera que mientras continúa la colonización de las selvas y territorios indígenas, el latifundio tiene 4 millones 700 mil hectáreas "intensamente subutilizadas", según las clasifica un estudio oficial. El latifundio especulativo es una amenaza estructural para al biodiversidad y la destruye año por año.

Las organizaciones campesinas, indígenas y de las comunidades negras, tanto las que integramos nuestra Convergencia, como las demás, aprobamos el 7 y 8 de abril de 2003 el Mandato Agrario, que es un programa común alternativo a las políticas del gobierno, con propuestas para proteger efectivamente la biodiversidad, el ambiente, los derechos colectivos sobre ambos y para garantizar el derecho a la vida digna, la tierra, la territorialidad y la soberanía alimentaria. Por este programa luchamos y sufrimos la persecución del régimen, con masacres, asesinatos de dirigentes, detenciones masivas, torturas y desapariciones.

Estamos aquí para proclamar que en difíciles condiciones continuaremos esta lucha que es la misma de ustedes, por lo que a más de la mutua solidaridad proclamamos la unidad.
Convergencia Campesina, Negra e Indígena
Colombia