ELN

El gobierno justifica la lluvia de medidas represivas, la restricción de libertades y de derechos civiles, así como la militarización de la vida del país, en contra de la voluntad popular, como medidas para la defensa de las instituciones, la democracia y para proteger el Estado de Derecho.

Pero ¿de qué institucionalidad y Estado de Derecho habla, si este no existe o lo poco que resta de él está corrompido, encubre crímenes de la guerra sucia y protege privilegios incestuosos, desde el mismo Estado?

Aquello es lo que se dice y fundamenta, cuando en la realidad se está apuntalando un futuro más grave y desastroso para país.

Basta con mirar el caso de la Fiscalía General de la Nación, sin que sea el único. Establecida supuestamente como pilar del Estado de derecho y defensora de la justicia, resultó ser el monumento a la corrupción, la impunidad, los juicios perversos y la politiquería, como se refleja en la cadena de escándalos públicos, salidos a flote en los últimos meses.

Y no se podía esperar otra cosa, si recordamos sus primeros tiempos. Surge durante el gobierno de Cesar Gaviria, endosada al otrora cartel de Cali y a la banda de sicarios "los PEPES" (Perseguidos de Pablo Escobar), durante la guerra contra el narcotraficante Pablo Escobar. El Fiscal de ese entonces, Gustavo De Greiff, para mencionar un caso, estaba a sueldo de los hermanos Rodríguez Orejuela.

La Fiscalía no es que la hayan infiltrado, como vienen repitiendo, sino que nació así, de la mano del narcotráfico y del paramilitarismo.

Los PEPES, sobrevivientes del pacto gracias a los influyentes padrinos políticos y su inserción en la guerra contrainsurgente, quedaron fraudulentamente limpios de los horrorosos crímenes y delitos cometidos. Se convirtieron en jefes paramilitares, dueños de rutas, bandas y oficinas del narcotráfico abandonadas por Escobar y los Rodríguez, además de los hilos de la Fiscalía. Es el caso de los Castaño, Mancuso, Don Berna y otros integrantes de aquel sádico grupo.

Desde entonces la Fiscalía "paramilitarizada" quedó ciega, sorda y sin voluntad para investigar. Actualmente sigue así. Como muestra están los casos en Santa Marta, Barranquilla y Valledupar donde no hacen nada para judicializar los crímenes de las bandas de Hernán Giraldo y Jorge 40, dueños del poder regional en las barbas del comandante de la I División del Ejército y responsables del asesinato de más de dos mil pescadores y campesinos en los alrededores de La Ciénega Grande, otros miles incluidos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta y varios sindicalistas de Barranquilla y otras ciudades de la costa atlántica.

Lo mismo ocurre en Montería, Medellín, Cúcuta, Arauca y Barranca. La Fiscalía no investiga el despojo de la tierra, los miles y miles de crímenes y masacres ejecutadas por los mercenarios de los Castaños, Mancuso, Don Berna, Iván Duque y otros más. Igual ocurre en Cali, Buenaventura y Pasto.

Los escándalos de las Fiscalías regionales de Medellín, Cúcuta, Calí y en la propia cúpula de la Fiscalía, registrados profusamente en la prensa nacional en los últimos meses, no deja dudas del control que tienen los grupos paramilitares y el mundo del narcotráfico sobre esa institución.

El fiscal general, Luis Camilo Osorio, no es ajeno a la corruptela y politización de la Fiscalía, como se deduce de providencias presionadas, actos indecorosos y declaraciones comprometedoras a los medios.

Algunos de sus primeros actos burocráticos fueron acabar con la Unidad de Derechos Humanos y destituir los fiscales que adelantaban investigaciones serias sobre el paramilitarismo y militares comprometidos con éste, archivar las pruebas recogidas en la anterior administración sobre el narcoparamilitarismo y su entorno en Montería.

Pero fue más allá en su misión de protector de esta delincuencia. Liberó y exoneró de los delitos al narcoparamilitar Víctor Carranza, a los generales Miller y Rito Alejo del Río. Pidió en extradición de España al embajador Carlos Arturo Marulanda Ramírez, procesado por paramilitarismo y asesinato de campesinos en la hacienda Bella Cruz, para dejarlo libre y exonerarlo de los cargos, en los días siguientes.

La fiscalía pasa de largo sobre los crímenes y el negocio de la droga de los paramilitares. Cuando investiga algunos casos es bajo la presión social e internacional y desvía la investigación. Un caso, entre muchos, donde se evidencia esta postura, es el manejo de la investigación del crimen del humorista Jaime Garzón. La Fiscalía involucró y penalizó a dos personas ajenas a los hechos para proteger a Carlos Castaño, el autor del crimen, como acaba de comprobarlo el Juez que falló el caso.

Y si queda duda de los vínculos carnales del Fiscal con el paramilitarismo, basta con leer sus declaraciones a Lecturas Dominicales de EL TIEMPO, reprochando al juez Baltasar Garzón de España por abrir un proceso a Carlos Castaño y otros jefes paramilitares. Cuestionó esa decisión calificándola de "una afrenta a la soberanía nacional". A la vez que hace esta afirmación, gestiona la extradición de Simón Trinidad de las FARC, a los EEUU.

Pero donde se puede ver con más exactitud la dimensión de la ideologización y la politización de la Fiscalía, es en el manejo de los procesos que instruye y los fallos que emite contra líderes sociales, opositores políticos, sus familiares o simplemente residentes en las regiones con presencia guerrillera. Además de aberrantes, por lo injustos la mayoría de ellos, son ilegales y delictuosos.

Procesos montados en base a cargos inventados y soportados en pruebas falsas, aportadas por testigos falsos, comprados o intimidados, o pruebas arrancadas bajo tortura y demás artimañas, en muchos casos.

Son ilustrativos los enjuiciamientos perversos contra la directiva del Sindicato de TELECOM que, acusada de terrorista, permaneció casi un año en la cárcel durante el gobierno de Cesar Gaviria y el de los ocho (8) sindicalistas de la USO (Unión Sindical Obrera) que, acusados de tener relaciones con una organización insurgente, permanecieron cerca de dos años encarcelados. En uno y otro caso las pruebas fueron desvirtuadas y descalificadas en el fallo absolutorio del juzgado, lo cual le costó la vida al Doctor Eduardo Umaña Mendoza, el abogado defensor.

En la actualidad la fiscalía está de fiesta y de la mano con los militares, aplicando el fatídico Estatuto Antiterrorista, sin que haya entrado en vigencia, haciendo allanamientos arbitrarios, asaltando las oficinas de las ONGs de derechos humanos para robar los discos duros de las computadoras, interviniendo los teléfonos y haciendo detenciones masivas de civiles.

Durante el año 2003 fueron detenidas 4.846 personas acusadas de pertenecer a redes de las guerrillas, de este número 3.939 fueron calificadas como detenciones arbitrarias, 3.750 ya están en libertad. El 90% de las detenciones son arbitrarias según lo expuesto por el Defensor del Pueblo.

En cambio, el entorno de los paramilitares afines a la Fiscalía permanece blindado, recayendo el peso sobre un sector del cartel del Norte del Valle que cayó en desgracia y algunos capos pequeños, lo cual le sirve para mostrar "resultados" en la lucha contra el narcoparamilitarismo.

El mismo blindaje impide que se penalicen los crímenes contra los líderes sociales y sindicalistas asesinados sistemáticamente en la campaña dirigida a destruir el tejido social, eliminar las expresiones de organización y oposición política y social que puedan hacer estorbo a los planes del neoliberalismo. Tres mil ochocientos (3.800) asesinatos de sindicalistas, ocurridos en los últimos veinte años, están en la impunidad; de ellos noventa y dos acaecidos en el 2003 y veinticuatro en los primeros setenta y cinco días del 2004.

Pero la Fiscalía no los ve, ni oye el llanto de las familias y amigos, ni mucho menos tiene voluntad para investigar la alianza carnal del crimen.

Así las cosas, ¿qué Estado de Derecho y cuáles instituciones hay para defender? Y ¿en qué queda la Seguridad Democrática del señor Uribe?

Este Estado y sus instituciones corruptas no son las que pueden garantizar la tranquilidad, la paz, la seguridad y el futuro de los colombianos, por más que el autoritarismo y la militarización pretenda imponer su modelo. Las mayorías nacionales nos sentimos distantes y no representados en ese Estado que no tiene credibilidad ni legitimidad.

Esta realidad hace que nos reafirmemos más en nuestros ideales, que sintamos que sigue siendo válida y legítima la lucha por cambiar el Estado actual y construir un nuevo país, un nuevo orden social, con un Estado y unas instituciones democráticas, donde el pueblo como soberano que es, se trace su propio destino de bienestar material y espiritual.

Luchar contra este Estado para construir el nuevo Estado, es válido y justo. Y en ese propósito debemos sumar fuerzas los revolucionarios, demócratas, progresistas que soñamos y mantenemos la esperanza de una Colombia en paz, donde haya justicia e igualdad social. EL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA cree que un mundo mejor, es posible y lucha por él.