Por: Ernesto Carmona

Por segunda vez se aplazó este martes el juicio más significativo en 12 años de 'conflicto indígena', en que 18 imputados por 'asociación ilícita terrorista' enfrentan penas de 5 a 15 años de presidio.

La defensa recusó a la magistrada María Isabel Uribe por aceptar la participación de 44 'testigos sin rostro' -cuya identidad probablemente los abogados conozcan sólo cuando se presenten a declarar en la audiencia-, mientras los imputados, simultáneamente, renunciaban a la defensa, alegando que ya estaban condenados antes de comenzar formalmente el juicio oral.

El doble conflicto puso en jaque al tribunal. Técnicamente, 18 personas no pueden ser juzgadas sin que tengan defensa, aunque ésta la ejerzan abogados que también son funcionarios del Estado -adscritos a la Defensoría Pública-, por la imposibilidad de los mapuche de pagar abogados privados. Las audiencias fueron suspendidas por segunda vez en una semana, hasta que se resuelva el cuestionamiento de la 'Jueza de Garantía', denominación oficial del cargo en el nuevo ordenamiento de la Reforma Procesal Penal que debutó en el país aplicándose a los mapuche de La Araucanía.

Discriminación aberrante

El abogado Rodrigo Lillo Vera, de la Corporación NorAlinea, dijo que 'la actitud adoptada por los mapuches es totalmente comprensible, ya que desde su detención este grupo de imputados enfrenta una discriminatoria y agresiva política criminal del gobierno que ha vulnerado sus derechos humanos y las garantías de un debido proceso'.

Para el jurista y académico de Temuco, 'lo mas evidente es la aplicación de legislación antiterrorista que permite situaciones aberrantes como la inclusión de testigos secretos, hecho nuevamente aceptado por esta Jueza de Garantía'.

¿Quién es quien? en el juicio

Lo que el Estado Chile presume tener en el banquillo es a la dirección de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), acusada por una santa alianza del gobierno con la Forestal Mininco S.A. -propiedad del grupo Matte-, los más influyentes terratenientes de la zona -liderados por Juan Agustín Figueroa Yávar- y la Municipalidad de Temuco, encabezada por su alcalde demócrata cristiano René Zaffirio Espinoza. El grupo Matte posee 500 mil hectáreas en La Araucanía, pero Anacleto Angelini lo triplica con un millón y medio.

El objetivo político del ministerio del Interior es la destrucción de la CAM, presentándola como si fuera el vértice del eje del mal, al estilo ETA o Al Qaera. El subsecretario -vice ministro- Guillermo Correa Sutil aplicó la Ley Antiterrorista N° 18.314, 'aprobada' por la dictadura militar en 1984, una 'legislación' que sólo puede invocar el gobierno.

La cópula entre la 'ley' de Pinochet y el nuevo Código de Procedimiento Penal engendró la figura 'organización ilícita terrorista', una novedad delictiva en el ordenamiento jurídico chileno, en sintonía con la legislación ideológica 'patriótica' establecida por George Bush después de la tragedia de las Torres 11/9.

Juzgan a los lonkos por tercera vez

El Ministerio Público se encargó de fabricar los cargos y las 'pruebas', recurriendo a la innovación de los 'testigos secretos' o 'testigos sin rostro', grabaciones de conversaciones telefónicas interceptadas mañosamente hasta a los abogados, abundantes recortes de diarios de derecha que hacen resonar sus propias acusaciones, un 'organigrama' diseñado por la inteligencia gubernamental en colaboración con periodistas de la Intendencia y del Diario El Austral -propiedad de El Mercurio- y otras 'piezas probatorias' descritas en más de 5.000 páginas.

La 'producción' de esta puesta en escena judicial estuvo bajo la dirección general de Smirna Vidal Morada, la Fiscal Regional, el máximo cargo del Ministerio Público en La Araucanía. Por la manipulación y naturaleza de las 'pruebas', el montaje evoca los grandes juicios europeos de la década del 30, de Stalin en Moscú y de Hitler en Berlín.

Una aberración adicional es que 'juzgarán' por tercera vez a los lonkos Pascual Pichún Collonao y Aniceto Norín Catrimán, encerrados desde enero -por 5 años- en la cárcel de Traiguén, merced a una condena obtenida por la influencia judicial de Figueroa Yávar, después de un primer juicio -posteriormente anulado- que los declaró inocentes.

Los acusados

Según el orden alfabético de sus apellidos, los 18 imputados son José Cariqueo Saravia, Mauricio Contreras Quezada, Bernardita Chacano Calfunao, Mireya Figueroa Araneda, Oscar Higueras Quezada, Jorge Avelino Huaiquín Antinao, José Huenchunao Mariñán, José Llanca Ailla, José Llanquileo Antileo, Héctor Lleitul Carillanca, José Ciriaco Millacheo Licán, Aniceto Norín Catrimán, Angélica Ñancupil Poblete, Pascual Pichún Collonao, Pascual Pichún Paillalao, Rafael Pichún Paillalao, Marcelo Quintrileo Contreras y Patricia Troncoso Robles. Los hermanos Pichún Paillalao son hijos del lonko Pichún Collonao.

La preparación del juicio oral le ha tomado más de un año de trabajo a los empleados públicos de la Fiscalía Una vez que arranque, no debería durar más que un par de meses. La defensa está a cargo de los defensores penales públicos Sandra Jelves, Myriam Reyes, Jaime López y Jaime Madariaga, quienes hacen honestamente lo que pueden, en la opinión de los allegados al juicio.

No hay políticas étnicas

La primera 'audiencia de preparación del juicio oral' debió comenzar la semana pasada, pero dos imputados no tenían defensa -Ñancupil y Norín-, simplemente porque el tribunal ignoró la renuncia del defensor privado Lillo Vera introducida el 12 de febrero. Lillo, académico de la Universidad Católica, también es el acusador del mayor de Carabineros Marcos Treuer, autor de la muerte del joven Alex Edmundo Lemún Saavedra, militante CAM de 17 años, en noviembre de 2002. Además, Lillo anima Nor Alinea, una corporación jurídica privada que defiende a los mapuche, y llevó el caso de los lonkos Pichún y Norín a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), invocando el Pacto de San José de Costa Rica.

'La Segunda Guerra de La Araucanía' en el terreno judicial es la única respuesta de los gobiernos de Eduardo Frei y de Ricardo Lagos a las demandas de tierras mapuche. Chile exhibe una gran diferencia con los países más civilizados que poseen políticas gubernamentales coherentes y reconocen los derechos indígenas consagrados por Naciones Unidas y, en particular, por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).


* Ernesto Carmona es periodista chileno.