Cuando se acaba febrero comienzan a acelerarse los pasos entre los involucrados en el tema de los derechos humanos, por una parte el Gobierno pretende aprobar sus proyectos antes del 11 de marzo, cuando cambiarían las testeras de las cámaras en el Parlamento, mientras por el otro, las agrupaciones de familiares y las organizaciones que luchan contra la impunidad preparan sus baterías para responder a la ofensiva del poder.
Antes de que el sillón presidencial del Senado pase de manos de Andrés Zaldivar a las del UDI Hernán Larraín, el próximo 11 de marzo, Ricardo Lagos pretende tener aprobados sus proyectos de derechos humanos. Mientras por un lado pretende reajustar las pensiones de los familiares, entregar una reparación "simbólica" a los presos políticos y entregar por única vez un monto a los hijos que no han sido beneficiados anteriormente por el Estado, por el otro pone centro en aumentar la impunidad de los criminales.
Los artículos más polémicos son el Número Tres, que recoge el concepto de la "inmunidad penal" mencionado por Lagos en el discurso del 12 de agosto del año pasado, asumiendo que no podrá ser usada en su contra cualquier declaración de "quien proporcione antecedentes que, en concepto del tribunal competente, sean fidedignos, efectivos y comprobables, acerca del destino o paradero de la o las víctimas o las circunstancias de su ejecución o desaparición, según sea el caso". Para acceder a este beneficio debe cumplir con algunas condiciones, como "que dichos antecedentes hayan sido entregados voluntariamente a los tribunales de justicia, dentro de los 180 días corridos contados desde la publicación de la ley", y que "quien los proporcione no tenga al 31 de julio de 2003, la calidad de inculpado, imputado, procesado, acusado o condenado", es decir, más del 80% de los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
El artículo Número Cuatro, por su parte, postula "la sustitución de una pena privativa de libertad por una pena restrictiva de igual duración de tiempo", lo que podría terminar en un castigo como relegación. También se habla de la rebaja de pena de presidio "en uno o dos grados" para quienes "se encuentren procesados en calidad de cómplices o encubridores en una causa criminal y entreguen antecedentes que cumplan con las exigencias señaladas anteriormente", todo esto "entregado voluntariamente al juez antes de que se cumplan 180 días corridos, contados desde la publicación de la ley, y antes que se dicte sentencia de término en el proceso en que el cómplice o encubridor respectivo esté procesado". La idea central de este artículo es legislar sobre una supuesta "obediencia debida" al estilo de la que ya probó su fracaso en Argentina.
Luego, en el artículo Número Cinco, se pretende conmutar la pena de presidio por una restrictiva de libertad (relegación) en los delitos menores en que hubiese estado involucrado quien "entregue al juez voluntariamente antecedentes de otros delitos en los que también tenga participación, y que apunten a la ubicación de cuerpos y datos de cómo ocurrió el delito". También reaparece la oferta de la Mesa de Diálogo, que en un anterior proyecto habló del "secreto profesional", esta vez introducido en el artículo Número Seis con la siguiente redacción: "el juez dejará constancia de ellas en un cuaderno separado y reservado, al que sólo tendrá acceso el juez competente y del que no se entregarán antecedentes ni aún en la etapa de plenario del proceso", que es la etapa pública. Estableciendo a la vez una serie de detalladas medidas que el juez debe adoptar "si la vida del beneficiario está en peligro".
En el artículo Número Ocho, el beneficio pretende liberar de la comisión de delitos de "falso testimonio, perjurio y obstrucción a la justicia" a todos los autores, cómplices o encubridores que, entregando el tipo de antecedentes antes mencionados y que cumplan los requisitos establecidos, "los hubieren negado antes al juez que los investiga". Si bien el proyecto de ley habla de "incentivos para la entrega de información en los delitos vinculados a Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos", deja muy en claro que el objetivo final es cambiar una parte de verdad por toda la justicia. Como si no les sirviera de ejemplo puntual lo que sucede con el caso Matute Johns, donde la familia al descubrir finalmente el paradero del cuerpo del joven asesinado insiste en tener toda la verdad y hacer justicia. Lo mismo quieren los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos y los miles de torturados.
El rol de Cheyre
Ya en enero del año pasado, Juan Emilio Cheyre comenzó a hablar del "horizonte judicial", refiriéndose a un punto en el tiempo en que deben terminarse los juicios en contra de uniformados. Está claro que a él no le interesa si en ese tiempo se hizo justicia o no, sino que se termine con el desfile de militares por los Tribunales de Justicia. Y eso nuevamente lo dejó en claro al inicio de este año.
Aprovechando una visita al Palacio de Tribunales, el Comandante en Jefe del Ejército señaló que estaba "desesperanzado de que una propuesta, surgida en agosto por parte del Ejecutivo, esté entrababa. Y pareciera que lo está porque hay sectores indiferentes, hasta grupos de presión. Eso lo encuentro tremendo". Agregó, intentando igualar a víctimas con criminales, que "habría sectores, que para las víctimas no les están dando respuestas a sus legítimas aspiraciones y los mantiene en un duelo permanente. Y para los procesados, muchos de los cuales, puede ser incluso no culpables, se les aplica -al no poder avanzar los procesos- ya una situación casi de venganza". Todo ello con el afán de "agilizar" la aprobación de la Propuesta Lagos, que parece dejarlo muy conforme.
Para continuar con su estrategia de "acercamiento a la civilidad", el último acto montado -hasta hoy-, es la inauguración del Parque Ecológico de Bucalemu, donde se vio risueña a la esposa del dictador, Lucía Hiriart, y se entregó un saludo de Pinochet excusándose por la ausencia debido a impedimentos físicos. Nada se recordó de su supuesta locura. En el evento se entregó una parte del terreno que ocupa el mismo dictador para refugiarse en estos días, y que perteneciendo al Estado aparece "donado" para fines benéficos y hasta ecológicos, por "obra y gracia" del ex senador vitalicio.
En la misma ocasión, Juan Emilio Cheyre aprovechó de asegurar que "el Ejército está en una etapa de integración, cooperación y de promoción de la paz, en el marco internacional", descartando una carrera armamentista por parte de las Fuerzas Armadas chilenas y recordando que han trabajado junto con las Fuerzas Armadas argentinas "con el objetivo de materializar un plan de apoyo mutuo entre ambos países". Con Perú en cambio, "se trabaja la idea de concretar la homologación de gastos militares". Nada explicó sobre el aumento de los gastos militares, el uso de uno de los mayores presupuestos en Latinoamérica y las compras de nuevos armamentos por parte de las ramas uniformadas nacionales, reafirmando así que su táctica es decir una cosa y hacer otra. Táctica compartida con el gobierno y la gran mayoría de los actuales los parlamentarios.
Uno de los casos en que se nota su doble discurso es en el del químico Eugenio Berríos, asesinado por miembros de la Dirección de Inteligencia del Ejército bastante después de finalizada la dictadura. En este caso, Cheyre ha dilatado toda respuesta y ayuda al ministro en visita Alejandro Madrid, quien investiga el secuestro y la muerte de este ex agente, quien apareció enterrado en una playa de Uruguay.
Incluso existió un reclamo oficial por parte de la senadora Carmen Frei, pues es muy probable que Berríos participara en la muerte de su padre, el ex presidente Eduardo Frei Montalvo, cuando formaba parte de la DINA. Datos sobre este suceso ya se le habían solicitado al antecesor de Cheyre, Ricardo Izurieta, sin resultado alguno.
Con el peso específico de los uniformados activos y en retiro, la presión de la UDI en el Caso Spiniak, la legislación que pretende instalar el gobierno y la nueva composición de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago (ver recuadro), la Justicia parece tener un poca oportunidad en los tribunales. Nuevamente la palabra queda en manos de los que combaten la impunidad.
El acomodo de la Corte de Apelaciones
Antes de reanudar el año judicial se realizó el sorteo para constituir las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, evento que más bien parece una designación a dedo, a gusto de militares y gobierno para avalar la impunidad reinante.
Mientras tres ministros destacados en la investigación de casos de violaciones a los derechos humanos, como Carlos Cerda, Haroldo Brito y Alejandro Solís, quedaron extrañamente juntos en la Décima Sala que sólo ve causas laborales, el resto fue distribuido de tal manera que en las salas de mayor concentración de casos de DD.HH. las votaciones den casi un seguro dos a uno a favor de los criminales.
Así, la Primera Sala estará conformado por los ministros titulares Rubén Ballesteros, como presidente, Alfredo Pfeiffer y Juan Araya, quedando este último solamente como posible voto en contra de los procesados, pues Ballesteros y Pfeiffer son conocidos por sus fallos a favor de aquellos, instaurando la tesis de "la ficción de los desaparecidos". Esta sala tiene radicadas varias causas del Comando Conjunto, entre ellas, la de Ricardo Weibel Navarrete, Juan René Orellana Catalán y Carlos Humberto Contreras Maluje, todos secuestrados en 1976. También debe ver las apelaciones de algunas causas de la DINA, como la Miguel Ángel Acuña, militante del MIR desaparecido desde el 8 de julio de 1974, y la investigación por obstrucción a la justicia que se lleva contra el general de la Fuerza Aérea Patricio Campos, quien ocultó antecedentes recopilados en el marco de la Mesa de Diálogo en los que se encontraba involucrada su esposa, conocida con el alias de "la Pochi".
En la Tercera Sala, que ve el Caso Prats, estarán Lamberto Cisternas y Víctor Montiglio que han votado a favor de los agentes de la DINA, mientras que Juan Muñoz Pardo aparece más cercano a las tesis de los querellantes.
La Séptima Sala, en tanto, quedó integrada por Sergio Valenzuela Patiño como presidente y Cornelio Villarroel, ambos "votos duros" del militarismo, quedando en minoría Juan Fuentes Belmar. Aquí se ven, entre otros casos, los de Víctor Humberto Vega Riquelme y Luis Omar Mahuida Esquivel que acumulan la mayor cantidad de procesados del Comando Conjunto.
En la Octava, que tiene el Caso Berrios que sin ser directamente de DD.HH. involucra al Ejército y sus operaciones de encubrimiento, fallarán Raimundo Díaz, que formó parte del fallo de la "ficción jurídica", Raúl Rocha, que como fiscal informó favorablemente al sobreseimiento de Pinochet, y Patricio Villarroel cuyo criterio en estas materias no está aun claro.
Impredecible podría ser la Sexta Sala, pues solamente Sonia Araneda ha otorgado votos favorables a las causas de DD.HH., mientras que Alejandro Madrid y Rosa Maggi no han tenido ocasión de entregar su punto de vista. Estos ministros deberán ver las apelaciones de casos vinculados a la Academia de Guerra Aérea, donde uno de los testigos es el Secretario General del Partido Comunista, Guillermo Teillier.
La única que aparece como favorable es la Quinta, integrada por Gloria Ana Chevesich, Sergio Muñoz y Jorge Zepeda, donde al menos estos dos últimos tienen un claro compromiso con los procesamientos.
En tanto, en la Novena, que casi no ve casos de este tipo, quedaron otros tres ministros que han entregado relativamente buenas señales para la justicia: Hugo Dolmestch, Dobra Lusic y Amanda Valdovinos.
La respuesta de las organizaciones
Desde las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos comienza a surgir una respuesta que, más allá de enfrentarse a cada aspecto de la impunidad por separado, busca formas de romper con la lógica institucional y sobrepasar los acuerdos adoptados por las cúpulas en el poder.
Este verano, incluso de manera extraña si se quiere, la asamblea semanal de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos ha visto incrementada la participación de sus asociados, y también se ha expresado un mayor nivel de entendimiento del proceso que pretende imponerse. Es así como se han adoptado resoluciones de comenzar a movilizarse desde los primeros días de marzo, fortalecer la unidad de la Asamblea Nacional por los DD.HH. y apoyar sus convocatorias, y hacerse oír también a nivel internacional.
Para Patricia Silva, presidenta de la AFEP, es "muy importante entender que ya está agotada la fórmula del diálogo con los parlamentarios o el gobierno, pues siempre hacen como que escuchan y finalmente terminan legislando a favor de los criminales. Nuestra organización ha determinado manifestarse de todas las formas que nos sean posibles para que en Chile, y especialmente en el exterior, se sepa que el Estado, con todos sus poderes, se apresta a iniciar una ofensiva que termine por imponer la impunidad. Estamos siendo testigos de una operación que deja en evidencia al gobierno en su interés por rebajar penas, dar inmunidad y ofrecer 'secreto profesional' a los criminales, y de todo un Estado que deniega la Justicia. Eso es lo que debemos enfrentar y para eso estamos juntando fuerzas en estos días".
Para el presidente de la Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos, Jorge Sáez, "la respuesta de hoy debe ser fortalecer el movimiento de Derechos Humanos, reafirmar su unidad y su actuar conjunto, porque cada uno por su lado jamás va a poder dar la pelea que se hace necesaria. Nosotros estamos en el proceso de inscribirnos en la comisión creada por el gobierno, a pesar de muchas objeciones que tenemos, pero igual es la primera vez que el Estado chileno reconoce la prisión política y la tortura como parte de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura. Queremos dejar esa constancia, exigir el derecho a reparación, pero centrar nuestra lucha en la demanda política, en el procesamiento de los torturadores y el fin de la impunidad en Chile. Con esa línea estamos por aunar esfuerzos con todos, incluidos otros olvidados como los exonerados y los retornados, y realizar todas las acciones que nos sirvan para cumplir nuestros objetivos".
Consultado un integrante de la Comisión Funa nos señaló que "nosotros hemos evaluado el año pasado como el de retomar fuerzas, de dar continuidad nuevamente a las acciones de denuncia, para pasar ahora a una fuerte ofensiva de funas. En realidad pensamos que la justicia incluso puede avanzar en algunos casos, pero lo nuestro va por otro carril, va por la necesidad de la sociedad de hacer "su justicia", su propia reivindicación de los luchadores que cayeron con sus sueños y esperanzas intactos, su manera de despreciar a los criminales y hacer de cada calle, de cada espacio de trabajo una cárcel para aquellos que no son condenados, que son la mayoría. Nosotros seguiremos denunciándolos, sin importar si Lagos y el Parlamento les otorgan inmunidad, les rebajan las penas, los dejan libres y en el anonimato, nuestra tarea es continuar la lucha contra la impunidad, sobrepasando sus reglas, sus instituciones, sus acuerdos entre cuatro paredes. Para eso esperamos contribuir a una mayor unidad en el movimiento de derechos humanos, potenciarnos todos en cada actividad, pues si crece el movimiento también crece cada organización, y eso es bueno para todos.
También creo, y esto ya es una opinión más personal, que debemos sumarnos a otras fuerzas, a otros movimientos y sectores que combaten el modelo neoliberal en su conjunto. En definitiva la impunidad ha servido como base para instaurar el modelo y sigue sirviendo a los defensores de él, de la derecha y la concertación, como podemos verlo en el Caso Spiniak, en los asesinatos de Alex Lemún y Daniel Menko, en el robo de tierras mapuches y en la venta del país a través del TLC. Por eso nosotros pensamos que la respuesta debe ser más global y, a la vez, más rupturista".
