Bolivia – Adital*

Varios conflictos sociales comenzaron a cercar al gobierno de Carlos Mesa quien, en las próximas semanas, debe encarar pedidos que van desde el cierre del Parlamento, la derogación de leyes y decretos supremos, la reincorporación de despedidos a sus fuentes de trabajo, hasta la construcción de infraestructura social. Existen al menos nueve conflictos a escala nacional que esperan respuestas positivas a sus pliegos petitorios, de lo contrario podrían darse nuevas medidas de presión.

En el ámbito nacional tres conflictos demandan atención inmediata por parte del gobierno. El primero es de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, entidad que junto a la Central Obrera Boliviana (COB) y otros gremios del sector, rechazan los nuevos precios de los carburantes. A su vez la COB determinó apoyar el paro de transportes y convocó a las juntas vecinales de La Paz a realizar bloqueos, además de programar marchas.

El segundo conflicto es la masiva huelga de hambre de los reclusos del sistema penitenciario del país, que demandan la modificación de la Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, así como la derogación de dos artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana.

El tercer problema está originado por los miembros de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), que reclaman la falta de atención al sector y piden la derogación del Decreto Supremo 27334 (que privatizó el sector y programó demisiones masivas de mineros). También piden la reactivación de la minería cooperativista. De no obtener respuestas positivas, los mineros tomarán almacenes de Comibol y centros mineros privados.

Las demás manifestaciones se concentran en las siguientes exigencias: realización inmediata de la Asamblea Constituyente, la modificación a la Ley de Hidrocarburos y el plan económico del gobierno y la continuidad de la ofensiva marítima boliviana.

Bolivia gobernada por indígenas

La alternativa ya planteada por bolivianos es de que la nación debe ser gobernada por personas de origen indígena, que representan la mayoría de la población (80% de los 9 millones de bolivianos). De acuerdo con el presidente del partido boliviano Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, el nuevo presidente "no está al servicio de los movimientos sociales" y "tampoco se anima a cambiar el modelo económico", por lo que "la única salida es adelantar las elecciones", que están marcadas para 2007.

Morales está en Europa juntamente con el diputado del MAS Jorge Alvarado, en el intuito de "denunciar las presiones que reciben por parte de Estados Unidos (en relación al exterminio de las cocales) y decir en voz alta que los indígenas pueden ser Gobierno".
Para completar el clima de tensión social en Bolivia, mañana se cumple un año del asesinato de 33 personas, además de 100 heridos durante protestas contra el entonces presidente Sánchez Lozada, actualmente exiliado en Estados Unidos.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) presentará un amparo constitucional ante la Corte Superior del Distrito de La Paz para que el proceso contra los militares por la masacre de 12 y 13 de febrero retorne a la justicia ordinaria, visto que los responsables todavía están impunes. "Queremos denunciar la negligencia del Ministerio Público que mantiene un silencio cómplice, y este caso con la justicia militar no se puede tener garantías", dijo Sacha Llorenty, presidente de la institución.

* Con informaciones de Bolpress y "Los Verdes de Andalucía".