El sociólogo Gustavo Leal, coordinador de la ONG El Abrojo y del Observatorio Montevideo, así como Víctor Giorgi, decano de la Facultad de Psicología, evaluaron los trágicos acontecimientos ocurridos en el Complejo Euskal Erría y sus derivaciones vinculándolos a los procesos de exclusión y a situaciones de violencia contenida en la estructura social.

Datos del Observatorio Montevideo indican que Malvín Norte es una zona de la capital donde se registra un nivel de pobreza del 34%, lo que significa que no presenta situaciones extremas, ya que el promedio de los 48 barrios de la capital es del 32%, pero además hay barrios que llegan a registrar niveles superiores al 60%. Otro dato importante es que cada 100 niños de esta área montevideana el 25% repite primer año de escuela, y que un 11% del total de sus habitantes tiene primaria incompleta.
Asimismo recordó que históricamente las cooperativas de vivienda o complejos habitacionales grandes han tenido dificultades de integración con otros contextos barriales debido a una ley del propio desarrollo urbano que establece que las grandes concentraciones de población generan determinadas identidades que a su vez son contrarias a otros grupos de referencia.
Además en Malvín norte se da un proceso --que también tiene lugar en otras áreas del departamento pero que aquí se da particularmente-- de fuerte fragmentación y polarización social. "Es un fenómeno más sensible en Euskal Erría 70 porque es un complejo habitacional muy grande donde, por espacios reducidos, circulan muchas personas diariamente. A ello se le debe sumar que los adolescentes se reúnen afuera porque los apartamentos son chiquitos.
Todo ello da lugar a un conflicto generacional que además se acentúa. Y en parte ello explica la contratación de servicio 222 para brindar una mayor seguridad entre los habitantes del complejo", explicó.
Pero también el complejo Euskal Erría, dijo Leal, hace relativamente poco tiempo que se conectó a la ciudad, ya que durante muchos años permaneció aislado del resto de la ciudad debido a las complicaciones de las vías de acceso al mismo. "Cuando uno hace ciudad este tipo de cosas hay que preverlas, porque desarrollar asentamientos humanos con esas características en determinados puntos de la ciudad es algo que de última está atentando contra la calidad de vida de todos, porque la gente que vive ahí no fue dotada de servicios a tiempo y demás, pero también contra la calidad de vida de la gente de la zona", afirmó.
El decano de la Facultad de Psicología de la Udelar, Víctor Giorgi, coincidió con Leal en esta apreciaciones aseverando además que en este tipo de asentamiento urbano existen dificultades de relacionamiento tanto en el interior como al exterior de los mismos. "No sólo por la cantidad de gente sino porque estas personas fueron trasplantadas de una zona a otra, lo que además genera temor hacia afuera por ser un contexto desconocido donde faltan servicios. Las internas tienen relación con temas generacionales, pero también con la estructura de los complejos que son pensados para determinada franja etaria y no tienen capacidad de adecuarse al crecimiento de sus habitantes", explicó.
En opinión de Giorgi, la contratación de servicios de seguridad en complejos habitacionales responde en parte al temor que se siente ante lo que sucede fuera de los muros del mismo como a un deseo de imponer cierto orden dentro del perímetro que abarcan.
Inoperancia policial En relación al hecho concreto que provocó la muerte de un adolescente y heridas a siete jóvenes más, el sociólogo puntualizó que es necesario "distinguir el accionar del policía y sus consecuencias de la pobreza, no se puede pensar a futuro que todo esto viene en una misma bolsa". No obstante remarcó que esta situación debe servir para "analizar la incapacidad de la Policía para hacer uso de la fuerza".
Indicando a su vez que existen incongruencias a nivel de la Policía en llamar a Malvín Norte "zona roja", porque los hurtos allí acontecidos sitúan al barrio en el lugar 33 del ranking montevideano. Respecto al accionar del policía Leal afirmó que "al adolescente lo mató alguien a quien todos los uruguayos le dimos la responsabilidad de protegernos, lo que en cierta forma explicita la inoperancia de la Policía, que desde el punto de vista cultural no entiende muchos fenómenos sociales". Y subrayó: "estoy convencido de que (los policías) tienen un profundo desprecio por muchos sectores de la sociedad, especialmente por los más pobres".
Desde el punto de vista psicológico, Giorgi remarcó que la reacción del policía debe tomarse como un hecho individual, enmarcado en una estructura donde el personal que la integra es formado en determinados criterios de trato con el público. "Existen serios problemas de formación que dificultan el manejo de determinadas situaciones normales. Y sobrecarga laboral de estas personas, pero también parece que hay deficiencias en los mecanismos de supervisión, porque según algunos testimonios este policía mataba perros a balazos", subrayó.
El relacionamiento entre los jóvenes y el servicio 222, según el decano, podría estar influenciado además por la necesidad de orden interno que sienten los habitantes de los complejos. "Eso incide en el posicionamiento del policía que ve a los jóvenes como una amenaza para la comunidad", afirmó. Y añadió que esta dificultad también ha quedado evidenciada en centros liceales y universitarios.
La solución a estos conflictos o la prevención de los mismos, de acuerdo con lo indicado por Giorgi, partirían de la reformulación de la formación del personal encargado de la seguridad de la comunidad y una mayor exigencia en la selección del personal, entre otras cosas. "La vigilancia perimetral es muy distinta a controlar que no roben un lugar porque implica intervenir en la vida cotidiana de un colectivo. Aquí es fundamental aprender a discriminar entre las situaciones normales que conlleva la convivencia y los hechos que no tendrían que suceder", puntualizó.
Disparos y después Tras la agresión al grupo de jóvenes tuvo lugar un período de tiempo en el que Euskal Erría permaneció sin personal de seguridad que contuviera la situación, ello posibilitó que algunas personas cometieran actos vandálicos no relacionados con los disparos efectuados por el policía.
Giorgi reflexionó acerca de la trascendencia que han tomado estos hechos pese a su distancia con el delito central. "Parece que el contexto delictivo relativizara la situación de los disparos, porque el vandalismo no tiene relación directa con el caso central que es la violencia de una persona que está al servicio de la seguridad. Esto podría describirse como una mezcla de oportunismo y de reacción a la actitud del policía, entre otros factores".
Los actos vandálicos ocurridos esa noche y la tensión creciente que se ha registrado desde entonces entre los habitantes del complejo y los de los asentamientos cercanos al mismo, son según el decano, "la punta del iceberg de violencia contenida a nivel de la estructura social". Este iceberg respondería no sólo a las situaciones socioeconómicas de los asentamientos o la pérdida de calidad de vida de los habitantes de los complejos sino también a la situación interna del personal policial tanto desde el punto de vista formativo como de condiciones laborales.
La contención o prevención de estos episodios implica una reducción de los riesgos, que Giorgi contextualizó en la necesidad de que sean pensadas como hechos que pueden ocurrir y no que se olviden dentro de unos meses por considerar que se volvió a la normalidad porque durante ese tiempo no volvieron a tener lugar.
Pero además remarcó que "la inclusión del 222 muchas veces una amenaza mucho mayor. No es el mejor sistema para manejar conflictos de convivencia, debe pensarse en otras alternativas. Existen otras formas de disuadir mediante la ayuda a la solución de los problemas y no de la represión.
Hay que recordar que los barrios más seguros son los que se autocontrolan a través de las mejoras en la convivencia".