Se parece a la Operación Cóndor, dicen en Argentina

Stella Calloni corresponsal
La Jornada

Domingo 28 de noviembre de 2004 Buenos Aires, 27 de noviembre. El acuerdo firmado en Brasilia por los ministros del Mercado Común del Sur (Mercosur) y los de Bolivia, Chile y Perú, donde se traza un programa regional de seguridad que prevé "el intercambio de experiencias para la construcción de inteligencia común y la realización de operaciones conjuntas" para combatir terrorismo y narcotráfico, alertó a los organismos humanitarios sobre lo que algunos califican como "institucionalización de la siniestra Operación Cóndor del pasado".
Entre los elementos del acuerdo también figura una política migratoria regional común que requieren registros de documentación a inmigrantes indocumentados para permitir mayor control.
Aunque funcionarios argentinos indicaron que están adelantados en cuanto a la documentación de más de un millón de inmigrantes indocumentados de los países vecinos que viven aquí, existen muchas prevenciones humanitarias.
Desde mediados de los años 90, cuando se conoció que los ministerios de Defensa de Argentina y Brasil negociaban acuerdos de seguridad similares, las denuncias lograron paralizar esos tratados sobre un tema especialmente sensible en una región donde miles de personas sufrieron cárcel, persecución, muerte y desaparición bajo la indebida e ilegal acusación de "terroristas".
Asimismo, auspiciados por Carlos Co-rach, ex ministro del Interior en el gobierno de Carlos Menem -considerado uno de los principales colaboradores de los planes antiterroristas de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense-, fueron establecidos acuerdos secretos sobre este polémico tema.
Corach impulsó varias de las principales reuniones de los organismos estadunidenses para alinear a la región con la política antiterrorista de Estados Unidos, que ya estaba avanzada antes de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en ese país.
Como antecedente, los organismos humanitarios citan la Operación Cóndor, pacto de las dictaduras del Cono Sur en los años 70, que intercambiaban datos de seguridad y control de personas y establecían seguimientos conjuntos y acciones punitivas contra di-sidentes, que incluían secuestros, intercambio de personas y asesinatos conjuntos.
Los actuales acuerdos y legislaciones podrían llevar a un nuevo conjunto de actividades violatorias de derechos humanos y garantías ciudadanas.
En tanto, en Argentina se recrudecen las denuncias y marchas contra el proyecto de "tolerancia cero" y "mano dura" que impulsa el empresario Juan Carlos Blumberg, con la asesoría del ultraderechista Manhattan Institute de Nueva York.
El pasado 25 de noviembre más de 2 mil personas, que representaban a unas 80 organizaciones humanitarias, gremiales, sociales y políticas, se manifestaron en Córdoba -capital de la provincia del mismo nombre- en repudio a la política de seguridad del gobernador peronista (justicialista) José Manuel de la Sota.
En especial, señalaban el acuerdo marco firmado por éste con el Manhattan Institute y la fundación que preside Blumberg, quien surgió a la vida pública cuando comenzó una campaña ante el secuestro y posterior asesinato de su hijo Axel.
Conocido como "señor Blumberg", el empresario reunió en principio, tras sus demandas, a diversos sectores que protestaban por la inseguridad, ligada en este país tanto a la herencia dictatorial como a la corrupción policial, la pobreza y las drogas.
Este esquema, como lo ha señalado La Jornada, está siendo impulsado por sectores ultraderechistas de Estados Unidos para lograr vender las nuevas armas represivas, fabricadas en ese país, y asesorar a las fuerzas policiales y de seguridad de América.
Pero ante el giro derechista en los plan-teos de Blumberg, la mayoría de sus seguidores se fue separando, ya que el objetivo inicial se había falseado y se exhibía rodeado de ultraderechistas locales y con figuras de la pasada dictadura militar.
En Córdoba, los organismos que llevaron adelante la protesta y que integraron una Mesa de Trabajo por los Derechos Hu-manos denunciaron que "la aplicación de las políticas de mano dura y tolerancia cero, como las que predican estos personeros del presidente George W. Bush, sólo dan por resultado el crecimiento de las poblaciones carcelarias, de la delincuencia policial y de la arbitrariedad del poder. Pero nunca fueron eficaces para resolver el problema de la inseguridad, la falta de trabajo, educación y salud, y mucho menos de la calidad de vida de los ciudadanos".
Asimismo denunciaron que Blumberg -que actúa como intermediario- intenta promover ante autoridades locales la compra de armas eléctricas y de represión policial, y presenta un catálogo de las mismas que son fabricadas en Estados Unidos y utilizadas por la policía en ese país.
Blumberg, quien se presentó como padre dolido en busca de justicia, terminó siendo uno de los hombres clave para los fabricantes de nuevas armas estadunidenses -cuyo uso fue denunciado recientemente por Am-nistía Internacional como violatorio de los derechos humanos- que se intentan vender ahora a países de América Latina.
El director del Manhattan Institute, Carlos Medina, concentró también el repudio de diversos sectores porque durante una reciente visita a Córdoba llamó "terroristas urbanos" a niños y jóvenes que limpian los vidrios de los automóviles y a las prostitutas. Esto le costó una denuncia por parte del Colegio de Abogados cordobés.
De su lado, agrupaciones humanitarias denunciaron que Blumberg y Medina visitan cuarteles de Córdoba y toman exámenes a policías, para preparar el entrenamiento de éstos en Estados Unidos. Además, denunciaron al gobierno cordobés por "comprar un arsenal de armas a Israel en lugar de invertir en trabajo, educación y salud".
También el titular de la Pastoral Social del arzobispado de la ciudad, Horacio Saravia, descalificó el pasado 18 de noviembre el asesoramiento del director ejecutivo del Manhattan Institute en seguridad.
El sacerdote opinó que "esta gente sólo trae soluciones que tienden a reforzar la estructura de la represión, y nosotros estamos en favor de un clima de seguridad, pero luchando contra la desocupación y favoreciendo la educación. La seguridad no se instala con la violencia, porque eso significa, más bien, una paz de cementerios".
Además, dijo que en la actual situación, "los chicos limpiavidrios y los pobres no son verdugos sino víctimas del sistema".