Hernando López
Voz

La extradición del guerrillero de las FARC-EP, Simón Trinidad, la cual es inminente a juicio de varios analistas políticos y de casi todos los medios de comunicación, sería un duro golpe al canje o acuerdo humanitario, opinaron familiares de las personas retenidas y activistas de esta noble causa.
El aval de la Corte Suprema de Justicia a la extradición de Trinidad, sin atender siquiera las pruebas solicitadas por sus apoderados, demuestra el afán del Gobierno Nacional por enviarlo a los Estados Unidos, con la idea de darle un mensaje de dureza al Secretariado de las FARC-EP. Es una intención equívoca, porque en situaciones difíciles que involucran a sus hombres, por muy dolorosas que sean, para el grupo insurgente priman sus principios colectivos y la naturaleza de sus objetivos revolucionarios.
El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia fue apresurado y sobre todo absurdo, porque lo hizo junto al de Salvatore Mancuso, jefe paramilitar de las "AUC" y reconocido narcotraficante, señalado de enviar varias toneladas de droga a territorio estadounidense. No sólo la guerrilla y los paramilitares son el agua y el aceite, sino que tienen origen, naturaleza y objetivos diferentes. No hay punto de comparación. Es un gran desenfoque de los magistrados, que no se sabe bien a que se debió: o a la presión del Gobierno Nacional o para satisfacer al gobierno de los Estados Unidos por la visita del presidente Bush a Cartagena. O tal vez a ambos. Inclusive, antes de que el pronunciamiento se le notificara a las partes y que el texto del mismo reposara en la Secretaría de la Corte, ya estaba en poder de los periodistas.
Opinan diplomáticos

Con todo, las cartas están echadas y como se aseguró en días pasados en este semanario, seguramente Simón Trinidad terminará en una cárcel de los Estados Unidos y Salvatore Mancuso en una curul del Senado de la República a la diestra del senador Germán Vargas Lleras.
Varios diplomáticos que colaboraron en el proceso de paz del Caguán y que conocieron a Trinidad como uno de los voceros de la guerrilla en la Mesa de Diálogo, no han ocultado la desazón con su eventual extradición. "Simón es lo que ellos llaman un cuadro político", "¿Cómo se puede considerar que este hombre sea un narcotraficante cuando siempre se le vio en la Mesa hablando de política y defendiendo sus convicciones comunistas?", "Simón es todo lo contrario de Castaño o de Mancuso, siempre habló de la vida y de la nueva Colombia", fueron los comentarios de algunos de ellos, sin que implique ningún grado de simpatía o respaldo a sus métodos y objetivos revolucionarios. Varios de ellos anunciaron que si es el caso irán a los Estados Unidos a dar testimonio a su favor.
Y es lo que está claro.

Trinidad dará la batalla en el juicio de los Estados Unidos. Como lo sugiere un pasado editorial de El Tiempo lo convertirá en un proceso político, como de hecho ya lo es. El delito es la rebelión. Se alzó en armas para cambiar un régimen a su modo de ver corrompido, violento y explotador. Eso es sencillamente lo que le quieren cobrar. Lo entienden tirios y troyanos. Creer que así van a doblegar a las FARC es una estupidez. Lo reconocen los diplomáticos que conocieron en el Caguán a sus voceros en la mesa y que conversaron con Manuel Marulanda y sus principales comandantes. Se equivoca el Departamento de Justicia si abriga la esperanza de que Simón Trinidad termine colaborando con sus fiscales para acusar al Secretariado de las FARC, como ya se lo plantearon en Cómbita a cambio de ofrecerle la libertad y hasta nueva identidad. Simón rechazó la infame oferta con toda dignidad.
Cargos infundados

Es lo ilegal de la solicitud de extradición y de la luz verde que recibe, porque tanto en el tratado de extradición como en el ordenamiento constitucional y penal se excluyen de ella a los delitos políticos. Con ese mismo argumento pueden extraditar el día de mañana a un sindicalista, a un dirigente de izquierda o a un luchador social.
Una simple lectura del indictment deja la sensación de que los cargos son infundados y fabricados a la carrera. Fueron hechos después de la captura de Simón Trinidad en Quito. En las primeras declaraciones el locuaz Embajador yanqui en Colombia dijo que no había cargos de su país contra él. Las acusaciones se reducen a que un agente de la DEA asegura que Simón Trinidad se reu-nía con el "negro" Acacio en asuntos de droga en Barranco Minas (Guanía), cuando aquel se encontraba sentado en la Mesa de Diálogos de Los Pozos. Como si tuviera el don de la ubicuidad. Y las otras dos acusaciones de toma de rehenes y actividades de terrorismo, se las atribuyen por ser integrante del Estado Mayor Central de las FARC, lo cual no está comprobado y en tal caso quien tendría que acreditarlo sería el comandante en Jefe de las FARC-EP, Manuel Marulanda. "Es paradójico pero así es", se lo dijeron a VOZ algunos juristas consultados. Ni el gobierno colombiano, ni el de Estado Unidos le reconocen el status de beligerancia a las FARC, pero en este caso de hecho se lo otorgan, al decir que Simón Trinidad como miembro del Estado Mayor (aunque no está probado) es responsable de los actos dee la guerrilla en cualquier lugar del país. Una de las características de la beligerancia es que el grupo armado guerrillero tenga unidad de mando y que así se lo reconozca la contraparte.
Así que en este caso el país asiste a un despropósito y a una venganza de Uribe Vélez contra las FARC. Los prisioneros de guerra en las cárceles del régimen se han convertido en rehenes del Establecimiento.
Es la única realidad. VOZ

Ramiro Orjuela es uno de los abogados de Simón Trinidad.

Siguió paso a paso el concepto de la Corte Suprema de Justicia ya conocido, aunque el guerrillero no ha sido notificado. Primero lo conocieron los medios de comunicación antes de que el concepto "bajara" a la Secretaría de la Corte para la notificación de las partes. Al parecer, querían satisfacer pronto a los Estados Unidos, con ocasión de la veloz visita del presidente Bush a Cartagena. Serviles hay en todos lados en este país.
VOZ habló con el abogado Orjuela para conocer su opinión sobre este fallo.
¿Cómo evalúa la decisión de la Corte Suprema de Justicia? -La figura nefasta de la extradición en sí misma es una aberración jurídica, porque no sólo entrega compatriotas a la justicia extranjera, sino que también entregan la dignidad y la soberanía del país.
¿Pero qué opina del concepto de la Corte?

-El concepto viola la Constitución Política. El mismo Tratado de Extradición y la Carta prohíben la extradición por delitos políticos. En este caso, con la trampa, el fraude de que a Simón lo extraditan por delitos comunes le tuercen el espinazo al ordenamiento constitucional y le hacen gambeta para justificarla. La Corte Suprema de Justicia no tuvo en cuenta su carácter de rebelde, de alzado en armas contra la ignominia y la injusticia de este sistema.
¿Qué aceptación tuvieron las pruebas que usted solicitó?

-Es que ni siquiera ordenaron el trámite de las pruebas.
El Tratado de Extradición como fue impuesto no le deja ninguna opción de discusión a la Corte respecto a las pruebas y de la controversia jurídica.
La función de la Corte es simplemente notarial, se limita a identificar a la persona requerida y a que los delitos que se le imputan sean extraditables y no más. Así lo reconoció el mismo Presidente de la Corte Suprema de Justicia en reciente entrevista a la revista Semana.
¿Pero hubo irregularidades?

-Sí, porque deja dudas que el equivalente en los Estados Unidos a la Resolución de Acusación o sentencia sea el mismo al de Colombia.
Es una providencia distinta y por la profundidad que tiene no es equivalente. En el fondo es la sumisión de la justicia colombiana a la justicia norteamericana. Y como ya lo dije, lo más grave es que no tiene en cuenta que los delitos políticos no son extraditables. Y este es el caso de Simón Trinidad, está incurso en delitos políticos, lo demás son agregados para justificar la extradición que es un atropello a sus derechos fundamentales.