Con 14 años de atraso, Chile ha mostrado uno de los lados más oscuros de su historia y ha roto un silencio de 31 años que dará paso a la rehabilitación moral de cerca de 30 mil víctimas de prisión política y torturas durante el régimen militar de Augusto Pinochet. El propio presidente Ricardo Lagos lo reconoció el pasado 28 de noviembre, a través de un mensaje transmitido al país por radio y televisión. "El informe nos hace mirar de frente una realidad insoslayable. La prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional de Estado que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile", señaló. Se trató de un paso histórico hacia mayores grados de justicia, que duda cabe. Pero aun así, es un paso que debiera llamarnos a la reflexión.
Si bien el informe, denominado "Para nunca más vivirlo, para nunca más negarlo", encendió una luz de respeto histórico sobre las víctimas supervivientes de los atropellos de la dictadura, miles de ellos ciudadanos mapuche, lo cierto es que a más de una década del "retorno" de democracia en Chile, prácticas de torturas como las denunciadas en el documento de la Comisión Valech, siguen siendo utilizadas por los efectivos policiales contra distintos sectores sociales e individuos, si bien ya no como una política "institucional", si lo como una práctica de amedrentamiento arraigada en las conductas de oficiales y funcionarios amparados por una legislación permisiva y por aquel manto de impunidad que hoy, con la publicación de este informe, debiera comenzar definitivamente a caer. Sendos Informes de organismos de derechos humanos han denunciado, desde el año 1990 a la fecha, casos de torturas contra ciudadanos por parte de Carabineros y efectivos de la Policía de Investigaciones de Chile, ya sea en los interrogatorios al interior de sus cuarteles, durante los procedimientos de detención o en momentos en que son trasladados a recintos carcelarios. Un reciente informe de Amnistía Internacional es tajante al respecto. "La tortura y los malos tratos no son sólo una cuestión del pasado: todavía constituyen una práctica generalizada en todo el país. Las medidas adoptadas por el gobierno chileno, como la reforma de los procedimientos penales iniciada en diciembre del 2000 y la tipificación de la tortura como delito en el derecho interno en 1998, deben ahora reforzarse con pasos concretos para que Chile pueda erradicar la tortura de una vez por todas", señala el organismo internacional.
Otros informes elaborados por organismos independientes, como Human Rights Watch y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, han alertado además sobre las crecientes violaciones a los derechos humanos que afectan a ciudadanos mapuche, refiriéndose de manera explícita a los actos de "tortura" que afectan a los miembros de comunidades movilizadas por sus derechos territoriales. El Informe "Indebido Proceso: Los Juicios Antiterroristas, los Tribunales Militares y los Mapuche en el sur de Chile", y del cual publicamos un extracto en la presente edición de Azkintuwe, lo señala claramente. "Testimonios de testigos oculares indican que cuando numerosos efectivos de Carabineros allanan las comunidades mapuche para realizar detenciones, continúan maltratando físicamente e insultando a los residentes, incluyendo a mujeres, niños y ancianos", consigna el documento que impacta por sus testimonios. Organismos del propio Estado, como el Ministerio de Salud, han dado cuenta en el último tiempo de los graves daños psicológicos que sufren los niños mapuche tras ser víctimas o presenciar torturas y apremios en contra de sus familiares por parte de Carabineros y la policía civil chilena. La propia jefatura de Carabineros en la zona sur ha dado cuenta de esta realidad en informes confidenciales enviados a sus efectivos. "Se puede apreciar con absoluta claridad que el personal de Carabineros llega al lugar de los hechos con un ánimo confrontacional predispuesto e incluso, en más de algún procedimiento, ha sido la actuación policial desmedida y prepotente la que ha provocado la reacción de los comuneros mapuche", señaló el 12 de junio de 1999 el Jefe de la Novena Zona de Carabineros, General Mauricio Catalán, a sus subalternos de la Prefectura de Cautín, al parecer, sin resultado positivo alguno.
La persistencia en el tiempo de este tipo de actuaciones al interior de instituciones llamadas a proteger los derechos de los ciudadanos y salvaguardar el cumplimiento del "estado de derecho", tiende un manto de duda sobre los reales efectos que tendrá a futuro el Informe de la Comisión Valech en la zona sur del país. En este punto debemos ser claros. Mientras los mapuche como Pueblo y otros sectores de la sociedad chilena continúen siendo, cotidianamente, víctimas de este tipo de graves atropellos, los esfuerzos de la Comisión habrán resultado simplemente en vano. Y eso es un atentado no solo contra los derechos humanos. También lo es contra la memoria y las esperanzas de aquellos miles de ciudadanos que, ante las palabras del presidente Lagos, vislumbraron por fin el avance hacia una sociedad más justa y democrática para todos.
