Eduardo Contreras
El Siglo

La intervención del Presidente Lagos del domingo 28, sus declaraciones posteriores y las de otros próceres retratan de cuerpo entero al gobierno de la Concertación. Muestran su falta de coraje, de humanismo, para enfrentar de veras los problemas de crímenes contra la humanidad perpetrados durante la dictadura, así como su amarre con el modelo reaccionario y su dependencia de los poderes fácticos. La propuesta oficial es francamente indecente.
Ni una palabra de condena a los causantes del horror desatado a partir del golpe del 73, es decir al gobierno norteamericano, las transnacionales, la derecha chilena, al sector más conservador de la DC, los grandes empresarios, los medios de la cadena de El Mercurio y las Fuerzas Armadas que se pusieron a las órdenes de los anteriores para derribar al gobierno constitucional e imponer el terrorismo de Estado.
El proyecto de "reparación económica" es una vergüenza. Desde luego, transgrede las normas establecidas en instrumentos internacionales sobre reparación a las víctimas, tales como los propios Convenios de Ginebra, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de Naciones Unidas 40/34 de 29 de noviembre de 1985 sobre las víctimas del abuso de poder, el Informe del relator especial de la ONU sobre restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en virtud de la resolución 33 de 1999 de la Asamblea General, dictámenes del Alto Comisionado para Derechos Humanos, etc. La propuesta Lagos constituye la compensación más baja de todos los países que sufrieron dictaduras militares. Peor todavía, establece la incompatibilidad con otras pensiones. Por ejemplo, si el ex prisionero o prisionera torturados fue además exonerado y recibe una pensión, debe optar entre una u otra. Es decir, no recibirá la que ha sido propuesta. Como éste es el caso de decenas de miles, serán decenas de miles los que no recibirán nada. Y tengamos en cuenta que los 35 mil casos del Informe representan menos de un quinto del total de torturados. Miles no declararon porque no confían en este gobierno, miles por temor a que sus torturadores se vengaran, miles por miedo a volver a relatar y a vivir su inmenso dolor.
Lagos comparó el costo del proyecto con el de una carretera de Santiago a Puerto Montt, cuando sabe que en verdad lo que al final se pagará no alcanza ni para una carretera de Santiago al paradero 2 de la Gran Avenida. Se ha hecho además alusiones a los subsidios de pobreza, como para enfrentar a pobres contra pobres. ¿Y por qué no lo compara mejor con el 10% del cobre que se llevan los militares, o con el costo de fragatas, aviones o tanques para guerras inexistentes que sólo sirven para contentar a los parásitos de nuestra sociedad?
¿Por qué no se atrevió a compararlo con las utilidades excesivas de las grandes empresas, o con lo que no pagan las transnacionales que explotan el cobre? ¿O con las cuentas millonarias del banco Riggs del dictador criminal y ladrón?
Peor todavía, buscando tal vez puntos de equilibrio para no desagradar a los poderes fácticos, los magos de La Moneda sacaron de su chistera la detención ilegal en Buenos Aires de un dirigente de la resistencia antidictatorial para congraciarse con los violadores de derechos humanos. Una maniobra inaceptable.
Por estas debilidades es que se atreven a hablar los militares y marinos en retiro, que forman parte de la peor generación de violadores a los derechos humanos y que debieran estar contando toda la verdad que conocen, o callados esperando su turno para tribunales.