Habitantes de Temucuicui relatan que su vida se ha visto dramáticamente perjudicada a causa de los sucesivos allanamientos a cargo de fuerzas especiales de Carabineros. Dicen que los constantes operativos se han caracterizado por el uso de la fuerza. Añaden que los más afectados son los niños, pues han sido testigos de la violencia policial. Human Rights Watch, en su documento "Chile, Indebido Proceso" señala que el Estado chileno está aplicando incorrectamente la Ley Antiterrorista, ya que el conflicto no guarda ninguna relación con la "Convención Interamericana Contra el Terrorismo".
A las 6:00 horas del 26 de octubre de 2004 se produce el último allanamiento a la comunidad mapuche de Temucuicui. El operativo allana las casas del sector en busca de comuneros prófugos.
La comunidad señala que la irrupción de la policía se desarrolla en un contexto de hostigamiento constante. "Nuestras familias se sienten amenazadas, perseguidas no sólo cuando viajan a las ciudades sino que en nuestras propias casas", subrayan.
El miércoles 8 de noviembre de 2000, a las 10:00 horas, se habían registrado enfrentamientos entre la policía y fuerzas de Carabineros: cinco habitantes de Temucuicui son detenidos. Tres de los cinco aprehendidos quedaron con lesiones de diversa índole. Posteriormente, fueron trasladados al consultorio de Ercilla y quedaron a disposición del Juzgado del Crimen de Collipulli.
Nueve días después, a las 9:00 horas del 17 de noviembre de 2000, 400 efectivos de Carabineros ingresaron a los terrenos de la comunidad. Procedieron a disparar balines de goma, registrar viviendas y detener a comuneros indígenas. Testigos de la acción relataron que los policías profirieron diversos insultos: "Vamos a violar a estos indios. (…) Vamos a hacerlos salsa a patadas". En el procedimiento resultaron dañadas las viviendas de la familia Queipul. La fuerza policial ingresó a la Escuela de la Temucuicui, en la que aún permanecían niños. Disparó balines de goma, hiriendo a un comunero que se encontraba oculto en el recinto educacional. El operativo concluyó al mediodía. El saldo fue de seis lesionados por proyectiles de goma y dos detenidos: Fernando Llanca y Mari Huencullán, trasladados a la Fiscalía de Angol.
El 23 de febrero de 2001, cuatro mapuches son heridos -con balines de goma- en terrenos pertenecientes a la Forestal Mininco. La ocupación de los predios, según comuneros, se debió a que el gobierno no cumplió con el compromiso de restituir 405 hectáreas a Temucuicui. El acuerdo habría sido suscrito con la Corporación de Desarrollo Indígena, Conadi.
Durante la primera semana de agosto de 2004, fueron ratificadas las condenas de José Naín y Marcelo Catrillanca. Fueron acusados de provocar incendios al interior del fundo Alaska. La Corte Suprema resolvió rechazar la recursos de casación interpuestos por los abogados defensores. De este modo, se confirmó la sentencia, en primera instancia, que determinó el Juzgado de Collipulli. Naín es vicepresidente de la Asociación de Comunidades Mapuches de Ercilla, Newen Mapu. Catrillanca figura como activo dirigente de Temucuicui. Ambos fueron actores relevantes en el proceso de recuperación de terrenos –1.927 hectáreas- del fundo Alaska. La hacienda era propiedad de empresa Forestal Mininco. El traspaso, a la comunidad Ignacio Queipul, se ejecuta en mayo de 2002. El itinerario de transferencia estuvo matizado por diversos operativos policiales desde 1999 hasta el 2002. De los procedimientos, a cargo de la policía, se derivan 20 querellas. Se añaden dos requerimientos por infracción a la Ley de Seguridad del Estado, que fueron interpuestos por la Intendencia de la Novena Región y el ministerio del Interior.
Antecedentes y origen del conflicto
Dos primos figuran como adjudicatarios de Temucuicui: Ignacio Queipul y Millanao. Ambos ocupan 250 hectáreas bajo el patrocinio de Juan Mullil Lepuleo y el testigo Gaspar Zapata. Formalmente, la comunidad queda fuera de los terrenos pertenecientes al fundo Alaska. Lo adquiere la familia Paterson-Romero. No obstante, la comunidad entra en conflicto con Paterson como consecuencia de la restitución de antiguos terrenos a la comunidad. La extensión de los predios, en comparación a los 250 adjudicados, alcanza las 1.600 hectáreas. En 1970 la Cooperativa Mapuche Loncotraro de Ercilla, realiza una toma en el fundo Alaska. Esta asociación reunía a doce comunidades –Chequenco, Tricauco, Ancapillancucheo– y realizó diversas demandas al gobierno de la Unidad Popular. La petición central era la revisión de los ‘títulos de merced’. Se sumaba la solicitud de asistencia técnica en el ámbito técnico y educacional. A la par, comienza a funcionar una escuela en el sector de las casas patronales de propiedad de la familia Paterson. A contar del 11 de septiembre de 1973, se implementa un proceso de contrarreforma agraria. Paterson-Romero transfiere las tierras del fundo Alaska a la Forestal Mininco. El traspaso se produce en medio de la denominada "expansión forestal", que consistía en la plantación sostenida de bosques.
Más tarde, se dicta la Ley Indígena y se inicia la demanda por la devolución de antiguas tierras. Deciden constituirse como comunidad. Eligen como presidente al lonko Juan Catrillanca. A través del Consejo de Todas las Tierras, se da inicio a una ardua tarea de reivindicación. En este contexto se producen -a contar de 1998- las intervenciones policiales en Temucuicui. Finalmente, la comunidad adquiere el fundo Alaska. A la par, se sobreseen los procesos judiciales por quemas de casas y automóviles. Es en este lapso que Marcelo Catrillanca y José Naín son condenados por su "presunta" participación en un predio recuperado. Naín fue condenado a cinco años y un día de cárcel en Angol. Sin embargo, fue transferido un centro de detención abierto. Marcelo Catrillanca optó por no presentarse ante los tribunales de justicia y mantenerse en la clandestinidad. La tensión generada por el conflicto en Temucuicui se desplaza a otras localidades, como Agua Buena. En esta zona es asesinado el joven Alex Lemún. Fuentes ligadas al "Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas", señalan que el informe no está correctamente documentado a raíz de las presiones de la Corte Suprema y otras irregularidades. A los acusados se les condena a 3 años y un día. Ante la Justicia sólo se presenta el lonko de Chequenco, Siriaco Millacheo, el werquén de la CAM, José Güechunao, Patricia Troncoso y los hermanos Juan Patricio y Florencio Jaime Marileo Saravia. Los Saravia Marileo y Patricia Troncoso son condenados a 10 años y un día.
Testigos sin rostro
El trabajador social del "Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas" Eduardo Mella señala que la comunidad Temucuicui es un sector que presentaba un constante cuadro de movilización por la recuperación de tierras. "La comunidad ya ha completado cuatro cosechas. Ha cumplido con el objetivo más allá de los costos que ha significado la cárcel", evalúa. En relación a las características sociales de Temucuicui, Mella agrega que la comunidad presenta los más altos índices de pobreza, analfabetismo y cesantía. Además, subraya, la zona ha sido estigmatizada a raíz de los índices de postergación que exhibe. En tal sentido, la antropóloga del "Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas" Karin González, puntualiza que los medios de comunicación de la región han estigmatizado a la comunidad de Temucuicui. Señala que se les ha tildado de "mapuches violentos o conflictivos". "Se ha pretendido establecer que antes del 2001 había paz y tranquilidad. Que las comunidades eran pacíficas. Juan Agustín Figueroa expresó que le prestaba el tractor a Pichún. Decía que siempre fueron amigos y que tuvieron una buena relación", detalló. González subrayó que algunos sectores han llegado a señalar que la Ley Indígena es la causante de los "problemas". Apunta que, curiosamente, no se toma en cuenta el periodo de la Reforma Agraria. González relata que el padre de Juan Agustín Figueroa fue retenido, durante una tarde, por comuneros mapuches. Es en esta dirección, subraya, que se ha dado una imagen violenta de las comunidades en conflicto. La antropóloga del Observatorio detalla que, en base a estos argumentos, se ha justificado a los "testigos sin rostro". "Se pretende dar la impresión de un terror fundado, por lo que habría que ocultar la identidad de los testigos. Los fiscales están ‘buscando’ testigos en Temucuicui", señala.
Chile: uso inapropiado de la ley
Human Rights Watch, a través de un documento titulado "Chile, Indebido Proceso", establece que los actos que se atribuyen a las comunidades, están relacionados con destrucción de propiedad privada, ataques incendiarios a maquinaria, bosques, casas y compañías madereras. "Las acciones de los mapuches no han cobrado ni una sola vida. Muchos de los mapuches que están siendo juzgados por terrorismo son agricultores pobres, líderes tradicionales de sus comunidades", subraya HRW.
El organismo agrega que los mapuches más jóvenes, que han vivido en zonas urbanas o que han cursado estudios en universidades, han retornado a sus comunidades para organizarlas. La finalidad es la recuperación de predios. Las demandas de tierra, puntualiza HRW, han cruzado varias generaciones. En relación al conflicto, la entidad internacional señala que las infracciones no se ajustan a los criterios establecidos por la Ley Antiterrorista. Es decir, que no expresan coherencia con los tratados de la Convención Interamericana Contra el Terrorismo. Este acuerdo hace referencia a graves violaciones en contra de las personas. El experto de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, A.P. Schmid, desarrolló una definición exhaustiva. "El terrorismo es el equivalente de un crimen de guerra en tiempos de paz", afirma.
Human Rights Watch indica que el gobierno de Chile hace un uso inapropiado de la Ley Antiterrorista. Afirma que el conflicto por tierras no alcanza esta gravedad. Asimismo, recalca que esta situación se profundiza, considerablemente, al intensificar los prejuicios en contra del pueblo mapuche.
Lo que dice y hace el Fiscal
Al interior de la comunidad de Temucuicui, los comuneros señalan que el gobierno los designa como "terroristas". Puntualizan que este calificativo se debe a la reivindicación de sus tierras. Algunos habitantes de la localidad han señalado que, con la recuperación de tierras, aspiran a que sus hijos vivan en mejores condiciones. Acerca de los "cinco peñis presos" en Angol, detallan que el gobierno ha designado "defensores", pero que la asistencia judicial no ha existido hacia los mapuches. "Los ‘defensores’, que fueron designados a los mapuches, trabajan totalmente de acuerdo con el Fiscal. Cuando declara un peñi, ellos no hacen nada. Sólo se da credibilidad a lo que dice y hace el Fiscal", afirman. Los comuneros de Temucuicui señalan que el objetivo central de la recuperación de la tierras es el trabajo. Agregan que es necesario construir un futuro para sus familias e hijos. "Volveremos a organizarnos. Estamos conversando con los jóvenes y con todas la personas de la comunidad. No nos vamos a encapuchar, vamos a plantear nuestras aspiraciones a rostro descubierto", enfatizan.
Consultados por los "testigos pagados", los habitantes de Temucuicui indicaron que existen mapuches, residentes en la zona, que han recibido pagos del Fiscal. Detallan que estos testigos, en determinadas ocasiones, reciben protección policial ya que carabineros realizan visitas a sus domicilios. "Hay peñis que han estado presos, pero no por recuperación de tierras. Ellos conversaban con el Fiscal. Les afirmó que sus causas las iban a ir dejando de lado", sentenciaron. Los comuneros añaden que la Fiscalía incluso costea celulares. Afirman haber sorprendido a un comunero al que la Fiscalía le habría cargado, por un monto de 30 mil pesos, el teléfono móvil.
La respuesta de la Intendencia
La ex candidata a concejal del PODEMOS y madre del preso mapuche José Naín, Luz Curamil, relata que la situación de su hijo es complicada. Añade que José Naín también fue acusado mediante falsos testigos. "El fue dirigente de la comunidad y nunca se escondió. Por decir la verdad y por reclamar nuestros derechos, lo acusaron", apunta. No obstante, Naín recibió el beneficio de permanecer en otro recinto al interior de la cárcel de Angol. El lonko de la comunidad de Temucuicui-Ercilla, Juan Catrillanca, detalla que la recuperación significó la enemistad con el Estado de Chile. Esta situación, dice, se intensificó con los particulares que viven en los alrededores de la comunidad. Catrillanca subraya que los jóvenes, y todos los comuneros que participaron en el proceso de traspaso, están siendo perseguidos. Insiste en que las medidas de coerción están a cargo de uniformados y de civiles. En cuanto a la situación interna de Temucuicui, el lonko indica que los más afectados, en el plano sicológico, son los niños, que han sido testigos del ingreso de la fuerza policial a la comunidad. "Nos preguntamos acerca de las intenciones del Estado chileno: ¿quiere que el mapuche viva de las migajas que caen de la mesa o desea que tenga el espacio que se merece?".
Catrillanca subraya que el Estado no está ejerciendo medidas que estén de acuerdo con una sociedad democrática. Añade que la represión es un elemento que se palpa, por parte de Temucuicui, con bastante violencia. "Queremos trabajar organizadamente el predio en el que vivimos. De acuerdo con las instituciones que posee el Estado, como Fosis, Conadi, Indap, Conaf", puntualiza. Comuneros de Temucuicui manifestaron su preocupación frente a nuevos operativos policiales ya que, recalcaron, no han recibido respuesta del Intendente de la IX Región, Ricardo Celis.
La Ley Antiterrorista
El debut de la Ley Antiterrorista, en el marco del conflicto por tierras, se produce en el gobierno de Ricardo Lagos. Pero hay que considerar las investigaciones realizadas durante la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Estas diligencias se realizaron conforme a la Ley de Seguridad Interior del Estado, dictada en1958. Esta ley se creó para combatir la rebelión, subversión y violencia política. Los agricultores presionaron para que La Moneda adoptara medidas firmes. En medio de este cuadro, la administración Lagos aplicó la Ley Antiterrorista en contra de seis líderes indígenas acusados de participar en actos ilegales.
Por su parte, la dictadura militar dicta la Ley Antiterrorista en 1984. La crea en medio de un ambiente de sostenido descontento social. Figura como la más dura de la legislación chilena. Sin embargo, sus disposiciones han experimentado un endurecimiento por parte de los gobiernos de la Concertación. Entre sus particularidades está la dificultad para acceder a libertad provisional. Permite que el Ministerio Público pueda retener las pruebas de la defensa por seis meses. Además, autoriza que los acusados sean condenados fundamentándose en testigos anónimos. Este tipo de "testigos" puede comparecer detrás de una pantalla: el público y los acusados no pueden verlos.
La Constitución Política del 80 puntualiza que a los condenados por esta ley no les está permitido acceder al indulto presidencial. Se agrega el impedimento para asumir cargos públicos, responsabilidades en sindicatos -o empresas- y ejercer el periodismo por un lapso de 15 años.
