Centro Carlos Marx

El pasado martes 9 dos reuniones se realizaron en Montevideo; ambas de carácter opuesto, aunque con resultados no tan opuestos. Por un lado reunión del Consejo de Ministros del actual gobierno, tema: la implementación de la reforma constitucional sobre el servicio público del agua y saneamiento aprobadas el pasado 31 de octubre por 1:439.260 votos (datos definitivos) equivalente al 64,6% del total de votos emitidos. Por otro lado el Plenario de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, hubo conclusiones y también polémica.

Por un lado, para el actual gobierno de Jorge Batlle no hay dudas, las concesiones a privados caen y empezó el proceso de estatización de los servicios. Las autoridades de OSE (Obras Sanitarias del Estado) habrían informado que están dispuestas a asumir ya, directamente las gestiones para el traspaso, lo cual le implicaría conformar un equipo mínimo de 250 trabajadores.

Por otro lado en la Comisión Nacional se solicitará participación en el pasaje de los servicios al Estado y se planteó que todo el personal de las actuales empresas privadas sea absorbido por el servicio estatal. Al próximo gobierno del Frente Amplio se le planteará la tarea de dividir el país en cuencas hidrológicas y conformar comisiones administradoras en las mismas con participación del Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento así a los otros ítem del texto aprobado; también se exigirá una representación en el Directorio de OSE tanto de los trabajadores como de los usuarios.

Pero no todo marcha viento en popa.

Son 14 los actuales servicios prestados por particulares con un total de 60.000 conexiones de agua y unos 21.000 de saneamiento. Una de las más emblemáticas, Uragua, fue una de las "estrellas" en materia de incumplimiento, tan así que cuando estuvo el ministro Atchugarry en Economía y Finanzas en el año 2002 ya se planteó que era necesario el retiro de esta empresa por flagrante incumplimiento del contrato de concesión. OSE le habría enviado un comunicado para que explique por qué tiene atrasos en las obras comprometidas, pero, no solo no se dignó responderlo sino que se hizo público la intimación que esta empresa le hizo a la OSE para que dentro de diez días rescinda el contrato; de esa manera podrían hacer accionar las cláusulas por rescisión de parte establecidas en el mismo y no los mecanismos previstos en la reforma, por el cual la OSE no debiera abonarles nada.

Pero la polémica recién empieza. , El Partido Nacional está planteando que la reforma no es retroactiva, en una curiosa "interpretación" que diría que la misma se aplicaría a futuro pero no a las concesiones ya otorgadas. Una interpretación que desconoce el principio de jerarquía de la norma pues es claro que una ley constitucional estaría por encima de un contrato. Lo cierto es que el Partido Nacional quiere frenar al gobierno de Batlle y presentó un proyecto de ley interpretativo del texto. El interés "nacionalista" no vaya a creerse que obedece al deseo de una mejor aplicación del Derecho, muy por el contrario, el espíritu para intentar salvar en lo posible a las empresas extranjeras llevó al intendente de Maldonado a plantear la necesidad de conformar una empresa mixta con el municipio, algo también expresamente prohibido por la reforma.

También el nominado Ministro de Economía del próximo gobierno, el contador Danilo Astori se sumó a la interpretación del Partido Nacional, aunque inteligentemente cambiándole el rótulo. ¡No!, dirá, ley interpretativa no, sino ley reglamentaria. Es menos violento aunque con los mismos contenidos claro, pero suena mejor a una ciudadanía a la cual se la pretende defraudar en su decisión soberana. Los que han manifestado su oposición han sido tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista ambos con representación parlamentaria.

Los alcances reales de la reforma son muy claros aunque las formas de implementarlas pueden ser diferentes. La reforma, por ejemplo no establece que todos los servicios deban estar en manos de OSE; deben estar sí en manos de "personas jurídicas estatales", tampoco dice que está impedida la empresa o empresas que se creen de recibir financiamiento del exterior para emprender obras de saneamiento, lo que sí preserva la reforma es el control nacional y soberano del recurso agua, su prohibición expresa de exportarlo salvo en caso de solidaridad; es decir, vedar el manejo de este recurso estratégico al imperialismo.

Pero también sabemos que esta lucha política y la avidez del capitalismo no se detendrá ante una reforma legal. Sabemos que la burguesía cuando deja de servir abandona su postura legalista, lo sabemos y conocemos su profunda vocación anti-democrática y sus amanuenses hoy lo están demostrando. El tema es desenmascararlos frente al pueblo y los trabajadores y recordarles permanentemente-parafraseando a Engels- que el pacto democrático es eso, un pacto, que cuando lo desconozcan nosotros nos veremos también librados de él y sus formas jurídicas.