La imperiosa necesidad de la auditoría de la deuda externa y de su repudio
Hugo Ruiz Diaz
CADTM
La victoria del EP/FA-NA en Uruguay abre nuevas perspectivas en todo el continente, principalmente en lo que se refiere a la oportunidad histórica de reconstituir un reagrupamiento de bloques democráticos y progresistas.
Al mismo tiempo, uno de los problemas cruciales al que se encuentra confrontada la región latinoamericana en su totalidad es el problema del sub-desarrollo, hasta hace poco, una palabra tabú.
Este sub-desarrollo está íntimamente ligado al problema de la deuda externa y a las políticas de privatización y de saqueo de recursos públicos pregonadas e impuestas por las instituciones financieras internacionales. La deuda externa se convierte así en un instrumento de dominación y de estrangulamiento del futuro de nuestros pueblos através de la accióon conjugada del FMI, del Banco Mundial y de la OMC, triípode de las relaciones econóomico-financieras internacionales y guardianes del orden neoliberal y de los intereses privados.
La historia de la crisis del endeudamiento de nuestros paises es la historia de empréstitos fraudulentos y de deudas odiosas y nulas. Es la historia de la conducta ilícita de acreedores tanto públicos como privados, tal cual fue demostrada por la causa ante el Juzgado Criminal y Correccional Nro 2, Expediente Nº 14.467 caratulado ’0LM0S, Alejandro s/ Denuncia’. En esas actuaciones el Magistrado interviniente Dr. Jorge Ballestero, en julio del 2000, determinó en su resolución la existencia de, por lo menos, cuatrocientos setenta y siete delitos vinculados al endeudamiento externo ocurridos durante la dictadura militar. Todo esto, bajo la participación y atenta vigilancia del FMI y del Banco Mundial.
La misma historia se repite con la investigacióon hecha por el congreso peruano y publicado en el 2003: corrupción, apoyo a un régimen criminal, deudas odiosas, nulas et substancialmente ilícitas, y por sobre todo, la responsabilidad de las instituciones financieras internacionales y de los banqueros privados, que actuaron como verdaderas « organizaciones criminales » en el sentido estricto adoptado por el artículo 11 del Estatuto del Tribunal Penal Militar de Nuremberg.
Estas investigaciones, tanto judicial como por la vía de un órgano político como es el parlamento, constituyen verdaderos actos del ejercicio de la competencia de los poderes públicos quienes finalmente son los que deben asumir sus responsabilidades frente a la ciudadania. Aquéllas investigaciones nos hablan de la importancia crucial de la puesta en marcha de mecanismos adecuados y eficaces que coadyuven a salir del impase de la deuda externa y del sub-desarollo. Es uno de los retos al que se enfrenta de entrada el nuevo gobierno uruguayo.
El pago de la deuda: un obstáculo al desarrollo económico y social
Según los datos del Banco Mundial, la deuda total de los países en desarrollo era de 580 mil millones de dólares. A fines del 2002, la deuda alcanzó la suma astronómica de 2. 400 millardos de dólares, es decir que ella fue multiplicada por cuatro.
Entre 1980 y 2002 los países deudores reembolsaron a los acreedores más de 4.600 millardos de dólares, lo que equivale a ocho veces lo que debieron para finalmente encontrarse hundidos en el espiral de la deuda: después de pagarla se encontraron endeudados cuatro veces más!!! América Latina reembolsó así su deuda 7, 2 veces , la voracidad de las instituciones financieras internacionales y de los acreedores privados continuando a provocar catástrofes humanas, sociales y medio ambientales.
Pero el problema no se agota en el pago de los servicios de la deuda: ella es ante todo un instrumento en las manos de los acreedores los que utilizan la crisis de la deuda para imponer politicas economicas, comerciales y financieras liberales, tendientes a poner en las manos del sector transnacional las riquezas y recursos del continente.
En efecto, un análsis atento de la acción de estas instituciones permite de constatar que las políticas de ajuste impuestas por el FMI, el BM y sus organismos regionales van mucho más allá de una política financiero-económica englobando casi todos los aspectos de la vida economica y social de los Estados. Podemos resumir las reformas pregonadas como sigue:
- Devaluación de la moneda nacional con respecto a otras monedas. Esta medida está destinada a la proporción de las exportaciones a expensas de los cultivos tradicionales y de subsistencia. Es la política del todo a la exportación. Pero la depreciación de la moneda conlleva el encarecimiento de las importaciones; en consecuencia, se debe desembolsar cada vez más para importar. Los grandes beneficiarios son de nuevo las corporaciones de los países del Norte.
- Reducción drástica de subvenciones para los productos alimenticios, reducción de presupuesto dedicado a las empresas públicas, disminución de salarios de funcionarios públicos, despidos masivos...,
- Privatizaciones por medio de la liquidación y/o remate de empresas públicas y servicios rentables para las transnacionales,
- Reducción de restricciones impuestas a las inversiones extranjeras,
- Liberalización del comercio.
El problema de la deuda aparece claramente relacionado con la políitica que los gobiernos debenimplementar: actuar quasi-exclusivamente en favor del sector privado trasnacional y de los bancos privados del norte, renunciar al rol social del Estado, inserción en el sistema comercial mutilateral hecha a la medida de las firmas transnacionales, etc.
Allá donde el Poder público aseguraba un servicio mìnimo a la población, fue substituído por el sector privado, principalmente en los sectores considerados como los más rentables. Es así que las políticas de ajuste conllevan la privatización de recursos naturales, tales el agua, gas, minerales, recursos de la biodiversidad, plantas medicinales y microorganismos. Pero también se extienden y se aplican a nuevas regulaciones jurídicas destinadas a salvaguardar y proteger las inversiones privadas, la liberalización de la circulación de capitales y el control de los bancos centrales. Estas a su vez, acompañadas por el desmantelamiento de las responsabilidades sociales del Estado que procede a la privatización de hospitales, de los transportes terrestres y marítimos, a la eliminación de subsidios de medicamentos, privatización de escuelas, colegios, universidades, pensiones y jubilaciones, etc. Además las políticas impuestas por el FMI y el BM refuerzan la transferencia de competencias de los poderes públicos en caso de litigio con los acreedores, trasladando la competencia nacional de los tribunales del país deudor a tribunales nacionales de los países desarrollados o en centro especializados para litigios en materia de inversiones como el CIADI , miembro del Grupo del Banco Mundial y guardian legal de los intereses de las firmas privadas transnacionales.
La finalidad última de las privatizaciones es que el capital privado, por intermedio de las grandes corporaciones transnacionales, tenga acceso irrestricto a esos recursos asegurándoles el traspaso de bienes públicos.
Determinar el carácter odioso o nulo de la deuda y su legalidad o ilegalidad:la responsabilidad histórica del gobierno uruguayo .
En Argentina hace unos dias, el 22 de Octubre exactamente, el Diputado Mario Cafiero presentó un proyecto de Ley para declarar odiosa la deuda contraida por la última dictadura militar y que fue el elemento determinante de la catástrofe económico-social y política de este pais que se encuentra literalmente en quiebra. El carácter odioso y absolutamente nulo de la deuda argentina ya no puede ser puesto en duda. En este caso, la declaración de nulidad de la deuda implicaría no solamente dejar de pagarla legalmente sino abiriría las vias legales para reclamar las debidas reparaciones tanto a los acreedores privados como a los acreedores multilaterales como el FMI y el Banco Mundial que participaron activamente en el saqueo y pillaje de los recursos del Estado argentino.
En lo que respecta Uruguay, este pais deberá pagar la suma de 2.293 millones de dólares como servicio de la deuda. El monto durante el gobierno de Tavaré Vázquez, alcanzará aproximadamente la suma de 7.000 millones de dólares.
En forma concomitante a la crisis actual que golpea a este pais, la pobreza aumentó en forma vertiginosa a partir de 2002 y hoy el 30 por ciento de la población vive en la pobreza. En un pais que cuenta con 3, 4 millones de habitantes, 850 mil personas carecen de los medios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas cotidianas.
En estas condiciones, la deuda es objetivamente impagable, porque su pago deberá hacerse sacrificando los derechos básicos fundamentales de la población como la salud, el acceso al agua, a la educación pública, a los medicamentos, etc., aumentando así el ejército de marginados y de desempleados.
Se plantea entonces el dilema siguiente: seguir pagando la deuda a costa de sacrificar el presente y el futuro de los ciudadanos, los bienes públicos, los recursos naturales estratégicos, los bienes comunes, incluso la soberanía misma del pais ? Seguir pagando una deuda que ya fue pagada y de la que no se tiene una idea exacta de la manera en la que fue contraída ? O, previa investigación, repudiar la deuda nula u odiosa y todas la deudas ilegales, liberando así los fondos necesarios y urgentes para una política de desarrollo económico y social. He aquí el verdadero problema de fondo.
Según Danilo Astori, propuesto para ministro de Economía, hoy, romper con el FMI y repudiar la deuda significa aislarse e ir hacia una suerte de africanización . Esta simple declaración habla ya de la importancia capital que plantea el problema de la deuda externa para la población.
En el fondo, lo que está en juego va mucho más allá de un proceso de africanización: es la legitimidad y credibilidad mismas del nuevo gobierno que encarna los deseos de cambios profundos por parte de los ciudadanos que lo llevaron al poder, la que se jugará en este campo.
Es importante decir que el problema de la relación con las Instituciones financieras internacionales no se plantea necesariamente en términos de ruptura o de continuidad. Se trata esencialmente de construir una relación en la que los poderes públicos, fundados en una legitmidad democrática, proceden a la puesta en marcha de una política de desarrollo económico y social. En ultima instancia, se trata de conducir una política coherente con las aspiraciones ciudadanas que reclaman las debidas reformas sociales y económicas.
