Rubén Montedónico
La Jornada

Las aspiraciones democráticas de las grandes mayorías de Uruguay encontraron en el voto al Frente Amplio y a su candidato presidencial -Tabaré Vázquez- el canal para llegar al gobierno y desde allí buscar abrir el camino a las postergadas esperanzas de cambio político-social. El triunfo de la coalición de izquierda apoyada por fuerzas progresistas marca un cambio histórico en la conducción gubernamental uruguaya, dominada por fuerzas coloradas y blancas desde que ambas se enfrentaran militarmente -el 19 de noviembre de 1836- y hasta el próximo 1º de marzo en que concluya el actual mandato presidencial. En esos 168 años manejaron el poder atravesando diversos momentos: primero enfrentados -reproduciendo en el país las luchas continentales entre liberales (colorados) y conservadores (blancos)- y desde la última posguerra aprobando modificaciones constitucionales que adecuaran las condiciones locales al accionar anticomunista instaurado por la guerra fría. Para esos fines últimos se sucedieron la Constitución con régimen ejecutivo colegiado de 1952 y el texto vigente -con enfático corte presidencialista- aprobado en 1966 e impulsado por los entonces diputados Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti.

En paralelo con estas reformas -de concepción instrumentalista- a la normatividad del Estado, la izquierda fue adoptando nuevas formas organizativas que incluyeron la unificación de todas las corrientes clasistas en una sola central obrera (1964-66), intentos electorales de unidad (1962 y 1966) y finalmente la creación del Frente Amplio en 1970-71.

Tras anhelados, amplios y lógicos festejos, dejando atrás injustificados exitismos, a partir del 1º de marzo próximo el gobierno izquierdista-progresista romperá el conocido mapa político de alternancia connivente blanqui-colorada de la posdictadura y empezará a ocupar -con el apoyo del Legislativo, donde será mayoría en ambas ramas- los aproximadamente mil 400 cargos de dirección de la república, cortando las cadenas de fidelidades mafiosas de los regímenes precedentes. El futuro presidente, al tiempo que ofrece -en un gesto de amplitud- a la segunda fuerza electoral incorporarse a su gobierno, adelanta que no ejercerá poderes metaconstitucionales que sustraigan del Poder Judicial las investigaciones que aún puedan hacerse sobre el pasado de torturas, desapariciones y asesinatos en tiempos de la dictadura cívico-militar. Vázquez sostiene que el suyo será un gobierno cuidadoso del gasto público, pulcro y transparente en el ejercicio del mismo y en la vigilancia de quienes lo apliquen; que propenderá la expansión del empleo y beneficiar a los más necesitados, sobre la base del combate a la pobreza y la redistribución de los ingresos. No es poca cosa la propuesta en cuanto a moral pública que hace a la nación más envejecida del continente (17 por ciento de la población tiene más de 60 años); que ha expulsado hacia tres continentes a 750 mil de sus compatriotas; donde 20 por ciento de los universitarios en edad de ejercer vive en el extranjero; con índices de pobreza y miseria que sumados son superiores al 40 por ciento de los habitantes; con desocupación abierta de 14 por ciento y deuda externa similar a los depósitos de sus conciudadanos en bancos europeos y estadunidenses: 13 mil millones de dólares. A la luz de estas cifras, se debe tener en cuenta que Uruguay acordó un programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que vence el 31 de marzo de 2005. Asimismo, que para el año próximo tiene obligaciones con ese organismo por mil 884 millones de dólares (302 millones de pago obligatorio) y para 2006 deberá abonar al FMI mil 970 millones de dólares (720 millones obligatoriamente).

Habrá que recordar, entonces, dos cosas: que el futuro mandatario y su ministro de Economía -Danilo Astori- se comprometieron a honrar los compromisos contraídos por la nación (léase los anteriores gobiernos); y en segundo lugar, que si bien el Frente Amplio fue capaz de atraer el voto antineoliberalismo que rechazó las políticas en curso, éste no es un sufragio anticapitalista, sino la oposición a una de sus aplicaciones a la que denominamos globalización.

Es claro para muchos que implementar una nueva política pasa por resolver las restricciones monetarias y financieras agravadas por la crisis, como el endeudamiento interno y externo, los impactos de los movimientos de capitales, la dolarización de la economía y el relanzamiento del crédito.

En el sentido anterior, parafraseando a Fray Beto al referirse al triunfo electoral de Lula, podemos decir: la victoria de Tabaré Vázquez no es el resultado de una revolución, sino de una elección. Sobre lo que vendrá hace una consideración de fondo Antonio Elías -del Instituto de Investigaciones Económicas de la universidad pública de Uruguay- al observar que el problema fundamental es que "el programa de la izquierda fue abandonado progresivamente en los últimos años y sin programa no hay identidad; sin identidad, no se puede pensar en otro modelo". Elías pone el acento en el compromiso de "la estrategia del Uruguay productivo con justicia social y profundización democrática, aprobado por la central obrera PIT-CNT en octubre de 2003, donde tanto la universalización de la negociación colectiva como la constitución de un sistema de compras públicas constituyen pilares en dirección a la participación protagónica de los trabajadores en el proceso de toma de decisiones económicas".