El Frente Amplio solicita al gobierno de Jorge Batlle que detenga la aplicación de la reforma constitucional aprobada en referéndum
Preocupa indefinición sobre estatización del agua
Comcosur
Para Adriana Marquisio, la Secretaria General de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE), es necesario que el gobierno electo se pronuncie claramente acerca del futuro de las concesiones de los servicios de agua potable y saneamiento actualmente en manos de privados.
El pasado domingo, la cúpula del Frente Amplio (los primeros senadores de cada lista más su presidente, Jorge Brovetto), resolvió solicitar al gobierno de Jorge Batlle que detenga la aplicación de la reforma constitucional aprobada el pasado 31 de octubre que ordenó la estatización de la prestación de estos servicios.
Dentro de la coalición que asumirá el gobierno el próximo 1º de marzo todavía no hay acuerdo en si la reforma debe aplicarse de la fecha de su consagración en adelante, o en forma retroactiva.
Más aún, al momento de pedir el voto para su aprobación, se argumentó tanto una como otra cosa. Durante una reunión con empresarios españoles en el mes de julio, el entonces candidato a la presidencia por el Frente Amplio, el doctor Tabaré Vázquez, les aseguró que su gobierno respetaría los contratos actualmente en vigencia.
Estos contratos atañen principalmente a dos empresas españolas (Aguas de la Costa y Uragua), que son las que actualmente gestionan el suministro de agua potable y el saneamiento en las zonas balnearias del departamento de Maldonado (notoriamente: Punta del Este y Piriápolis).
Ambas empresas han sido duramente cuestionadas, Aguas de la Costa por lo abusivo de sus tarifas, y Uragua por las deficiencias de su servicio, la no realización de las obras y mejoras estipuladas en su contrato, y el atraso en el pago del cánon correspondiente.
Entrevistada por el diario "La Juventud", Beatriz Marquisio señaló molesta que es necesario conocer la posición que en definitiva tomará el gobierno electo sobre la caída de las concesiones; más allá de que el Frente Amplio no apoye la "ley interpretativa" propuesta por el Partido Nacional para dejar firmes estas concesiones y aplicar la reforma de ahora en adelante.
La secretaria del sindicato de la hidráulica estatal dijo que los trabajadores (impulsores de la reforma) "estamos preocupados con la decisión final de qué va a pasar con las concesiones, porque seguimos manteniendo que las concesiones caen, y que la reforma plantea una aplicación inmediata de un mandato constitucional, que no habilita a que haya operadores privados en materia de agua potable y saneamiento".
