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Piden esclarecer la misión de los agentes linchados en Ixtayopan
Insta Encinas a la PGR a informar sobre el supuesto seguimiento de grupo subversivo
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal no puede ser exculpado de su responsabilidad en la muerte de los policías, asevera el senador priísta David Jiménez
Angel Bolaños, Agustin Salgado y Andrea Becerril
La Jornada
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) pidió que se dé a conocer la verdad sobre la naturaleza de las investigaciones que realizaban en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, los agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) que fueron linchados el martes pasado.
Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard, secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, respectivamente, pidieron que al tiempo que se realizan las actuaciones correspondientes para deslindar responsabilidades por el linchamiento de los policías federales, se esclarezca también la naturaleza de las investigaciones que realizaban, de manera encubierta.
En tanto, senadores de PRI y PRD exigieron al gobierno federal que informe de manera objetiva sobre los hechos y que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue a fondo las causas del linchamiento, y si las víctimas tenían la encomienda de seguir pistas de presuntos guerrilleros, sin la protección debida.
Encinas indicó que el GDF no cuenta con informes sobre la presencia de grupos subversivos en esa comunidad, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), pero aclaró que en todo caso es un asunto que compete estrictamente a las autoridades federales.
Al ser cuestionado sobre si la investigación que los policías federales desarrollaban requería contar con mejores condiciones de seguridad, dijo que eso lo tendrá que determinar la misma PGR en su investigación.
"No anticipemos vísperas, vamos a esperar los resultados de la investigación, vamos a ver cuál es el informe que rinde la PGR; cada día van saliendo nuevos elementos, se están deslindando y fincando responsabilidades, y habrá que ir esclareciendo todos estos datos sobre el carácter y la naturaleza de la investigación que hacían los agentes encubiertos de la PFP", sostuvo.
Consideró que las pesquisas deben ir a fondo para castigar a los responsables de los homicidios, pero "también debemos conocer la línea de investigación respecto de la presencia de algún grupo subversivo, y yo espero que la Secretaría de Gobernación o la autoridad que corresponda notifique al gobierno de la ciudad para que podamos coadyuvar en esta investigación".
A su vez, Marcelo Ebrard hizo votos por que pronto "salga la verdad de las cosas, ya que de confirmarse esa versión, estaríamos ante una situación muy complicada".
En el Senado de la República, legisladores de PRI y PRD demandaron al titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, investigar a fondo y con imparcialidad la responsabilidad de las autoridades federales y locales en el linchamiento de los agentes federales en Tláhuac, sobre todo a partir de que se les habría encomendado seguir pistas sobre presuntos guerrilleros.
"Es importante que se esclarezca esta situación para deslindar responsabilidades, ya que no es justificable que sus jefes hayan dejado morir a los agentes de la PFP y que no les dieran la protección debida", comentó el perredista Jesús Ortega.
Consideró que la PGR debe profundizar en esa línea de investigación y actuar de manera objetiva, toda vez que "es realmente miserable" que tanto el secretario de Gobernación, Santiago Creel, como el presidente Fox traten de sacar beneficio político de la tragedia, y sin que medie investigación alguna ya estén declarando culpable al Gobierno del Distrito Federal". Sería muy grave, agregó, que las autoridades federales hayan actuado "con cálculo político", al no proteger a sus agentes en Tláhuac, ni atender a tiempo su llamado de auxilio.
Por su parte, el priísta David Jiménez señaló que el secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, no puede ser exculpado de responsabilidad en la muerte de los dos integrantes de la PFP, y las graves heridas como parece ser la pretensión del gobierno federal. Consideró, asimismo, que la PGR debe seguir esa información que habla de la presencia de los agentes en San Juan Ixtayopan en busca de datos sobre la presencia de grupos armados.
"Hay que deslindar con muchísimo cuidado las responsabilidades de aquellos que pudieron participar para salvar a los agentes y no lo hicieron por negligencia, por omisión o por alguna otra circunstancia que no conocemos", agregó. Dijo también que la declaración de Martín Huerta, en el sentido de que no enviaron grupos de rescate en helicópteros porque éstos podrían ser derribados a pedradas, "es lamentable, ya que eso ni en las caricaturas se ve".
La AFI debe tener "mucho cuidado en las pesquisas": Bátiz
Respecto de la detención de dos policías capitalinos entre los presuntos responsables del linchamiento, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz Vázquez, indicó que uno de ellos fue detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) luego de que entregó a la dependencia capitalina las armas de cargo de los policías asesinados.
Consideró que se debe tener "mucho cuidado" en las pesquisas que realiza la AFI para aprehender a quienes realmente tienen responsabilidad. "Hay un caso de un policía preventivo que no estaba en servicio. El nos entregó las armas (de los efectivos de la PFP), que de algún modo llegaron a su poder (...) él es vecino del pueblo, no sé cómo se hizo de las armas, no he visto su declaración, pero fue a entregarlas al Ministerio Público y al salir lo detuvieron", abundó. Bátiz Vázquez reiteró que la responsabilidad de realizar las investigaciones es de la PGR.
A su vez, Ebrard se refirió al otro policía detenido: "es un elemento de apellido Montealegre, adscrito a la Policía Auxiliar. Está comisionado en una compañía de refrescos, de la cual salió entre 7:15 y 7:30 de la noche. Entonces, es muy poco probable que él haya tenido que ver con esos acontecimientos", pero "desgraciadamente su domicilio está prácticamente enfrente de donde quemaron el vehículo" de los policías agredidos.
Fabiola Martinez y Laura Poy Solano
La Jornada
El secretario general y vocero de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Carlos Aguiar Retes, advirtió que los sucesos ocurridos en Tláhuac no deben tomarse sólo como un hecho delictivo sino como resultado de un fenómeno de la convivencia social, particularmente en comunidades que, por tradición, han estado marginadas.
Es decir, dijo, "no creo que el problema se resuelva cortando cabezas" de mandos policiacos, sino a partir de una investigación profunda que dé seguimiento a todas las hipótesis. Tras su participación en un encuentro convocado por sindicatos independientes y organizaciones campesinas, el prelado dijo que, según el diagnóstico de especialistas en el tema, manifestaciones como el linchamiento surgen cuando la población no encuentra canales que conduzcan sus reacciones "y ante cualquier pretexto actúan así".
Por ello, señaló, es necesario analizar por qué suceden las cosas, qué le está faltando a la sociedad para que tome conciencia de su capacidad de convivencia. Sin embargo, si a la luz de la investigaciones se descubren irresponsabilidades de algunos elementos de la autoridad, pues que se tomen las decisiones pertinentes. La CEM, agregó, considera que lo más importante es ir a fondo en lo que está viviendo el país".
Por su parte, defensores de derechos humanos hicieron un llamado al gobierno federal y a las autoridades policiacas a evitar una "violencia institucional" que incremente la "desconfianza ciudadana hacia las instituciones y violente aún más los derechos humanos de la población".
Fabián Sánchez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que tras el linchamiento de tres elementos de la Policía Federal Preventiva, el Estado "no puede convertirse en vengador ni violador de los derechos humanos, sino garantizar que todo el proceso de investigación y sanción de los presuntos responsables se realice conforme a derecho".
En entrevista por separado, David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró que las acciones de las autoridades federales para detener a los presuntos responsables de la muerte de dos elementos de la PFP, "son parte de una salida evasiva que no atiende el problema de fondo, que es el evidente divorcio de la sociedad civil y las fuerzas del orden". Los sucesos en Tláhuac, aseguró, revelan el "hartazgo y la desconfianza ciudadana hacia la autoridad, y la necesidad de impulsar una política en materia de seguridad que responda a las demandas de la sociedad y genere un clima de confianza y comunicación". Si queremos fortalecer el estado de derecho, afirmó, primero es necesario revertir "la brutal desconfianza que el ciudadano tiene en sus autoridades".
Hay testigos de que uno de los acusados no estuvo en el lugar de lo ocurrido, dicen
Juan Balboa
La Jornada
La mayoría de las 29 personas -entre ellas dos policías capitalinos- que fueron detenidas por estar presuntamente involucradas en el linchamiento de dos agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y las lesiones graves provocadas a otro el martes pasado en San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac, son inocentes, aseguran los abogados que defienden a los consignados por la Procuraduría General de la República (PGR).
El abogado Miguel Sauza aseguró que 70 por ciento de las personas consignadas por la PGR no participaron en el linchamiento de los agentes de la PFP, y las imputaciones, en particular contra el policía Sergio Monte, son "imprecisas, incongruentes y absurdas".
Doce horas duró la declaración preparatoria de los 29 detenidos. Su situación jurídica se determinará el próximo jueves, ya que solicitaron la ampliación del término constitucional para aportar pruebas de su inocencia ante el juez 17 de distrito con sede en el Reclusorio Norte.
Sauza denunció que la PGR continúa haciendo cateos en San Juan Ixtayopan sin órdenes de aprehensión, y afirmó que ningún juez ha liberado las órdenes de aprehensión.
Entre los consignados se encuentran dos policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina que, de acuerdo con el abogado no participaron en el linchamiento. Agregó que uno de los policías tiene testigos que confirmarán en los próximos días que no estuvo en el lugar de los hechos.
Los 29 detenidos fueron emplazados por los juzgados segundo y 17 de distrito del Reclusorio Norte, donde rindieron su declaración preparatoria. Los abogados confirmaron el sábado por la mañana que todos sus clientes solicitaron la ampliación constitucional.
Los delitos que se les imputan son: homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, daño en propiedad ajena, robo e ilícitos cometidos contra servidores públicos, relacionados con el delito de pandilla, previsto y sancionado en el artículo 164 bis del Código Penal Federal. En sus declaraciones preparatorias, los 29 inculpados negaron toda participación en los hechos.
La Jornada
Unos 14 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) serán despedidos en los próximos días por haber participado en las protestas de jueves y viernes contra sus mandos, por no haber ordenado rescatar a sus compañeros que fueron linchados el martes en San Juan Ixtayopan.
Lo anterior fue confirmado por agentes inconformes que este sábado se volvieron a reunir para exigir la renuncia del secretario de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta, y el director general de la PFP, Arturo Muñoz Villafaña. Aseguraron que Martín Huerta ha ordenado despedir a unos 14 policías que han manifestado su inconformidad.
La PFP confirmó que todos los mandos operativos del área de Inteligencia fueron destituidos, y puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), luego de las demandas de algunos elementos de dicha corporación, quienes aseguraron que sus jefes les impidieron rescatar a sus tres compañeros que fueron linchados en ese poblado de la delegación Tláhuac.
El comunicado de la SSP federal informa del cese de los jefes de dicha área, a la que pertenecían los elementos linchados, pero no precisó los nombres de los funcionarios. La decisión fue con el objetivo de facilitar las investigaciones que lleva a cabo la PGR, según la dependencia.
En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el suboficial Edgar Moreno Nolasco, quien sobrevivió al linchamiento, continúa en terapia intensiva y su estado de salud es grave, pero estable. Precisó que el agente, quien ingresó al Hospital Central Militar el jueves pasado, permanece sedado y con apoyo ventilatorio.
La PGR confirmó también la detención, en Morelos, de tres personas que eran buscadas por su posible participación en los hechos en San Juan Ixtayopan. Los detenidos son Mario Román Salazar y las hermanas Teresa y Rosa Herrera Pantaleón, quienes fueron localizados la tarde del viernes a la altura del kilómetro 88 de la carretera federal Amecameca-Cuautla.
Acusan a la AFI
Más denuncias por aprehensiones arbitrarias
Agustin Salgado
La Joranda
Los pobladores de San Juan Ixtayopan continúan denunciando detenciones arbitrarias de elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Luego de visitar a su esposo preso en el Reclusorio Norte, la señora Alejandra García, explicó que a su marido, Julio César Roa Hernández, lo detuvieron el miércoles como a las 5:30 de la tarde. "Los tres (ella, Julio César y su hija, de 15 años) estábamos adentro de la casa, oímos mucho ruido y nos percatamos que como 15 policías de la AFI ya habían ingresado al patio. Gritaron que si no salíamos nos iban a disparar; se metieron a la fuerza a la sala, nos encañonaron, y se lo llevaron. Yo les preguntaba que por qué y a dónde lo llevaban, y nada más me dijeron que me callara porque sino me iban a matar".
La casa de la familia Roa García está ubicada enfrente de la escuela Popol Vuh. De acuerdo con Alejandra García su cónyuge -quien trabaja como mecánico de aviación en Aeroméxico desde hace 15 años- "no tuvo nada que ver" en el linchamiento. "El venía de recoger a mi hija, incluso no pudo estacionar el coche en la casa, por la gente, y al llegar hizo varias llamadas para denunciar lo que sucedía, tanto a los medios de comunicación como a las autoridades".
El inmueble que fotografiaron los efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) momentos antes de ser linchados por pobladores de San Juan Ixtayopan es un comercio dedicado a la venta de material para construcción, el cual "desde hace varias semanas se encuentra abandonado".
De acuerdo con fuentes de la PFP, los policías agredidos realizaban investigaciones sobre la presencia de grupos subversivos en la zona (La Jornada, 27 de noviembre). En la memoria de la cámara digital que tenían a su cargo los efectivos de la PFP aparecen las imágenes del predio ubicado en la avenida Peña Alta 327.
El inmueble está aproximadamente a medio kilómetro de la escuela Popol Vuh, enfrente de la cual ocurrió el linchamiento, y el terreno está dividido en dos partes: una es ocupada por una familia, y en la otra se encuentra el negocio de materiales. "Había un señor que vendía arena, piedra, tabiques y cosas de ese tipo. No sé cómo se llame, la verdad no lo he visto últimamente, hace semanas que no abre, pero a mí me daba la impresión de que era gente tranquila", indicó don Juan, habitante de la zona.
De lado derecho del portón fotografiado por los agentes de la PFP hay una placa metálica que indica: "Familia Torres, colonia Peña Alta", en tanto que del lado izquierdo hay una manta que anuncia la venta de materiales.
Por otra parte, la comisión conformada el viernes pasado por pobladores de San Juan Ixtayopan, que será responsable de dialogar con las autoridades, se reunió a las 13 horas en el salón ejidal de la comunidad. Como habían anunciado con anterioridad, a la primera autoridad que recurrirán será a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
