Remedios García
Rebelión

Carlos Lozano es abogado, director del periódico VOZ, ha sido miembro de la Comisión de Notables en el proceso de paz que se desarrolló entre el Gobierno del Presidente Pastrana, el anterior gobierno de Colombia y las FARC-EP y es además uno de los mejores conocedores de la situación de su país. Ha estado en España participando en un seminario organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona, junto con otras personalidades, para analizar la problemática situación que hay en Colombia

P.: ¿Cuál ha sido el objetivo de su viaje?
C. Lozano: El viaje que hemos hecho en esta oportunidad fue para participar en un seminario organizado por la Escuela de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona para evaluar los procesos de paz en Colombia y la utilidad que pueden tener estos en las eventuales negociaciones de paz con los grupos guerrilleros.
Participaron en este seminario los consejeros de paz y los comisionados para la paz que trabajaron en los procesos, desde el gobierno de Belisario Betancur en el año de 1984, hasta los más recientes. Allí estuvieron los que suscribieron los acuerdos con el M19 y otras organizaciones entonces guerrilleras, también los consejeros de paz que participaron en las conversaciones de Tlaxcala y de Caracas durante el gobierno de César Gaviria, uno de ellos es el excandidato presidencial Horacio Serpa Uribe. También los comisionados de paz del gobierno de Ernesto Samper y, naturalmente Camilo Gómez, el Alto Comisionado de Paz que tuvo a su cargo la mayor parte de los diálogos de paz tanto con las FARC como con el ELN, durante el gobierno de Andrés Pastrana. También estuvo representado el gobierno y participaron integrantes de comisiones de facilitadores, de la Iglesia católica, de los guerrilleros reinsertados en el pasado y la presencia mía obedeció a que fui miembro de la llamada Comisión de Notables, que hizo un documento con recomendaciones para el Proceso de Paz del Caguán. Eso fue lo que se hizo en Barcelona, en medio de una discusión franca en la que también participaron delegados del gobierno actual, entre ellos el vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, un delegado de la Oficina del Alto Comisionado, el General Herrera Verbel y Noemí Sanín, la embajadora de Colombia en España. Había delegados de la Unión Europea, de Naciones Unidas, entre ellos James Lemoyne, el asesor para la paz en Colombia del Secretario General de las Naciones Unidas. Delegados de la Agencia Española de Cooperación, del Gobierno español, de la Cancillería y creo que fue un debate fructífero, muy franco, muy abierto, en el cual no faltaron las críticas a la política oficial del gobierno.
Yo diría que fundamentalmente tres o cuatro cosas quedaron muy precisas y que fueron de consenso en todos los participantes, exceptuando la opinión del gobierno, naturalmente. Primero que todo, el reconocimiento de que en Colombia hay un conflicto político, social y armado, lo cual niega el gobierno colombiano de Uribe Vélez porque sostiene que lo que hay es la agresión de los terroristas a la democracia colombiana. Esta opinión del gobierno, que ha sido la base para su política de guerra y de seguridad democrática fue totalmente rechazada en el seminario, incluyendo los uribistas que allí participaban y que no son funcionarios gubernamentales, por ejemplo el senador Rafael Pardo Rueda; el ex consejero de paz Ricardo Santamaría, que se unieron a quienes sosteníamos, desde distintos puntos de vista, que en Colombia lo que hay es un conflicto que tiene orígenes sociales, políticos y económicos e inclusive históricos, es un conflicto que data de más de medio siglo, eso fue algo muy claro en las discusiones.
En segundo luga, se planteó que este conflicto, por su naturaleza política, social y económica, su alternativa de solución es por la vía política negociada. No se planteó por ninguno de los que allí estaban representados, que la alternativa es la guerra generalizada, o la de la intervención más directa del gobierno de los EEUU, lo que se desprendió incluso de la intervención que allí hizo un delegado del Gobierno de éste país quien, entre otras cosas, señaló que la chequera del Plan Colombia está abierta para los gastos que fueran necesarios para las ofensivas contra el movimiento guerrillero, lo cual fue rechazado por todos los participantes, porque en general lo que hubo fue una posición muy de respaldo a los procesos de diálogo y a que en Colombia se abra una perspectiva de solución política, por cierto porque todos los planes guerreristas del pasado han fracasado estrepitosamente.
En tercer lugar se planteó respecto al tema paramilitar, que nadie está abogando por un aplastamiento de los grupos paramilitares o por una especie de tierra arrasada contra ellos. Pero lo que sí se plantea es que cualquier proceso de solución al paramilitarismo tiene que partir de una política de sometimiento a la justicia, sin impunidad por los delitos atroces y los crímenes de lesa humanidad en los que ellos han participado.
En cuarto lugar podríamos decir también que los participantes se pronunciaron sobre el tema del Acuerdo Humanitario, entendiendo éste como una negociación entre las FARC y el Gobierno nacional para buscar la liberación de todas las personas que están retenidas por razones del conflicto, tanto los que están en las cárceles colombianas, combatientes guerrilleros, los militares y policías y dirigentes políticos que están en poder de las FARC en este momento.
Yo diría que fueron los cuatro puntos sustanciales que, más o menos, unificaron, a pesar de distintos enfoques, de distintas percepciones, de matices, pero que fueron coincidentes entre los participantes en el seminario. Desgraciadamente no hubo un documento final, cuerpo escrito y de conclusiones, porque el gobierno colombiano se negó rotundamente a que lo hubiera. Sin embargo , en las conclusiones finales, el último día de las sesiones de este seminario, que duró tres días, más o menos fue lo que se señaló como puntos de coincidencia y que fueron aceptados por la mayoría de los participantes.
P.: ¿Y el gobierno colombiano tiene en cuenta este tipo de discusiones, este tipo de trabajos en los que también participa directamente o los ignora por completo?
C. Lozano: Yo espero que los tenga en cuenta, sin embargo la experiencia nos muestra que la participación gubernamental en este tipo de eventos, por lo general, es bastante arrogante, bastante pendenciera y si participa es para contradecir lo que los demás opinan en contra de la óptica gubernamental, y al final poco influye en ellos. Sin embargo pienso que dado el caso de la participación del Gobierno español, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, esta participación de la comunidad internacional en el seminario de Barcelona puede influir para que el gobierno al menos reflexione, tome en consideración, tenga en cuenta los planteamientos que allí se vertieron, de alguna manera porque hoy día el gobierno está muy preocupado por la imagen internacional. No es cualquier cosa los descalabros que ha tenido la presencia de Uribe Vélez en dos acontecimientos muy importantes: el primero cuando estuvo en Europa, el año pasado, en el Parlamento Europeo, le tocó intervenir ante una sala casi desierta, situación que se repite ahora, hace pocos meses, en la Asamblea General de Naciones Unidas que cuando intervino el mandatario colombiano había varias plazas vacías en la Asamblea General y que la prensa colombiana y los áulicos quisieron explicar por el hecho de que Uribe Vélez intervenía de los primeros, empezando la mañana, y que generalmente eso solía ocurrir porque los embajadores y los delegados de gobiernos estaban incorporándose a las sesiones seguramente más tarde. Pero eso es un argumento, es una historia, es una falacia que en Colombia nadie creyó y que entendimos todos los colombianos que se trataba de una manera de la comunidad internacional de expresar por lo menos, si no su protesta, sí su oposición a que en Colombia en lugar de estar adelantando procesos de paz y de solución política del conflicto se esté poniendo el énfasis en una política de guerra, de confrontación, con el apoyo exclusivo del Gobierno de los EEUU. Yo pienso que estos temas tan importantes que se discuten en este tipo de eventos no caen en el vacío. De alguna manera tienen su importancia y el gobierno reflexiona sobre ellos. Yo creo que eso contribuye a que ellos entiendan que los caminos y las perspectivas son diferentes a las que ellos están transitando en este momento.
P.: Cuando Uribe llegó al poder, hace ya más de dos años, la política del Gobierno colombiano cambió radicalmente ¿qué resultados se han obtenido con esta nueva política del Presidente Uribe?
C. LOZANO:: Hace dos años y tres meses, aproximadamente que asumió el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y se produjo un viraje en la vida nacional porque, al contrario del énfasis en la paz y en los diálogos que impuso el gobierno anterior de Andrés Pastrana, hasta que se produjo la ruptura del proceso de negociación con las FARC, en el mes de febrero del año 2002 y posteriormente del proceso con el ELN, el gobierno de Uribe Vélez se orientó más desde el comienzo, por una política de guerra, de solución militar e incluso se comprometió con los colombianos a que en ciento veinte días tendría derrotada por lo menos a la guerrilla de las FARC a quien le declaró la guerra abierta desde el mismo momento de la posesión del Gobierno. El Gobierno resumió toda su estrategia política y militar en lo que el llama "la Seguridad Democrática" que no tiene nada ni de seguridad ni de democrática por cuanto es un catálogo de medidas de corte autoritario, de corte militar y sobre todo, coloca el proceso político colombiano a expensas de la intervención norteamericana que es en el fondo quien viene determinando cual es el rumbo del país en materia de guerra o de paz.
El Gobierno de los EEUU reforzó el Plan Colombia con lo que hemos conocido como el Plan Patriota que es un vasto operativo militar en el sur de Colombia con más de 18.000 soldados en toda esa área del extremo sur del territorio nacional y con recursos logísticos que proporciona el Gobierno de los EEUU y todo el apoyo tecnológico satelital y de la base norteamericana que se conoce con el nombre de Tres Esquinas que está ubicada en el departamento del Putumayo, al sur del país que, según dicen, es una de las bases de la inteligencia más sofisticadas que hay en toda el área de Sudamérica, que le sirve a los EEUU no solamente para espiar con sus satélites el territorio colombiano sino toda el área de Sudamérica. Entonces el Plan Patriota es todo un operativo de gran alcance y es lo que han venido adelantando. Esa fue la política que puso en marcha Uribe Vélez, dedicándole a ello todo lo esencial de su gestión, todos los recursos políticos y los recursos económicos del país. En este momento más del 35% del presupuesto nacional de Colombia está destinado a la guerra, a esos planes, tanto al Plan Colombia como al Plan Patriota en el sur del país, fuera de los dineros que llegan por concepto de las ayuda norteamericana.
En el terreno político se pusieron en marcha varias iniciativas que han fracasado porque la Corte Constitucional las ha encontrado inconstitucionales, ilegales. Una fue la declaratoria de zonas especiales de orden público que se decretaron en varias partes del país, sobre todo la gran zona fronteriza con Venezuela, en el departamento de Arauca, donde está toda la región petrolera colombiana y que está siendo vigilada por tropas norteamericanas, protegiendo su petróleo, porque dicen que es su petróleo y, posteriormente a esas zonas especiales de orden público que fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, o sea ilegales, posteriormente a eso vino el estatuto antiterrorista también declarado ilegal por la Corte Constitucional. Tanto las zonas de control de orden público como el estatuto antiterrorista eran los instrumentos legales de los cuales se dotaba el Gobierno de Uribe Vélez para actuar en contra del movimiento popular, del movimiento social y supuestamente de los grupos insurgentes, tanto de las FARC como del ELN. Sin embargo esos planes sólo han servido para escalar más el conflicto colombiano, para agudizar la lucha armada revolucionaria y han sido un fracaso porque de todas maneras el gobierno no ha mostrado ningún resultado concreto sobre la base de estos programas y ya incluso hasta el Gobierno de los EEUU, la Embajada norteamericana en Bogotá y sectores del empresariado, de los ganaderos, de los latifundistas colombianos que han apoyado desde el comienzo al gobierno en sus planes belicistas, le están reclamando al gobierno y a las fuerzas militares que no han hecho nada, que no hay resultados concretos con relación a estos planes guerreristas, así es que llevamos dos años y tres meses de guerra, de confrontación y ya muchos más de los ciento veinte días que se había puesto como plazo el gobierno para derrotar a la guerrilla. Y no hay ninguna derrota de la guerrilla, sino por el contrario, lo que vemos es que el conflicto se ha extendido más, se ha prolongado y que no hay en este momento una perspectiva concreta de solución política ante la renuencia del Gobierno nacional a aceptar los diálogos de paz.
P.:Y en cuanto a la gestión del gobierno en otros terrenos, en lo social, la educación, la sanidad, la economía ¿cómo es la situación? ¿ha cambiado? ¿ha mejorado?
C. LOZANO: No, no hay nada. El país está peor. El problema que tenemos ahora es que no hay dinero para la inversión social. El 35% del presupuesto está destinado a la guerra y otro 35% al pago de la deuda externa, del servicio de la deuda externa. Entonces tenemos un 70% del presupuesto nacional destinado a otros rubros que no son las necesidades sociales de la población. Así es que no hay dinero para la inversión social. En este momento la crisis de la salud y la crisis de la educación son dos talones de Aquiles - podríamos decir - del Gobierno de Uribe Vélez. Hay más de seiscientos centros hospitalarios en todo el país que están amenazados de cierre, entre ellos los principales hospitales. Los hospitales de tercer nivel que son los más importantes y los hospitales universitarios de las principales ciudades están amenazados de cierre porque el Gobierno no cuenta con los recursos para financiarlos. El dinero que está logrando salvar con el ajuste fiscal va destinado a la guerra. Los dineros que llegan por la ayuda norteamericana para el Plan Colombia son para la guerra. Entonces no hay recursos para invertir en lo social. Incluso ahora lo que tiene previsto para antes de que termine este año 2004 es hacer aprobar, en la agenda legislativa, una nueva reforma tributaria para extender el impuesto del valor agregado a los artículos de primera necesidad, con la idea de que esos recursos sean destinados un poco a paliar la situación de salud y educación, sobre todo de salud que es donde está más grave la situación. Pero es difícil que las mayorías parlamentarias, aún siendo uribistas, le aprueben esa agenda legislativa porque de todas maneras todo el país va a entrar en una etapa de campaña electoral y estos politiqueros no tienen ningún interés en presentarse ante su electorado a defender semejantes proyectos tan antipopulares, así es que es muy de difícil que se apruebe esa extensión del IVA a los productos de primera necesidad. De hecho ya están negociando con el gobierno para que no sea así. Así es que es muy difícil que el gobierno obtenga los recursos para la inversión social. El caos social es bastante grande. Por eso Uribe Vélez, entre otras cosas viene diciendo que él requiere de otro periodo presidencial porque, según él, estos cuatros años son los de la guerra, los de derrotar a los terroristas y los próximos cuatro años son los de las soluciones sociales. Pero esto es un cuento que ya nadie cree, ante el fracaso de la política de Seguridad Democrática y de los planes militaristas.
P.: ¿Cuál es la respuesta de la población colombiana a todo esto? ¿cuál es la respuesta de las organizaciones sociales?
C. Lozano: Yo creo que muy importante. De todas maneras no ha sido fácil para el Gobierno de Uribe Vélez. No hay que olvidar que el año pasado, cuando estaba más fresco el gobierno de Uribe Vélez, cuando estaba apenas despuntando en el primer año, se produjo el referéndum por medio del cual Uribe Vélez quería salvar, liberar unos dineros para el gasto de guerra, conseguir otros, un poco para respaldar el problema social, el drama social que tiene, quería hacer profundas reformas en el campo de las pensiones y además reforzar toda la política de Seguridad Democrática con nuevas medidas autoritarias. Y convocó un referéndum para eso. Y el pueblo colombiano, a través de sus organizaciones sociales y populares y de los partidos de la izquierda, se unió en la Gran Coalición Democrática contra el referéndum que logró derrotarlo en este propósito. El referéndum no logró conseguir la votación constitucional que se requería porque la Gran Coalición convocó a la abstención contra el referéndum y la abstención fue de casi el ochenta y tantos por ciento. O sea, Uribe Vélez no consiguió ni siquiera que el veinte por ciento de la población votara. Y de la gente que votó, de todas maneras hubo un porcentaje que votó en contra, votó por el "no" al referéndum. Así es que quienes respaldaron el referéndum, en un momento en que se decía que Uribe tenía una gran popularidad, que se registraba en las encuestas como el 85% de la aceptación de los colombianos, no logró sino un poco más del diez por ciento de la votación de aprobación por el referéndum. Así es que esa fue una derrota muy importante que fue el reflejo de grandes movilizaciones populares y del repudio que se generó en torno al referéndum. Yo diría que ése fue una especie de punto de partida de la confrontación del movimiento social y popular con Uribe Vélez.
Luego pasó por las elecciones municipales que también perdió Uribe Vélez. Las elecciones municipales las ganó el Partido Liberal, pero además irrumpieron en el escenario político fuerzas importantes que lograron ganar importantes alcaldías, como el caso de Lucho Garzón en Bogotá, a través del Polo Democrático Independiente, respaldado por la izquierda y por las centrales obreras; el caso de Angelino Garzón en el departamento del Valle, y no fueron los únicos. Hubo también alcaldes de municipios como el caso de Medellín, de Pasto, de Barranquilla, que también contaron con el respaldo popular y que, en cierta forma, son también reflejo de esa fractura del poder bipartidista y del respaldo que quería Uribe Vélez en las elecciones municipales. El gobernador del departamento del Chocó que es un departamento de los de menor peso por las precarias condiciones sociales, pero de gran significación porque es el que aglutina la mayor cantidad de población afrodescendiente que hay en nuestro país. Allí también ganó un gobernador alternativo, antiguo dirigente de la Federación Colombiana de Educadores e incluso antiguo dirigente también, como Lucho y como Angelino, del Partido Comunista Colombiano. Entonces yo creo que esos dos elementos que fueron el Referéndum y el cambio de mapa político en las elecciones locales muestran como una especie de arranque en la organización social y popular para enfrentar a Uribe.
Luego, pasadas estas elecciones se presenta una importante jornada de pronunciamientos y se plantea la necesidad de que se mantuviera la Gran Coalición Democrática que había actuado contra el referéndum para enfrentar también la agenda legislativa y todos los propósitos guerreristas de Uribe Vélez. Y así, después de ello, esta gran coalición organiza varias jornadas de protesta. La más importante sin duda fue la del 12 de octubre pasado, que logró movilizar en todo el país a millones de colombianos. En Bogotá hacía mucho tiempo que no se veía una movilización tan importante, tan significativa. Todo el día hubo movilizaciones a lo largo de todas las calles bogotanas y desde la mañana hasta la tarde en que transcurrieron estas movilizaciones, varias veces se llenó la plaza de Bolívar que es como el centro de la capital, porque está enclavada entre el Capitolio Nacional que es donde está el Congreso y el Palacio de Justicia, donde están las Cortes. Detrás del Congreso está el Palacio de Nariño donde despacha el Presidente de la República, así es que esta plaza de Bolívar tiene un gran valor simbólico y ha sido escenario de muchas luchas. Y como suele decirse, muy pocos se le miden a esta plaza de Bolívar porque no es fácil llenarla, sin embargo en esta ocasión se llenó varias veces y la gran prensa colombiana, la prensa de la oligarquía, que suele ignorar este tipo de acontecimientos, no pudo desconocerlo. El diario El Tiempo, que es el único diario de circulación nacional, registró una gran fotografía de la marcha en primera plana. Y los noticieros de los poderosos grupos económicos también le dieron cubrimiento y se muestra que hay como una especie de resurgimiento de esta organización. Es importante señalar que en la Gran Coalición Democrática están las tres centrales sindicales, los principales sindicatos del país, los sindicatos de pensionados que no están dentro de las centrales nacionales. Y están los partidos de la izquierda, y está el Partido Liberal, sobre todo el sector que lidera la senadora Piedad Córdoba, aún cuando formalmente está el Partido Liberal oficial, sin embargo quien hace más presencia allí es la senadora Piedad. Así es que esta Gran Coalición le ha dado mucha continuidad a la protesta. Yo creo que eso va a ser un instrumento fundamental en contra de esta acción legislativa de Uribe Vélez y también en la presión para que haya los diálogos de paz, lo que llamamos la solución política del conflicto y el tema del Acuerdo Humanitario a los cuales se niega con tanta fuerza el Gobierno de Uribe Vélez.
Yo creo que ahora hay un realineamiento de fuerzas que es muy importante y seguramente hacia finales de este año, antes de que termine la agenda legislativa, es probable que haya otro paro nacional similar al del 12 de octubre, porque Uribe, con su terquedad, no ha querido entender el rechazo de los colombianos a estas medidas y está insistiendo en ellas. Sin embargo ya se nota el deterioro de su gestión, ya no actúa con el mismo talante autoritario y de generar tanto conflicto y tanta contradicción. Quiere guardar un poco más de compostura. Y en segundo lugar, las famosas encuestas que le daban semejante cantidad de porcentajes de adhesión, pues en la última gran encuesta lo que se refleja es que ya bajó del 50%. Son encuestas ya de suyo limitadas, bastante tendenciosas, sin embargo en la última ni siquiera llegó al 50% de la simpatía lo cual lo debe tener muy preocupado en el momento en que él está promoviendo su reelección.
P.: ¿Dónde se hacen estas encuestas? ¿Se llega a todo tipo de población?
C. LOZANO:: No. Estas encuestas son bastante manoseadas, son encuestas que ellos hacen en las principales ciudades del país, en franjas de población muy bien escogidas. Por ejemplo en Bogotá, son encuestas que hacen en grupos de seiscientas, ochocientas personas, en una ciudad de siete, de siete millones y medio de habitantes y con unas diferencias tan grandes, en donde hay barrios que son completamente populares, barrios que carecen de servicios públicos, que no tienen los servicios más elementales resueltos, hasta los barrios cercanos al centro donde están los sectores medios, o al norte, donde está la gran oligarquía. Y entonces, claro, estas encuestas, obviamente no reflejan las intenciones o las inquietudes del sur de Bogotá donde están las franjas de miseria y de pobreza más grandes de las que poco se habla. De lo que se habla es de la gran Bogotá que ha cambiado en los últimos años, para venderle la imagen a las transnacionales y para llamar a la inversión de los neoliberales. Pero nadie habla de esa franja de bogotanos que es inmensa. Y es que según el último Informe del Desarrollo Humano, el 60% de los colombianos, y en este caso Bogotá está dentro de esa media nacional, está en los límites de la pobreza. Y más del 30% de ese 60 está en la pobreza absoluta, o sea que Bogotá es realmente un especie de volcán que en cualquier momento puede hacer erupción en una situación como esta.
P.: Esa población de bogotanos que están en la pobreza muchos de ellos son desplazados, procedentes del campo ….
C. LOZANO: Claro, hay bastantes desplazados.
P.: Y en cuanto al movimiento social, aquí en Europa se dice que Colombia es uno de los países donde más peligroso es ser sindicalistas, pero el Gobierno de Uribe no sólo estigmatiza a los sindicalistas que son muchas veces asesinados a manos de los paramilitares sino también a muchos miembros de otras organizaciones sociales. Los miembros de las organizaciones sociales han sido muy acusados de connivencia con las organizaciones insurgentes. A pesar de todo siguen trabajando de manera muy valiente ¿cómo se enfrentan a esto? Por otra parte, ¿por qué aquí en Europa, a pesar de la cantidad de asesinatos políticos que se cometen en Colombia casi a diario, la prensa no lo refleja? ¿a qué cree usted que se debe esta falta de información que tenemos sobre la tragedia de este país?
C. LOZANO: Sí, en general hay bastante desinformación sobre el tema colombiano. Incluso Uribe ha venido vendiendo la idea de que su política de Seguridad Democrática está generando seguridad para las personas en Colombia. Por ejemplo, dice cosas tan cínicas como éstas que estaba leyendo en estos días, en que se dan los datos sobre las muertes sindicales. Dice que ya el promedio no es de veintidós sindicalistas muertos al mes, sino que se bajó a quince. ¡Ya son solamente quince! como gran acontecimiento. Desde luego son cifras bastante mannipuladas, porque las cifras que dan las organizaciones humanitarias son diferentes, pero se nota la manipulación. Lo mismo que da con las famosas caravanas de la seguridad, lo que hacen los viajeros cuando hay estos famosos puentes de descanso largo en Colombia, entonces se desplazan a grandes ciudades grupos de turistas que van protegidos por tanques de guerra, por batallones, y creen que ésa es la política de Seguridad Democrática ¡como si una verdadera política de seguridad no fuera cuando la gente se puede desplazar sola, sin ningún inconveniente, como ocurre en cualquier parte del mundo!. Pero esto es el manejo publicitario que hace Uribe Vélez.
Ciertamente hay una situación de bastante peligro para las organizaciones sociales, populares y para las organizaciones de la izquierda. Al igual que Bush, Uribe Vélez ha hablado de que el que no está conmigo está contra mi. Ha polarizado al país: o hay que estar al lado del gobierno, o el que no esté al lado del gobierno se supone que es un guerrillero, que es un terrorista. Y así es como ha venido actuando. Obliga a todos los colombianos a que hagan pronunciamientos, o que se alineen al lado de lo suyo, de lo contrario están en el ojo del huracán, porque entonces es un guerrillero, es un terrorista. Y por eso han venido haciendo lo que allí llamamos "la cacería de brujas" que es en el fondo para lo que han servido estas zonas de orden público primero y el Estatuto antiterrorista después, que lo siguen aplicando a pesar de todo, a pesar de que la Corte lo suspendió, que es lo que nosotros llamamos "la cacería de brujas" que son verdaderas racias que hacen, operaciones de tierra arrasada, en barrios populares, en ciudades enteras inclusive, en municipios enteros, para llevarse detenidos a los luchadores populares, a los dirigentes, a los activistas, a los sindicalistas, o incluso fusilarlos como ocurrió en Arauca, en donde fueron fusilados prácticamente tres dirigentes sindicales sin fórmula de juicio. Fueron tres fusilamientos extrajudiaciales. No hubo nada que alegar porque sencillamente llegaron y los asesinaron y después dijeron que se habían enfrentado a ellos. Sin embargo la propia fiscalía, que es una fiscalía del bolsillo del Gobierno, al final tuvo que decir que había sido un asesinato y ahora quieren enjuiciar a quienes dirigieron ese operativo militar: Y obviamente a quienes salieron, desde el alto gobierno, a defender a los autores materiales, a ellos no les van a hacer nada. Solamente los soldaditos que dispararon y los suboficiales son los que irán a la cárcel por este hecho.
El movimiento sindical sigue en la mira de los asesinatos. Asesinatos que son orquestados por los organismos de inteligencia militar y por los grupos paramilitares. Ahí está el caso, por ejemplo, del profesor Alfredo Correa de Andrés, en Barranquilla, a quien llevan a la cárcel, lo sindican de ser guerrillero de las FARC y luego de un mes o casi dos meses de estar preso, demuestra su inocencia, sale en libertad y entonces lo asesinan. Eso ocurre. Los educadores, los trabajadores de la salud, el sindicato de la salud, que ha estado en el centro de todas estas provocaciones, porque dicen que los médicos, los enfermeros que son del sindicato suelen ir a atender a los guerrilleros heridos, y entonces los tienen perseguidos y a los que no meten en la cárcel los matan, los asesinan. Igual con los dirigentes de izquierda, el Partido Comunista, la Unión Patriótica, los pocos militantes que le quedan están siendo asesinados. Entonces no es cierto que haya disminuido el número de asesinatos, no es cierto que haya una voluntad de la Seguridad Democrática para proteger más a los colombianos, al contrario, aquí se está acallando la protesta popular por un ejercicio del terrorismo de Estado, por la intolerancia del Presidente de la República que apenas aparece un informe de una ONG, o de un grupo de ONG, o de cualquier organización, que contradice la versión oficial y que demuestra que sí se están violando los Derechos Humanos en Colombia, entonces señala a esas organizaciones de ser terroristas y les cuelga la lápida al cuello, como se suele decir en nuestro país. Así que allí hay una verdadera persecución, no hay garantías, no hay respeto por los Derechos Humanos. Eso lo hemos venido planteando en distintos escenarios. Y el gobierno continua en esa política. Lo importante es que las organizaciones han logrado, a través de la unidad, a través de esos frentes como la Gran Coalición, a través de sus propios esfuerzos, las ONG han logrado seguir actuando, defendiendo el derecho que tenemos a actuar en el país pese a estas situaciones y a este peligro que hay. Así es que vamos a ver hasta donde se puede. Por eso es importante la solidaridad internacional.
P.: Y el silencio del mundo ante lo que sucede en Colombia ¿cómo se puede explicar?
C. LOZANO: Pero de todas maneras ha habido protestas. Digamos que hay unos medios de comunicación que silencian esta realidad, pero sí ha habido protestas, por ejemplo la protesta de los eurodiputados cuando estuvo Uribe Vélez en el Parlamento Europeo, eso se sintió y tuvo una transcendencia importante; por ejemplo los pronunciamientos de algunas organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y otras, que denuncian todos estos hechos de violación de los Derechos Humanos, yo creo que están pesando en el país. Incluso los propios norteamericanos. Hay que decir que es curioso que el propio gobierno norteamericano que se toma el derecho, se toma la licencia que nadie le ha concedido, de certificar por el buen comportamiento en los Derechos Humanos a los demás gobiernos, cuando él no los respeta, sin embargo no certifica bien a Colombia. Generalmente certifica con condiciones o incluso diciendo que debe suspender los nexos con los grupos paramilitares. Hace pocas semanas se conoció la carta de Kerry, el candidato demócrata, junto con otros senadores demócratas, que le dicen a Uribe que tiene que acabar los nexos con el paramilitarismo. Yo creo que esto son cosas importantes. Hay una tendencia, desde luego, a ignorar lo de Colombia, hay una tendencia en los gobiernos de Europa y en los gobiernos de América Latina, a silenciar estas situaciones con el argumento de que al fin y al cabo Uribe es un gobierno legítimo, porque fue elegido, como si un gobierno que es elegido popularmente tuviera permiso para atropellar y para matar a todo el mundo. Sin embargo yo creo que, poco a poco, hay un sentimiento de que la cosa no va bien, aunque no haya grandes condenas y grandes rechazos a la política de Uribe Vélez, sin embargo sí hay, o por lo menos se refleja que hay inconformidad en muchos sectores, en muchas latitudes, con la política gubernamental. Y yo creo que eso es importante. Claro, la prensa, la labor de los medios de comunicación es difícil, es complicada, pero dan una imagen distorsionada y equivocada, hace parte de ese gran entramado que le permite a este señor seguir actuando de esta manera. Pero hay inconformidad en el exterior, eso se nota, se refleja.
P.: Y en cuanto a las poblaciones que forman los cinturones de pobreza de las ciudades, muchas de las cuales son campesinos desplazados, a mi me hace pensar que el campo colombiano está cambiando, está pasando de unas manos a otras pero también está cambiando la producción, el tipo de producción, se está convirtiendo en grandes extensiones… ¿qué sucede ahí?
C. LOZANO: En el campo se hecho una especie de contrarreforma agraria. En Colombia nunca hubo una reforma agraria. Cincuenta años de conflicto y, si se me permite la expresión, la primera causa del conflicto fue la falta de una reforma agraria, en un país que era agrario en esa época, a pesar de que con el tiempo eso se modificó. En Colombia se desarrollaron las fuerzas productivas, las relaciones de producción, el capitalismo se incrustó, un capitalismo de desarrollo medio, la economía se volvió una economía agroindustrial. A pesar de todos los cambios que hubo en la estructura económica del país, la tenencia de la tierra se mantuvo tal cual y la tierra siguió en manos de los grandes latifundistas. Sin embargo ahora, a partir de esta última violencia, podríamos llamar así a los diez últimos años, lo que se ha producido con el desarraigo de los campesinos de sus parcelas, de sus pequeñas propiedades, lo que se ha producido es una contrarreforma agraria, porque han surgido nuevos propietarios que son los paramilitares, e incluso algunos militares que se han quedado con la tierra que han reforzado el poder del latifundio. Son como nuevos latifundistas que irrumpen en el sector agrario de nuestro país. Estas son situaciones muy complicadas.
Hay un proyecto de Ley que ha sido presentado en el Congreso en las últimas semanas, y sobre el que alertamos nosotros en el semanario VOZ, que es un proyecto de Ley presentado por algunos parlamentarios de la costa atlántica donde este fenómeno es tan crudo y tan abiertamente paramilitar, un proyecto de Ley para legalizar las nuevas propiedades que hay sobre la tierra, es decir, dar el título de propiedad a quienes tienen tierra que han quitado a los campesinos que han sido expulsados de sus tierras. Y es que aquí no es un fenómeno simple de desplazamiento sino que es un problema de campesinos que son realmente expulsados de su propiedad, porque no solamente los desplazan sino que les quitan su propiedad. En otros tiempos, o en otras partes quizás, los desplazan pero ese campesino tiene una posibilidad en el tiempo, de regresar una vez se normalice la situación. Aquí, en este caso es que hasta pierde esa posibilidad de regresar, porque ese campesino se va y pierde su tierra. ¿Cuándo va a regresar? ¿ para qué? Si el día en que en Colombia haya una solución política del conflicto, el día en que haya una apertura de la democracia, esos campesinos van a ser un problema para el postconflicto, como suele decirse. Porque ¿cómo se les va a resolver el problema? Si sus propiedades se acabaron, se perdieron…
P.: Pero eso es un fenómeno que también se produce, aunque de otra manera, en otras partes del mundo, que es lo que Samir Amin llama la expulsión de los campesinos del sistema, quedan afuera. Pero con respecto a Colombia también oímos decir que muchos de estos desplazados son consecuencia de la guerrilla, que llega la guerrilla y la gente huye de la guerrilla. E insistiendo en el tema de la agricultura, también hay un cambio en el tipo de producción ¿no es así¿
C. LOZANO: Sí, se ha modificado bastante.
Sobre lo primero, yo diría que más que campesinos expulsados por la guerrilla son campesinos víctimas del conflicto. Al fin y al cabo son campesinos que quedan en medio del fuego, del fuego de los combates de la guerrilla con el ejército. Son campesinos muchos de los cuales se van, incluso esos desplazamientos a veces los genera la guerrilla con la idea de cuidar de sus vidas, cuidar la vida de la gente que queda en medio de ese conflicto. No hay la idea pues, de que se van a quedar con sus tierras o algo por el estilo, como sí pasa con el caso de los paramilitares.
En cuanto a la producción, sí se ha modificado mucho la producción, también el modelo neoliberal acabó con la producción agropecuaria. Todos esos complejos agroindustriales que habían surgido como fruto de la modernización del campo colombiano y del desarrollo capitalista, hoy día están quebrados con la competencia del libre mercado, con los productos que llegan del exterior: el arroz,… por no hablar de los cafeteros... Incluso han anunciado que para dentro de este año se va a importar café en Colombia. Es algo de locos. Pero se va a importar café para satisfacer el mercado nacional y poder cumplir las cuotas en el exterior. O sea que el café colombiano se va a tomar en el exterior. ¡Nosotros tendremos que tomar café de Costa Rica, o del Salvador, o qué se yo de donde! porque como hay unas cuotas cafeteras y ha bajado tanto la producción, entonces las cuotas se cumplen, y se cumplen con el producto nacional, y a los nacionales se les da un café cualquiera para poder satisfacer el consumo nacional. Entonces, claro, se ha modificado mucho, y todo por el vacío de la reforma agraria, de una verdadera reforma agraria y sin duda, por la irrupción también del narcotráfico. El fenómeno del narcotráfico, el surgimiento de los cultivos ilícitos ha hecho un grave daño a la agricultura en Colombia. Claro, los cultivos ilícitos tienen una particularidad que, por lo general, aún cuando se dan casos, por lo general no están en la frontera agrícola sino adentro, en la selva. Pero también se dan en algunos casos en la frontera agrícola donde han sustituido a los cultivos de pancoger, así es que esos cultivos ilícitos, de alguna manera también han cambiado el esquema de la producción agrícola en Colombia.
P.: Y con el problema de las fumigaciones ¿se verán obligados a volver a la anterior agricultura?
C. LOZANO: No, no, porque después de la fumigación no les sirve. Curiosamente, según dicen ellos mismos, los mismos campesinos que tienen los cultivos ilícitos dicen que ante las fumigaciones lo único que les queda es insistir en los cultivos ilícitos porque la tierra queda estéril para cualquier tipo de producción agropecuaria, así es que les queda sólo insistir en la coca que no requiere mayores condiciones especiales en la tierra. Es mentira lo que ellos dicen que con la fumigación acaban el cultivo y dejan estéril la tierra para cultivar la coca. Queda estéril para cultivar yuca, papa, arroz, lo que sea, pero la coca vuelven y la cultivan. Cuantas veces fumiguen esas mismas veces se multiplica. Por eso dicen los expertos que con las fumigaciones los cultivos ilícitos no los han acabado nunca, sino que al contrario, se reproducen mejor que nunca. Todos los años, el ministro del Interior anterior que era tan locuaz, había dicho que en el año 2003 acababan los cultivos ilícitos y resulta que terminó el 2003 casi con la misma cifra con que había comenzado, a pesar de que habían fumigado no se cuantas hectáreas, miles de hectáreas. Y así ocurre todos los años. Eso no lo pueden acabar así. Por eso lo que está planteado es ver el problema de los cultivos ilícitos en el contexto de una reforma agraria, para resolver un problema mucho más de conjunto, mucho más universal. No ver el problema separado pues, el tema de la reforma agraria o el tema del desarrollo del campo, verlo al margen de los cultivos ilícitos. Porque el Gobierno de Uribe lo que dice es: "cultivos ilícitos, yo les doy un trato que es fumigaciones y represión, los otros, vamos a verlo". Pues vamos a verlo, pero lo que está probado es que con el Tratado de Libre Comercio no hay garantías, por eso es que está incluso a punto de romperse. Las conversaciones están en un punto muy bajo por el tema, entre otros, de la agricultura. Así es que es muy difícil pensar que por vías distintas a las de una reforma agraria se puedan resolver estos temas.
Otro es el tema del narcotráfico, que no tiene que ver con los cultivos ilícitos. Es decir, tiene que ver con los cultivos ilícitos, pero digamos que no tiene una solución como el de los cultivos ilícitos. La solución es a parte. El tema del narcotráfico tiene que ver con un conjunto de medidas que incluyen la represión a los carteles de la droga pero que también tienen que ver con el tema de la participación de la comunidad internacional.Porque es muy fácil para EEUU estar mandando químicos, estar mandando dinero, estar mandando cualquier cantidad de cosas para combatir los cultivos ilícitos y el narcotráfico en Colombia mientras allá no toman ninguna medida para combatir el consumo, para combatir las mafias que distribuyen la droga y que preparan químicos y todo lo que mandan a Colombia por la vía legal para los laboratorios y para la producción cocalera. Esto es un problema que tiene que ver más con el concurso de los países de una manera más tranquila y que seguramente tendrá que ver con el tema de la legalización de la droga, que es un tema que no quieren discutir, a partir de una supuesta ética, pero resulta que nadie toma decisiones. EEUU está consumiendo la mitad de la coca que se produce en el mundo. ¿Cómo resolver eso? ¿Cómo hacer con EEUU que consumen y consumen y consumen?
Y entonces, para poder limitar la posibilidad de adelantar un proceso de solución política, al margen de esa política antinarcóticos, lo que hacen es asociar a la guerrilla al tema del narcotráfico, ¡como si tuviera algo que ver! ¡Y como si acabando el narcotráfico se acabara la guerrilla!. En Colombia la guerrilla existe antes del boom del narcotráfico, la guerrilla no tiene que ver con ese problema, en su origen. Ahora, naturalmente, en el desarrollo de la lucha armada colombiana, el narcotráfico irrumpió en el campo colombiano y se convirtió en una realidad. Claro, eso, nadie puede desconocer que toca al conflicto. El narcotráfico tiene que ver con el conflicto de alguna manera. El combustible que le da al conflicto. Pero esto es un problema que en Colombia no se puede ver así nomás. Y es que el narcotráfico penetró todo, ha elegido presidentes de la República; Pablo Escobar fue parlamentario; los Rodríguez Orejuela del Cartel de Cali eran dueños de bancos y ayudaron a los empresarios a construir viviendas, a construir fábricas, a construir empresas. El dinero del narcotráfico sirvió para todo en Colombia, entonces no nos pueden venir ahora con esa doble moral, con esa hipocresía de que son los guerrilleros los que lo tienen. No. El narcotráfico es una realidad en el país y una expresión de él, un brazo, un tentáculo en el conflicto, que es lo que tienen que ver con los cultivos ilícitos. Pero esos cultivos ilícitos no son de los narcotraficantes, son campesinos que desde luego, les venden a los narcotraficantes, pero son campesinos desarraigados, campesinos a los que nunca se les resolvieron sus problemas de la tierra, que nunca les hicieron una reforma agraria, campesinos a los que el latifundio nunca tuvo en cuenta y terminaron en eso. Es una realidad. Y esa realidad se la encontró allí la guerrilla así. Es un problema sociológico, es un problema relacionado con la realidad política y social colombiana y por eso no nos podemos sustraer de ella. Por eso, desde una mirada fresca, tranquila, de este fenómeno del narcotráfico tenemos que mirarlo así. Lo que tenemos que ver es todo el conjunto del problema, cómo hacer para que realmente el narcotráfico deje de afectar la vida de los colombianos y esto es una cuestión que tienen que ver con el concurso mundial, con la participación de todos los que de una u otra manera participan en el negocio del narcotráfico, desde el consumo hasta los que proporcionan los productos químicos. Porque desde EEUU y los países capitalistas desarrollados llegan los químicos para los laboratorios. Entonces ¿cómo decir que EEUU y otros países no pueden poner límites para que los químicos no lleguen? Claro que pueden controlarlos. Y en el fondo también hay que abrir el debate sobre la legalización. Eso no hay que verlo de una manera falsa, hipócrita, sino de una manera realista.
P. ¿Cómo es la situación del Canje Humanitario? ¿está paralizado? ¿qué avances se pueden realizar? ¿Qué es esto del Canje Humanitario?
C. LOZANO: Está paralizado. El gobierno ha hecho algunos saltos, algunas posiciones suyas revelan un vaivén de acuerdo a las circunstancias.
El Canje Humanitario que algunos llaman también Acuerdo Humanitario o Intercambio Humanitario es lo que tiene que ver con la obtención de la libertad de las personas retenidas por razones del conflicto.
¿Cuáles son las personas retenidas por razones del conflicto? De un lado los prisioneros de guerra que son los combatientes, guerrilleros que están en las cárceles colombianas, sindicados por cualquier cantidad de delitos, pero siempre con un delito visible, cabeza, que es la rebelión. Después se desprenden otros, de acuerdo con las circunstancias: terrorismo, secuestro, extorsión, homicidio, cualquier cantidad de cosas, pero el delito madre –por llamarlo así- es la rebelión. Y además están también los combatientes oficiales que son los combatientes del Estado, los soldados y policías que han sido capturados por la guerrilla en combate. A raíz de que el Estado colombiano siempre se negó a ese canje, las FARC optaron por un mecanismo de presión de ese intercambio humanitario, que fue reteniendo a unos dirigentes políticos: senadores, representantes, gobernadores, una ex candidata presidencial… como una manera –digamos- de presionar el intercambio humanitario. Ese conjunto de personas es lo que se ha llamado en Colombia "personas retenidas por razones del conflicto". Porque por los civiles políticos las FARC no están exigiendo contraprestación distinta que el canje. O sea, no están exigiendo dinero para entregarlos. Sencillamente hacen parte de un proceso de negociación para que obtengan su libertad. Eso es lo que se conoce allí como "El Acuerdo Humanitario", la propuesta de canje humanitario. Claro, el Gobierno, desde que llegó planteó que lo que tenían las FARC era unos secuestrados y que los dejaran en libertad, y que ahí no había ningún tipo de negociación. Bueno, eso sería lo ideal. Lo ideal sería que la guerrilla pudiera decir: bueno, los dejo en libertad a todos y así se resuelve el problema. Pero como eso no es lo real, aquí lo que hay es una situación, que está planteada, que es el intercambio de unos guerrilleros que están en la cárcel por otros que están en la selva. Eso es lo que ha planteado la guerrilla.
Nos guste o no nos guste, estemos o no de acuerdo, eso es lo que ha planteado la guerrilla. Ahí no se trata de una discusión ideológica, o filosófica, o jurídica. Es un hecho real y así está planteado. Entonces hay que verlo desde el punto de vista humanitario. Si está planteado así pues hay que buscar una solución a eso, por esa vía. Entonces, lo que se ha planteado es que el gobierno y la guerrilla se reúnan y que lleguen a un acuerdo para que la guerrilla entregue a las personas que tienen en su poder y el Estado entregue a los guerrilleros. El Gobierno, representando al Estado, le entregue a la guerrilla los guerrilleros. Sin embargo eso no ha sido posible. El Gobierno primero dijo que no, luego dijo que iba a estudiarlo y entonces nombró una comisión de la Iglesia como facilitadora. La comisión se reunió con la guerrilla, sin embargo, después el Gobierno la desautorizó y apareció respaldando eventuales negociaciones de facilitación que hiciera el Gobierno de Suiza. En fin… no ha sido posible.
Por fuera del Gobierno y de la guerrilla se ha conformado una Comisión Nacional por el Acuerdo Humanitario en la cual actúan muchas personas, por ejemplo, el ex presidente Alfonso López Miquelsen, el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo, familiares de las personas que están en poder de las FARC, algunas ONG humanitarias, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos. Y yo he venido también trabajando aquí.
Digo por fuera del Gobierno y de la guerrilla porque lo que hace esta gente es, de buena voluntad, hacerle propuestas tanto al gobierno como a la guerrilla para tratar de desempantanar la situación de atasco en que está la negociación, o las aproximaciones entre el Gobierno y la guerrilla. Sin embargo eso está bastante parado. El Gobierno alega que es un imposible jurídico, el ex presidente López ha demostrado, gracias a sus profundos conocimientos jurídicos y del ordenamiento internacional, que sí existen los instrumentos jurídicos en el Protocolo 1 y 2 y en el artículo 3 común del Derecho de Ginebra, que existe en el Derecho Internacional Humanitario. Todos estos instrumentos internacionales son parte del bloque de constitucionalidad de Colombia. Se llama "bloque de constitucionalidad", no sólo la Carta Constitucional colombiana sino todos los tratados bilaterales y multilaterales que ha suscrito Colombia y que se deben entender como parte de la Constitución porque obligan al Estado colombiano, son vinculantes para el Estado colombiano, por eso se le llama "Bloque de Constitucionalidad". Pero en este caso no hay que hacer grandes cambios en la Constitución, porque el Protocolo 1, el Protocolo 2, el artículo 3 común, todos los tratados que tengan que ver con el Derecho Internacional Humanitario hacen parte de la Constitución colombiana, de hecho y de derecho, porque es parte del Bloque de Constitucionalidad. Eso lo ha demostrado el ex presidente López con suficiente elocuencia, pero el Gobierno no lo ha aceptado.
Incluso el ex presidente Samper también ha señalado que esto es un problema de voluntad política. Y en el fondo es eso, es de voluntad política, de que el gobierno entienda el sufrimiento de una gente, de unos familiares que están en poder de la guerrilla y de unos presos que también están hacinados en las cárceles y sometidos al maltrato y a que se les violen sus Derechos Humanos, en un país como Colombia, en donde no se respetan los derechos humanos de la gente que está en la calle y que está haciendo cualquier ejercicio normal en un país, pues menos se le respetan a quienes están presos por razones del conflicto y de la situación política colombiana. Así es que así están las cosas. No hay aproximaciones. El Gobierno dice que solo está en disponibilidad de dejar en libertad a cincuenta guerrilleros que estén sentenciados o enjuiciados por rebelión lo que no se va a conseguir. Yo no creo que se consigan ni diez porque todos los guerrilleros están enjuiciados por rebelión mas otros delitos, que es lo que llaman los abogados "los delitos conexos". Hay un delito madre, un delito central que es la rebelión y, por razones de la rebelión se cometen otros delitos: una persona que se levanta en armas contra un Estado, pues al levantarse en armas, en un combate puede matar a alguien, y eso es un homicidio. Pero él no hizo el homicidio porque quiso sino porque está en la rebelión. Otros que retienen a una persona, o la secuestran, o la extorsionan, como se le quiera llamar, y entonces inmediatamente le agregan eso. O aquellos que se toman una población, eso ahora lo han tipificado en el código penal colombiano como el delito de terrorismo. Entonces todos tienen, además de la rebelión, otras cosas, entonces no van a conseguir ni diez guerrilleros así es que esa propuesta del Gobierno no sirve, es inviable, no satisface a la guerrilla porque es que no tiene nada de realista.
P. Y no puede ser que para el Gobierno el hecho de llevar adelante este tipo de negociación signifique dar cierto reconocimiento a la guerrilla?
C. Lozano: Sí. Todo eso pesa. El Gobierno tiene temor que cualquier aproximación con la guerrilla, sobre todo si implica aproximación de la Comunidad internacional, Naciones Unidas, el grupo de países amigos. Tiene miedo que ello termine en un reconocimiento político a la guerrilla o, es más, en una especie de estatus de beligerancia. En eso se cuidan mucho. Por esa razón, entre otras, siempre el Gobierno ha saboteado todo intento de participación internacional. Cuando el asesor del Secretario General de Naciones Unidas, James Lemoyne ha querido ir a hablar con la guerrilla, el Gobierno siempre ha buscado pretextos para que no vaya, incluso una vez le dijeron que era una estratagema de la guerrilla para llevarlo y secuestrarlo. Cuando Brasil ofreció su territorio también buscaron pretextos, porque ellos no quieren darle ningún tipo de reconocimiento político a la guerrilla y mucho menos que tenga algo que ver con el estatus de beligerancia.
Todo eso está influyendo, pero sobre todo influye una especie de obsesión que tiene el gobierno y es que cree que cualquier aproximación con la insurgencia le va a afectar sus planes de Seguridad Democrática. O sea que todo le va a afectar el Plan Patriota, el Plan Colombia, los operativos militares, el éxito de los operativos militares como ellos creen. Así es que el Gobierno está en un doble problema, por un lado el de no reconocerle de ninguna manera un carácter político a la insurgencia colombiana y por otro el creer que cualquier aproximación le va a afectar su política de Seguridad Democrática. Y eso está afectando mucho tanto para el Acuerdo Humanitario o Canje Humanitario como para cualquier eventual diálogo de paz.
P.: Sin embargo sí que se lo ha reconocido a los grupos paramilitares…
C. Lozano: Claro, a los grupos paramilitares les ha reconocido todo y les ha dado todo a cambio de nada. Uribe dijo que no, que en su gobierno no existirían zonas de despeje como las que hubo con las FARC en el Caguán. Sin embargo les ha entregado una zona de despeje, aunque no le den ese nombre, pero es una zona de despeje, a los grupos paramilitares, en el departamento de Córdoba, en la costa norte colombiana, en Ralito, toda esa región que se conoce como Santa Fe de Ralito, donde están haciendo los diálogos entre los paramilitares y el gobierno, eso está en manos de los paramilitares. Eso es territorio libre de ellos y allí hacen lo que quieren.
En segundo lugar, el Gobierno ha dicho que cualquier aproximación a los grupos guerrilleros tiene que estar acompañado de un cese de hostilidades que llama él, o sea de un cese de fuego y de un compromiso de los guerrilleros de que no van a hacer acciones militares contra el Estado. Sin embargo a los grupos paramilitares no los han comprometido en eso porque ellos siguen actuando en todo el país, siguen asesinando gente, siguen haciendo operativos en muchas partes contra la población civil.
Y tercero, les ha entregado la posibilidad de extenderse a todo el territorio nacional. Un informe reciente del diario El Tiempo, que es uribista, demuestra que el país está más paramilitarizado que nunca. Incluso muchas partes de donde la guerrilla se ha ido por razones de su recomposición, de su reestructuración, o porque la presencia del ejército los ha sacado, allí ha llegado el paramilitarismo. Hoy día hay departamentos completos en manos del paramilitarismo. Hasta el alcalde de Cúcuta, que es una ciudad tan importante de Colombia, capital de un departamento, está en la cárcel por paramilitarismo. Se descubrió igualmente que varias empresas promotoras de salud, empresas privadas, estaban al servicio de los paramilitares, eran negocios de los paramilitares. El negocio del contrabando, lo que se llama en Colombia "los Sanandresitos" que es donde se venden electrodomésticos, ropa, de todo, pero de contrabando, pero que son legales, que funcionan con tolerancia del Estado, todo eso estaba en manos de los grupos paramilitares ¡en Bogotá, ni más, ni menos! Entonces ¡como va a decir el Gobierno que para hacer un diálogo se requiere un cese de hostilidades si a los paramilitares no les han exigido nada!. Esto es un proceso totalmente gratis, los paramilitares no han dado nada, el Gobierno les ha dado todo y además, como ya reconoció hace pocos días, por grabaciones que se revelaron de las reuniones que han hecho en Ralito, el Gobierno está estudiando, primero, que no paguen un solo día de cárcel por los graves delitos de lesa humanidad que cometieron. Impunidad total, eso están discutiéndolo allá, en lo que ellos llaman una ley de la verdad, y de la reparación, que se conoce como "Ley de Alternatividad Penal". Así se conocía primero. Ahora le han puesto un nombre mucho más sugestivo y le llaman "Ley por la verdad y la reparación y contra la impunidad", una cosa así… En esa ley se dice que los paramilitares van a pagar penas de cinco años, los que tengan delitos atroces. Y los paramilitares han dicho que ni un solo día de cárcel. Y parece que están negociando eso.
Y lo otro que están negociando es la extradición. Yo, por principio no estoy con la extradición, de nadie, de ningún colombiano, sea narcotraficante o paramilitar. Yo no estoy de acuerdo con la extradición, por filosofía, por concepto de soberanía y de dignidad nacional pienso que no debe haber la extradición. Pero sí es muy grave que aquí en Ralito el Gobierno esté negociando con los paramilitares la no extradición a cambio de nada. Mientras Simón Trinidad, un comandante de las FARC, va a ser extraditado, el señor Salvatore Mancuso que es responsable, no sólo de narcotráfico sino de la muerte de miles de colombianos va a terminar en el Senado de la República. Miren lo paradójico: Simón Trinidad, un guerrillero, un cuadro político de la guerrilla, que fue su vocero en las negociaciones del Caguán va a terminar en una cárcel de los EEUU y Salvatore Mancuso, un criminal, un narcotraficante, va a terminar en el Senado de la República seguramente. Eso es lo que están negociando.
P.: Entonces, fuera de su situación personal ¿no tienen ningún otro tipo de condiciones o de planteamientos o de proyectos?
C. Lozano: Nada, nada. Porque es un diálogo de yo con yo, como decimos en Colombia. Es el diálogo del Estado que creó a los paramilitares con los paramilitares que son su criatura, entonces ¿qué van a negociar entre ellos? Es que los paramilitares no son insurgentes, como a veces les llaman ellos, porque el insurgente es el que se rebela contra el Estado, el que se levanta en armas contra un Estado que ese rebelde cree que es un estado antidemocrático, injusto y que hay que cambiarlo por otro mejor. Estos paramilitares no, estos paramilitares surgieron como un instrumento del Estado para la guerra sucia, para el terrorismo de Estado. Entonces ¿qué van a negociar? Por eso lo que hemos dicho que lo que hay que aplicarles a estos paramilitares es una política de sometimiento a la justicia, no una negociación porque ¿qué es lo que van a negociar entre iguales? Uno negocia con un contradictor. Si yo voy a comprar una casa, negocio con el dueño de la casa que es mi contradictor en ese momento porque me está cobrando mucho por la casa, entonces yo le digo que me cobre menos. Pero ¿qué contradicción hay ahí, entre un paramilitar y un Estado cuando es paramilitar fue creado por el Estado para que lo defendiera? Ahí no hay contradicción. Por eso se habla del diálogo de yo con yo, es el diálogo entre iguales. Ahí no hay ningún tipo de contradicción, ni antagonismo. Sus contradicciones son formales, sus contradicciones son que si van cinco años a la cárcel o no van ningún año; de si los van a extraditar o no los van a extraditar, porque el amo yanky los está pidiendo en extradición, entonces el Gobierno, como está sometido a los norteamericanos, tiene que darles una respuesta a los norteamericanos sobre la extradición o no de los paramilitares. Entonces ellos no están negociando nada. Por eso lo que hay que hacer es someterlos a la justicia, hacerles una oferta, de todas maneras atractiva, claro, pero no de impunidad, en la cual ellos tienen que responder por varios de los crímenes. Y no solamente ellos sino varios de los que les ayudaron y los financiaron también al comienzo, los organizaron. Porque es que aquí, el problema es ese, el problema no es sólo Mancuso ¿Quién se benefició de todo eso? ¿dónde están los latifundistas? ¿dónde están los ganaderos? Algunos de ellos por ahí en embajadas, que han sido nombrados por Uribe Vélez y han salido por ahí, varios de esos señores ganaderos. ¿Dónde están ellos? ¿y por qué no van a responder también ¿Dónde están los generales que fueron absueltos por los tribunales penales militares? mientras que la Procuraduría General de la Nación los destituyó por crímenes contra la población civil y por ser cómplices de los paramilitares. Ellos también tienen que responder. Por eso cuando en Colombia hablamos de estos temas, lo que se impone para esto es una Comisión de la Verdad, pero una verdadera Comisión de la Verdad que castigue a quienes cometieron esos crímenes, no solamente a los jefes del paramilitarismo que son unos criminales. Pero hay otros que no son menos criminales, pero que como son señorones de cuello blanco no van a querer responder. Todos ellos tienen que responder.
El problema es que el paramilitarismo en Colombia ha sido un problema del Estado, y se ha comprometido al Estado. Es que no hay que perder de vista que en el gobierno del Ernesto Samper fue disuelta la 20 Brigada que era una brigada de inteligencia y de contrainteligencia a la que se le comprobó hasta la saciedad que estaba participando en crímenes, en asesinatos y en la guerra sucia contra el pueblo colombiano. Y nunca ningún gobierno quiso hacer nada. Samper al final hizo algo porque el Gobierno norteamericano se lo exigió, dentro de su supuesta política de Derechos Humanos. No es que fuera un gesto democrático de Samper, sino un gesto de sumisión ante la presión norteamericana. Y se disolvió la 20 Brigada. Pero en todos los archivos de la 20 Brigada, todos los que participaban en ella quedaron dispersos por todas las brigadas colombianas y eso sigue existiendo. Entonces, toda esa gente tiene que responder porque es parte de todo ese entramado del paramilitarismo.
Y es que el paramilitarismo no es Mancuso, no era Castaños, no eran todos estos bandidos. El paramilitarismo era todo un entramado en el cual estaban los militares, algunos ganaderos, empresarios, latifundistas y estaba la embajada norteamericana en Bogotá, que tampoco pueden decir que ellos no tenían nada que ver, ellos participaron en todo esto. Participaron en todo esto. Se sirvieron del narcotráfico, por ejemplo, y del paramilitarismo para combatir a Pablo Escobar. Carlos Castaño era el que organizaba los atentados contra las propiedades de Pablo Escobar por cuenta de la DEA. Todo eso tiene que mirarse, todo eso tiene que examinarse a la hora de la verdad.
P.: Pero lo dice usted en pasado. ¿Ahora ya no es así?
C. Lozano: Sigue siendo, sigue siendo. Sin duda que sigue habiendo mucha responsabilidad. Quizás ya no con tanto descaro, a lo mejor ya no es con tanto descaro, pero la relación de los militares sí es evidente, todavía. Quizás la embajada norteamericana, y la DEA, y la CIA, todas estas organizaciones que participaron tanto en el pasado, a lo mejor hoy ya no lo hagan con tanta fuerza. No sé, no me atrevo a decirlo. Pero los militares colombianos sí. Los militares colombianos por donde van, van sembrando el paramilitarismo. Por eso el país está paramilitarizado, a pesar de un supuesto proceso de negociación con ellos. El país está sembrado de paramilitares. Vamos a ir a unas elecciones ahora, de reelección y a unas elecciones de Senado, de Cámara, dentro de dos años, en un país en manos de los paramilitares, que han llegado a entrar en el Congreso, invitados por ellos y que tienen el 30% de los parlamentarios allí elegidos. Eso lo dijimos hace dos años desde la izquierda, en el periódico VOZ lo denunciamos. Y se nos dijo que esos son cuentos de los comunistas. Hoy día lo estamos viendo, y el desfile de congresistas todos los días a Ralito, allá, a sentarse con el señor Mancuso, a tomarse fotos y a tomar whisky con él, eso es generalizado. Hoy día todo el mundo lo está viendo. Hasta han ido a celebrar cumpleaños de congresistas allá, con Mancuso y con todos estos señores de los paramilitares.
P:. ¿Y todo este cuadro se puede solucionar con unas elecciones que den un vuelco a la situación del país o es necesario algo más?
C. Lozano: No, no. Esto sólo se resuelve por la vía de una solución política del conflicto. No hay otra. Una solución política en la cual es inevitable la presencia del movimiento insurgente que, de todas maneras, son parte muy importante del movimiento popular y del movimiento revolucionario en Colombia, y que tienen que contar a la hora de cualquier cambio que haya en el país. Solamente se puede hacer así. Está demostrado que no es posible que el Estado por la vía militar derrote a la guerrilla. Eso está demostrado a través de cincuenta años en que les han anunciado la batalla final, "el día D". Lo han dicho tantas veces… Sin embargo no ha sido así. Por eso es más fácil sentarse a discutir con la guerrilla, con la sociedad colombiana también, y abrirle paso a un nuevo país, a una Nueva Colombia. No estamos hablando de la dictadura del proletariado, ni de la revolución socialista, ni de que le entreguen el poder a Manuel Marulanda y al Mono Jojoy. Lo que estamos diciendo es que si nosotros queremos realmente avanzar a un nuevo estadio de la vida nacional, de paz, de progreso social, se requiere una apertura democrática. El país no puede avanzar a ese estadio con esta situación actual. Por eso, entre otras cosas, el problema no se resolvería ni siquiera con el aplastamiento militar de la guerrilla. A la guerrilla la podrían aplastar. Si se meten los gringos allá, de pronto pueden acabar con la guerrilla, pero eso no resuelve el problema. Vamos a seguir en un país bajo los rigores de la antidemocracia, de una democracia inexistente, de la represión, e la inequidad social, de un país paramilitarizado, de un país en manos de unos bandidos, de unos narcotraficantes. ¿Qué es lo que necesitamos para variar eso? Una solución política, unos cambios políticos en los cuales tiene que participar la guerrilla colombiana, que es parte de la realidad nacional, de la realidad política nacional, porque son movimientos políticos-militares. Las FARC y el ELN no son movimientos simplemente militares que se levantaron en armas porque el poder nace del fusil, y porque el Che Guevara… No, allí hay un movimiento guerrillero que surgió por unas causas profundas que tienen que ver con eso, con la antidemocracia, con la injusticia social, con el ejercicio violento del poder por quienes lo han detentado siempre y siguen detentándolo de la misma maner. Por eso lo que se requiere es eso, una solución política de fondo.
P. Pero ya ha habido unas negociaciones recientemente, con el anterior gobierno y fracasaron ¿y por qué fracasaron?
C. Lozano: Fracasaron por una razón y es que la oligarquía colombiana, lo que llamamos el establecimiento se niega a los cambios. O sea, ellos quieren la paz gratis. Ellos han convocado siempre a la guerrilla, no sólo el anterior gobierno, ocurrió en Caracas, ocurrió en Tlaxcala, ocurrió en la Uribe cuando el gobierno de Betancurt. Siempre convocan a la guerrilla para que entregue las armas, y por eso han diseñado un modelo de negociación. Ellos dicen: vamos a negociar, pero sobre la base de darle muy duro a la guerrilla para llevarla derrotada a la mesa de negociación. Y como eso les funcionó en el pasado, en el caso del M19, la otra guerrilla que estaba casi derrotada, entonces asumieron eso como paradigma, como modelo. Pero resulta que ese modelo no se puede extender, no se puede generalizar. No es un modelo. Les dio resultado con ellos, pero el país se quedó igual. Al M19 le dieron unas pocas cosas que fueron efímeras y luego la mayoría de sus integrantes quedaron cooptados por el Establecimiento. Los otros andan por ahí, inclusive en algunas organizaciones de centro izquierda, pidiéndole perdón al Establecimiento por haber hecho la lucha armada.
P.: ¿Cuál es el papel que juega el Partido Comunista Colombiano en el proceso político, tomando en cuenta los riesgos que ello implica en un país donde se asesina a tanto dirigente público de la oposición, de la izquierda, de la actividad sindical y popular?
C. Lozano: El Partido Comunista Colombiano es una realidad nacional que ha logrado permanecer en la actividad política pública a pesar de la guerra sucia y el terrorismo de Estado. En Colombia existe una caricatura de democracia y por eso tiene riesgos la actividad política y social en el escenario nacional. Sin embargo, a pesar de ello existen aún espacios para persistir en la lucha de las masas para transformar la sociedad. En Colombia los revolucionarios actúan en las más diversas formas de lucha que se conjugan con el objetivo de lograr elevar la conciencia y la lucha de las masas para cambiar la sociedad en un sentido positivo. En ello juega un papel muy importante el Partido Comunista que es una fuerza considerable en el movimiento sindical y que hace parte del Frente Social y Político, tratando de ampliar la unidad y la conformación de un movimiento alternativo del cual no se excluye ninguna fuerza de la izquierda, ninguna organización revolucionaria, incluyendo la insurgencia, como tampoco las centrales sindicales y otras organizaciones populares.
P.: ¿Cómo evalúa la situación internacional y que implicaciones tiene en Colombia?
C. Lozano: Sin duda que la victoria de Bush favorece la política autoritaria de Uribe Vélez, como refuerza el intervencionismo yanqui y la ejecución del Plan Colombia y del Plan Patriota en nuestro país. Pero el mundo no va en dirección de los intereses de las fuerzas retardatarias y reaccionarias. En América Latina las elecciones más recientes favorecen a los sectores de la izquierda y democráticos. La victoria del Frente Amplio en Uruguay tal vez es el caso más emblemático, pero hay otros como los avances en Brasil, pese a que el PT perdió las alcaldías de Sao Paulo y Porto Alegre, la "barrida" de Chávez en Venezuela que apuntala la revolución bolivariana, el avance sandinista en Nicaragua, los resultados de la izquierda en Chile, entre otros. En Europa tal vez la dinámica no es igual aunque fue derrotado Aznar en el Estado español. Pero ello no quiere decir que la tendencia sea a favorecer la agresión contra los pueblos y el sojuzgamiento del imperialismo por la vía de la intimidación y la guerra. Hay una especie de recomposición tras la alharaca antiterrorista después del 11 de septiembre de 2001. Bush no es el amo del mundo, aunque dio una especie de golpe de estado contra el Planeta so pretexto del derrumbe de las Torres Gemelas. El neoliberalismo ha causado muchos destrozos. La humanidad es consciente de que el capitalismo salvaje que sobrevino al derrumbe soviético es un modelo inaceptable y que favorece de manera exclusiva al poder financiero y de las transnacionales. Cada vez más gente se moviliza en las protestas altermundialista o antiglobalización. Aún hay mucho por hacer. Sobre todo es necesario que estos movimientos pasen de ser simplemente contestatarios a tener una posición mucho más definida en la política, a entender que la opción socialista y el viraje a la izquierda es lo único que puede torcerle el cuello a la dictadura del capital y abrirle el espacio para lo social y el ajuste de la deuda histórica de los ricos para con los explotados.
En Colombia esta situación se refleja. El poder de Uribe Vélez se debilita. No tiene la misma capacidad ni solvencia de antes, ya tiene asomos de crisis y eso es gracias a la movilización de las masas y a la inconformidad popular.
P. Pero él plantea la reelección…
C. Lozano: Sí, plantea la reelección. Pero porque se le convirtió en una obsesión. No quiero decir que Uribe ya esté derrotado. No podemos sentarnos en la puerta de nuestras casas a esperar la caída del tirano. Hay que provocarla con la acción democrática y la resistencia popular. Por eso, ante la perspectiva de la reelección de Uribe, cuya posibilidad quedará aprobada en pocos días en el Congreso Nacional, la izquierda y los sectores democráticos no tiene otra alternativa que unirse, dejando de lado posturas excluyentes y sectarias. Nadie puede reclamarse como polo de la unidad o de la izquierda sino que hay que construirla entendiendo que es una tarea de todos los que luchan por la democracia y la nueva Colombia. Hay que buscar un candidato único, dotado de un programa avanzado político y social, para derrotar la ambición uribista. Alternativa Democrática y el Frente Social han propuesto la candidatura del senador Carlos Gaviria, pero abierta al entendimiento y al consenso democrático. Es el compromiso histórico de la izquierda. El movimiento de unidad es para la solución política del conflicto y los acuerdos humanitarios, contra el TLC y el ELCA, en defensa de la soberanía nacional, contra el neoliberalismo y un nuevo modelo de desarrollo, por reformas políticas y sociales. Caben todos los que crean en estos derroteros, los únicos que ese excluyen son los uribistas y los oportunistas que quieren pescar en el río revuelto de la antireelección.