Informe sobre Prisión Política y Tortura

Julio Oliva García
El Siglo

El miércoles 10 de noviembre, tras un año de trabajo, la Comisión sobre Prisión Política y Tortura entregó su informe al Presidente Lagos. Se habla de "una sola copia" para decir que nadie más que él manejará la información, mientras prepara el discurso en que dará a conocer al país lo que vivieron unas 500 mil personas, de las que solamente llegaron a declarar 35 mil. Se esperará que pase la APEC, para que los visitantes no se lleven una impresión "irreal" de nuestra sociedad, pero también para que a nadie se le ocurra vincular a nuestros torturadores con la Escuela de las Américas de EE.UU., donde se les enseñó a reconocer al enemigo interno y las formas de derrotarlo.
Así, el 19 de noviembre, con gran pompa, tranquilidad y boato, Ricardo Lagos recibirá al Presidente del país que instruyó a los torturadores de muchos de sus amigos y compañeros.

El escenario estaba preparado, aunque digan que todo fue casualidad. La Comisión sobre Prisión Política y Tortura entregó finalmente su informe luego de que el Comandante en Jefe del Ejército "reconociera" la participación de su institución en los hechos. Cheyre, a esa misma hora, besaba la mano del Papa Juan Pablo II en Roma. Con rabia, muchos de los torturados y otros tantos integrantes del movimiento de Derechos Humanos, protestaban por lo secreto del informe, por la falta de detalles tan importantes como los nombres de los torturadores, por la espera irritante de "mejores días" para que todo el mundo conozca los horrores cometidos en dictadura. Algunos compungidos parlamentarios concertacionistas pedían reconocimiento de las otras ramas de las Fuerzas Armadas y de los civiles que participaron del "gobierno militar". Otros descarados parlamentarios derechistas señalaban que "todos debían hacerse responsables de esta verdad". El candidato Lavín no dijo nada.
El discurso de "dar vuelta la página", de "mirar al futuro", también surgió desde los mundos oficiales, mientras en tribunales los torturadores, como Manuel Contreras y Miguel Krassnoff, insistían en que todo era "una mentira del comunismo internacional", que "nunca recibimos órdenes de torturar" o que "los hombres bajo mi mando nunca hicieron eso". La Armada, representada por el Almirante Miguel Vergara, dijo que ponía sus "manos al fuego por mis hombres", aunque su ex jefe, el actual senador Arancibia, volvió al antiguo discurso del "por algo sería", recordando gritos de otros tiempos que para él constituían un grave riesgo a la integridad física de los "momios".

La otra mirada

A la misma hora en que el Presidente Lagos recibía a la Comisión, organizaciones de derechos humanos y del mundo de izquierda se agolparon en las afueras de La Moneda para expresar su opinión sobre la entrega, de manera privada, del Informe sobre Prisión Política y Tortura, lo que fue considerado por muchos como una estrategia para bajar el perfil a tan trascendental momento.
Frente a esta situación, Guillermo Teillier, secretario general del Partido Comunista de Chile, expresó que "nos parece poco transparente que no se dé a conocer hoy, se está manipulando con algo que nos pertenece a todos. El gobierno debiera darlo a conocer, sobre todo a los afectados de la prisión y la tortura. Ojalá Chile cambiara después de esto, que significara un paso adelante en verdad y justicia, pero si se va a quedar sólo en la denuncia, ni siquiera va a existir la condena de carácter ético que se merecen los culpables".
La coordinación de organizaciones de ex presas y ex presos políticos de Chile entregó una carta en La Moneda y, al mismo, tiempo pidió una reunión con el Presidente de la República para darle a conocer detalles del proyecto de reparación emanado de las distintas organizaciones de ex presos políticos. "En primer lugar, hay que conocer la verdad de lo que sucedió en Chile, luego debe haber justicia y después una reparación integral, porque no hablamos sólo de reparación con dinero, sino que además ética y moral, que quede claro que fuimos y somos luchadores sociales y que por eso nos encarcelaron y torturaron", expresó el vicepresidente de la Agrupación Nacional de ex Presos Políticos, Jorge Sáez.

Lo que deben reconocer

"La violencia sexual, en todas sus formas, fue una práctica corriente y sistemática de tortura en Villa Grimaldi, en "La venda Sexy", en José Domingo Cañas, en Tejas Verdes, en Londres 38, en Tres y Cuatro Alamos, en el Estadio Chile, en retenes y comisarías, en los cuarteles de la Policía de Investigaciones, en el Regimiento Tacna, en el Estadio Nacional, en nuestras casas durante los allanamientos, en los furgones militares, en las cárceles de mujeres y en tantos otros lugares y centros de detención a lo largo de todo el país", señalaron en una carta pública las ex prisioneras Nuria Núñez, Ximena George-Nascimento, Ximena Zavala, Patricia Herrera, Mónica Hermosilla, Mireya García, Lucía Bustamante, Viviana Uribe, Erika Hennings, Mónica Tillería, Cecilia González, Juanita Aguilera, Margarita Romero, Guadalupe Santa Cruz, Ana María Campillo, Margarita Iglesias, Gladys Díaz, Gloria Laso, Lelia Pérez, Margarita Durán, Nuria Grau, Virginia Vergara, Carmen Gloria Díaz, Gina Cristo, Cecilia Jarpa, Lucrecia Brito, Gabriela Salazar, Wally Kunstman, Betty Walker, Hilda Garcés, Catalina Palma, Amanda De Negri, Lucía Neira, Jenny Palma, Amalia Chaigneau, Nuria Fran, Eugenia Rodríguez, Rosa Espínola, Silvia Kocher, Flora Espinosa, Rosa Moreno y Marianela Carfil, asumiendo que "fuimos muchas las mujeres violentadas sexualmente en Chile durante la dictadura militar". Lelia Pérez y Cecilia Bottai, embarazadas al momento de sus detenciones en manos de la DINA, abortaron debido a las torturas que se infligieron a sus hijos en el vientre, estando encadenadas y plenamente concientes.
"Tomar la decisión de hacer esta declaración pública y estar aquí frente a ustedes, ha sido y es difícil. Tiene un costo individual y colectivo para nosotras, pero sentimos imprescindible informar a la opinión pública, desde nuestra experiencia como ex presas políticas, que la violencia sexual como tortura incluyó la violación anal, vaginal y oral, por personas, con objetos y animales, abusos sexuales como tocaciones con órganos sexuales en el cuerpo de las mujeres, exposición de nuestros cuerpos desnudos frente a los entonces funcionarios del Estado, insultos y ofensas de carácter sexual, exposición de las mujeres víctimas de abusos sexuales a terceros y constantes amenazas de violencia sexual, con el único fin de amedrentarnos, castigarnos, anularnos como mujeres, durante todo el período de reclusión", declaran.
Junto a las vejaciones sexuales, a las que también fueron sometidos muchos hombres, los tormentos incluían el sumergimiento en excrementos humanos, los simulacros de fusilamiento, la aplicación de electricidad en todo el cuerpo, las torturas a algún familiar o la inoculación de virus letales, como en el caso de Jorge Fuentes Alarcón.
El ex presidente de la Federación de Estudiantes de Concepción y dirigente del Comité Central del MIR, fue apresado en un viaje de Argentina a Paraguay por la policía paraguaya, sufriendo grandes torturas en Asunción para luego ser entregado a la DINA y trasladado a Chile, a la Villa Grimaldi, lugar en el que fue tratado como un perro, metido en una especie de casucha de 1 metro 20 de alto por 1 metro cuadrado, encadenado y mantenido en cuclillas, con una cadena en el cuello, mientras era nombrado como "bicho" o "Pichicho", por un perro que aparecía en la Televisión. Le tiraban la comida como a un animal y un médico, Werner Zanghellini, le inyectó el virus de la rabia para que muriese lentamente. Jorge Fuentes Alarcón es parte de la nómina de detenidos desaparecidos en manos de la DINA.
En julio de 1995, en una fosa común en el patio 29 del Cementerio General de Santiago, son identificados los restos de Eduardo Paredes Barrientos, quien fuera director de Investigaciones de la Unidad Popular. Su autopsia revela las torturas de que había sido víctima: le fracturaron la columna vertebral, pelvis, muñecas, costillas y cráneo, tiene quemaduras homicidas -con soplete o lanzallamas- en el tórax, hombros, garganta y parte de la cara, que dejan marcas negras en la estructura ósea, incluso en los dientes. El "Coco" Paredes había sido detenido en La Moneda.

En los años de la CNI

En el tiempo en que el actual senador Sergio Fernández asegura que impartía instrucciones para que "Carabineros, Investigaciones y la CNI no aplicaran apremios ilegítimos a los detenidos", en Chile se mantenía la tortura como una práctica habitual contra los opositores políticos.
Uno de esos testimonios es el de Claudio Molina Donoso, detenido por la CNI el 4 de septiembre de 1986, quien relata que "fui detenido en el Pasaje Longaví, en Las Condes, junto con Mario Hayes, José Zapata y Claudio Vergara.
Nos allanaron, nos golpearon, nos vendaron y como hora y media después nos llevaron a un lugar que, supe después, era la Decimoséptima Comisaría de Carabineros. Allí, en celdas, vendados y esposados, fuimos interrogados por individuos civiles, recibiendo de éstos golpes de pies y de puños, corriente eléctrica en los glúteos, pene y otras partes del cuerpo. Intervinieron en el interrogatorio diferentes grupos. El método era siempre el mismo: primero, un proceso de ‘ablandamiento’ con golpes, aplicación de corriente y, posteriormente, amedrentamiento psicológico, de detención de mi familia, de mi madre, mis hermanas, mi señora, mis hijos. Todo esto durante unos dos o tres días. Teníamos siempre las manos esposadas a la espalda y no se nos proporcionó alimento. Al llevarnos desde la sala de interrogatorios hasta la celda se nos aplicaban golpes y se nos hacía chocar contra la muralla o se nos hacía tropezar adrede con diferentes obstáculos.
La permanencia en la CNI fue la más dura. Se nos golpeó en el trayecto a Borgoño, se nos tendió en el suelo, se subían sobre nosotros, se nos golpeaba con fusiles. Me hicieron dar vueltas por varias dependencias, golpeándome en diferentes murallas y concluyeron lo que llamaban ‘el recibimiento al Rucio’, llevándome a un callejón oscuro donde varios efectivos me golpearon intermitentemente durante largo tiempo, media hora, tal vez una hora. Allí perdí la noción del tiempo.
Posteriormente me desnudaron, me pusieron una especie de buzo de mezclilla, estando vendado y esposado. En una especie de hall o sala grande, en que se escuchaba ruido de máquinas de escribir, pasaban los CNI y constantemente me golpeaban con pies, manos y palos. Después me trasladaron a lo que llamaban ‘el soviético’, sala en la que había una camilla en que me sujetaron las piernas, muslos, cintura, tórax y manos con correas, aplicándome corriente eléctrica con electrodos en los pies, pene y manos.
En las sesiones de tortura participaban aproximadamente unas seis o siete personas, durante uno o dos días. Las torturas fueron variando. Me sacaron de la celda y me sumergieron la mitad del cuerpo en una especie de tina, con las manos amarradas. Me agarraron del pelo y me metieron a viva fuerza. La tina estaba con excrementos y otras cosas. Me sacaban cuando ya estaba perdiendo el conocimiento o empezaba a mover los brazos en forma desesperada. Otras veces me amenazaban fuerte, me golpeaban y me ponían contra un muro, haciendo un simulacro de fusilamiento. Venía gente con fusiles a la que hacían formarse, la hacían ponerse en posición, me preguntaban sobre mi último deseo.
También me hicieron beber líquidos a la fuerza, los que me hacían ingerir por la nariz y al intentar respirar por la boca me los inducían por ésta. Al mismo tiempo me golpeaban en la nariz y los oídos. Otra forma de presión fue la de no dejarme dormir durante unos cuatro o cinco días. Constantemente iban a la celda, golpeaban, pateaban, hacían ruido. No estaba en condiciones de ingerir la comida, por lo que estaba cada vez más débil. Llegó un momento en que perdí totalmente la noción del tiempo y del lugar en que me encontraba.
En una oportunidad me desnudaron y me dejaron colgado de las esposas, estando unas cuatro o cinco horas en esa condición. A raíz de eso tuve semiparalizado el brazo izquierdo durante cuarenta días, tiempo que duró mi incomunicación. Al día siguiente, en la sala que llamaban ‘el soviético’, me interrogaron intensamente, subiendo progresivamente el voltaje de la corriente. Hora y media después, más o menos, me soltaron una de las manos y me pasaron un revólver. Dijeron que íbamos a jugar a la ruleta rusa. Me dejaban el revólver en la cabeza. En un momento de desesperación, en un intento por terminar con todo esto, gatillé toda la nuez del arma. Se sorprendieron. ‘¡Así es que querís morirte, Rucio!’. Y me soltaron cualquier cantidad de insultos. ‘Te vamos a dar una muerte lenta’, anunciaron y me golpearon durante una media hora en forma salvaje. Después fueron a botarme a la celda.
Me presionaban, además en otra forma, me llevaban prisioneros u otras personas a la celda. Me hacían pararme, desnudarme y mostrarme. Conocía la voz del torturador. Decía: ‘Sí, es él. Tenís que ubicarlo. Quizás un poco más joven, o así o asá’. La persona no hablaba, se la llevaban. También me sacaron muchas fotos. Filmaciones en diferentes condiciones, desnudo, con ropa, en la sala de torturas, en otra sala.
Antes de presentarme a la Fiscalía Militar, hicieron que me bañara, me obligaron a firmar una serie de papeles que no me permitieron leer. Luego me subieron vendado y esposado a un vehículo y me llevaron a un lugar que después supe era la Fiscalía. Durante el tiempo en que estuve incomunicado me fueron pasando a diferentes fiscalías, Fiscalía ad hoc, Segunda, Tercera, Primera y también con el ministro Sergio Mery Bravo.
El objetivo de todas esas idas y venidas era evidente: que yo entregara antecedentes. Tenían una declaración de la CNI en que me inculpaba de una serie de hechos, los que naturalmente negué. En todas recibí amenazas de ser devuelto a la CNI. El ministro Mery me dijo en una oportunidad que iba a traer un interrogador especial de investigaciones. Posteriormente el mismo ministro trajo a dos personas, las cuales procedieron a confeccionar un retrato hablado. Quería que yo le ratificara lo que ellos estaban confeccionando y también procedieron a hacer una filmación".
Estas son algunas de las cosas que deberán reconocer los integrantes de las Fuerzas Armadas y los civiles que formaban parte de los aparatos represivos cuando se haga público el Informe sobre Prisión Política y Tortura. Los nombres de los torturadores, tal como ocurrió con los de los asesinos y sus cómplices en el Informe Rettig no serán entregados públicamente. Los responsables serán beneficiados con las leyes de rebaja de penas y prescripciones que envió el propio Lagos al Congreso. La justicia sigue esperando.
El "reconocimiento" de Cheyre
La evidencia de una mentira histórica
Danae Prado

Las declaraciones de Juan Emilio Cheyre recordaron actitudes que han caracterizado el accionar de este general en jefe del Ejército en su mando. Lo que por los medios establecidos y los políticos sistémicos fue catalogado como "el fin de la transición" o "acciones concretas", sólo significa una acción más para lograr la impunidad de los criminales.
"Teníamos y tenemos razón", afirmó Lautaro Carmona, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, luego de conocer el grueso de las declaraciones emitidas por el Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, con lo que expresaba el sentir del mundo de izquierda sobre estas palabras: que sólo dan cuenta de un hecho denunciado hace mucho.
Además, se agrega la certeza de que la acción del Comandante en Jefe apunta simplemente a poner un punto final en las reivindicaciones por los Derechos Humanos. Julia Urquieta, abogada de Derechos Humanos, resume esto afirmando que "las palabras de Cheyre no son casuales, obedecen a un intento de poner fin a los juicios por los DDHH, sumado a las declaraciones de la presidenta del CDE, desde el punto de vista de valorar este informe pensando que debe poner fin al tema de las violaciones a los Derechos Humanos".
Para Carmona, los dichos de Cheyre atienden nada más que a este reconocimiento y agregó categóricamente que "no pueden pretender, bajo ningún tipo de manipulación, comprometer al pueblo de Chile como cómplice de tamaña atrocidad contra la vida y, por consiguiente, lo que cabe es someter a proceso, enjuiciar y condenar a todos quienes son responsables".
Por esto es que se hace necesario comprender las palabras de Cheyre como simples estrategias que apuntan una vez más a cerrar las exigencias de verdad y justicia de víctimas y familiares de ellas, lo que además se presenta a pocos días de hacerse entrega del Informe sobre Prisión Política y Tortura.
"Es tal la gravedad de lo que va a venir en el Informe de Tortura que Cheyre no tenía nada más que hacer que adelantarse a esos juicios, que van a demostrar lo que hemos dicho hace mucho: que aquí hay una responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas", agregó Urquieta.
Entendiendo esto es que se plantea la importancia de demandar en un ámbito público el reconocimiento de las otras ramas armadas sobre su participación activa en las brutales acciones de exterminio de compatriotas que pensaban distinto, pero además requerir a la justicia que exija a éstas todos los antecedentes que tienen.
Para lograr esto, a juicio de Carmona, "el primer paso es conseguir que Augusto Pinochet no sólo sea procesado sino que condenado como máximo responsable de los actos de lesa humanidad. Esa es consecuencia política, lo demás es demagogia que se puede inscribir en un nuevo intento por instalar en Chile la impunidad".

Los tres pasos

El proceso de reivindicación comenzó hace mucho para las organizaciones de derechos humanos, las denuncias de los atropellos cometidos durante la dictadura y las exigencias de verdad y justicia han sido su quehacer desde la llegada de la democracia e incluso antes.
Por eso es que lo dicho por Cheyre no plantea nada nuevo, aunque el reconocer la participación de las Fuerzas Armadas en los atropellos a los DDHH no tenga precedente por parte de los comandantes en jefe, que por el contrario siempre lo negaron.
Por esto, Julia Urquieta cree necesario terminar con los simples actos de buenas intenciones para pasar a la práctica en este cambio de política militar. Para esto señala tres condiciones fundamentales que la institución castrense debe cumplir.
"En primer lugar, está la necesidad de entregar los antecedentes sobre el destino de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, cuyos cadáveres aún no se encuentran, y sobre los victimarios que aún permanecen amparados en las filas de la institución castrense.
En este mismo ámbito planteó la segunda condición, la que se refiere a que el Ejército debe depurar sus filas y pasar a retiro a todo el personal activo que haya cometido estos delitos impunemente o que esté involucrado en procesos por atentados a los derechos humanos.
De aquí se desprende la tercera condición, que es terminar con las defensas institucionales a los criminales, los que hoy son defendidos gracias a la contribución que hace la institución en el pago a los abogados de los ex militares procesados y condenados". De esta forma, Urquieta considera que se podrá comenzar a trazar el camino hacia la limpieza del Ejército, lo que eventualmente conduzca a la reconciliación de esta institución con el pueblo que siempre debió defender.
"Nuestra gran tarea será que se haga justicia porque si hay un crimen terrible contra la humanidad, ésa es la tortura, y eso implica que todos estos antecedentes se entreguen a tribunales para buscar a los responsables que tienen que ser procesados", señaló Urquieta.

La conexión yanqui

Juan Emilio Cheyre, además de reconocer en su documento la responsabilidad del Ejército sobre los crímenes cometidos bajo la dictadura militar, asume las influencias de la doctrina norteamericana en el accionar de los mandos militares de la época.
Esto, a juicio de Lautaro Carmona, deja de manifiesto la doctrina que en la actualidad rige las filas castrenses y que no es otra que aquella en que se considera como represora de su pueblo y no a su servicio.
"Aquí no se ha logrado terminar con la nefasta doctrina de seguridad nacional, que concibe al pueblo como su enemigo, y debe darse con el concurso de los ciudadanos una doctrina democrática de defensa", explica Carmona. Este reconocimiento echa abajo además la triste justificación del gobierno de la Concertación al responsabilizar a todos los sectores políticos y sociales de los atropellos cometidos en el país.
"Esto desmiente afirmaciones que se hicieron, en forma triste, por parte de las autoridades en el sentido de que todos somos responsables, pero aquí hubo unas fuerzas armadas que en base a una doctrina se comprometieron con una potencia extranjera y actuaron incluso en traición a la patria.
Si bien el documento Cheyre no dice nada que no supiéramos, abre una puerta que hace tiempo estaba esperando ser descubierta a la sociedad en general y que tiene que ver con el asumir las responsabilidades, personales y de gobierno, sobre las persecuciones que vivieron miles de chilenos sólo por querer un mundo diferente. Ahora queda volver a decir: justicia, verdad, no a la impunidad", expresó categóricamente el dirigente comunista.