Organismos internacionales, embajadores y las transnacionales intensifican la presión para defender los intereses del poder petrolero. El Presidente Mesa, sus ministros y las élites regionales de Santa Cruz y Tarija hacen el trabajo sucio y amenazan con la catástrofe si Bolivia asume una posición de dignidad e intenta recuperar sus riquezas hidrocarburíferas

Redacción de Econoticiasbolivia.com

El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) urgieron al gobierno, al Congreso y al pueblo boliviano a lograr una ley de hidrocarburos que facilite las exportaciones de gas a los mercados externos de Estados Unidos, México y Argentina, sin afectar los intereses de las petroleras extranjeras. El gobierno ha tomado debida nota de estas exigencias y ha redoblado la campaña interna para doblegar al Congreso, que aún resiste la gigantesca presión que ha desatada el poder petrolero en defensa de sus intereses.
En los hechos, el poder petrolero ha unido al gobierno boliviano junto a los organismos internacionales y las Embajadas de Estados Unidos, España y Brasil para impedir no solo la nacionalización del gas y el petróleo, exigida por los sindicatos y organizaciones populares, sino también para frenar el aumento de impuestos y regalías hasta un 50%, que intentan plasmar en la nueva ley los sectores de la izquierda moderada del Congreso (Ver "El poder petrolero quiere imponer su ley")
Contra el alza de tributos sobre las petroleras y la nueva ley de hidrocarburos, propiciada por los partidarios del diputado cocalero Evo Morales y que avanza lentamente en el Congreso, también se han levantado las clases dominantes y las élites cívicas y empresariales de las regiones productoras de gas, como Santa Cruz y Tarija, que hoy cumplen un paro de 24 horas y que usan el mismo lenguaje y advertencias de los organismos internacionales.
Precisamente este miércoles, en un informe presentado en Santa Cruz, los representantes de los organismos internacionales, Sara Calvo (BM) y Neile Quintero y Mariano Perales (FMI) advirtieron que la crítica situación que vive Bolivia amenaza con socavar tanto la capacidad del país para generar crecimiento y empleo, como la de suministrar servicios públicos de calidad a la población.
El BM y el BID aseguraron que Bolivia enfrenta una grave situación en sus finanzas públicas, la que podría complicarse mucho más si se aprueba una ley de hidrocarburos que penalice la inversión extranjera. En esta misma línea están los funcionarios del gobierno de Carlos Mesa y los representantes de los gobiernos de Estados Unidos, España y Brasil, que anunciaron una férrea defensa de los intereses de las compañías petroleras que operan en Bolivia.
En las últimas horas, los organismos internacionales, los embajadores y las transnacionales intensificaron la presión para defender los intereses del poder petrolero. El Presidente Mesa, sus ministros y las élites regionales de Santa Cruz y Tarija hacen el trabajo sucio y amenazan con la catástrofe si Bolivia asume una posición de dignidad e intenta recuperar sus riquezas hidrocarburíferas, que están valuadas en más de cien mil millones de dólares, que son las segundas en importancia en Sudamérica y que hasta ahora solo benefician a Repsol, Petrobras, Total, British Petroleum, Enron, Shell y otras.
Los funcionarios del BM y del FMI demandaron, además elevar los precios de los combustibles, congelar contrataciones y salarios en 2005, eliminar los puestos vacantes y exportar más gas a los mercados externos.
Todas estas exigencias ya habían sido asimiladas por el gobierno boliviano en su proyecto de presupuesto fiscal para el 2005, que fue ya fue aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, restando únicamente la aprobación del pleno camaral para que se convierta en ley de la República.
Como respuesta, el Presidente Mesa se comprometió ayer en La Paz ante la representación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que la nueva ley de hidrocarburos será "conveniente" para todas las partes interesadas, promesa que fue bien recibida por el organismo de cooperación internacional.
El director Ejecutivo alterno del BID, Héctor Morales, tras el encuentro con el Jefe de Estado, dijo que el compromiso fue recibido con "entusiasmo", a tiempo de comprometer el apoyo de esta entidad para ayudar al país a tener una nueva norma razonable.
La semana pasada, la cooperación internacional había vuelto a amenazar a Bolivia con el inmediato corte de ayuda financiera, si el Congreso persistía en afectar, aunque sea parcialmente, los intereses de las petroleras extranjeras. Según informó el matutino La Razón, "los recursos de cooperación que el país requiere para cubrir el déficit fiscal del 2005 y para proyectos de inversión pública penden de un hilo".
Así, el Gobierno de Estados Unidos habría confirmado que, por ahora, no habrá más reuniones del Grupo de Apoyo a Bolivia. Esta iniciativa, encabezada por ese país y México, permitió un compromiso de ayuda financiera para garantizar la viabilidad económica y política de Bolivia. Entretanto, fuentes del Poder Ejecutivo confirmaron que la cooperación en su conjunto ha condicionado los créditos comprometidos para el 2005 a una "Ley de Hidrocarburos viable".
Otros que presionan con todo, son los Estados Unidos, cuya Embajada en La Paz se dio modos para advertir que recurrirá al tratado de protección de inversiones firmado con Bolivia como un arma de presión para impedir la aprobación de la Ley de Hidrocarburos propuesta por la Comisión Mixta de Desarrollo Económico del Congreso, considerada lesiva a los intereses de las petroleras. El Tratado Relativo al Fomento y la Protección Recíproca de la Inversión suscrito entre Bolivia y Estados Unidos tiene un candado para evitar la nacionalización y la expropiación, pero también permite al inversionista recurrir a un arbitraje si considera que una medida fiscal (más impuestos o regalías) representa una expropiación.
Este acuerdo, firmado en abril de 1998, durante el último gobierno de Hugo Banzer, tiene vigencia de diez años y continuará en vigor a menos que sea denunciado. Según el punto dos del artículo XVI del acuerdo, Bolivia o Estados Unidos "podrá denunciar el Tratado al concluir el periodo inicial de diez años o en cualquier momento posterior, por medio de notificación escrita presentada a la otra parte con un año de antelación". En otras palabras, Bolivia debe respetar este Tratado hasta 2008. Si bien se constituye en un tratado de protección recíproca de inversiones, la balanza se inclina a favor de Estados Unidos, por cuanto Bolivia prácticamente no tiene inversiones en el país.