El domingo 31 de octubre

Los uruguayos también votan el futuro de la privatización del agua

Claudio Aliscioni
Clarín

Como en las grandes ciudades argentinas, los porteros y amas de casa de Uruguay también trajinan por las mañanas con mangueras y escobas para asear las veredas. La diferencia es que aquí —en el verano al menos— hay restricciones en el uso de agua, para evitar que con cada baldazo se desperdicie un elemento que es naturalmente escaso: apenas el 1% del agua en el mundo es apta para consumo humano.

Conscientes de la importancia del recurso, y en un hecho sin precedentes, los uruguayos decidirán el próximo domingo si aprueban una enmienda constitucional que impida la privatización del abastecimiento y el saneamiento hídrico. Será a través de un plebiscito sometido a votación junto con las elecciones presidenciales.

El asunto no es un tema minúsculo y se anticipa a lo que muchos expertos llaman "la gran guerra del futuro", como lo ha dicho el ex vicepresidente del Banco Mundial, Ismael Serageldin, en alusión a la competencia que estallará este siglo entre las naciones y las corporaciones multinacionales por la captura del recurso.

En concreto, los uruguayos votarán por sí o por no una reforma al artículo 47 de la Carta Magna que deberá estipular que el agua es un derecho humano y no una mera mercancía sujeta al regateo del mercado; que en la prestación de los servicios hídricos se deberá anteponer las razones de orden social a las de orden económico; y que, en rigor, los trabajos de provisión y saneamiento del agua deberán ser "prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales".

Pero los alcances del plebiscito —y así lo han asegurado varios expertos en los últimos días— van mucho más allá de la distribución del agua. También está en juego la protección del sector uruguayo del Acuífero Guaraní, uno de los reservorios de aguas naturales más grandes del mundo (ver Una reserva...).

"En la medida en que el texto plebiscitado dice que las aguas subterráneas son de dominio público estatal, lo que se intenta es salvaguardar el futuro del acuífero", explicó a Clarín Adriana Marquisio, vicepresidente de la federación que agrupa a los funcionarios de OSE (Obras Sanitarias del Estado), que desde 1952 se encarga del servicio de agua potable y es una de las mayores promotoras de la consulta.

La instalación del plebiscito corresponde a una iniciativa de varios vecinos de la llamada Costa de Oro (el eslabón de playas del Departamento de Canelones, al este de Montevideo) que fue impulsada por varios sindicatos y partidos de la centroizquierda, entre ellos el Frente Amplio.

Para que el plebiscito triunfe debe contar con el 50% más uno de los votos. La campaña es apoyada no sólo por la alianza encabezada por Tabaré Vázquez sino además por el candidato Jorge Larrañaga, del partido Nacional. El presidenciable del oficialista Partido Colorado, Guillermo Stirling, rechaza la consulta con el argumento de que es un pésimo mensaje a los inversores. Lo mismo afirman algunos prominentes empresarios, siempre celosos del derecho a la propiedad. Al parecer, las encuestas dan la razón a quienes respaldan el "sí". Hay un 65% a favor, un 9% en contra y la indecisión embarga al 26% del universo sondeado, dijo a Clarín Oscar Bottinelli, director de la encuestadora Factum.

Pero un flanco muy problemático acaba de aflorar con algunas discrepancias en el Frente Amplio acerca de si deben caer o no los contratos firmados con dos multinacionales y una docena de empresas comunitarias que prestan el servicio. Se trata de Uragua (filial del consorcio español liderado por Aguas de Bilbao) y Aguas de la Costa (de la francesa Suez Lyonnesse des Eaux), que funcionan en el rentable departamento de Maldonado. La Justicia ha recibido denuncias contra estas empresas por incumplimiento de contrato.

Aunque la gente muestra interés por el destino del agua, el plebiscito en sí no es muy visible en el debate político, tan opaco como un traje gastado. No hay carteles alusivos en Montevideo y tampoco mucho entusiasmo en los medios, aunque ha sido la prensa la que metió pólvora en la llaga. Según el tradicional semanario Brecha, el FMI presionó a Uruguay para prestarle plata en la crisis de 2002: además de exigirle que abriera al mercado su gordo sector estatal, le reclamó como garantía de pago las reservas minerales del país, entre ellas, el agua.