Luis A. Villar
ANNCOL

Han transcurrido diez a�os desde cuando se impuso una ley de supuesta cobertura universal en salud, que introdujo al capital financiero convirtiendo la salud en mercanc�a, eximi� de su papel rector y de financiamiento al Estado y, con la creaci�n de los fondos de solidaridad traslad� esta �ltima responsabilidad a los trabajadores. Los c�lculos m�s bondadosos con el nuevo sistema estiman que 52% de la poblaci�n no cuenta con ning�n tipo de aseguramiento, muy a pesar de que el monto del dinero dedicado al sector no tiene antecedentes pues hoy est� entre el 9% y el 11% del PIB.

En un intento por describir el panorama de la salud en Colombia, examinemos al menos cuatro aspectos que ponen al desnudo el balance negativo de la pol�tica neoliberal aplicada en la �ltima d�cada.

Deterioro de la salud p�blica

Aunque en los a�os noventa no est�bamos bien, hoy todos los indicadores importantes se�alan un retroceso en la calidad de la salud de los colombianos. Han aumentado significativamente los �ndices de c�ncer, las enfermedades cardiovasculares, las mentales y las transmisibles, entre otras.

En salud mental, mientras s�lo existen mil cien siquiatras registrados en todo el pa�s, y al tiempo que desapareci� del Ministerio la Divisi�n de Salud Mental, doce millones de colombianos padecen alg�n tipo de trastorno que requiere atenci�n especializada. A lo cual se suma la m�s aguda crisis financiera y t�cnica de todos los centros de atenci�n siqui�trica. La tuberculosis, enfermedad secularmente ligada a la desnutrici�n y la pobreza, se ha incrementado a�o tras a�o, aumentando la resistencia a los antibi�ticos en niveles alarmantes.

El m�s notorio de los retrocesos ha ocurrido en enfermedades transmisibles como sida, tuberculosis y las transmitidas por vectores (ETV) como la fiebre amarilla, el dengue y la malaria, enfermedades que han resurgido a niveles semejantes a los observados en la primera mitad del siglo XX.

Acaba de ocurrir el m�s grave brote de fiebre amarilla en los �ltimos cincuenta a�os, el m�s delicado de la �ltima d�cada en toda Am�rica. Esta epidemia dej� al descubierto la fragilidad de la salud p�blica nacional y la d�bil capacidad de respuesta del Estado. Hubo que importar vacunas del Brasil despu�s de que fuimos por d�cadas un pa�s exportador, y qued� al descubierto que solamente una m�nima parte de la poblaci�n expuesta, el 5%, estaba vacunada al inicio del brote.

Durante la primera mitad del siglo pasado, la capacidad estatal superaba con creces a la actual, el Estado colombiano era proveedor de vacuna antiamar�lica para el Continente y ten�a el Servicio de Erradicaci�n de la Malaria y Control de Vectores (SEM), instituci�n que entrenaba personal de otros pa�ses y era visitada por su inter�s cient�fico. La situaci�n revela una alta susceptibilidad de la naci�n a sufrir epidemias y al empeoramiento de enfermedades cr�nicas como las cardiovasculares y el c�ncer.

Destrucci�n de la Red Hospitalaria

La Ley 100 oblig� a los hospitales p�blicos a convertirse en Empresas Sociales del Estado y elimin� la financiaci�n estatal a la oferta, dando paso al subsidio a la demanda para condenarlos a vender y facturar servicios. El efecto ha sido devastador para toda la Red Hospitalaria P�blica, por la �cultura del no pago� del gobierno como responsable de la factura de los mal llamados �vinculados�, que representan la mitad de la poblaci�n, a pesar de que gran parte de los dineros para tal fin son recaudados del descuento obligatorio que se hace de los salarios de los trabajadores del Estado y de las rentas cedidas.

Adem�s, los hospitales de peque�os y medianos municipios, muchos de ellos construidos con el esfuerzo de las propias comunidades, han sufrido un dr�stico recorte en la financiaci�n del gobierno central. En un hecho sin antecedentes en la historia del pa�s, numerosos hospitales vienen siendo cerrados. Esto incluye grandes centros de atenci�n para la poblaci�n desprotegida como el San Juan de Dios y el Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, de Bogot�, y los Hospitales Universitarios de Cartagena y de Caldas. Amenazan correr la misma suerte el Hospital Universitario Ram�n Gonz�lez Valencia de Bucaramanga, el de C�cuta, el de Popay�n y el San Jorge de Pereira, entre una veintena de distintos departamentos.

Para finales del 2003 la deuda de la Naci�n a diecinueve hospitales p�blicos por la atenci�n a los �vinculados�, desplazados, subsidiados y de Fisalud, era de 663.570 millones de pesos. (El Tiempo, 22 de enero de 2004). En abril, a s�lo ocho de los principales hospitales de tercer nivel, el Estado les adeudaba 535 mil millones de pesos (�mbito Salud, peri�dico Legis, abril 28 de 2004). En febrero, a la Red Hospitalaria del Valle se le adeudaban 74 mil millones de pesos y al Ram�n Gonz�lez Valencia de Bucaramanga, 55 mil millones de pesos.

Ante los reclamos de distintos sectores, el gobierno uribista responde que �los hospitales son empresas no rentables� y que toca cerrarlas, pero oculta que a esos hospitales les sobran �clientes� y que el responsable de financiarlos es el gobierno, que no paga.

La Contralor�a ha denunciado que en TES y CDT existen 2,5 billones de pesos del Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garant�as), captados de los salarios de los trabajadores estatales y con los cuales se podr�a saldar la deuda con los hospitales p�blicos, pero que est�n respaldando deuda p�blica con la banca internacional.

Aseguramiento, negocio del capital financiero

La Ley 100 ha sido un poderoso instrumento de enriquecimiento para el capital privado dedicado a la intermediaci�n y al aseguramiento. Semana, al rese�ar las cien empresas m�s grandes de Colombia, informa que se destacan Saludcoop, Coomeva, Cols�nitas, Medicina Prepagada, Susalud y SaludTotal. Las cinco tuvieron ventas en 2003 por 2,02 billones de pesos, de los cuales solo Saludcoop factur� 1,3 billones, superando los ingresos operacionales de Bancolombia, el primer banco del pa�s, que solo alcanz�1,17 billones.

En una d�cada Saludcoop pas� de 2.500 millones de pesos en activos a 237 mil millones. Y es ahora una de las veinte empresas m�s grandes del pa�s y la tercera en n�mero de empleados despu�s de Almacenes �xito.

La conversi�n de la salud en mercanc�a convirti� el aseguramiento en un gran negocio, al punto que las decisiones m�dicas se orientan ahora por la necesidad de las EPS y ARS de buscar rentabilidad y ganancia para sus accionistas. Bajo las acciones auspiciadas por un grupo de quintacolumnistas del sector privado que desde adentro velaron por reducir la capacidad operativa y t�cnica del ISS, sabotearon la afiliaci�n de nuevos usuarios y previnieron negativamente a la poblaci�n que ingresaba al ISS, todo ello para fortalecer las EPS privadas.

Afectado gravemente el Seguro, principal regulador de los intereses privados en el sector salud, se registr� la permisibilidad gubernamental para que las EPS privadas emerjan como trusts, mediante el llamado �crecimiento vertical�, que no es otra cosa que la conformaci�n de monopolios. Estas empresas de salud se venden a s� mismas la atenci�n en cl�nicas propias, aspiran a crear sus propias empresas de empaques de medicamentos y a contar con sus facultades de medicina para la formaci�n del recurso humano ajustado a sus propias necesidades de contenci�n de costos.

Con la creaci�n de las siete ESE del ISS parece haberse planeado la estocada final contra el Instituto. Estas deben facturar lo necesario para sostener los gastos de funcionamiento en cada regi�n del pa�s en una situaci�n en la cual han disminuido los afiliados, y por ende los ingresos.

Las ARS tambi�n se han convertido en parte del monopolio de las EPS. El gobierno nacional, a partir del decreto 1804 de 1999, fij� como requisitos para administrar el r�gimen subsidiado tener 200 mil afiliados (50 mil en algunos casos excepcionales) y acreditar un patrimonio m�nimo de diez mil salarios m�nimos mensuales. As�, las ARS pasaron de ser 275 en 1999 a 41 en junio de 2001, aumentando a su vez la participaci�n de las EPS dentro del total de ARS y eliminando casi totalmente a las ESS (Empresas Solidarias de Salud), que en muchos casos eran superiores en la calidad y pertinencia de los servicios prestados.

El gobierno les pag� a las ARS para que atendiera a 7.500.000 personas, y solamente atendieron a menos de la mitad. Como consecuencia, en 1996, las ARS se embolsillaron el 56,58% de los recursos de la salud como gastos de administraci�n. Para 1998, la cifra alcanz� al 40%. Es tanta la aberraci�n que el Consejo Nacional de Salud y Seguridad Social, Cnsss, defini� que del presupuesto que les entreguen los entes territoriales, deben gastar en atenci�n como m�nimo el 75%. Cosa que tampoco se cumple. Son conocidas tambi�n las denuncias de los hospitales porque las ARS y las EPS les niegan el pago de las cuentas o las demoran varios meses, incluso a�os.

Desmejoramiento de las condiciones laborales

En asocio con los funcionarios del gobierno uribista, las EPS privadas han intentado hacer aprobar en el Congreso de la Rep�blica un proyecto de ley que abra las puertas a la graduaci�n de profesionales de la salud sin el concurso de una universidad, y contar con escuelas de formaci�n en la que los egresados se ajusten a la concepci�n de una prestaci�n del servicio de salud basada en la rentabilidad. Con iguales prop�sitos, el gobierno ha presentado nuevamente al Congreso su proyecto de ley, identificado con el n�mero 226, anex�ndole las correspondientes adecuaciones al manejo del recurso humano dentro del TLC.

Paralelo al proceso de arrasamiento de la salud p�blica y de la Red Hospitalaria, el gobierno ha insistido en echarles la culpa de la crisis a los trabajadores, para lo cual ha suprimido los derechos de asociaci�n y contrataci�n. Igualmente el efecto sobre las remuneraciones y derechos de los profesionales ha sido devastador. Se han destruido las bases del profesionalismo, eliminando el acceso a la actualizaci�n en el conocimiento, suprimiendo la autonom�a para la toma de decisiones en desmedro de la calidad de la atenci�n, disminuido el tiempo de atenci�n a los pacientes y recortado los medicamentos prescritos y las pruebas de diagn�stico.

Reforma uribista a la Ley 100, m�s de lo mismo

Ante la grave situaci�n del sistema de salud del pa�s, el gobierno nacional propone soluciones con m�s de la misma pol�tica. En el proyecto de ley presentado, mientras aumentan los recursos para fortalecer el sistema de aseguramiento favoreciendo el monopolio de las Empresas Promotoras de Salud, EPS, se reducen dr�sticamente los recursos para la financiaci�n de los hospitales. A la vez se les exigen nuevos ajustes de las plantas de personal y contrataci�n a destajo de los trabajadores, y se sientan las condiciones para liquidarlos ante la imposibilidad de ser autosostenibles despu�s de los procesos de ajuste.

El mencionado proyecto es aprovechado por el gobierno para evadir el pago de las deudas por paripassu (un peso del gobierno por cada peso aportado por los trabajadores) y por la atenci�n a vinculados en los once a�os de aplicaci�n de Ley 100, reducir en un 60% la ping�e financiaci�n de la atenci�n de la poblaci�n no asegurada a trav�s del SGP. Quienes no logren acceder a los carn�s de las EPS, dejar�n de existir para el sistema de salud.

Convocamos a conformar el m�s amplio frente para derogar la nefasta Ley 100, eliminar la intermediaci�n financiera en la salud, lograr la financiaci�n estatal de la red p�blica hospitalaria y el respeto a los derechos de los trabajadores y profesionales de este sector.

* Luis A. Villar, m�dico y profesor de la UIS