Ante los hechos acontecidos en la Colonia Ypekua, Repatriación, donde un grupo de policías y militares acribillaron con armas de fuego y de guerra (fusiles M16) un camión de campesinos que acudían a manifestarse, matando a dos de ellos e hiriendo a nueve más, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) manifiesta que:

Repudiamos el operativo policial-militar que dejó sin vida a dos personas e hirió a nueve más (tres de ellos de gravedad). El derecho a la vida se encuentra garantizado en la Constitución Nacional, por lo tanto es obligación del Estado garantizar la vida de las personas. El Estado actuó de manera irracional e ilegal, pues para hacer cumplir derechos menores violó derechos fundamentales (Ej. se mató gente para despejar un camino).
Recordamos que esta no es la primera vez que ocurren hechos similares, y que se ha convertido en una política de Estado deliberada de represión y uso excesivo e indebido de la fuerza por parte de las fuerzas de orden público contra sectores campesinos organizados (4 de junio de 2003, conflicto con cedroneros en San Pedro, donde es asesinado Eulalio Blanco DomÌnguez; 2 de octubre de 2003, en Alto Paran· es asesinado Miguel Peralta; 4 de junio 2002, asesinado Calixto Cabral en Cruce Nueva Londres; etc.). Existe una polÌtica de persecución a organizaciones campesinas, donde parece se ha decretado la pena de muerte para éstos ciudadanos/as que se manifiestan.
El uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad sólo debe ser permitido en caso de defensa propia o de otras personas, cuando existe peligro inminente de muerte o lesiones graves, o para detener a una persona que represente ese peligro y sólo cuando resulten insuficientes medidas menos extremas. Nunca de manera sistemática para reprimir el derecho legítimo de manifestación. Tanto el Código Procesal Penal (art. 298) como Naciones Unidas (Congreso NN.UU. sobre Prevención del delito y tratamiento del delincuente) tienen reglamentado el empleo de la fuerza y de armas de fuego de funcionarios públicos.
La Fiscalía General del Estado es cómplice de esta política deliberada de represión y uso excesivo e indebido de fuerza, a través de los fiscales que ordenan las represiones. También la FiscalÌa es responsable, ya que no investiga dichos casos, tendiendo un manto de impunidad sobre los responsables de dichas muertes y represiones indebidas. Por ejemplo, el asesinato del campesino Calixto Cabral en el cruce Nueva Londres el 4 de junio 2002 a cargo de efectivos policiales no ha tenido imputación fiscal y el caso ha sido archivado por la fiscala Elba Britos, bajo el argumento de que "no prospera la investigación porque no hay ningún interesado sobre el caso".

Por todo lo expuesto, exigimos:

A la Fiscalía General del Estado:
que investigue y enjuicie a los suboficiales responsables materiales del asesinato, al oficial encargado de la armería que entregó las armas de guerra a los suboficiales, al Jefe de la Agrupación de Policías Ecológica y Rural (comisario Rogelio Benítez) y al Jefe de la Agrupación Especializada (Crio. Princ. Fidel Isasa).


que retire del caso e inicie una investigación sobre la responsabilidad del fiscal Angel Baranda en los hechos y su posible enjuiciamiento, ya que fue el responsable último del operativo. Es difÌcil creer que no viera a los uniformados a su cargo portando armas de fuego y fusiles M16.

Al Pte. de la República:
que tome medidas para reparar (salud) e indemnizar a las víctimas de este atropello policial.


que termine con la polÌtica de criminalización de la protesta social, que se expresa a través de la represión sistemática y el uso excesivo de la fuerza, dando instrucciones precisas para acabar con este flagelo; y que realmente diseñe participativamente e implemente una política agraria basada en modelos de desarrollo que beneficien a la mayoría de la población rural y no sólo una parte.


Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)
Eligio Ayala 972 e/ EE.UU. y Tacuary
Telefax: (595-21) 449482
Correo electrÛnico: codehupy@pla.net.py
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De: "Noticias Adital" <agencia@adital.org.br>

Derechos Humanos
Del vuelo del Cóndor, hasta la Triple Frontera

Buenos Aires, Argentina - Claudia Korol para Adital - "Dice mi padre que un solo traidor/ puede con mil valientes;/ él siente que el pueblo en su inmenso dolor/ hoy se niega a beber en la fuente/ clara del honor. Tú no pediste la guerra/ madre tierra, yo lo sé / en mi país somos duros:/ el futuro lo dirá." Alfredo Zitarrosa.

El gobierno uruguayo emitió un comunicado informando sobre su política de derechos humanos, y evitando al mismo tiempo responder al pedido realizado por el gobierno argentino para que se aporten los datos con que cuentan para llegar a la verdad sobre el caso de María Claudia García Irureta Goyena, la nuera del poeta Juan Gelman, secuestrada junto a Marcelo Gelman, su compañero, en Argentina, y desaparecida en Uruguay durante la dictadura en ambos países. De esta manera _ y después de varios días de demora ante la demanda argentina - la Cancillería de Uruguay difundió las acciones emprendidas por el gobierno de Jorge Batlle tendientes a que se esclarezca la situación de los desaparecidos uruguayos.

"El presidente Batlle es uno de los mayores responsables de que el Estado argentino no haya podido hasta el presente hacer justicia en los numerosos casos de ciudadanos uruguayos desaparecidos en Argentina, por obra conjunta de las dictaduras argentina y uruguaya de entonces", declaró en el periódico Página 12 Alberto Pedroncini, abogado querellante en la causa sobre el Plan Cóndor, quien asegura que en ese expediente constan las respuestas del presidente Batlle, negándose a informar a la justicia argentina, sobre los militares uruguayos que cometieron delitos en territorio argentino. Las respuestas del gobierno uruguayo no se basan en el desconocimiento de los hechos, sino en la defensa de la política de impunidad, elegida por Uruguay hasta el momento, con relación a las violaciones a los derechos humanos realizadas por las dictaduras. Sin embargo, refuta Pedroncini, "el Estado uruguayo no puede pretender, sin atentar contra el derecho de gentes y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que sus leyes sean aplicables a delitos cometidos en territorio argentino, desplazando la jurisdicción de nuestro país, donde se está intentando su debido juzgamiento".

Por su parte el senador uruguayo Rafael Michelini, hijo del senador frenteamplista Zelmar Michelini _ asesinado en Argentina durante la dictadura militar-, denunció en una entrevista publicada por el mismo diario el día 20 de enero, que en una conversación que sostuvo con el presidente de su país, Jorge Batlle, éste le manifestó que sabía quiénes eran los asesinos de María Claudia. "El gobierno uruguayo sabe todo sobre este caso y, naturalmente, si un juez me convoca voy a transmitir todo lo que yo sé. A partir de las investigaciones realizadas por el propio Gelman y de la investigación que encaró el mismo gobierno de Batlle en el año 2000 no sólo se llegó a dar con el paradero de la nieta de Gelman, entregada a una familia de apropiadores en enero de 1977 antes del asesinato de su madre, sino que también se obtuvieron todos los datos acerca del lugar donde están los restos de María Claudia. La información nos lleva a que los restos están en una unidad militar de Montevideo."

Según las informaciones recibidas en esa investigación, se cree que en esa unidad militar - el Batallón Número 13 de Montevideo-, se encuentran también los restos de otros uruguayos desaparecidos en Argentina, que estuvieron detenidos-desaparecidos en el campo de concentración Automotores Orletti y fueron trasladados a Uruguay en octubre de 1976.

En el debate entre ambos gobiernos, se mezclan las diferencias existentes con relación a la política de derechos humanos, con la participación cada vez más activa de los presidentes del Mercosur, en la política de los países vecinos. Si Kirchner no olvida que días antes de las elecciones en Argentina Batlle realizó declaraciones señalando que iba a triunfar Carlos Menem, el presidente uruguayo no le perdona los pronunciamientos realizados por Kirchner sobre sus preferencias por Tabaré Vázquez para las próximas elecciones en Uruguay. De esta manera, pasado y presente, pero sobre todo la mirada hacia el futuro, se mezclan de manera natural en la política latinoamericana.

Avanzar en la batalla contra la impunidad, y esclarecer hasta las últimas consecuencias, no sólo el destino de los desaparecidos, sino las responsabilidades de los genocidas, es fundamental en un momento en que la política hegemónica estadounidense aspira a reactualizar el Plan Cóndor, avanzando en la militarización del continente. En este contexto, las decisiones del gobierno de Paraguay de requerir la presencia de EE.UU. en el control de la Triple Frontera, es un peligroso antecedente que apuntaría a reflotar la coordinación represiva del Cono Sur, con el monitoreo directo de las FF.AA. de EE.UU., en regiones estratégicas para asentar la hegemonía norteamericana, como es esta zona importante por su acceso a la Amazonía, por la existencia del más importante reservorio de aguas del continente - el acuífero guaraní -, y por ser una región rica en biodiversidad.

Resulta preocupante, en esta dirección, las afirmaciones realizadas por el titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, senador Mario Daniele (PJ-Tierra del Fuego), quien en el diario La Nación señaló que la semana pasada acordó con su par norteamericano, Pat Roberts, reforzar tareas de inteligencia conjuntas en la Triple Frontera para prevenir atentados terroristas en el país. Frente a esto, las organizaciones sociales y de derechos humanos de Argentina intentan unir los esfuerzos de esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos realizadas en la dictadura, con la necesidad de no avanzar en estrategias represivas en este tiempo. En esa dirección, el Foro Social de la Triple Frontera, que se reunirá en Puerto Iguazú en junio del 2004, será seguramente un momento oportuno en el que los movimientos populares denuncien la coordinación represiva que se está montando en esta región _límite de Paraguay, Brasil y Argentina-, los riesgos que implica la presencia estadounidense en la misma, e intenten avanzar en su coordinación, como parte de la construcción de alternativas verdaderamente populares, que a la vez permitan preservar la soberanía, la autonomía y la independencia.

* Claudia Korol es secretaria de redacción de la revista América Libre.
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De: Tonantzin <huarmi@videotron.ca>

Cuenca sitiada por militares y policías
IPHC-SUDAMERICA- 22.01.2004 17:12
Un medio de comunicación colectiva denuncia con ironía que "existieron más uniformados que manifestantes en la mañana y tarde del 21 de enero"..

Caminar por la ciudad resulta doblemente temeroso. Primero por el ambiente que se encuentra inundado de gas lacrimógeno; mucha gente con pañuelo en mano y caras largas caminan en medio de un tránsito caotizado por los desvíos de los colectivos de servicio urbano. Segundo porque el verde de los militares contrasta con el azul camuflaje de los policías que por decenas se instalan en el parque Calderón y sus alrededores.

Un piquete de policías llega hasta la iglesia de San Blas a observar bajo los ³ojos de águila² a todo transeúnte que ose levantarles la mirada, se siente el frío de la tarde del veranillo de la región interandina ecuatoriana y el frío simbolismo de la represión bajo las miradas de ³pueblo contra pueblo². Una señora pasa diciendo: ³Ahí están los chapitas, ellos también se mueren de hambre, pero como reciben órdenes, dale a las bombas². Un joven estudiante, mochila a espaldas, uniforme fuera del pantalón y con cara de rancla, de manera irónica replica: ³En el Ecuador, las mujeres y los policías nos hacen llorar².

Las marchas fueron pacíficas; la represión vino después en el sector de la Universidad Estatal en donde se echaron cualquier cantidad de gases lacrimógenos, a tal punto que producto de esto el Jefe del 911 del Azuay informó que el estudiante Xavier Alvarado recibió un impacto de bomba en su rostro y su estado resultaba reservado, pues los médicos de la casa asistencial a donde fue trasladado no quisieron pronunciarse inmediatamente; también el estudiante Carlos Vacacela sufrió rotura de clavícula por huir de la represión en las inmediaciones de la avenida 12 de abril.

Un piquete del ejército custodia sin ningún motivo, las instalaciones del SRI. de Cuenca en la calle Bolívar. Son aproximadamente 20 y están al mando de un jefe militar que ausculta en una almacén si no hay rezagos de manifestantes; la gente los mira impávidos y se pregunta: ¿están volviendo los tiempos de la represión ³Febrescorderista², que hace algunos años sembró zozobra en la ciudad, con una lista de altos dirigentes políticos, estudiantes, intelectuales y pueblo?.

Militares con cascos y chalecos antibalas -último modelo- al estilo de los soldados de Estados Unidos en Irak, custodian la Gobernación, la Alcaldía y todas las instituciones como bancos y oficinas importantes; nuevamente el frío cala los huesos, nuevamente la gente los observa, nuevamente vuelven a sonar las mudas campanas de las iglesias cuencanas en medio de los gritos de protesta de los manifestantes que no desean más estudiantes asesinados en revueltas callejeras. Me viene el recuerdo de Damián Peña y una lágrima sonora -como el grito de una muchacha-, inunda mi alma, cuando veo a su madre insistir todos los días de oficina en oficina para que den trámite a las investigaciones del adolescente que murió un día donde hoy fue impactado en el rostro con una bomba lacrimógena Xavier, que la providencia no quiera se convierta en otro Damián.................

Ultima hora; el Secretario Nacional de la FEUE, Carlos Novillo, denuncia en una emisora que irradia con rabia sus ondas a toda la ciudad sumida en gas, que se a violado la autonomía universitaria de la Universidad Técnica de Ambato y la Universidad Central de Chimborazo y que hace diez minutos (19h00 del día 21 de enero de 2004) varios policías en motocicletas han invadido los predios de la Universidad Central de Quito apresando al dirigente de la Asociación Escuela de Filosofía, Gabriel Mera. Un tiempo más tarde dice que este estudiante no se encuentra en ningún centro de detención provisional de Quito; anunciando su desaparición.

"Hoy 4.000 estudiantes universitarios en todo el Ecuador cumplimos con la acción valerosa de reclamar al actual gobierno, adoptando la consigna: Fuera Gutiérrez, viva el Gobierno Popular", señala con voz entrecortada por la emoción y el cansancio, el dirigente estudiantil.

E-Mail: iphc.sa@etapaonline.net.ec

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