Juan Gasparini
ARGENPRESS.info

El coronel español Prudencio García, profesor universitario y consultor de la ONU, manifestó en un coloquio sobre tribunales militares y derechos humanos que concluyó este miércoles en Ginebra, que los países latinoamericanos deben reformar sus códigos de justicia militar para que las fuerzas armadas respeten los derechos humanos dejen de ser tributarias de teorías represivas.

'Los códigos de justicia militar en América Latina deben introducir el derecho y el deber a desobedecer las ordenes de evidente carácter delictivo, como lo han incorporado los ejércitos en Europa ', afirmó Prudencio García, un experto muy critico con la teoría de la 'seguridad nacional', vigente en la mayoría de los uniformados del continente.
'Un comandante puede ordenar todo a un subordinado, menos cometer un delito, pues hay limitaciones imperativas y existe la autolimitación moral, es decir el bloque de normas de obligado cumplimiento que ya figuren en los propios códigos, pero también las convicciones profundas de la persona que tiene que cumplir las ordenes', precisó García.
Puso al respecto como ejemplo el Código Militar británico que estipula que 'aquel militar que reciba una orden ilegal está obligado a no ejecutarla', un principio que España incorporó a sus disposiciones legales tras la adopción de la Constitución democrática en 1978, una vez finalizada la transición entre la dictadura franquista y la monarquía parlamentaria.
García consignó que desgraciadamente no es el caso de la justicia militar en muchos países latinoamericanos, 'y otros', que siguen funcionando en base a la 'obediencia ciega', también llamada 'obediencia debida', como la vigente, por ejemplo, en Argentina, Guatemala y El Salvador, una coartada para cubrir graves violaciones de los derechos humanos.
Sobre 'aquellos que ocuparon los más altos puestos de la pirámide jerárquica niegan su responsabilidad', alegando que nunca ordenaron tales acciones, recordando el argumento del ex-dictador chileno Augusto Pinochet quien aseguraba, según García, que 'yo nunca mandé matar ni torturar, mis subordinados lo hicieron actuando fuera de mi control'.
Otro de los argumentos recogidos por García es el que según él exponía el general Jorge Videla, ex-jefe de la primera Junta Militar en Argentina, que justificó los procedimientos delictivos porque 'era la única forma posible de salvar a la Patria de la subversión y de defender eficazmente a la civilización cristiana y occidental'.
Para acabar con este fenómeno García propuso que se establezcan nuevos principios de responsabilidad penal ineludible del subordinado que obedezca ordenes criminales, como así también para el responsable que imparta esas ordenes, las que finalmente resulten violaciones graves de los derechos humanos.