28 de enero del 2004

Dick Emanuelsson

BOGOTA / 040126 / Hace dos semanas comenzaron las audiencias públicas, en la Comisión Primera del Senado colombiano, sobre la Ley de Alternatividad Penal.

El debate se trata, sobre todo, de si los paramilitares de extrema derecha recibirán penas de cárcel o si solamente serán sancionados "moralmente", como algunos han propuesto, cuando se entreguen a las autoridades.

* * *

Desde que comenzaron las audiencias públicas sobre la Ley de Alternatividad Penal, a la congresista Rocío Arias se la ha visto fraternizar con los dos comandantes paramilitares Giovanni Marín, alias comandante 'R' y Antonio López, alias 'Job', del Bloque Cacique Nutibara en Medellín. Esta agrupación se desmovilizó en el mes de noviembre pasado. Marín era el primero comandante mientras López tendría el cargo "político" del bloque.

Arias sorprendió con su enérgica y fuerte defensa de la presencia paramilitar en el departamento de Antioquia, en unas declaraciones al diario bogotano El Tiempo , en las que destaca como algo muy natural la convivencia con las bandas paramilitares, sin mencionar para nada el tema del narcotráfico y sin referirse a la "hoja de vida" de jefes paramilitares como "Don Berna", a Salvatore Mancuso o Carlos Castaño:

"En las regiones donde operan estos grupos de autodefensa hemos aprendido a convivir con ellos de manera articulada (...). Estos grupos se han convertido en la tabla de salvación para esas regiones", dijo1) la congresista al diario bogotano.

35 % de congresistas al servicio 'para'

Para el abogado de derechos humanos Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, estas declaraciones son la confirmación de que los paramilitares tienen a gente suya dentro de las corporaciones legislativas.

"Eso es cierto, pero con el encubrimiento y la impunidad, no se investiga. Que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso (después de las elecciones parlamentarias del 10 de marzo de 2002, nota del redactor) diga que tienen el 35 por ciento de los congresistas significa, políticamente, que ellos ejercen un mandato en nombre del paramilitarismo o que el paramilitarismo está siendo legalizado y legitimado dentro de las estructuras del estado", decía Carreño a este reportero en Bogotá hace dos semanas.

Si no fuera por otras actuaciones y expresiones en las audiencias siguientes, el tema habría podido quedar ahí, como una opinión sincera de la congresista.

Recriminó a ex guerrillero

El 22 de enero participó en la audiencia el ex guerrillero de M19 y ex constituyente, Otty Patiño, que propuso un tribunal de la verdad para los paramilitares con participación de la comunidad internacional.

Según El Tiempo, "en el curso del debate se presentó una polémica entre Patiño y las congresistas Rocío Arias y Leonor Serrano. Luego de que Patiño se refirió a los asesinatos de Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo y se preguntó si esos crímenes contra la paz pueden ser cobijados en un proyecto de alternatividad penal, la representante Arias, de Antioquia, le ripostó que si él iba a hablar de muertos, era necesario recordar la toma del Palacio de Justicia".

También la senadora Serrano reaccionó fuertemente: preguntó si Patiño, cuando la subversión estaba en la clandestinidad, acaso se dedicaba a "hacer hostias" y agregó que muchos se mostraban inocentes, recordando que el ex procurador Jaime Bernal dejó prescribir más de 20.000 procesos. "Sin justicia no hay paz", comentó Serrano. El Procurador Bernal destituyó a Serrano cuando ésta se desempeñaba como Gobernadora de Cundinamarca.

Estos y otros episodios hicieron que algunos se preguntaran ¿quién es la flamante defensora a los paramilitares, Rocío Arias?

Funcional de la ultraderecha

Un investigador social y activista de DDHH, preocupado por estudiar el paramilitarismo y los sectores sociales y políticos que lo han creado, apoyado y financiado estos grupos (por seguridad nos reservamos la identidad de la fuente), asegura que "Rocío Arias ha sido siempre funcionaria y funcional de la ultraderecha. Antes lo fue sin mucho brillo porque no tenía un cargo público destacado. Fue funcionaria, por algunas semanas, de la Alcaldía de Medellín, cuando Uribe fue alcalde".

"Lo que las dos congresistas no han mencionado son tres temas hasta hoy ignorados deliberadamente por los implicados en este proceso":

· ¿Que pasará con las casi 5 millones de hectáreas de tierra que fueron arrebatadas al campesinado, casi siempre por la vía violenta (léase masacres y desplazamiento forzado) o con otros métodos arbitrarios?

· ¿Que pasará con los jefes, en su mayoría confesos narcotraficantes?

· ¿Será que la barbarie generada por miles y miles de crímenes, de mutilados con motosierras y centenares de desaparecidos, pasarán al anaquel del olvido?

"Al parecer, a la congresista Rocío Arias y, sobre todo, a quienes están moviendo sus hilos, les interesa ocultar e invisibilizar este nefasto capítulo de la historia nacional", comenta nuestra fuente.

Uribe y Pablo Escobar

"Recordemos que Uribe fue destituido por el presidente Belisario Betancur (1982-1986), cuando los alcaldes eran nombrados y no elegidos popularmente, luego de que este fuera señalado públicamente de hacer uso de un helicóptero de Pablo Escobar para hacer una diligencia personal, cuestión que no pudo explicar y que obligó al presidente Betancur a destituirlo, historia bien explicada en el libro ´Los nuevos jinetes de la cocaína´, de Fabio Castillo".

Agrega que "Rocío Arias era cercana a un grupo que dirigía José Manuel Arias Carrizosa2), ministro de Justicia en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y posteriormente directivo de Augura, Asociación de Bananeros de Colombia, agremiación privada acusada por el movimiento sindical y popular de haber estado involucrada en masacres de la región de Urabá contra el sindicato del banano y el movimiento de izquierda Unión Patriótica. Arias era una aliada incondicional del general (r) Rito Alejo del Río3)".

El señalado general del Río

"La gestión de Arias Carrizosa como ministro de justicia fue muy cuestionada porque, aprovechando su credencial diplomática, importó un auto Rolls Royce, que, en todo caso, fue una compra millonaria".

El general Rito Alejo fue destituido a final de la década -90 por las autoridades judiciales bajo el mandato del presidente Andrés Pastrana y detenido el 21 de julio del 2001 por la fiscalía. El departamento de derechos humanos de la Fiscalía abrió un proceso y acusó al general de haber tenido responsabilidad en la creación de grupos paramilitares en Urabá cuando era comandante de la 17 Brigada del ejercito en el municipio de Carepa.

Durante el mismo lapso, el actual presidente Uribe era gobernador en el departamento de Antioquia (el mismo como Rocío Arias), donde está ubicada Urabá. La región había sido dominada electoralmente por la izquierda y la Unión Patriótica tenía siete de las 11 alcaldías del eje bananero4). Posteriormente, el general fue absuelto de las acusaciones cuando Camilo Osorio asumió la Fiscalía General.5). El general Rito fue llamado el "Pacificador de Urabá".

Las "Convivir" de Uribe

"Actualmente, Hermann Arias, hijo de José Manuel Arias, es uno de los asesores personales y tras bambalinas de la parlamentaria Rocío Arias. Hermann Arias es personero de Bogotá, y antes fue director nacional de las "Convivir"6) de Uribe7). Recordemos que estas fueron señaladas de haber degenerado en paramilitarismo. El tema es recurrente en la vida de la hoy congresista y las amistades son comunes".