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Latinoamérica

4 de enero del 2004

Chile: Reforma Procesal Penal suma quince presos políticos mapuche el 2003

Lucía Sepúlveda Ruiz
Rebelión

La agrupación de Familiares de Presos Políticos Mapuche, a través de su vocera Cristina Painemal, dio a conocer al finalizar el 2003 el listado de presos de ese pueblo, destacando el negativo balance que hacen respecto del funcionamiento de la Reforma Procesal Penal. Consideran que los mapuche que luchan por sus derechos son reprimidos y acusados de delitos que la fiscalía ha caracterizado como "terroristas" para poder aplicarles altas penas y detener así la lucha de su pueblo. Similar calificación ha recibido la Coordinadora Arauco Malleco, a la que pertenecen algunos de los presos políticos.

De esta manera, están imputados por asociación ilícita e incendio terrorista José Osvaldo Cariqueo Saravia, Mireya Figueroa Araneda, José Francisco Llanca Ahilla, José Belisario Llanquileo Antileo, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Marinan, Juan Ciriaco Millacheo Lican, Juan Patricio Marileo Saravia y Patricia Troncoso Robles. Por asociación ilícita está imputado Héctor Llaitul Carillanca.

Acusados de cometer "incendio terrorista" están Juan Antonio Colihuinca Ancaluan, y Luis Amable Catrimil Huenupe y de incendio simple, Víctor Ancalaf llaupe, José Nain Curamil, y Juan Arraigada Fren.

Los catorce prisioneros están recluidos en cárceles de Angol, Concepción, Lebu y Temuco. Juan Millacheo y Luis Catrimil son lonkos, es decir jefes de las comunidades de Chequenko y Tricauko respectivamente, ambas de la comuna de Ercilla.

Sin embargo, permanece libre el mayor de Carabineros Marco Aurelio Treuer, sindicado como responsable de la muerte de Alex Lemún Saavedra, el joven líder mapuche de 17 años abatido en noviembre de 2002, en una recuperación de tierras ocupadas por un fundo ocupado por la empresa Forestal Mininco.

Los juicios orales contra los mapuche comenzarán a desarrollarse en enero, por lo que la Agrupación se ha planteado iniciar una campaña de denuncia de esta situación. Tras el fallo de la Corte Suprema que recientemente condenó a los lonkos a cinco años de prisión por el supuesto delito de "amenaza terrorista", considerado por abogados de derechos humanos como una aberración jurídica, los juicios serán observados con creciente interés no sólo en Chile sino más allá de nuestras fronteras, donde la causa mapuche despierta la solidaridad de destacados sectores intelectuales y políticos.

Los hechos por los que se ha encarcelado a la mayoría de los presos tienen que ver con la lucha por la recuperación de tierras que vienen desarrollando sectores de comunidades mapuche en los últimos años.

Santiago, 31 de diciembre de 2003